El camino que apenas empieza con el desarme de las Farc

Si vamos un poco más allá de la dejación del 100 % de las armas de las Farc, que por supuesto no es un hecho menor, encontramos un hito que puede ser igual o más histórico. Por primera vez, y luego de cinco décadas de guerra con el Estado colombiano, la guerrilla más antigua de Latinoamérica empieza a recorrer un camino que representa lo que siempre buscaron a través de las armas.

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Desde hoy comienza la vida política de las Farc en la legalidad, en donde deberán someterse a las normas de la democracia y el partido político a través del que participarán tendrá que medirse en las urnas junto a los ya existentes, no obstante, el acuerdo les garantiza por dos períodos constitucionales cinco curules en Senado y cinco en Cámara.

Sin embargo, la dejación del armamento es apenas un primer escalón. El siguiente puerto a la vista es la entrega por parte de las Farc, el 1° de agosto próximo, de la lista de bienes que sirvieron durante muchos años para financiar su lucha armada y que serán utilizados para reparar a las víctimas y sostener programas de reintegración de guerrilleros a la vida civil.

Este consolidado, tal y como lo anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez, será cruzado con el que ya tiene en su poder la Fiscalía General, obtenido luego del análisis de millones de archivos.

Dentro de ese universo de información, aseguró Martínez, figuran nombres y apellidos de los testaferros de las Farc y grandes empresas que habrían colaborado con la guerrilla durante los años de conflicto armado. Y aunque las Farc nunca han hablado de cifras sobre su patrimonio, el ente acusador estima que se trata de billones de pesos.

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Sobre el asunto, el Gobierno expidió el Decreto 903 de 2017, que ha generado suspicacias tanto en la oposición como en la propia Fiscalía, porque señala que con esos recursos se financiaría lo acordado en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final, es decir, lo necesario para la reincorporación económica y social de los guerrilleros, un centro de pensamiento para el partido que surja de las Farc y la creación del Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR).

Sobre lo que debe haber claridad es que los recursos de las Farc, según el decreto, quedarán en un fondo de víctimas que será gobernado por un consejo fiduciario. La administración de este consejo será constituida por el Gobierno con la recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), de la que forman parte tres miembros del Gobierno y tres de las Farc.

El mismo 1° de agosto, las actuales zonas veredales que concentran a los miembros de las Farc, de acuerdo con el cronograma de la Misión de la ONU en Colombia, pasarán a ser espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en los que se desarrollarán proyectos productivos y formación técnica de las comunidades aledañas. En pocas palabras, sería el primer paso de la reparación en las zonas afectadas por el conflicto.

Los proyectos se pondrían en marcha en las 26 zonas veredales que están en sitios apartados del país, a través de una organización de economía social y solidaria que se denominará Economías Sociales del Común (Ecomún), que crea el acuerdo final y que se financiaría con el fondo fiduciario. A partir de su creación, Ecomún será una de las columnas vertebrales de la reincorporación.

Mientras esto camina, desde otras orillas los máximos jefes de las Farc e integrantes de la guerrilla tendrán una tarea sobre la que están los ojos de la opinión pública: la identificación y extracción unas 900 caletas. La Misión de la ONU ha definido el 1° de septiembre como la fecha límite para realizar este proceso y continuar con la destrucción controlada del material inestable que se encuentre dentro de estas caletas, como explosivos de fabricación artesanal.

Para el 20 de agosto, este grupo realizará un nuevo congreso, esta vez sin armas, y será el último día en el que la guerrilla utilice el nombre que hoy conocemos y que la acompañó durante más de media década. Será la fecha del lanzamiento oficial del partido político con el que intentarán llegar al poder, no con las armas, sino con los votos de los colombianos.

Las Farc desarmadas son otra cosa. Empiezan a recorrer un camino por el que ya han transitado otros grupos armados a lo largo de décadas de guerra. Esta vez los pasos son prudentes para corregir a tiempo lo que se quiera desviar. De igual forma, evitar episodios de violencia que han marcado otras desmovilizaciones y han acabado con la vida de quienes han decidido dejar las armas y construir país desde la legalidad.

