En la recta final de la campaña presidencial, el deterioro del orden público y la expansión de grupos armados han llevado a los aspirantes a plantear distintas fórmulas sobre el papel de la Fuerza Pública y la presencia estatal en los territorios.
Este diario consultó a los presidenciables sobre las medidas en sus primeros meses de gobierno y sus propuestas frente a la crisis humanitaria en zonas como Catatumbo y Cauca. Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no respondieron el cuestionario.
Les hicimos cuatro preguntas a los y las candidatas. Fueron las siguientes:
- ¿Cuál sería su primera decisión concreta en materia de paz y seguridad en los primeros 100 días?
- ¿El camino para un posible diálogo con estructuras criminales es solo el sometimiento o pensaría en una negociación política? ¿Con qué grupos armados lo haría?
- ¿Cómo atendería la situación humanitaria que atraviesa el país, especialmente en zonas como Catatumbo, Cauca, Caquetá, Chocó y la Sierra Nevada?
- ¿Qué lugar ocupará la implementación del Acuerdo de Paz en su gobierno?
Estas fueron las respuestas:
Paloma Valencia
1. Se hará una intervención focalizada en los municipios que concentran la mayor incidencia de homicidios y asonadas, priorizando aquellos territorios donde el control criminal ha debilitado la capacidad de gobernabilidad del Estado. Segundo, habrá una intervención en los municipios y las regiones con mayor índice de extorsión. Tercero, habrá una estrategia para reducir el tráfico de armas ilegales. Cuarto, se ejecutará una estrategia ofensiva contra criminales de alto valor estratégico.
Quinto, Plan 30-30: 30 mil nuevos soldados y 30 mil nuevos policías focalizados en los corredores donde los grupos armados ilegales han desplazado al Estado. Sexto, una reforma exprés a la inteligencia nacional. Séptimo, la negociación inmediata de un Plan Colombia 2.0 con Estados Unidos y aliados estratégicos (Israel, Reino Unido, Corea del Sur y Estonia), concebido como política de Estado. Octavo, la acción envolvente de la Fuerza Pública contra el microtráfico en parques, afuera de los colegios y en las calles.
Noveno, se ejecutará un plan de fortalecimiento de las capacidades territoriales del Estado y la Fuerza Pública. Décimo, se hará una militarización de la vía Cali-Popayán-Pasto-Rumichaca para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía. Once, se reactivarán todas las órdenes de captura del cartel de la paz total.
2. La “paz total” fracasó. Mi gobierno parte de una distinción que el actual borró: las estructuras puramente criminales —Clan del Golfo, disidencias del EMC, ELN, Segunda Marquetalia, redes de narcotráfico y minería ilegal— no son interlocutores políticos. Con ellas el camino es el sometimiento a la justicia, con beneficios penales acotados y verificables. Lo que no habrá en mi gobierno: ceses al fuego sin verificación, zonas de despeje de facto, levantamientos de órdenes de captura a cabecillas, ni mesas que sustituyan la presión militar por concesiones políticas.
3. La crisis humanitaria —92.000 desplazados del Catatumbo, 85% de aumento del desplazamiento forzado nacional, confinamientos masivos en Chocó y Cauca, asesinatos sistemáticos en la Sierra Nevada, expansión disidente en Caquetá— es la consecuencia directa de la ausencia del Estado y del fortalecimiento criminal. Mi respuesta opera en tres tiempos: atención humanitaria inmediata, recuperación territorial sostenida y Estado social, que entra detrás de la tropa.
4. Voté “No” en el plebiscito y mantengo mis críticas a varios componentes del Acuerdo. Pero quien llega a la Presidencia cumple lo pactado por el Estado. El Acuerdo está incorporado al ordenamiento constitucional y mi gobierno lo implementará con prioridades claras y rendición de cuentas trimestral. Cumpliría sin titubeos la seguridad de los firmantes, la reforma rural integral y la reincorporación. Lo que ajustaría, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y dejaría una sola Consejería.
Sergio Fajardo
1. Seré directo: la paz total fracasó porque se improvisó sin marco jurídico, sin dirección, sin metas, sin respeto a la institucionalidad, sin la experiencia y el conocimiento debido de los negociadores, y —lo más grave— sin escuchar a las víctimas. Los grupos armados ilegales utilizaron las mesas de negociación para crecer, armarse, fortalecerse y hacer política electoral. La paz total se volvió un caos total. Eso termina el 7 de agosto.
Pero esto no significa que renunciamos a la paz, significa que vamos a construirla bien. Lo que no continuará: la improvisación, la ausencia de marco jurídico, de gerencia, el irrespeto a la institucionalidad y el desconocimiento de las víctimas. Reconocemos que la seguridad y la paz no son excluyentes, sino dos caras de la misma moneda. Por eso desde el mismo 7 de agosto vamos a recuperar la capacidad operativa y de inteligencia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los territorios, porque sin seguridad no será posible la paz.
