¿El perdón de las Farc llegó a Tumaco?

En la Casa de la Memoria de Tumaco, este jueves dos integrantes de las Farc pidieron perdón, a través de un video enviado desde la cárcel, por la muerte de dos emblemáticos líderes de las comunidades negras del Pacífico. José Hamilton Castillo, homicida de Míller Angulo Riveros, y Juan Carlos Caicedo, quien dio muerte a Gílmer Genaro García, aceptaron un preacuerdo con la justicia en el que se incluía ese acto de perdón.

El evento fue presidido por María Paulina Riveros, vicefiscal General y Todd Howland director de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Tras las palabras de apertura de la Vicefiscal, familiares y amigos de los dos líderes asesinados explicaron lo que ellos significaban para la comunidad. Entre los asistentes estaba la mamá de Miller Angulo. Ella resaltó con orgullo el trabajo que realizaba como representante de la Mesa de Víctimas. La madre de Genaro García, asesinado en agosto del 2015, explicó que siente un gran dolor pero a la vez el consuelo que siente al ver la gran solidaridad de tantas personas ante la muerte de su hijo. Ambas esperan conocer la verdad sobre la muerte de sus hijos para disminuir el dolor.

Después de estas palabras los asistentes escucharon los pedidos de perdón de los dos victimarios a través de un video pre-grabado desde las dos cárceles donde se encuentran recluidos. Los victimarios manifestaron su deseo de dejar la lucha armada y reintegrarse a la sociedad, e hicieron un llamado a que la sociedad no los margine en este deseo de reinserción. Pero el video dejó familiares y compañeros de trabajo de los líderes asesinados insatisfechos. “Necesitamos la verdad, y necesitamos que nos digan por qué nos siguen matando”, dijo uno de los líderes del Consejo Comunitario Alto Mira.

La mamá de Genaro García habló con orgullo del servicio que su hijo prestaba a la comunidad. / José Luis- Casa de la Memoria

La muerte de Genaro García, asesinado el 3 de agosto de 2015, en plenas negociaciones de paz, destapó la incoherencia entre lo que se negociaba en La Habana con la guerrilla y la situación en los territorios de los consejos comunitarios de Nariño, e impulsó un vehemente llamado desde las comunidades para ser incluidas en las negociaciones de paz.

Fue una muerte anunciada. Por reivindicar el derecho a la autonomía de las comunidades negras sobre sus territorios colectivos, por resistirse a entrar en la economía ilegal de la coca, porque en su comunidad, llamada La Balsa, no les caminaban a las Farc, Genaro y su familia sufrieron amenazas y represalias. El 16 de agosto de 2012 su hermana, Yerly Maricel García, fue asesinada en la zona urbana de Tumaco. Por eso Genaro tuvo que desplazarse. Aun así, meses después volvió a su tierra, sabiendo que las Farc lo tenían entre ceja y ceja. Las amenazas se incrementaron desde 2013, cuando fue elegido representante legal del Consejo Alto Mira y Frontera. En octubre de 2014 las Farc le notificaron que estaba destituido de su cargo como representante legal y que sería asesinado si continuaba con sus labores. Pero Genaro no renunció.

Genaro no fue el primer líder asesinado. El 1 de diciembre de 2012 fue Míller Angulo, miembro de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco y de la Mesa Departamental de Víctimas, por quien también pidieron perdón este jueves. A ellos  les sigue una larga lista. Así lo prueban las paredes de la Casa de la Memoria de Tumaco, tapizadas con cientos de fotos de líderes asesinados en los últimos 40 años. 

En esa lista de muertes también está Yolanda Cerón, exdirectora de la diócesis y pionera en los procesos de resistencia de los consejos comunitarios, cuyo asesinato en 2001 fue aceptado públicamente por el bloque paramilitar Libertadores, comandado por Pablo Sevillano. La muerte de otros tantos ha sido atribuida a las Farc u otros actores armados: Francisco Hurtado, primer representante legal del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, asesinado en 1998; Pablo Gutiérrez, presidente de la Junta Veredal de El Pital, asesinado en 2008; Armenio Cortés, fiscal de la Junta del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, también en 2008. 

