El dilema de la tierra para la reincorporación

La obsesión del Estado y la sociedad por desarmar a las Farc ha eclipsado, de alguna manera, lo que vendrá para quienes abandonaron los fusiles y para las comunidades donde se desarrolló la fase del cese bilateral del fuego y las hostilidades. Y es tan grande el reto de lo que viene, que las partes, reunidas en la Comisión de Impulso a la Implementación (Csivi), decidieron prolongar por 15 días el plazo para la extracción de los contenedores con las armas, el fin de las zonas veredales, la salida de los menores de los campamentos y la entrega del listado de bienes en manos de la guerrilla. (Vea: "Zonas veredales irían más allá de la dejación de armas")

La decisión la comunicó el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien además informó que, para acelerar la aplicación de la Ley de Amnistía, el presidente Santos había firmado una resolución que le otorga el estatus de gestores de paz a 709 miembros de las Farc recluidos en las cárceles de Colombia. La medida no afecta el proceso judicial de los exguerrilleros, pero obliga a que los jueces les den la libertad con el fin de que puedan realizar su proceso de reincorporación y participar de las actividades de reparación a las víctimas.

Así las cosas, las zonas veredales no morirán al despuntar el 1° de agosto, como lo habían acordado las Farc y el Gobierno, sino que irán convirtiéndose, gradualmente, en espacios de convivencia y reincorporación. Las primeras en perder el estatuto de zona veredal serán la de Monterredondo, en Miranda, Cauca, y la de Policarpa, Nariño. Allí Naciones Unidas ya trabajan en el embalaje de los contenedores con las armas para extraerlos, en una impensable operación logística. A partir de que las armas salgan de la zona, la infraestructura, que con tanto esfuerzo se ha construido —y que en varios casos no fue terminada— deberá servir para que excombatientes y comunidades se capaciten y trabajen para cerrar la página de la guerra. (Lea: "Plazo para sacar armas de las Farc acaba el 15 de agosto")

De la misma manera, cuando las armas se las lleve un helicóptero como si fuera una gran pieza de museo —del museo de nuestro horror— el Estado recuperará sus funciones y sus obligaciones. La Fuerza Pública retomará el control del orden público; las alcaldías y gobernaciones, y cualquier entidad pública, podrán ingresar a estas zonas como a cualquier otra. Es decir, acabará el control territorial de las Farc. Pero al mismo tiempo los exguerrilleros permanecerán allí para impulsar proyectos productivos y tener acción política desde la legalidad.

“Tenemos una infraestructura grande que construimos. Alojamientos, aulas, corredores. Infraestructura que servirá para crear un nuevo modelo de reincorporación, que se hace fundamentalmente en zonas rurales, con un carácter colectivo y asociativo, con cooperativas en el campo. Y también se trata de construir una reincorporación comunitaria para que se beneficien las comunidades. Como el Estado tiene tantas dificultades para proveer en servicios en estas zonas, pues nos podrían servir para que se reincorporen las Farc, pero a la vez para que las comunidades reciban los beneficios de la paz: salud, educación, apoyo psicosocial, proyectos de desarrollo, presencia institucional”, puntualizó Jaramillo.

Uno de los problemas de la transición entre zonas veredales y espacios de convivencia y reincorporación es, nuevamente, el tema de la propiedad. Las zonas donde se construyó la infraestructura son alquiladas, por lo que los excombatientes no han podido iniciar los proyectos productivos. Al respecto, el comisionado de Paz sostiene que se hará “una fase de transición de cuatro meses, hasta el 1° de diciembre, cuando entre a funcionar la nueva Agencia de Reincorporación y Normalización, que va a asumir la gerencia de esos espacios. Hasta diciembre los predios están alquilados”. (Puede leer: "La transición de la Misión de Paz")

A partir de ese momento tendrán que ponerse de acuerdo con las autoridades municipales y departamentales, que serán llamadas a participar en la puesta en marcha de los proyectos de reincorporación. También se tendrá que buscar financiación en recursos de la comunidad internacional y la empresa privada para sostener el esfuerzo de reincorporar a cerca de 10 mil guerrilleros, la mayoría de origen campesino. Por eso, las Farc han sido insistentes en que los excombatientes necesitan tierra para poder desarrollar sus proyectos colectivos.

En ese tema de la reincorporación y de activación de Ecomún, la cooperativa de proyectos que fundaron las Farc, uno de los responsables es el comandante Jairo Quintero. “Lo que nosotros hemos definido es el camino para culminar el proceso de dejación de armas. Será un proceso gradual, porque es necesario que se haga efectivo el cumplimiento de algunos aspectos del Acuerdo, como la salida de los prisioneros. Y tenemos un tema complejo: no se terminaron algunas construcciones de las zonas veredales, y el 15 de agosto se acabarán. Además, como esos terrenos son alquilados, no se puede empezar el proceso de plantación y construcción de los proyectos productivos”.

Para Quintero otro de los temas que hará complejo el proceso de reincorporación es que la mayoría de los exguerrilleros quieren volver a las zonas donde tienen su familia y sus amigos. Y de nuevo la preocupación de quienes dejaron las armas es el problema de las tierras. “Los proyectos productivos no son un camino cierto por ahora. El tema de la tierra es difícil y estamos sujetos a que se resuelva eso. Iniciativas hay muchas de parte de la guerrillerada, pero para que sean reales no pueden estar sujetas a los $8 millones que están planteados en el Acuerdo para proyectos productivos. Así que estamos buscando alternativas para que se apalanquen con otros recursos y asociaciones. Con ellos tendremos que ponernos de acuerdo. Pero los ofrecimientos que muchos hacen tienen el objetivo de proletarizar a los guerrilleros, y eso no lo vamos a permitir”, concluye.

