"El balance de la implementación del Acuerdo es fenomenal": Gobierno

El alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, tiene en sus manos la implementación del Acuerdo Final firmado con las Farc. / Óscar Pérez - El Espectador

¿Cuál es su balance de la implementación del Acuerdo, a tres años de la firma?

Es fenomenal. Si uno mira la forma como ha decaído el número de homicidios, de secuestros, de personas afectadas por minas, el balance es increíble. Cambiamos nuestra Constitución para que la antigua guerrilla participara en las elecciones a Congreso y en las primeras elecciones locales, que fueron las más pacíficas en 50 años. Cambiamos nuestra Constitución para implementar una justicia transicional, con sus tres entidades, que son un ejemplo para el mundo. Tenemos el proceso de reincorporación más ambicioso, con el mayor número de garantías que se han ofrecido a un grupo armado en el mundo. De los 13.000 excombatientes que están acreditados, casi la totalidad sigue en reincorporación. Con razón Eamon Gilmore, enviado de la Unión Europea para el proceso de paz, dice que seguimos siendo un caso de éxito en el mundo.

Usted muestra como un logro la creación de las entidades del sistema de justicia transicional, pero el Gobierno y su partido han intentado cambiarle las reglas de juego, eso suena muy contradictorio...

No hay manera de acabar esa crítica, es un discurso político que hacen los opositores. Es falso que hayamos tratado de cambiar desde el Gobierno las reglas de juego de esa justicia. Y le explico el tema de objeciones: el acto legislativo que creó el sistema no necesitaba ley de procedimiento para entrar a operar, de hecho, estaba operando cuando llegamos al Gobierno. Una ley marco requiere la participación de las tres ramas del poder público. El Congreso se demoró un año discutiendo esa ley, se hicieron centenares de proposiciones, unas pasaron y otras no, y a nadie se le ocurrió que eso fuera para destruir los Acuerdos. Después de eso la Corte Constitucional se demoró ocho meses estudiando la ley, y al final tumbó y condicionó 12 artículos y a nadie se le ocurrió que la Corte quería destruir los Acuerdos. El presidente se demoró 10 días en el estudio de la ley y presentó objeciones a seis artículos, ninguno les quitaba garantías a los excombatientes. En el Congreso tuvieron su debate, y según la Corte no fueron acogidas. El presiente se demoró 48 horas en firmar la ley. Así actúa un demócrata.

(Puede interesarle: “El Acuerdo logró su finalidad”: Humberto de la Calle)

Pero el partido de gobierno sigue presentando proyectos para cambiar la JEP...

En un partido político hay muchas personas y no todas estaban de acuerdo con que el presidente fuera el presidente, algunos fueron sus opositores en el interior del partido. Al presidente y a mí nos deben juzgar por lo que hacemos.

¿Admite que el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es la materia que está en rojo?

Lo recibimos en rojo rojísimo, pero en este momento lo tenemos en amarillo. Cuando lo recibimos vimos que habían ido por todo el país firmando acuerdos sin ton ni son; no tenía recursos, planeación, estructura, información, no tenía nada. Nosotros lo reestructuramos, conseguimos la gente, hicimos un análisis de qué estructura necesitaba, lo pasamos a la Agencia de Renovación del Territorio, reconstruimos la información, creamos protocolos de contratación, revisamos la ruta para que sea cumplible, fuimos a todos los sitios a ponerle la cara a la gente y explicar lo que ocurría. En estos 15 meses le hemos invertido medio billón de pesos en pagos a las familias. Para cumplir esas promesas que se hicieron hay que invertir $4,3 billones. Es cierto que hay mucho por hacer. Les hemos cumplido a un montón de personas. No a todas les vamos a poder cumplir en el tiempo que les prometieron irresponsablemente.

¿Qué significa que esté en amarillo, qué viene ahora?

En la medida que podamos conseguir recursos, les vamos a cumplir a todos los que firmaron. Hemos planteado modelos alternativos, hicimos una reestructuración de la Agencia Nacional de Tierras, creamos una dependencia para el programa Formalizar para sustituir. Estamos trabajando en el Cauca, en Catatumbo, recibimos el apoyo de Warren Buffet.

¿Qué es Formalizar para sustituir?

A cambio de su promesa de sustituir, se les formaliza la tierra a las familias y eso permite que tenga la garantía de iniciar un proyecto productivo. Hemos visto que ese incentivo es aún más poderoso para que las familias no vuelvan a cultivar.

¿Cómo va a conseguir la plata para completar los $4,3 billones de los que habla?