Los homicidios de líderes continúan aún en medio del cese bilateral entre el Gobierno y las Farc y se han registrado en otras partes del departamento de Nariño, no sólo en comunidades negras, sino también indígenas. El 31 de agosto de 2016, habitantes de una vereda del corregimiento Llorente, en Pasto, encontraron los cuerpos de Luciano Pascal García, de 23 años, y Alberto Pascal García, de 21. Ambos eran líderes del resguardo awá llamado Hojal de la Turbia y habían impedido que mineros ilegales entraran allí.

Días después de la muerte de Genaro, El Espectador estuvo en Tumaco hablando con líderes de los consejos comunitarios bajo estrictas condiciones de anonimato, debido a su situación de riesgo. Dijeron que tantos asesinatos han roto la poca confianza que se podía tener para negociar con las Farc y con el Estado en las comunidades. Esa confianza está por reconstruirse con hechos en el territorio nacional.

Ahora que se logró el acuerdo final entre Gobierno y Farc, comienza ese proceso de negociación y reconciliación con las comunidades. Esto coincide con el acto de perdón que se realizó ayer en Tumaco. No obstante, este evento no puede entenderse en el marco de lo acordado en La Habana. Según Jorge Jiménez, coordinador de la Fiscalía en Tumaco, se trata de un acto individual en el marco de la reparación exigida por la justicia ordinaria para llegar a un preacuerdo. No es un acto que venga oficialmente desde el secretariado de las Farc.

Además, el perdón es sólo una parte de lo que esperan las comunidades negras de cara al posconflicto. El reto es que tras la desmovilización de las Farc se pueda fortalecer la autonomía de los consejos comunitarios y se garanticen sus derechos. Tras la muerte de Genaro, los líderes de estas comunidades coincidían en que, desde que se conformaron los consejos comunitarios y se les reconoció la propiedad colectiva de sus territorios con la Ley 70 de 1993, y se establecieron mecanismos para la protección de la identidad cultural y el fomento de su desarrollo económico y social, por lo menos en Nariño nunca han podido ejercer plenamente ese derecho.

Las comunidades negras nariñenses, pioneras en el proceso organizativo de los consejos, han enfrentado amenazas a su autonomía territorial por al menos tres factores: la expansión de la palmicultura, los grupos paramilitares y las Farc.

La desmovilización de las Farc no va a solucionar todo el problema, pero significa importantes cambios en el territorio. Parte de la inconformidad de las comunidades consistía en que, mientras en La Habana se negociaba la “paz territorial”, en Tumaco se deslegitimaba a las autoridades étnicas territoriales negras e indígenas. Denunciaban los líderes que la guerrilla adelantó desde hace varios años una lucha por el poder y el control político en la región. Para esto crearon organizaciones que buscan suplantar la autoridad de los consejos comunitarios. En Nariño hay por lo menos tres y en su mayoría están compuestas por colonos provenientes de Caquetá, Putumayo y Huila que se dedican a cultivar coca y vender la pasta base a las Farc.

Desde la perspectiva de los líderes negros, lo que buscaba la guerrilla durante las negociaciones de paz era consolidar el dominio de territorios estratégicos para sus actividades ilícitas —la ubicación de Tumaco es geoestratégica por su salida al océano Pacífico, porque comparte frontera con Ecuador y porque tiene varias rutas de acceso al interior del país—. Las zonas de reserva campesina vendrían a consolidar esa estrategia, en territorios que por ley les pertenecen a las comunidades negras.

Todo lo anterior ha sembrado serias dudas entre las comunidades sobre la voluntad de las Farc de cumplir lo acordado con el Gobierno. Por eso, están a la espera de que en el posconflicto la guerrilla como organización, y no sus integrantes de manera individual, reconozca sus errores y se pueda llegar a acuerdos entre los consejos comunitarios, el Gobierno y las Farc para reconstruir la verdad, reparar a las familias y a las comunidades.

“Para poder perdonar, las Farc tienen que venir a contarnos por qué mataron a esos líderes, reconocer su error y prometer que no lo volverán a hacer. Pero además, el Gobierno debe reconocer que falló en su labor de protegerlos, porque esas muertes se podrían haber evitado. Luego, ambos actores deben compensar a las familias de los asesinados”, afirma Germán Castillo, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas).

