El derecho a la no discriminación por pertenecer al partido de oposición

Por esta época, hace 64 años, Gustavo Rojas Pinilla se tomaba el poder como presidente de Colombia. Era el año de 1953. Durante su mandato, amnistió y firmó la paz con las guerrillas liberales y entró en vigencia un asunto que todavía hoy, cuando se menciona, genera agitación: el de la subvención estatal en pro de reintegrar a los combatientes a la sociedad civil. Según el censo, fueron cerca de 3.500 hombres los levantados en armas que habrían dejado en ese momento la sublevación a un lado y, mediante la Oficina de Rehabilitación y Socorro, obtendrían, en el caso de los exiliados, la reintegración a las tierras de que fueron despojados y la recuperación de los bienes de que fueron desposeídos, tal como garantizaba el artículo primero del decreto 2466 del mismo año.

Lea también: A respetar la vida de los exguerrilleros de las Farc​

Desde hace medio siglo, no obstante, herederos de un jefe guerrillero de Mapiripán (Meta) reclaman su derecho a la tenencia de una tierra que otrora el teniente general Rojas Pinilla había otorgado a su familia. Un negocio en el mismo sector, sin embargo, que hoy entendemos de tipo “baldío”, contraría esta añeja y maltrecha ley agraria. Por cerca de diez años, en gran parte de esa altillanura, siembra palma de aceite una multinacional ítalo-española. Como aparente beneficio, arguye en su defensa el haber reemplazado el monocultivo de coca en la región de manera definitiva.

Colombia, a saber, es el primer productor de aceite de palma en América y, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), esto lo demuestra el que la agroindustria palmicultora funcione en más de 124 municipios de 20 departamentos del país. ¡Tierra fértil! Por una extraña suerte de anestesia común, valga opinar, la cuantía de víctimas en lo que se ha denominado violencia nacional compite con el nomenclátor de tierras usurpadas y de usufructo —aunque ya no sea la tenencia de las mismas y en su lugar importen los derechos de uso—, y es así como, entre insurgentes e inocentes, el país discute no el origen y espíritu de su conflicto, sino su rumbo, su suelo. ¡Tierra fértil!

Inolvidable es, en este orden de ideas, la masacre ocurrida en el mismo Mapiripán (1997), cuando las Autodefensas Unidas de Colombia —paramilitares— actuaron en complicidad con el Estado a través del Ejército y, con la pretensión de fumigar los cultivos cocaleros, cometieron en curso atroces asesinatos, desmembrando cuerpos, torturando a todo aquel que consideraron simpatizante de guerrilla. Inolvidable, además, cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño dijo sin inusitada vergüenza: “Habrán (sic) muchos más mapiripanes”. Colombia tiene un patrimonio natural y biodiverso que sobresale mundialmente y está en el continente más rico y con mayores áreas de hábitat natural intacto, América.

Vea también: La última batalla de Puerto Alvira​

Según el reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que lleva por nombre Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición, “para el Gobierno, el paramilitarismo es cosa del pasado. Lo que existe, desde 2006, es un fenómeno criminal sin contenido político dinamizado por diferentes tipos de economías criminales”. Hoy, la guerra urbana, en donde esos actores mimetizados que ya no tienen la tierra, que ya no tenemos, operan con microtráfico de drogas y armas, desplazamiento forzado —todavía rural e intraurbano—, extorsión, hurtos y amenazas; también asesinatos selectivos, secuestro y masacres, con la mujer como botín de guerra, con la militarización de la policía, ejerce un terrorismo vertical, sicarial y no tan clandestino que de la industria contra natura también se nutre.

Entre 1958 y 2012, según lo documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las cifras —registradas— de arremetidas del paramilitarismo fueron así: 8.903 asesinatos selectivos, 1.196 masacres con 7.160 muertos, 13.562 desapariciones forzadas, 1.530 víctimas de sevicia y tortura, 344 casos de violencia sexual y crímenes perpetrados. Sólo el año pasado registraron presencia de grupos armados organizados y de paramilitarismo en cerca de 140 municipios de Colombia y hoy es de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que de 1.982 masacres cometidas en cincuenta años, más de 1.100 fueron provocadas por paramilitares.