Son recursos del presupuesto. Utilizamos distintas estrategias. Por un lado, conseguimos recursos para el PNIS, por otro lado, buscamos alternativas para poder cumplirles de otra manera. Tenemos una promesa del Estado y la manifestación del presidente de que vamos a honrar la palabra.

(Lea también: “La paz avanza con dificultades”: Pastor Alape)

Se le critica al Gobierno que mientras la sustitución no avanza -por las razones que usted explica-, lo que sí avanza es la erradicación forzada que causa enfrentamientos con las comunidades...

No hay un mensaje contradictorio. La contradicción está cuando se dice que no queremos cumplir con el PNIS. Sí estamos cumpliendo y hemos creado y avanzado en otros mecanismos de sustitución voluntaria. El presidente ha dicho es que para poder combatir el narcotráfico tenemos que utilizar todos los mecanismos legalmente previstos. Tenemos el PNIS, tenemos que legalizar para sustituir, tenemos otros proyectos en el Cauca, en El Tambo y Argelia, llevamos obras de Ocad Paz, de regalías, para sacar adelante obras en estos municipios tan complicados.

¿En qué consiste ese proyecto?

Nos metimos a El Tambo y a Argelia a hablar con las comunidades durante horas y días para identificar sus necesidades; les dijimos: nosotros conseguimos las vías y el apoyo para los proyectos productivos, y ustedes levantan la coca. Ya casi hemos logrado la convicción de todos los habitantes.

Las cifras muestran que la resiembra es más alta cuando se usa la erradicación forzada. ¿En ese caso no es mejor invertir más recursos en la sustitución, lo que recupera la confianza de las comunidades en el Estado?

Estoy del lado de la sustitución, creo en lo que hago, ahí no hay contradicción. Es un punto de vista distinto, tenemos que utilizar todos los instrumentos. No hay ambigüedad.

El Gobierno lanzó 25 medidas para la protección de excombatientes, ¿cuál es su balance de estas medidas?

Después de que ocurrió el asesinato de Alexánder Parra, en Mesetas, hubo un consejo de seguridad y se adoptaron otras 12 medidas adicionales. Tendría usted que hablar con la fiscal Mancera y revisar las condiciones en que han muerto la mayoría de ellos y evaluar si se hubieran podido evitar con algún esquema de seguridad. La Fiscalía dice que más del 75 % han muerto a manos de narcotraficantes, en sitios donde hay disputa por corredores del narcotráfico. El Gobierno dedica muchos recursos a la protección de los que están siendo amenazados. El análisis del riesgo se hace en una mesa técnica, donde está la UNP y están los excombatientes. Tenemos más de 200 esquemas de seguridad y ninguno de los protegidos ha sido asesinado.

¿Qué falló en la seguridad del Estado en el asesinato de Alexánder Parra dentro de un ETCR en Mesetas?

El presidente dio instrucción para emplear todos nuestros esfuerzos en la seguridad de los excombatientes. Es un tema muy importante, no puede caber ninguna duda del esfuerzo para protegerlos. Los malos son los salvajes que los matan.

¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en este caso?

Hago mi mayor esfuerzo por hablar y coordinar con las cabezas de estas entidades, pero las respuestas que busca están en el ministro de Defensa y en el Ejército y la Policía.

(Podría interesarle: “Hay que evitar que regresen a las armas”: directora de Cooperación de la Unión Europea)

Las entidades encargadas de verificar el cumplimiento del Acuerdo dicen que lo más atrasado son los puntos 1 y 2.

Los invito a que vean mi reporte de los 14 meses. Ahí mostramos avances en todos los frentes. Son muchas las medidas previstas, pero pocas necesitan una ley. En el Acuerdo está previsto que haya un sistema de crédito especial para el campo, ya se creó; debe existir un esquema de acercamiento de campesinos a los puntos de venta, ya se creó, y se llama Cultive y compre a la fija, que lanzó el Ministerio de Agricultura y tiene varias decenas de miles de favorecidos. Se prevé proteger a mujeres campesinas y se creó la Dirección de la Mujer Campesina, también en el Ministerio de Agricultura; está previsto un sistema de salud para el campo, y ya se lanzó en La Guajira; debe crearse un catastro multipropósito, y ya adquirimos un crédito por US$150 millones para hacerlo, se hizo una reforma al IGAC y a la Superintendencia de Notariado y Registro; debíamos terminar el piloto de formalización de tierras en Ovejas, y lo hicimos entregando 1.000 títulos; en el Banco de Tierras recibimos medio millón de hectáreas; está previsto evaluar la prórroga de la Ley de Víctimas, y el presidente ya anunció que se prorrogaría. Y como esas hay más medidas que se han implementado.