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“Nunca supimos que bajo el suelo que estábamos pisando había algo oscuro, algo tan terrible que causaría tanto dolor. Y que hubiera sacado a ochenta familias de sus tierras, sin mirar las consecuencias de los ancianos y los niños, sin pensar en cuántos morirían en la disputa”. Así narra la historia de la hacienda El Toco, ubicada en San Diego (centro del Cesar), Miguel Ricardo Serna, líder de los campesinos que reclaman sus parcelas en este predio de 1.593 hectáreas.
Lo hizo llorando en un auditorio en Bogotá, luego de contar que la Unidad de Restitución de Tierras le negó la solicitud de regresar a su predio y que por esa lucha murió su hija de un ataque al corazón. “Ocurrió después de los dos atentados que se atrevieron a hacer en mi casa, luego de que acompañara a los abogados de la Unidad a medir el predio en 2012”, expresa con profundo dolor.
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Miguel vivía en ese predio desde 1991, pero los tiempos cambiarían en 1997 con el arribo de los paramilitares. Llegaron sin aviso, mataron a dos personas y obligaron a los campesinos a desocupar sus terrenos. Miguel se fue a vivir al municipio de Codazzi y luego a Bogotá. Volvió a la región luego de que los paramilitares se desmovilizaran durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2006. Intentó regresar a El Toco, pero sus tierras ya estaban ocupadas por otros dueños.
Según la Unidad Nacional de Víctimas, entre 1997 y 2003, más de 57.000 personas fueron desplazadas forzosamente, 6.000 asesinadas y 374 secuestradas en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Codazzi, San Diego y Chiriguaná (centro del Cesar). Según la investigación de la organización Pax Holanda (sede Colombia), denominada “Los años del retorno: violencia, desplazamiento y organización campesina en la comunidad de El Toco (Cesar)”, la razón del desplazamiento de estas poblaciones está relacionada con la expansión de la minería de carbón. Incluso, está escrito en informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que grandes terratenientes de la región establecieron alianzas con paramilitares para despojar tierras a campesinos y luego venderlas a las multinacionales carboneras.
Frente a esta premisa, el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Cesar y La Guajira, Jorge Enrique Chaves, aseguró: “En los dos casos que hemos estudiado en relación con la Drummond y Prodeco (empresas carboneras), no hemos visto un aprovechamiento por parte de la minera. Hemos visto un aprovechamiento de alguien que está en la mitad, le compró al reclamante en tres pesos y luego vendió el predio en millones de millones. Hemos encontrado casos en los que campesinos vendieron a un paramilitar en $3 o $5 millones. Esa persona esperó un año y luego vendió en $1.000 millones. Investigamos y muchas veces ese intermediario no es ni siquiera de la región. En esos casos el cuestionamiento es para el del medio, porque la minera compra es al despojador”.
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En todo caso, la primera compra, la del intermediario al campesino, se dio en un contexto de violencia y desplazamiento forzado, pues los paramilitares tenían información precisa de la ubicación de las parcelaciones y de los nombres de los líderes de las juntas de acción comunal de la zona, señala la investigación. “El plan consistía en sacar a la gente de las casas, asesinar a los líderes en frente de los pobladores y luego obligarlos a dejar las tierras o enfrentar la muerte”, relató Francisco Gaviria, el segundo al mando del grupo paramilitar que comandó en El Toco.
A esa zona llegaron los paramilitares de Carlos Castaño al mando de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40. Operaron en La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Becerril, San Diego y Agustín Codazzi, bajo la estrategia de moverse en pequeños grupos de hombres, que estaban a la orden del mejor postor, para mostrar su poderío y su mano despojadora.
Entre 2012 y 2017, a la Unidad llegaron 38 solicitudes de restitución de tierras en El Toco. En 2013 se emitieron los primeros 13 fallos y varios pobladores que vivían desde la época de la reforma agraria de 1968 (llamados habitantes inicialistas) ganaron el derecho de restitución en siete casos. En general, de las 55 parcelas que conforman El Toco 23 están ocupadas por inicialistas (solo cuatro cuentan con título) y 33 por segundos ocupantes (que llegaron después de 1997), de los cuales 25 tienen título de propiedad.