Hay alguien, a pesar de esto, que ofrece interesantes perspectivas dada la coyuntura de país (posacuerdo Gobierno-Farc), en tiempos en que, además, como señala la FIP, “no se puede hablar de una presencia homogénea o unívoca de los grupos armados. Nunca lo ha sido y el contexto actual no es la excepción” y “donde el grado de consolidación criminal y el grado de colaboración entre actores estatales y armados”, en relación con la tipología de microrregímenes, contenida en el informe y propuesta por Enrique Desmond Arias (2017), apuntan a diferentes tipos de gobernanza imperantes. ¿Quién muere en su ley?

Ese alguien tiene una voz en cuyo tono académico se oculta un delicado bisel, frágil como la vida: es Alfredo Molano. Hace poco, mientras el poniente alumbraba sus recuerdos y con su mano cogía como al aire el piedemonte amazónico, se refería a un aforo lleno en Jardín, al suroeste de Antioquia, en un festival de cine, sobre la cuestión agraria en Colombia. El caso citado de Mapiripán lo relató con la simpleza de “todavía hay campesinos que desde Rojas Pinilla reclaman tierras que el Estado concedió a una multinacional”. Desde Rojas Pinilla se promueve, de hecho, el “derecho a la no discriminación por pertenecer al partido de oposición”.

Molano estuvo repasando su propio relato vital, de cómo se acercó a la geografía y cómo esto lo indujo, de manera paulatina, a tener una posición ideológica manifiesta: hoy se declara un anarquista. Cuando era un niño ocurrió el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, ese hecho que cambió drásticamente el curso del siglo XX en el país. Con la toma de posesión de Mariano Ospina Pérez, con la consigna, según el escritor, de “hagamos invivible la República Liberal”, hubo un manojo de reformas a las que el Partido Conservador se opuso y fue justo cuando “la diferencia comenzó a ser asesinada”.

Primero, contaba Molano, catalogaron a unos con inclinación liberal y a otros con inclinación comunista. En otros términos: “los liberales limpios y los liberales sucios”. Llegó la Junta Militar. Con la industria del azúcar en Cuba que se había nacionalizado y el eco de la Guerra Fría en América Latina, la República de Colombia implementó métodos de largo alcance: la Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos, sugerida por el presidente John F. Kennedy, o “una aparición internacional para evitar una reforma socialista”.

Cuando el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado anunció, en 1964, la aparición de “repúblicas independientes”, se justificó el Estado para atacar Marquetalia. Y fue cuando una línea de la rebelión, con más ímpetu, herencia de lucha de sangre pijao, indígenas, campesinos, hombres y más hombres, defendería esos territorios. Fecunda y generosa la tierra, va más de medio siglo de enfrentamiento entre el comerciante y el colono: “La coca tenía la garantía de la coca; tal como el café, la garantía del café”. Los comerciantes debían pagar a las guerrillas para la protección de la tierra y así garantizar el derecho al cultivo (el Eln prefirió el secuestro como método de subvención). En tierra fértil van el cacao, la palma africana, la caña de azúcar, el plátano o banano, United. También el tabaco, el algodón, flores tropicales y semitropicales. Aceite de palma, petróleo, oro —prehispánico— y esmeralda, ¡cómo no se agotan!

Argumentó Molano que la guerrilla de las Farc pudo haber continuado 20 años más, sin embargo, tiene otras consecuencias nacionales el que ahora se puedan consolidar como partido político que haga oposición al establecimiento. Aunque el primer punto de los Acuerdos de Paz de La Habana alude a las reservas campesinas, estableciendo que la tierra no puede ser acumulada, están claros el ejemplo de Mapiripán y la advertencia de Castaño.

El sol se opuso. Molano reconoció que la propiedad de la tierra en Colombia le sigue correspondiendo al Estado. “La paz” les sirve a los terratenientes, dijo. Lo que le preocupa es el tema del consumo, no del capitalismo. “Estamos terriblemente consumidos por el consumo”. Citó al jefe guerrillero Romaña, como vía de escape: “Como se sabe: en Colombia es más fácil crear un frente armado que organizar una junta de acción comunal”. ¡Tierra fértil! Media luna fértil. Tan diversos y petrolíferos.

