El decreto de la desconfianza

Sin mucho alarde mediático, esta semana el Gobierno firmó un decreto que reavivó fuertes tensiones políticas y sociales, como si fueran pocas las que por estos días tiene que lidiar.

El decreto 249, del 14 de febrero, le confiere a la Policía un poder que no tenía antes: el de contratar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, sin realizar convocatoria pública alguna. El tema va más allá y puede impactar la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, sobre la solución del problema de las drogas ilícitas.

En el documento final que se acordó en La Habana y se refrendó en el Congreso en diciembre de 2016, se definió que la sustitución voluntaria de cultivos sería uno de los “principios fundamentales” del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), para “generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución de este problema”.

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Pero el mensaje quedó un poco desvirtuado ya que a través de este decreto se le dan nuevas herramientas legales a la Policía para que pueda adelantar “de manera ágil y eficiente” la contratación de erradicadores forzosos en el país.

Hay que dejar claro que el Gobierno jamás ha renunciado a esta figura, es más, en el Acuerdo de La Habana se explicita que en los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a erradicar a la fuerza.

El asunto es que este decreto se está leyendo contrariamente a los esfuerzos que un sector del Gobierno está adelantando para llegar a acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en territorios llenos de coca, como Putumayo, Catatumbo y Caquetá.

Esa contradicción se vivió con intensidad el pasado viernes. Mientras el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo; el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, y Pastor Alape, jefe guerrillero designado por las Farc en el Consejo Nacional de Reintegración, le daban la cara a la comunidad campesina del Putumayo, que reclamaba por incumplimientos en los acuerdos de sustitución voluntaria, a pocas horas de allí, en el corregimiento Jardines de Sucumbíos, también en Putumayo, el Ejército entraba a erradicar a la fuerza cultivos de coca.

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El viaje de los funcionarios y el jefe guerrillero a Putumayo tenía como objeto llegar a un acuerdo sobre el plan departamental de sustitución de cultivos, y pese al desconteto de las comunidades se llegó a un acuerdo sobre la hoja de ruta del proyecto.

A comienzos de febrero, las denuncias sobre desmanes del Esmad contra campesinos llegaron de las veredas Birmania y El Recreo en (Caquetá).

La molestia y el desencuentro por el decreto también se expresó en la delegación de las Farc. Poco antes de compartir el avión con el ministro Pardo rumbo a Putumayo, el jefe guerrillero Pastor Alape no tuvo reparos en decir que este documento es una “imposición unilateral” del Gobierno, que mina la confianza de las comunidades y de ellos.

“Primero los incumplimientos en las zonas veredales, luego la demora sobre la salida de los amnistiados de las cárceles, y ahora esto. Es una desvergüenza. Es muy grave”, dijo Alape, mientras agitaba un papel con cifras de lo que, según él, ha significado el fracaso de la erradicación forzada en el país.

De acuerdo con Alape, en el Gobierno “hay una descoordinación total”. Por un lado, “el Gobierno está planteando la sustitución voluntaria y por el otro sacudiendo una política de guerra. La erradicación forzada sólo genera conflictos. Aquí hay que convencer y comprometer a las comunidades y a los campesinos. No golpearlos y sacarlos de la región”, aseveró.

Para Eduardo Díaz, el decreto busca resolver un problema y es que los grupos que estaban en el Programa de Consolidación Territorial quedaron en el aire por efecto de varias reformas institucionales. Por eso era necesario que alguien asumiera el direccionamiento de estos grupos civiles, lo cual quedó en cabeza de la Policía Antinarcóticos.

Díaz sabe que el Gobierno no ha renunciado ni renunciará a la erradicación forzada, pero aspira a que la sustitución voluntaria sea el mecanismo predominante para superar los cultivos de uso ilícito. Además cree que esta es una manera mucho más sostenible, porque produce impacto en la calidad de vida de la gente.

El mensaje del ministro Pardo representa con claridad esa ambigüedad: “Se ofrece la alternativa voluntaria, pero la coca es ilegal y el Gobierno no ha renunciado a erradicarla. No es contradictorio. Son dos caras de la misma moneda”.

Díaz reconoce que llegar a los territorios con este mensaje no es una tarea fácil y que la principal dificultad radica en la desconfianza. Al final, todos comparten una impresión: la sustitución voluntaria de cultivos es fundamental para darle sentido de realidad al Acuerdo de Paz de La Habana. Habrá que esperar para saber a qué arreglos logran llegar en los territorios, a los que también llegan los erradicadores que arrancan la mata y dejan la raíz.