En la Casa de la Memoria de Tumaco, este jueves dos integrantes de las Farc pidieron perdón, a través de un video enviado desde la cárcel, por la muerte de dos emblemáticos líderes de las comunidades negras del Pacífico. José Hamilton Castillo, homicida de Míller Angulo Riveros, y Juan Carlos Caicedo, quien dio muerte a Gílmer Genaro García, aceptaron un preacuerdo con la justicia en el que se incluía ese acto de perdón.

El evento fue presidido por María Paulina Riveros, vicefiscal General y Todd Howland director de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Tras las palabras de apertura de la Vicefiscal, familiares y amigos de los dos líderes asesinados explicaron lo que ellos significaban para la comunidad. Entre los asistentes estaba la mamá de Miller Angulo. Ella resaltó con orgullo el trabajo que realizaba como representante de la Mesa de Víctimas. La madre de Genaro García, asesinado en agosto del 2015, explicó que siente un gran dolor pero a la vez el consuelo que siente al ver la gran solidaridad de tantas personas ante la muerte de su hijo. Ambas esperan conocer la verdad sobre la muerte de sus hijos para disminuir el dolor.

Después de estas palabras los asistentes escucharon los pedidos de perdón de los dos victimarios a través de un video pre-grabado desde las dos cárceles donde se encuentran recluidos. Los victimarios manifestaron su deseo de dejar la lucha armada y reintegrarse a la sociedad, e hicieron un llamado a que la sociedad no los margine en este deseo de reinserción. Pero el video dejó familiares y compañeros de trabajo de los líderes asesinados insatisfechos. “Necesitamos la verdad, y necesitamos que nos digan por qué nos siguen matando”, dijo uno de los líderes del Consejo Comunitario Alto Mira.

La mamá de Genaro García habló con orgullo del servicio que su hijo prestaba a la comunidad. / José Luis- Casa de la Memoria

La muerte de Genaro García, asesinado el 3 de agosto de 2015, en plenas negociaciones de paz, destapó la incoherencia entre lo que se negociaba en La Habana con la guerrilla y la situación en los territorios de los consejos comunitarios de Nariño, e impulsó un vehemente llamado desde las comunidades para ser incluidas en las negociaciones de paz.

Fue una muerte anunciada. Por reivindicar el derecho a la autonomía de las comunidades negras sobre sus territorios colectivos, por resistirse a entrar en la economía ilegal de la coca, porque en su comunidad, llamada La Balsa, no les caminaban a las Farc, Genaro y su familia sufrieron amenazas y represalias. El 16 de agosto de 2012 su hermana, Yerly Maricel García, fue asesinada en la zona urbana de Tumaco. Por eso Genaro tuvo que desplazarse. Aun así, meses después volvió a su tierra, sabiendo que las Farc lo tenían entre ceja y ceja. Las amenazas se incrementaron desde 2013, cuando fue elegido representante legal del Consejo Alto Mira y Frontera. En octubre de 2014 las Farc le notificaron que estaba destituido de su cargo como representante legal y que sería asesinado si continuaba con sus labores. Pero Genaro no renunció.

Genaro no fue el primer líder asesinado. El 1 de diciembre de 2012 fue Míller Angulo, miembro de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco y de la Mesa Departamental de Víctimas, por quien también pidieron perdón este jueves. A ellos  les sigue una larga lista. Así lo prueban las paredes de la Casa de la Memoria de Tumaco, tapizadas con cientos de fotos de líderes asesinados en los últimos 40 años. 

En esa lista de muertes también está Yolanda Cerón, exdirectora de la diócesis y pionera en los procesos de resistencia de los consejos comunitarios, cuyo asesinato en 2001 fue aceptado públicamente por el bloque paramilitar Libertadores, comandado por Pablo Sevillano. La muerte de otros tantos ha sido atribuida a las Farc u otros actores armados: Francisco Hurtado, primer representante legal del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, asesinado en 1998; Pablo Gutiérrez, presidente de la Junta Veredal de El Pital, asesinado en 2008; Armenio Cortés, fiscal de la Junta del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, también en 2008. 