Por esta época, hace 64 años, Gustavo Rojas Pinilla se tomaba el poder como presidente de Colombia. Era el año de 1953. Durante su mandato, amnistió y firmó la paz con las guerrillas liberales y entró en vigencia un asunto que todavía hoy, cuando se menciona, genera agitación: el de la subvención estatal en pro de reintegrar a los combatientes a la sociedad civil. Según el censo, fueron cerca de 3.500 hombres los levantados en armas que habrían dejado en ese momento la sublevación a un lado y, mediante la Oficina de Rehabilitación y Socorro, obtendrían, en el caso de los exiliados, la reintegración a las tierras de que fueron despojados y la recuperación de los bienes de que fueron desposeídos, tal como garantizaba el artículo primero del decreto 2466 del mismo año.

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Desde hace medio siglo, no obstante, herederos de un jefe guerrillero de Mapiripán (Meta) reclaman su derecho a la tenencia de una tierra que otrora el teniente general Rojas Pinilla había otorgado a su familia. Un negocio en el mismo sector, sin embargo, que hoy entendemos de tipo “baldío”, contraría esta añeja y maltrecha ley agraria. Por cerca de diez años, en gran parte de esa altillanura, siembra palma de aceite una multinacional ítalo-española. Como aparente beneficio, arguye en su defensa el haber reemplazado el monocultivo de coca en la región de manera definitiva.

Colombia, a saber, es el primer productor de aceite de palma en América y, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), esto lo demuestra el que la agroindustria palmicultora funcione en más de 124 municipios de 20 departamentos del país. ¡Tierra fértil! Por una extraña suerte de anestesia común, valga opinar, la cuantía de víctimas en lo que se ha denominado violencia nacional compite con el nomenclátor de tierras usurpadas y de usufructo —aunque ya no sea la tenencia de las mismas y en su lugar importen los derechos de uso—, y es así como, entre insurgentes e inocentes, el país discute no el origen y espíritu de su conflicto, sino su rumbo, su suelo. ¡Tierra fértil!

Inolvidable es, en este orden de ideas, la masacre ocurrida en el mismo Mapiripán (1997), cuando las Autodefensas Unidas de Colombia —paramilitares— actuaron en complicidad con el Estado a través del Ejército y, con la pretensión de fumigar los cultivos cocaleros, cometieron en curso atroces asesinatos, desmembrando cuerpos, torturando a todo aquel que consideraron simpatizante de guerrilla. Inolvidable, además, cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño dijo sin inusitada vergüenza: “Habrán (sic) muchos más mapiripanes”. Colombia tiene un patrimonio natural y biodiverso que sobresale mundialmente y está en el continente más rico y con mayores áreas de hábitat natural intacto, América.

Vea también: La última batalla de Puerto Alvira​

Según el reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que lleva por nombre Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición, “para el Gobierno, el paramilitarismo es cosa del pasado. Lo que existe, desde 2006, es un fenómeno criminal sin contenido político dinamizado por diferentes tipos de economías criminales”. Hoy, la guerra urbana, en donde esos actores mimetizados que ya no tienen la tierra, que ya no tenemos, operan con microtráfico de drogas y armas, desplazamiento forzado —todavía rural e intraurbano—, extorsión, hurtos y amenazas; también asesinatos selectivos, secuestro y masacres, con la mujer como botín de guerra, con la militarización de la policía, ejerce un terrorismo vertical, sicarial y no tan clandestino que de la industria contra natura también se nutre.

Entre 1958 y 2012, según lo documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las cifras —registradas— de arremetidas del paramilitarismo fueron así: 8.903 asesinatos selectivos, 1.196 masacres con 7.160 muertos, 13.562 desapariciones forzadas, 1.530 víctimas de sevicia y tortura, 344 casos de violencia sexual y crímenes perpetrados. Sólo el año pasado registraron presencia de grupos armados organizados y de paramilitarismo en cerca de 140 municipios de Colombia y hoy es de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que de 1.982 masacres cometidas en cincuenta años, más de 1.100 fueron provocadas por paramilitares.