2. En general, los grupos armados ilegales hoy están dedicados a las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y el comercio de armas, entre otras rentas. Allí solo procede el sometimiento, por eso el mismo 7 de agosto presentaré un proyecto de ley al Congreso de la República de sometimiento a la justicia, y en el mes de septiembre actualizaremos la Ley de Orden Público (Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total), que definirá de manera clara bajo qué condiciones y características se pueden adelantar negociaciones políticas de paz.
3. Implementaremos planes de desarrollo integral de seguridad y bienestar territorial enfocados en las regiones más afectadas por la violencia, como Catatumbo, Cauca, Chocó y Guaviare, prioritariamente, y podemos contemplar la Sierra Nevada de Santa Marta y sur de Bolívar, entre otros. Allí los pobladores indígenas, raizales y colonos son los principales afectados, pues los ilegales impactan de manera grave su seguridad y bienestar con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
4. Primero que todo, debemos reconocer que los Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC son acuerdos de Estado y deben cumplirse independientemente de los gobiernos. En nuestro caso, no solo los reconocemos, sino que haremos todos los esfuerzos para cumplirlos, de acuerdo con los avances que deje este Gobierno y con las capacidades económicas e institucionales. Hay grandes rezagos creados por falta de voluntad política y luego por incompetencia en la ejecución, pero en todos los puntos vamos a desatrasar y cumplir, para que quede claro que los acuerdos se cumplen, y el camino de la reconciliación nacional y la convivencia empieza por sanar viejas heridas de la división política que tanto daño nos ha hecho.
Claudia López
1. La primera decisión es terminar la caótica paz total, los ceses al fuego sin condiciones y la excarcelación de criminales con gabelas de gestores de paz. La paz total no desmovilizó a nadie y en cambio disparó el reclutamiento, el narcotráfico y la extorsión. Eso se reemplaza por una reforma estructural a la justicia organizada en tres niveles: una Fiscalía Antimafia, para someter a las grandes estructuras del crimen organizado y la corrupción; una justicia ordinaria fortalecida, para enfrentar la delincuencia común, la reincidencia y la impunidad; y una justicia restaurativa, para resolver conflictos de convivencia, para proteger más eficazmente a los niños, las mujeres y los jóvenes. Esto va acompañado de una Ley Antimpunidad, que sancione eficazmente el hurto, el atraco y extorsión.
2. Negociación política y estatus político, no. El conflicto político armado en Colombia terminó hace diez años con la desmovilización de los paramilitares y las FARC. Lo que opera desde entonces es crimen organizado transnacional por rentas criminales como cocaína y oro, y una enorme red macro criminal de corrupción para el lavado de activos. Son organizaciones que no tienen agenda política, tienen agenda criminal, y tratarlas como actores políticos solo las legitima y las fortalece, como quedó demostrado con la paz total. Al contrario, la primera advertencia que hay que darles es que entre más suplanten funciones del Estado, peor les irá. A esas organizaciones se las enfrenta cumpliéndole a la gente con desarrollo regional sin corrupción real, con Fuerza Pública, tecnología e inteligencia, y con una Fiscalía Antimafia que las persiga con sometimiento judicial en cárceles de alta seguridad hasta que entreguen sus rentas, redes de lavado y armas.
3. La crisis humanitaria requiere dos respuestas simultáneas. La inmediata: frenar el reclutamiento de niños y jóvenes, proteger a sus familias, garantizar movilidad y acceso a servicios, y reforzar la presencia de la Defensoría del Pueblo y las entidades de atención humanitaria y social. La estructural: fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública y la justicia en los territorios, ejecutar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con recursos reales y sin intermediación clientelista, garantizar educación, cuidado y servicios básicos como agua, saneamiento y salud.
4. La implementación del Acuerdo de Paz es una prioridad. Estamos como estamos porque ni Iván Duque ni Gustavo Petro los cumplieron: el primero porque no creía en ellos, el segundo porque prefería una paz total que nunca llegó. El resultado: esos diez años de incumplimientos, abandono de las comunidades, expansión criminal y otro ciclo de violencia reciclada. Mi gobierno priorizará el desarrollo regional sin corrupción, cumpliendo los planes de inversión territorial y haciendo socias a las comunidades de los grandes proyectos de desarrollo regionales y de país a largo plazo.
Santiago Botero
1. Declarar una conmoción interior, porque tenemos que volver a darle el poder a la Fuerza Militar, a la Policía, para que puedan realmente aplicar la justicia. Lo otro es que vamos a bajar inmediatamente los impuestos al otro día para que haya productividad.
2. Solo el sometimiento. Tengo seis mandamientos: no matar, no robar, no extorsionar, no violar, no secuestrar y no va a haber impuestos. Si usted no hace eso, entonces yo no voy a negociar con nadie.