Los homicidios de líderes continúan aún en medio del cese bilateral entre el Gobierno y las Farc y se han registrado en otras partes del departamento de Nariño, no sólo en comunidades negras, sino también indígenas. El 31 de agosto de 2016, habitantes de una vereda del corregimiento Llorente, en Pasto, encontraron los cuerpos de Luciano Pascal García, de 23 años, y Alberto Pascal García, de 21. Ambos eran líderes del resguardo awá llamado Hojal de la Turbia y habían impedido que mineros ilegales entraran allí.

Días después de la muerte de Genaro, El Espectador estuvo en Tumaco hablando con líderes de los consejos comunitarios bajo estrictas condiciones de anonimato, debido a su situación de riesgo. Dijeron que tantos asesinatos han roto la poca confianza que se podía tener para negociar con las Farc y con el Estado en las comunidades. Esa confianza está por reconstruirse con hechos en el territorio nacional.

Ahora que se logró el acuerdo final entre Gobierno y Farc, comienza ese proceso de negociación y reconciliación con las comunidades. Esto coincide con el acto de perdón que se realizó ayer en Tumaco. No obstante, este evento no puede entenderse en el marco de lo acordado en La Habana. Según Jorge Jiménez, coordinador de la Fiscalía en Tumaco, se trata de un acto individual en el marco de la reparación exigida por la justicia ordinaria para llegar a un preacuerdo. No es un acto que venga oficialmente desde el secretariado de las Farc.

Además, el perdón es sólo una parte de lo que esperan las comunidades negras de cara al posconflicto. El reto es que tras la desmovilización de las Farc se pueda fortalecer la autonomía de los consejos comunitarios y se garanticen sus derechos. Tras la muerte de Genaro, los líderes de estas comunidades coincidían en que, desde que se conformaron los consejos comunitarios y se les reconoció la propiedad colectiva de sus territorios con la Ley 70 de 1993, y se establecieron mecanismos para la protección de la identidad cultural y el fomento de su desarrollo económico y social, por lo menos en Nariño nunca han podido ejercer plenamente ese derecho.

Las comunidades negras nariñenses, pioneras en el proceso organizativo de los consejos, han enfrentado amenazas a su autonomía territorial por al menos tres factores: la expansión de la palmicultura, los grupos paramilitares y las Farc.

La desmovilización de las Farc no va a solucionar todo el problema, pero significa importantes cambios en el territorio. Parte de la inconformidad de las comunidades consistía en que, mientras en La Habana se negociaba la “paz territorial”, en Tumaco se deslegitimaba a las autoridades étnicas territoriales negras e indígenas. Denunciaban los líderes que la guerrilla adelantó desde hace varios años una lucha por el poder y el control político en la región. Para esto crearon organizaciones que buscan suplantar la autoridad de los consejos comunitarios. En Nariño hay por lo menos tres y en su mayoría están compuestas por colonos provenientes de Caquetá, Putumayo y Huila que se dedican a cultivar coca y vender la pasta base a las Farc.

Desde la perspectiva de los líderes negros, lo que buscaba la guerrilla durante las negociaciones de paz era consolidar el dominio de territorios estratégicos para sus actividades ilícitas —la ubicación de Tumaco es geoestratégica por su salida al océano Pacífico, porque comparte frontera con Ecuador y porque tiene varias rutas de acceso al interior del país—. Las zonas de reserva campesina vendrían a consolidar esa estrategia, en territorios que por ley les pertenecen a las comunidades negras.

Todo lo anterior ha sembrado serias dudas entre las comunidades sobre la voluntad de las Farc de cumplir lo acordado con el Gobierno. Por eso, están a la espera de que en el posconflicto la guerrilla como organización, y no sus integrantes de manera individual, reconozca sus errores y se pueda llegar a acuerdos entre los consejos comunitarios, el Gobierno y las Farc para reconstruir la verdad, reparar a las familias y a las comunidades.

“Para poder perdonar, las Farc tienen que venir a contarnos por qué mataron a esos líderes, reconocer su error y prometer que no lo volverán a hacer. Pero además, el Gobierno debe reconocer que falló en su labor de protegerlos, porque esas muertes se podrían haber evitado. Luego, ambos actores deben compensar a las familias de los asesinados”, afirma Germán Castillo, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas).