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Las acciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) ya no solo se limitan a Santa Marta, donde tiene el fortín de las extorsiones, sino también a La Guajira, blanco durante tres días de un paro armado.
Las advertencias sobre restricciones por 72 horas empezaron a circular a través de audios, videos y mensajes atribuidos a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido “Nain” o “Bendito Menor”, uno de los mandos visibles de las ACSN. En esos contenidos se hablaba de limitaciones a la movilidad y de posibles consecuencias para quienes no acataran las indicaciones.
Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto de las ACSN salió a desmarcarse de ese anuncio. En un comunicado, aseguró que el video en el que aparece “El Menor” no podía ser verificado y que no tenían comunicación con él.
“El Estado Mayor de las ACSN […] se permite informar que el video que circula en redes sociales, donde aparentemente se escucha a alias el Menor dando unas declaraciones […], no hemos tenido comunicación alguna con alias el Menor, por lo tanto, no podemos asegurar la veracidad del video”, se dice.
Luego afirman que “no habrá paros armados ni mucho menos se verá alterado el orden público” en las zonas donde tienen presencia.
“A los habitantes, comerciantes y toda la sociedad civil, decirles que estén tranquilos”, dice el comunicado.
Pero no hubo tranquilidad. En un contexto donde la presencia del grupo es conocida, ese tipo de mensajes tuvo un efecto inmediato. Sin necesidad de una orden “visible y confirmada” en todos los municipios, la respuesta fue cerrar y resguardarse.
“Hubo afectaciones de diversas maneras, tanto psicológicas como económicas porque estamos perdiendo plata, no tenemos cómo pagar a los empleados, el recibo de la luz y aparte el arriendo del negocio. Nuestro negocio depende del día a día, si no trabajamos, cómo vamos a comer”, dijo a Noticias Caracol, Luis Salazar, comerciante de Riohacha.
Desde el inicio, las alertas institucionales acompañaron lo que ya se percibía en el territorio. La Defensoría del Pueblo advirtió que “se consolidan amenazas de paro armado por 72 horas en La Guajira” y urgió a las autoridades a adoptar medidas de protección para la población civil. La entidad también señaló la circulación de mensajes intimidatorios y el riesgo de afectaciones directas a comunidades y comerciantes.
“ Solicitamos al Gobierno nacional abordar este asunto en el espacio socio jurídico que se adelanta con “Los Pachencas” -como también se conoce a ese grupo armado- e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo para proteger a la población civil", dijo la Defensoría.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se refirió al tema y alertó sobre el impacto de estas amenazas. En su pronunciamiento, advirtió que la situación “pone en riesgo los derechos humanos de la población” y llamó a garantizar la protección de las comunidades frente a posibles hechos de violencia.
“Instamos a las autoridades a desarrollar las acciones tendientes a la protección de la población civil del departamento de La Guajira y a coordinar acciones entre autoridades civiles y militares, que permitan avanzar hacia la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos”, indicó.
El efecto de esas advertencias se reflejó con rapidez. En sectores comerciales de Riohacha, los negocios bajaron sus persianas y la movilidad se volvió intermitente. En otras zonas del departamento, el transporte operó de forma limitada y varias comunidades optaron por el confinamiento. Aunque la intensidad no fue idéntica en todos los municipios, el patrón se repitió: reducción de la vida cotidiana frente a un riesgo percibido como real.
Solo al pasar los tres días señalados en las amenazas comenzó un retorno progresivo a la normalidad. La reapertura de establecimientos y el aumento del flujo en las calles marcaron el cierre de un periodo que, para buena parte de la población, tuvo un inicio y un final claros.
“Estamos otra vez retomando porque pasaron tres día sin poder trabajar (…) Algunos no tenemos un sustento económico, somos trabajadores, no somos dueños, tenemos que pagar arriendo y se imaginará que tener las cosas cerradas no nos ayuda”, indicó Yuliet Hernández a ese noticiero.
Este paro armado ocurre, además, en medio de un proceso de acercamientos entre el Gobierno y las ACSN que no ha mostrado avances claros. La persistencia de acciones como esta, junto con mensajes contradictorios dentro del mismo grupo, refleja las tensiones y la falta de consolidación de ese espacio, así como las dificultades para traducir esos diálogos en cambios concretos en el territorio.
Lo que deja este episodio es menos una discusión sobre el anuncio y más una constatación sobre sus efectos. Sin un mandato visible en todos los niveles, pero con advertencias suficientes para modificar comportamientos, La Guajira vivió tres días en los que la actividad se detuvo.
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