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Si vamos un poco más allá de la dejación del 100 % de las armas de las Farc, que por supuesto no es un hecho menor, encontramos un hito que puede ser igual o más histórico. Por primera vez, y luego de cinco décadas de guerra con el Estado colombiano, la guerrilla más antigua de Latinoamérica empieza a recorrer un camino que representa lo que siempre buscaron a través de las armas.

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Desde hoy comienza la vida política de las Farc en la legalidad, en donde deberán someterse a las normas de la democracia y el partido político a través del que participarán tendrá que medirse en las urnas junto a los ya existentes, no obstante, el acuerdo les garantiza por dos períodos constitucionales cinco curules en Senado y cinco en Cámara.

Sin embargo, la dejación del armamento es apenas un primer escalón. El siguiente puerto a la vista es la entrega por parte de las Farc, el 1° de agosto próximo, de la lista de bienes que sirvieron durante muchos años para financiar su lucha armada y que serán utilizados para reparar a las víctimas y sostener programas de reintegración de guerrilleros a la vida civil.

Este consolidado, tal y como lo anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez, será cruzado con el que ya tiene en su poder la Fiscalía General, obtenido luego del análisis de millones de archivos.

Dentro de ese universo de información, aseguró Martínez, figuran nombres y apellidos de los testaferros de las Farc y grandes empresas que habrían colaborado con la guerrilla durante los años de conflicto armado. Y aunque las Farc nunca han hablado de cifras sobre su patrimonio, el ente acusador estima que se trata de billones de pesos.

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Sobre el asunto, el Gobierno expidió el Decreto 903 de 2017, que ha generado suspicacias tanto en la oposición como en la propia Fiscalía, porque señala que con esos recursos se financiaría lo acordado en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final, es decir, lo necesario para la reincorporación económica y social de los guerrilleros, un centro de pensamiento para el partido que surja de las Farc y la creación del Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR).

Sobre lo que debe haber claridad es que los recursos de las Farc, según el decreto, quedarán en un fondo de víctimas que será gobernado por un consejo fiduciario. La administración de este consejo será constituida por el Gobierno con la recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), de la que forman parte tres miembros del Gobierno y tres de las Farc.

El mismo 1° de agosto, las actuales zonas veredales que concentran a los miembros de las Farc, de acuerdo con el cronograma de la Misión de la ONU en Colombia, pasarán a ser espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en los que se desarrollarán proyectos productivos y formación técnica de las comunidades aledañas. En pocas palabras, sería el primer paso de la reparación en las zonas afectadas por el conflicto.

Los proyectos se pondrían en marcha en las 26 zonas veredales que están en sitios apartados del país, a través de una organización de economía social y solidaria que se denominará Economías Sociales del Común (Ecomún), que crea el acuerdo final y que se financiaría con el fondo fiduciario. A partir de su creación, Ecomún será una de las columnas vertebrales de la reincorporación.

Mientras esto camina, desde otras orillas los máximos jefes de las Farc e integrantes de la guerrilla tendrán una tarea sobre la que están los ojos de la opinión pública: la identificación y extracción unas 900 caletas. La Misión de la ONU ha definido el 1° de septiembre como la fecha límite para realizar este proceso y continuar con la destrucción controlada del material inestable que se encuentre dentro de estas caletas, como explosivos de fabricación artesanal.

Para el 20 de agosto, este grupo realizará un nuevo congreso, esta vez sin armas, y será el último día en el que la guerrilla utilice el nombre que hoy conocemos y que la acompañó durante más de media década. Será la fecha del lanzamiento oficial del partido político con el que intentarán llegar al poder, no con las armas, sino con los votos de los colombianos.

Las Farc desarmadas son otra cosa. Empiezan a recorrer un camino por el que ya han transitado otros grupos armados a lo largo de décadas de guerra. Esta vez los pasos son prudentes para corregir a tiempo lo que se quiera desviar. De igual forma, evitar episodios de violencia que han marcado otras desmovilizaciones y han acabado con la vida de quienes han decidido dejar las armas y construir país desde la legalidad.

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