Sin mucho alarde mediático, esta semana el Gobierno firmó un decreto que reavivó fuertes tensiones políticas y sociales, como si fueran pocas las que por estos días tiene que lidiar.

El decreto 249, del 14 de febrero, le confiere a la Policía un poder que no tenía antes: el de contratar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, sin realizar convocatoria pública alguna. El tema va más allá y puede impactar la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, sobre la solución del problema de las drogas ilícitas.

En el documento final que se acordó en La Habana y se refrendó en el Congreso en diciembre de 2016, se definió que la sustitución voluntaria de cultivos sería uno de los “principios fundamentales” del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), para “generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución de este problema”.

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Pero el mensaje quedó un poco desvirtuado ya que a través de este decreto se le dan nuevas herramientas legales a la Policía para que pueda adelantar “de manera ágil y eficiente” la contratación de erradicadores forzosos en el país.

Hay que dejar claro que el Gobierno jamás ha renunciado a esta figura, es más, en el Acuerdo de La Habana se explicita que en los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a erradicar a la fuerza.

El asunto es que este decreto se está leyendo contrariamente a los esfuerzos que un sector del Gobierno está adelantando para llegar a acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en territorios llenos de coca, como Putumayo, Catatumbo y Caquetá.

Esa contradicción se vivió con intensidad el pasado viernes. Mientras el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo; el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, y Pastor Alape, jefe guerrillero designado por las Farc en el Consejo Nacional de Reintegración, le daban la cara a la comunidad campesina del Putumayo, que reclamaba por incumplimientos en los acuerdos de sustitución voluntaria, a pocas horas de allí, en el corregimiento Jardines de Sucumbíos, también en Putumayo, el Ejército entraba a erradicar a la fuerza cultivos de coca.

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El viaje de los funcionarios y el jefe guerrillero a Putumayo tenía como objeto llegar a un acuerdo sobre el plan departamental de sustitución de cultivos, y pese al desconteto de las comunidades se llegó a un acuerdo sobre la hoja de ruta del proyecto.

A comienzos de febrero, las denuncias sobre desmanes del Esmad contra campesinos llegaron de las veredas Birmania y El Recreo en (Caquetá).

La molestia y el desencuentro por el decreto también se expresó en la delegación de las Farc. Poco antes de compartir el avión con el ministro Pardo rumbo a Putumayo, el jefe guerrillero Pastor Alape no tuvo reparos en decir que este documento es una “imposición unilateral” del Gobierno, que mina la confianza de las comunidades y de ellos.

“Primero los incumplimientos en las zonas veredales, luego la demora sobre la salida de los amnistiados de las cárceles, y ahora esto. Es una desvergüenza. Es muy grave”, dijo Alape, mientras agitaba un papel con cifras de lo que, según él, ha significado el fracaso de la erradicación forzada en el país.

De acuerdo con Alape, en el Gobierno “hay una descoordinación total”. Por un lado, “el Gobierno está planteando la sustitución voluntaria y por el otro sacudiendo una política de guerra. La erradicación forzada sólo genera conflictos. Aquí hay que convencer y comprometer a las comunidades y a los campesinos. No golpearlos y sacarlos de la región”, aseveró.

Para Eduardo Díaz, el decreto busca resolver un problema y es que los grupos que estaban en el Programa de Consolidación Territorial quedaron en el aire por efecto de varias reformas institucionales. Por eso era necesario que alguien asumiera el direccionamiento de estos grupos civiles, lo cual quedó en cabeza de la Policía Antinarcóticos.

Díaz sabe que el Gobierno no ha renunciado ni renunciará a la erradicación forzada, pero aspira a que la sustitución voluntaria sea el mecanismo predominante para superar los cultivos de uso ilícito. Además cree que esta es una manera mucho más sostenible, porque produce impacto en la calidad de vida de la gente.

El mensaje del ministro Pardo representa con claridad esa ambigüedad: “Se ofrece la alternativa voluntaria, pero la coca es ilegal y el Gobierno no ha renunciado a erradicarla. No es contradictorio. Son dos caras de la misma moneda”.

Díaz reconoce que llegar a los territorios con este mensaje no es una tarea fácil y que la principal dificultad radica en la desconfianza. Al final, todos comparten una impresión: la sustitución voluntaria de cultivos es fundamental para darle sentido de realidad al Acuerdo de Paz de La Habana. Habrá que esperar para saber a qué arreglos logran llegar en los territorios, a los que también llegan los erradicadores que arrancan la mata y dejan la raíz.