3. Cuando nosotros empezamos a aplicar esa justicia, y la gente va a sentir como esa oportunidad, la gente va a arrancar a invertir. Desgraciadamente las zonas hoy en día más pobres de nuestro país son las más ricas. Por ejemplo, yo quitaría el nombre de minería ilegal, porque cuando tú le pones la palabra ilegal, entonces los bancos no le pueden prestar dinero, entonces hay que cambiar por minería informal, y lo que haríamos es aprovechar todo lo que hay en esas regiones para explotar lo mejor posible en beneficio de los colombianos.
Mauricio Lizcano
1. Mi primera decisión en los primeros 100 días de materia de paz es eliminar la paz total. Retiro todos los decretos de patentes de corso que tienen todos los negociadores, acabo la paz total y reconstruyo ese tipo de procesos.
2. Todo depende, es decir, yo creo que con grupos que estén ligados al narcotráfico y que sean bandas criminales, el camino es el sometimiento. Si algún grupo tiene intenciones “políticas”, con esos grupos sí se puede hacer un proceso de paz.
3. Hay que recuperar la seguridad, hay que tener autoridad, mano dura en esas zonas, es la única forma.
4. Hay que cumplirlo. Si no hay implementación del Acuerdo de Paz, no hay desarrollo regional, pues no hay paz en esas regiones.
Miguel Uribe
1. Cancelo la paz total inmediatamente el 7 de agosto, el primer decreto.
2. Tienen que someterse a la ley y después veremos.
3. Con las Fuerzas Militares y con la Policía a que cumplan su función constitucional.
4. El que ocupa la ley para mí, la ley y la Constitución. Lo que ordene la Constitución y la ley de acuerdo con el Acuerdo de Paz, se hará.
Carlos Caicedo
1. Buscar un gran acuerdo nacional para que saquemos a los jóvenes de la guerra.
2. Con las guerrillas, negociación política, con un ciclo de tiempo determinado. Con los grupos ligados al paramilitarismo y el narcotráfico, una política de sometimiento.
3. Aquí tiene que haber una articulación con los gobiernos territoriales. En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil tienen que participar activamente de la solución humanitaria del conflicto en esas zonas. Y lo tercero es un plan de emergencia del Estado en materia de seguridad.
4. Sí. Evaluar qué se ha cumplido y ejecutar lo que falta.
Roy Barreras
1. Presentar el marco jurídico que permita el sometimiento a la justicia de quienes realmente quieran dejar el crimen y las armas para facilitar ese proceso de resocialización.
2. El camino es el sometimiento a la justicia penal ordinaria y el fortalecimiento del Estado.
3. La inversión del Estado en esas zonas es una deuda social histórica y, por supuesto, tiene que estar allí cambiando las condiciones sociales de la gente y garantizando el control de los territorios.
4. Soy el único candidato presidencial que tuvo el honor de firmar el Acuerdo de Paz en nombre del Estado colombiano, y su implementación, que es una hoja de ruta para Colombia, tendrá y debería tener en cualquier gobierno, el primer lugar de prelación en el ejercicio del nuevo mandato.
Sondra Macollins
1. Vamos a implementar el sistema general de la C5, que es la integración de todas las cámaras de seguridad para garantizar la seguridad de los colombianos con la identificación biométrica y una capacidad de reacción haciendo un enlace con la Superintendencia de Vigilancia que tiene 450.000 hombres capacitados, armados y en todo el territorio. Ese será el primer anillo de seguridad del ciudadano para la reacción de la Policía.
2. Sometimiento basado en una nueva estructura judicial que estoy planteando para que haya reglas claras y sin privilegios en las cárceles.
3. Lo primero que hay que hacer es tener presencia del Estado. Son zonas donde históricamente no ha llegado la Fuerza Pública. Lo segundo que hay que hacer es tener claro cuál es el enfoque que le vamos a dar a nuestra juventud porque tenemos 2,4 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian y son los que terminan en manos de la criminalidad o desafortunadamente son instrumentalizados.
4. Hay que darle finalidad. Ese es un acuerdo que se organizó hace 10 años precisamente con fines transitorios para poder llevar a toda esta criminalidad a resolver el problema, a no repetir, a contar la verdad, a ser parte del sistema adecuado y ya no volver a las armas. Son 10 años de los que podemos concluir que la justicia especial no ha producido los fallos consecuentes con el tiempo y tampoco se ha reducido la criminalidad ni en las zonas rurales ni en las urbanas.
Gustavo Matamoros
1. Acabar con las mesas de negociación. Plantearle al país una ley de sometimiento seria, donde los bandidos lo primero que hagan es que paguen por todo el daño que le han hecho a Colombia y que restituyan a las víctimas.
2. Solo el sometimiento.
3. Tiene que ser una intervención del gobierno, pero que sea cierta, porque es que vivimos prometiendo cosas y no cumplimos. Tiene que haber personas y tiene que haber instituciones que lleguen hasta donde no está llegando el Estado, y esa es la Colombia abandonada de la que yo hablo.
4. Seguiremos implementando el proceso de paz, pero acabaremos con la JEP. Vamos a crear un ente que sea absolutamente imparcial y que castigue realmente a los responsables de todos esos delitos de lesa humanidad que se cometieron.
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