“El Gobierno está focalizando esfuerzos en la protección de los excombatientes”: Emilio Archila

A partir de las 7:30 a.m., se llevará a cabo en Casa de Nariño la “mesa de articulación institucional para seguridad de excombatientes”, con los altos mandos del Ejército y la Policía Nacional, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo y las direcciones de Presidencia encargadas de la reincorporación de los excombatientes de las Farc por el Acuerdo de Paz. 

La reunión tendrá por objetivo considerar distintas propuestas para fortalecer la seguridad de aquellos excombatientes que no están en los espacios de reincorporación y que no cuentan con esquemas de protección colectivos ni individuales.

El anuncio lo hizo Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización, por los numerosos casos de excombatientes asesinados en todo el territorio nacional.

Según el partido Farc, desde la firma del Acuerdo de Paz, se ha atentado contra la vida de 184 hombres y mujeres que hicieron parte de antigua guerrilla y se comprometieron con la dejación de sus armas. 

El último caso conocido por el país fue el de Jhon Fredy Vargas, asesinado en Pitalito (Huila) el sábado 25 de enero, mientras conducía una moto. Según Archila, sicarios le dispararon y huyeron. Hasta el momento no hay indicios de la identidad de estas personas y ya la Fiscalía asumió la investigación, señaló el alto consejero. 

“Jhon Fredy tenía 42 años y estaba comprometido con su reincorporación. Estaba estudiando en el último ciclo de bachillerato. En 2018 tomó cursos de informática, cooperativismo y contabilidad; y asistió permanentemente a las actividades de Reincorporación”, manifestó Archila a través de un comunicado. 

Como muchos de los exguerrilleros, Jhon Fredy había salido del espacio de reincorporación donde inició su vida civil y se fue a vivir al barrio El Paraíso, en Pitalito. Estaba asociado a la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz (Cooagropaz) y tenía un cultivo de lulo. El beneficio que le daría el Gobierno para su proyecto productivo, lo iba a usar en la adquisición de una casa. 

Su asesinato fue denunciado este domingo a través de Twitter por el Partido Farc. El senador Julián Gallo, conocido en tiempos de guerra como Carlos Antonio Lozada, aseguró que pedirían medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y criticó “el silencio y la indiferencia cómplice del Gobierno” antes estos hechos. 

Según como lo confirmó Archila, con el homicidio de Jhon Fredy ya son cuatro asesinatos de excombatientes ocurridos desde 2017 en el Huila. También aclaró que Jhon no había solicitado medidas de protección ni advertido o denunciado amenazas. 

“En el caso de la población que adelanta su proceso de forma individual, no es posible despliegue territorial alguno de esquemas de protección. Estos se otorgan cuando lo solicitan y han denunciado amenazas, que se evalúan en un análisis técnico para determinar si es necesario o no”. Añadió que solo en esas circunstacia se dan medidas de protección personales, ya que de lo contrario su seguridad es igual que la de los demás ciudadanos. 

“Los excombatientes con esquemas de protección otorgados por la UNP y los que adelantan procesos colectivos de reincorporación en los ETCR no han sido asesinados, salvo un par de casos”. 

De acuerdo con el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU divulgado el 31 de diciembre pasado, 2019 fue "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de Colombia, ya que sufrieron 77 asesinatos.

A partir de las 7:30 a.m., se llevará a cabo en Casa de Nariño la “mesa de articulación institucional para seguridad de excombatientes”, con los altos mandos del Ejército y la Policía Nacional, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo y las direcciones de Presidencia encargadas de la reincorporación de los excombatientes de las Farc por el Acuerdo de Paz. 

La reunión tendrá por objetivo considerar distintas propuestas para fortalecer la seguridad de aquellos excombatientes que no están en los espacios de reincorporación y que no cuentan con esquemas de protección colectivos ni individuales.

El anuncio lo hizo Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización, por los numerosos casos de excombatientes asesinados en todo el territorio nacional.

Según el partido Farc, desde la firma del Acuerdo de Paz, se ha atentado contra la vida de 184 hombres y mujeres que hicieron parte de antigua guerrilla y se comprometieron con la dejación de sus armas. 

El último caso conocido por el país fue el de Jhon Fredy Vargas, asesinado en Pitalito (Huila) el sábado 25 de enero, mientras conducía una moto. Según Archila, sicarios le dispararon y huyeron. Hasta el momento no hay indicios de la identidad de estas personas y ya la Fiscalía asumió la investigación, señaló el alto consejero. 

“Jhon Fredy tenía 42 años y estaba comprometido con su reincorporación. Estaba estudiando en el último ciclo de bachillerato. En 2018 tomó cursos de informática, cooperativismo y contabilidad; y asistió permanentemente a las actividades de Reincorporación”, manifestó Archila a través de un comunicado. 

Como muchos de los exguerrilleros, Jhon Fredy había salido del espacio de reincorporación donde inició su vida civil y se fue a vivir al barrio El Paraíso, en Pitalito. Estaba asociado a la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz (Cooagropaz) y tenía un cultivo de lulo. El beneficio que le daría el Gobierno para su proyecto productivo, lo iba a usar en la adquisición de una casa. 

Su asesinato fue denunciado este domingo a través de Twitter por el Partido Farc. El senador Julián Gallo, conocido en tiempos de guerra como Carlos Antonio Lozada, aseguró que pedirían medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y criticó “el silencio y la indiferencia cómplice del Gobierno” antes estos hechos. 

Según como lo confirmó Archila, con el homicidio de Jhon Fredy ya son cuatro asesinatos de excombatientes ocurridos desde 2017 en el Huila. También aclaró que Jhon no había solicitado medidas de protección ni advertido o denunciado amenazas. 

“En el caso de la población que adelanta su proceso de forma individual, no es posible despliegue territorial alguno de esquemas de protección. Estos se otorgan cuando lo solicitan y han denunciado amenazas, que se evalúan en un análisis técnico para determinar si es necesario o no”. Añadió que solo en esas circunstacia se dan medidas de protección personales, ya que de lo contrario su seguridad es igual que la de los demás ciudadanos. 

“Los excombatientes con esquemas de protección otorgados por la UNP y los que adelantan procesos colectivos de reincorporación en los ETCR no han sido asesinados, salvo un par de casos”. 

De acuerdo con el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU divulgado el 31 de diciembre pasado, 2019 fue "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de Colombia, ya que sufrieron 77 asesinatos.