“El posconflicto no debe perpetuar la impunidad”: Santiago Arboleda

Santiago Arboleda Quiñónez es uno de los intelectuales afrocolombianos más destacados y creativos de nuestra época. Su tema de investigación ha sido la migración de las comunidades afrocolombianas, su reconstrucción cultural, pensamiento político, educativo e intelectual desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, así como el destierro y el despojo, y los efectos que han tenido en ellas. Actualmente es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador, pero está de visita académica en el país.

En este diálogo, Arboleda habla de cómo es la situación de estas comunidades en el posacuerdo y cuáles son los más importantes retos para garantizar sus derechos. Una entrevista clave a propósito de los 25 años que cumplió la Ley 70 de 1993 esta semana, norma trascendental que se ha reglamentado muy poco y busca proteger la identidad cultural y los derechos económicos y sociales de las comunidades negras, con el fin de garantizarles condiciones reales de igualdad frente al resto de la sociedad.

Puede leer: "Las comunidades negras no somos obstáculo para el desarrollo"

¿Cuál es la situación de las comunidades afrocolombianas en la coyuntura del posacuerdo?

Tenemos como diagnóstico la falta de la reglamentación total de la Ley 70 de 1993, el incumplimiento de las sentencias y autos de la Corte Constitucional, el despojo territorial, el represamiento de la titulación colectiva, los daños sociales, culturales, espirituales y el hecho de que más de 1’500.000 afrocolombianos son desplazados. En una población que, según el Censo del 2005, era de 4’300.000, aproximadamente el 30 % ha sido desplazada. A esto hay que sumar los daños ambientales, las masacres, las violaciones a niñas y niños, los reclutamientos y la guerra química de las fumigaciones con glifosato.

¿Por qué ha llamado “ecogenoetnocidio” a estos daños?

Porque son daños estructurales y requieren que los leamos de manera integral, en una matriz que incluye la destrucción ecosistémica, la eliminación física de un grupo humano y su destrucción cultural integral. Para entender esta complejidad he propuesto llamarla ecogenoetnocidio.

Lea también: Comunidades negras, un siglo y medio olvidadas

Desde allí, ¿cómo podemos entender la verdad, la justicia y la reparación?

Se requiere la reconstrucción de memorias que consulten y den cabida a las voces de las víctimas. Unas memorias en plural, que muestren hasta qué punto se destruyó y se constriñó su existencia. Con base en esas memorias hay que construir verdades plurales que sean dignificantes, para que podamos avanzar a la justicia. Si no hay verdad, no hay justicia. Y esta justicia debe crear las condiciones para la transformación de las condiciones de exclusión y racismo estructural que han sido el motor de la marginación. Si la justicia funciona en ese sentido, podemos hablar de reparaciones colectivas e integrales de los daños históricos —la deuda histórica de que se habla comúnmente— y los daños causados en la coyuntura del conflicto armado. Sobre la base de esas reparaciones podremos avanzar en niveles de transformación social importantes.

Para usted, ¿cuáles serían los desafíos de la sociedad colombiana frente a la consolidación de la paz y la no repetición de la guerra?

Bueno, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) ha circulado un comunicado que remitió a la Mesa por la Protección a la Vida que instaló la Procuraduría General de la Nación con presencia del presidente Iván Duque Márquez. En ese comunicado se traza una ruta que solicita el cumplimiento de una serie de acuerdos y compromisos que se han incumplido: legislativos, económicos, de planes de desarrollo. Entonces, que se cumpla con lo que se ha incumplido. Pero fíjese que eso es general a muchos pueblos en Colombia. Con los indígenas y campesinos sucede lo mismo. Son muchos los represamientos de promesas incumplidas. Ese es un primer elemento: dar salida a todos estos incumplimientos.

(Lea también: Ley 70 y Resolución 1224)

El otro elemento es pasar de la paz liberal, neoliberal y multicultural, que funciona como un implícito a la hora que se habla de paz como cese de la guerra, a opciones de una paz intercultural. Hay que pasar del principio de tolerancia al principio del respeto del otro, para pensarnos en nuevas dimensiones de lo político.

¿Qué otro desafío avizora?

Otro gran reto es que podamos desarrollar consensos para profundizar la justicia social y la equidad. Una justicia social que consulte las diferencias regionales, el ordenamiento territorial, los modelos económicos que tienen los distintos grupos humanos —según las características ecológicas— y que apunte al bien común como máximo patrimonio de los colombianos. Es lo que finalmente puede garantizar que derrotemos la impunidad, que este proceso de posconflicto no vaya a implicar eso: la perpetuación de la impunidad, que podamos derrotar la corrupción. Creo que por ahí vamos en la ruta de profundizar niveles de justicia social. El gran reto es, desde luego, la transformación social del país, una transformación integral que garantice la convivencia pacífica, bajo el respeto de la diversidad y la pluralidad que somos.

* Director de la Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central.

