Una vieja polémica se revivió este lunes, luego de que el superintendente de notariado, Jairo Mesa, volviera a denunciar que la entonces guerrilla de las Farc no entregó todos los bienes inmuebles tras la dejación de armas. Se trata de las fincas y haciendas, que fueron conseguidas durante la guerra por la insurgencia y, que, según el superintendente Mesa, ascienden a 400.000 hectáreas de tierras ubicadas en diferentes regiones del país. Estas estarían en manos de testaferros y excombatientes, dijo.
“Las Farc solo reportó 698 bienes imposibles de localizar. Hemos identificado 25 de estos, muchos de los cuales corresponden a tierra baldía”, explicó Mesa, dándole amplio despliegue a una denuncia que él mismo hizo en agosto de 2017: “hemos encontrado que se trata de campesinos que no tienen cómo ser propietarios de seis o siete predios”, refirió en ese entonces.
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No obstante, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), designada en el acuerdo de La Habana para administrar estos bienes con los que se pretende reparar a las víctimas, a través de un comunicado conocido por este medio precisó tales cifras: En el inventario que entregó las Farc se referenciaron un total de 722 inmuebles, de los cuales, a la fecha solo 299 tienen coordenadas.
De estos predios, la SAE inició el proceso de identificación de 207, los cuales fueron confirmados por los enlaces designados por el ahora partido político FARC. Varias entidades del Estado, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras y la propia Superintendencia de Notariado y Registro, están cooperando para lograr la adecuada disposición de estos predios.
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Es de resaltar que la exguerrilla reportó cerca de medio billón de pesos en tierras que consiguió durante el conflicto, lo que equivale a más de 240.000 hectáreas. “Actualmente la SAE se encuentra en el proceso de recolección de información de 423 inmuebles por medio de los enlaces asignados por las FARC y varias entidades del Estado”, señaló la entidad.
En todo caso, la SAE no entregó datos del número de hectáreas correspondiente a los predios identificados y la Superintendencia aún no ha mostrado las pruebas de estos hallazgos que se conocen desde mediados del año pasado y que ascienden, según cálculos de esa entidad, a cerca de 1 billón de pesos.
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