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A Miguel Ricardo le negaron la restitución, pues según la sentencia, cuando el Incora (antiguo Instituto de Reforma Agraria) compró el predio a su antiguo dueño Alfonso Murgas, determinó que El Toco era apto para albergar 55 familias; pero en el predio estaban viviendo ochenta familias, por lo que 25 tenían que ser reubicadas en otro terreno. Miguel Ricardo fue uno de los que accedió a la reubicación, su estatus jurídico cambió a reubicable y, por tanto, aplazó la aspiración de ser beneficiario de subsidio de tierra en el predio El Toco.
Hoy en día, la tensión entre ocupantes inicialistas y segundos ocupantes es latente. Los unos acusan de guerrilleros y los otros de paramilitares. Sin embargo, los habitantes de El Toco, bajo el liderazgo de Miguel Ricardo, han conformado organizaciones sociales para hacerles frente al odio y a la violencia que pretende perpetuarse en las tierras del norte de Colombia. De esa lucha es que nace la Asamblea Campesina del Cesar, cuyo represente legal es Miguel.
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Para la presentación de esta investigación, que duró más de dos años en terreno y contó con la participación de las comunidades de El Toco, bajo la dirección del investigador Daniel Gómez, la organización Pax Holanda trajo a los líderes de restitución a Bogotá para sentarlos a hablar con la institucionalidad. En un conversatorio abierto, la Unidad de Restitución, la Procuraduría Agraria y otras organizaciones no gubernamentales debatieron sobre la conveniencia o no de modificar la Ley de Restitución de Tierras, como lo ha planteado la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático.Le recomendamos: La propuesta de María Fernanda Cabal para modificar la restitución de tierras
Según la senadora Cabal, es necesaria una reforma a esta ley, toda vez que, dice ella, hay un vacío jurídico que estaría convirtiendo a víctimas en victimarios, haciendo clara alusión a los denominados segundos ocupantes, adquirientes de tierras que fueron despojadas en el marco del conflicto armado interno. Dicho argumento, para quienes se oponen al proyecto de Cabal, daría lugar a beneficiar a particulares y empresarios que se hicieron a tierras durante los años de la guerra.
Para Gerardo Vega, por ejemplo, director de la Fundación Forjando Futuros, especializada en la restitución de tierras en el Urabá antioqueño y chocoano, el argumento de la senadora Cabal es un falso dilema. Según él, los jueces de restitución han fallado en favor de segundos ocupantes. “A escala nacional, en 717 casos los opositores han mantenido la propiedad; en 223 les han compensado con predios en otra parte, dinero u otro tipo de beneficios. Entonces, dónde está la mala fe de la ley en este momento. Lo que se quiere es retroceder en un derecho que ya tienen las víctimas y eso no lo podemos permitir”.
Por su parte, el procurador Nacional Agrario, Diego Trujillo, dijo que es necesario un rediseño completo de la ley, porque el esquema original está diseñado para que fracase. “En este país, lo que hace falta es una jurisdicción especial agraria que permita la aplicación de lo justo y que jueces con más carácter constitucional y administrativo tengan el conocimiento y la formación para tomar las decisiones. No se puede penalizar a los segundos ocupantes y hay que salvar lo más importante de la ley”, refirió.
Sin embargo, resaltó que la nueva Procuraduría está poniendo mucha atención a lo que sucede en los territorios con la restitución de tierras. “Por eso, le hemos preguntado a la Unidad: ¿con qué argumentos han negado el 65 % de las peticiones? Con el nuevo director hemos revisado el 15 % de las solicitudes y varios casos rechazados están siendo aceptados”, puntualizó Trujillo.
Por su parte, Jeniffer Mojica, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), cuestionó el proceder de la Unidad frente a los grandes despojadores de tierras y las responsabilizó de ser las que están promoviendo la modificación de la ley. “Finalmente terminamos llenos de casos en donde no hay grandes responsables. Entonces, no sabemos si estamos tan equivocados y realmente no hubo despojo por grandes empresas o estamos ante una total impunidad. Hace algunas semanas volvió a hacer noticia el caso de la cementera Argos, pero, salvo esto, el resto ¿dónde quedó? ¿Dónde está el despojo de las mineras en Guajira y Cesar? ¿Dónde está el despojo de las reforestadoras en Valle y Cauca?”.
A lo que la directora social de la Unidad de Restitución, Raquel Victorino, le respondió: “Quiero aclarar que este proceso sí se ha metido con empresarios grandes, por lo menos, todos los que tú mencionaste, todos están en proceso de restitución. Tal vez esas empresas son las que quieren hoy promover la norma (la iniciativa de la senadora Cabal), las que tienen miedo, porque el proceso las ha tocado”.