Hay alguien, a pesar de esto, que ofrece interesantes perspectivas dada la coyuntura de país (posacuerdo Gobierno-Farc), en tiempos en que, además, como señala la FIP, “no se puede hablar de una presencia homogénea o unívoca de los grupos armados. Nunca lo ha sido y el contexto actual no es la excepción” y “donde el grado de consolidación criminal y el grado de colaboración entre actores estatales y armados”, en relación con la tipología de microrregímenes, contenida en el informe y propuesta por Enrique Desmond Arias (2017), apuntan a diferentes tipos de gobernanza imperantes. ¿Quién muere en su ley?

Ese alguien tiene una voz en cuyo tono académico se oculta un delicado bisel, frágil como la vida: es Alfredo Molano. Hace poco, mientras el poniente alumbraba sus recuerdos y con su mano cogía como al aire el piedemonte amazónico, se refería a un aforo lleno en Jardín, al suroeste de Antioquia, en un festival de cine, sobre la cuestión agraria en Colombia. El caso citado de Mapiripán lo relató con la simpleza de “todavía hay campesinos que desde Rojas Pinilla reclaman tierras que el Estado concedió a una multinacional”. Desde Rojas Pinilla se promueve, de hecho, el “derecho a la no discriminación por pertenecer al partido de oposición”.

Molano estuvo repasando su propio relato vital, de cómo se acercó a la geografía y cómo esto lo indujo, de manera paulatina, a tener una posición ideológica manifiesta: hoy se declara un anarquista. Cuando era un niño ocurrió el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, ese hecho que cambió drásticamente el curso del siglo XX en el país. Con la toma de posesión de Mariano Ospina Pérez, con la consigna, según el escritor, de “hagamos invivible la República Liberal”, hubo un manojo de reformas a las que el Partido Conservador se opuso y fue justo cuando “la diferencia comenzó a ser asesinada”.

Primero, contaba Molano, catalogaron a unos con inclinación liberal y a otros con inclinación comunista. En otros términos: “los liberales limpios y los liberales sucios”. Llegó la Junta Militar. Con la industria del azúcar en Cuba que se había nacionalizado y el eco de la Guerra Fría en América Latina, la República de Colombia implementó métodos de largo alcance: la Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos, sugerida por el presidente John F. Kennedy, o “una aparición internacional para evitar una reforma socialista”.

Cuando el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado anunció, en 1964, la aparición de “repúblicas independientes”, se justificó el Estado para atacar Marquetalia. Y fue cuando una línea de la rebelión, con más ímpetu, herencia de lucha de sangre pijao, indígenas, campesinos, hombres y más hombres, defendería esos territorios. Fecunda y generosa la tierra, va más de medio siglo de enfrentamiento entre el comerciante y el colono: “La coca tenía la garantía de la coca; tal como el café, la garantía del café”. Los comerciantes debían pagar a las guerrillas para la protección de la tierra y así garantizar el derecho al cultivo (el Eln prefirió el secuestro como método de subvención). En tierra fértil van el cacao, la palma africana, la caña de azúcar, el plátano o banano, United. También el tabaco, el algodón, flores tropicales y semitropicales. Aceite de palma, petróleo, oro —prehispánico— y esmeralda, ¡cómo no se agotan!

Argumentó Molano que la guerrilla de las Farc pudo haber continuado 20 años más, sin embargo, tiene otras consecuencias nacionales el que ahora se puedan consolidar como partido político que haga oposición al establecimiento. Aunque el primer punto de los Acuerdos de Paz de La Habana alude a las reservas campesinas, estableciendo que la tierra no puede ser acumulada, están claros el ejemplo de Mapiripán y la advertencia de Castaño.

El sol se opuso. Molano reconoció que la propiedad de la tierra en Colombia le sigue correspondiendo al Estado. “La paz” les sirve a los terratenientes, dijo. Lo que le preocupa es el tema del consumo, no del capitalismo. “Estamos terriblemente consumidos por el consumo”. Citó al jefe guerrillero Romaña, como vía de escape: “Como se sabe: en Colombia es más fácil crear un frente armado que organizar una junta de acción comunal”. ¡Tierra fértil! Media luna fértil. Tan diversos y petrolíferos.