La obsesión del Estado y la sociedad por desarmar a las Farc ha eclipsado, de alguna manera, lo que vendrá para quienes abandonaron los fusiles y para las comunidades donde se desarrolló la fase del cese bilateral del fuego y las hostilidades. Y es tan grande el reto de lo que viene, que las partes, reunidas en la Comisión de Impulso a la Implementación (Csivi), decidieron prolongar por 15 días el plazo para la extracción de los contenedores con las armas, el fin de las zonas veredales, la salida de los menores de los campamentos y la entrega del listado de bienes en manos de la guerrilla. (Vea: "Zonas veredales irían más allá de la dejación de armas")

La decisión la comunicó el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien además informó que, para acelerar la aplicación de la Ley de Amnistía, el presidente Santos había firmado una resolución que le otorga el estatus de gestores de paz a 709 miembros de las Farc recluidos en las cárceles de Colombia. La medida no afecta el proceso judicial de los exguerrilleros, pero obliga a que los jueces les den la libertad con el fin de que puedan realizar su proceso de reincorporación y participar de las actividades de reparación a las víctimas.

Así las cosas, las zonas veredales no morirán al despuntar el 1° de agosto, como lo habían acordado las Farc y el Gobierno, sino que irán convirtiéndose, gradualmente, en espacios de convivencia y reincorporación. Las primeras en perder el estatuto de zona veredal serán la de Monterredondo, en Miranda, Cauca, y la de Policarpa, Nariño. Allí Naciones Unidas ya trabajan en el embalaje de los contenedores con las armas para extraerlos, en una impensable operación logística. A partir de que las armas salgan de la zona, la infraestructura, que con tanto esfuerzo se ha construido —y que en varios casos no fue terminada— deberá servir para que excombatientes y comunidades se capaciten y trabajen para cerrar la página de la guerra. (Lea: "Plazo para sacar armas de las Farc acaba el 15 de agosto")

De la misma manera, cuando las armas se las lleve un helicóptero como si fuera una gran pieza de museo —del museo de nuestro horror— el Estado recuperará sus funciones y sus obligaciones. La Fuerza Pública retomará el control del orden público; las alcaldías y gobernaciones, y cualquier entidad pública, podrán ingresar a estas zonas como a cualquier otra. Es decir, acabará el control territorial de las Farc. Pero al mismo tiempo los exguerrilleros permanecerán allí para impulsar proyectos productivos y tener acción política desde la legalidad.

“Tenemos una infraestructura grande que construimos. Alojamientos, aulas, corredores. Infraestructura que servirá para crear un nuevo modelo de reincorporación, que se hace fundamentalmente en zonas rurales, con un carácter colectivo y asociativo, con cooperativas en el campo. Y también se trata de construir una reincorporación comunitaria para que se beneficien las comunidades. Como el Estado tiene tantas dificultades para proveer en servicios en estas zonas, pues nos podrían servir para que se reincorporen las Farc, pero a la vez para que las comunidades reciban los beneficios de la paz: salud, educación, apoyo psicosocial, proyectos de desarrollo, presencia institucional”, puntualizó Jaramillo.

Uno de los problemas de la transición entre zonas veredales y espacios de convivencia y reincorporación es, nuevamente, el tema de la propiedad. Las zonas donde se construyó la infraestructura son alquiladas, por lo que los excombatientes no han podido iniciar los proyectos productivos. Al respecto, el comisionado de Paz sostiene que se hará “una fase de transición de cuatro meses, hasta el 1° de diciembre, cuando entre a funcionar la nueva Agencia de Reincorporación y Normalización, que va a asumir la gerencia de esos espacios. Hasta diciembre los predios están alquilados”. (Puede leer: "La transición de la Misión de Paz")

A partir de ese momento tendrán que ponerse de acuerdo con las autoridades municipales y departamentales, que serán llamadas a participar en la puesta en marcha de los proyectos de reincorporación. También se tendrá que buscar financiación en recursos de la comunidad internacional y la empresa privada para sostener el esfuerzo de reincorporar a cerca de 10 mil guerrilleros, la mayoría de origen campesino. Por eso, las Farc han sido insistentes en que los excombatientes necesitan tierra para poder desarrollar sus proyectos colectivos.

En ese tema de la reincorporación y de activación de Ecomún, la cooperativa de proyectos que fundaron las Farc, uno de los responsables es el comandante Jairo Quintero. “Lo que nosotros hemos definido es el camino para culminar el proceso de dejación de armas. Será un proceso gradual, porque es necesario que se haga efectivo el cumplimiento de algunos aspectos del Acuerdo, como la salida de los prisioneros. Y tenemos un tema complejo: no se terminaron algunas construcciones de las zonas veredales, y el 15 de agosto se acabarán. Además, como esos terrenos son alquilados, no se puede empezar el proceso de plantación y construcción de los proyectos productivos”.

Para Quintero otro de los temas que hará complejo el proceso de reincorporación es que la mayoría de los exguerrilleros quieren volver a las zonas donde tienen su familia y sus amigos. Y de nuevo la preocupación de quienes dejaron las armas es el problema de las tierras. “Los proyectos productivos no son un camino cierto por ahora. El tema de la tierra es difícil y estamos sujetos a que se resuelva eso. Iniciativas hay muchas de parte de la guerrillerada, pero para que sean reales no pueden estar sujetas a los $8 millones que están planteados en el Acuerdo para proyectos productivos. Así que estamos buscando alternativas para que se apalanquen con otros recursos y asociaciones. Con ellos tendremos que ponernos de acuerdo. Pero los ofrecimientos que muchos hacen tienen el objetivo de proletarizar a los guerrilleros, y eso no lo vamos a permitir”, concluye.