Puede leer: La conquista étnica en el acuerdo de paz

Santiago Arboleda Quiñónez es uno de los intelectuales afrocolombianos más destacados y creativos de nuestra época. Su tema de investigación ha sido la migración de las comunidades afrocolombianas, su reconstrucción cultural, pensamiento político, educativo e intelectual desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, así como el destierro y el despojo, y los efectos que han tenido en ellas. Actualmente es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador, pero está de visita académica en el país.

En este diálogo, Arboleda habla de cómo es la situación de estas comunidades en el posacuerdo y cuáles son los más importantes retos para garantizar sus derechos. Una entrevista clave a propósito de los 25 años que cumplió la Ley 70 de 1993 esta semana, norma trascendental que se ha reglamentado muy poco y busca proteger la identidad cultural y los derechos económicos y sociales de las comunidades negras, con el fin de garantizarles condiciones reales de igualdad frente al resto de la sociedad.

Puede leer: "Las comunidades negras no somos obstáculo para el desarrollo"

¿Cuál es la situación de las comunidades afrocolombianas en la coyuntura del posacuerdo?

Tenemos como diagnóstico la falta de la reglamentación total de la Ley 70 de 1993, el incumplimiento de las sentencias y autos de la Corte Constitucional, el despojo territorial, el represamiento de la titulación colectiva, los daños sociales, culturales, espirituales y el hecho de que más de 1’500.000 afrocolombianos son desplazados. En una población que, según el Censo del 2005, era de 4’300.000, aproximadamente el 30 % ha sido desplazada. A esto hay que sumar los daños ambientales, las masacres, las violaciones a niñas y niños, los reclutamientos y la guerra química de las fumigaciones con glifosato.

¿Por qué ha llamado “ecogenoetnocidio” a estos daños?

Porque son daños estructurales y requieren que los leamos de manera integral, en una matriz que incluye la destrucción ecosistémica, la eliminación física de un grupo humano y su destrucción cultural integral. Para entender esta complejidad he propuesto llamarla ecogenoetnocidio.

Lea también: Comunidades negras, un siglo y medio olvidadas

Desde allí, ¿cómo podemos entender la verdad, la justicia y la reparación?

Se requiere la reconstrucción de memorias que consulten y den cabida a las voces de las víctimas. Unas memorias en plural, que muestren hasta qué punto se destruyó y se constriñó su existencia. Con base en esas memorias hay que construir verdades plurales que sean dignificantes, para que podamos avanzar a la justicia. Si no hay verdad, no hay justicia. Y esta justicia debe crear las condiciones para la transformación de las condiciones de exclusión y racismo estructural que han sido el motor de la marginación. Si la justicia funciona en ese sentido, podemos hablar de reparaciones colectivas e integrales de los daños históricos —la deuda histórica de que se habla comúnmente— y los daños causados en la coyuntura del conflicto armado. Sobre la base de esas reparaciones podremos avanzar en niveles de transformación social importantes.

Para usted, ¿cuáles serían los desafíos de la sociedad colombiana frente a la consolidación de la paz y la no repetición de la guerra?

Bueno, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) ha circulado un comunicado que remitió a la Mesa por la Protección a la Vida que instaló la Procuraduría General de la Nación con presencia del presidente Iván Duque Márquez. En ese comunicado se traza una ruta que solicita el cumplimiento de una serie de acuerdos y compromisos que se han incumplido: legislativos, económicos, de planes de desarrollo. Entonces, que se cumpla con lo que se ha incumplido. Pero fíjese que eso es general a muchos pueblos en Colombia. Con los indígenas y campesinos sucede lo mismo. Son muchos los represamientos de promesas incumplidas. Ese es un primer elemento: dar salida a todos estos incumplimientos.

(Lea también: Ley 70 y Resolución 1224)

El otro elemento es pasar de la paz liberal, neoliberal y multicultural, que funciona como un implícito a la hora que se habla de paz como cese de la guerra, a opciones de una paz intercultural. Hay que pasar del principio de tolerancia al principio del respeto del otro, para pensarnos en nuevas dimensiones de lo político.

¿Qué otro desafío avizora?

Otro gran reto es que podamos desarrollar consensos para profundizar la justicia social y la equidad. Una justicia social que consulte las diferencias regionales, el ordenamiento territorial, los modelos económicos que tienen los distintos grupos humanos —según las características ecológicas— y que apunte al bien común como máximo patrimonio de los colombianos. Es lo que finalmente puede garantizar que derrotemos la impunidad, que este proceso de posconflicto no vaya a implicar eso: la perpetuación de la impunidad, que podamos derrotar la corrupción. Creo que por ahí vamos en la ruta de profundizar niveles de justicia social. El gran reto es, desde luego, la transformación social del país, una transformación integral que garantice la convivencia pacífica, bajo el respeto de la diversidad y la pluralidad que somos.

* Director de la Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central.

Puede leer: La conquista étnica en el acuerdo de paz