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Elecciones, seguridad y apertura política fueron los temas que atravesaron las conversaciones del evento central de la conmemoración de los nueve años del Acuerdo de Paz, un pacto político que marcó la historia reciente de Colombia.
El presidente Gustavo Petro; el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño; la directora del Dapre, Angie Rodríguez; el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča; expertos y líderes territoriales se reunieron en el Museo Nacional, en Bogotá, para revisar los avances y retos de esa promesa que sigue siendo urgente en un país que aún reclama más democracia, más seguridad, más oportunidades y un Estado real en los territorios.
El recorrido de la implementación del Acuerdo de Paz no ha sido fácil y el presidente lo recalcó en su intervención. “Hemos viajado ya nueve años desde la firma del Acuerdo. Han pasado varias cosas. El famoso plebiscito que le dio un primer golpe (al Acuerdo), después el gobierno que dijo en su consigna que había que hacer trizas la paz, una decisión popular sin duda. No es una sociedad unida alrededor de la construcción de la paz”, dijo el mandatario.
Ante el auditorio, el mandatario volvió a referirse a los tres ejes de la implementación del pacto firmado en La Habana sobre los que en otras ocasiones ya ha hecho referencia: la transformación territorial, la entrega de tierra y la verdad fragmentada, que siguen dejando rezagos en la implementación.
"No hay una sociedad unida alrededor de la construcción de paz. (...) Muchos millones de personas quieren la paz, sobre todo en los sectores donde se ha sufrido a la violencia" @petrogustavo pic.twitter.com/Csp2v8U023
— Colombia+20 (@EEColombia2020) November 26, 2025
También se refirió a la desigualdad como un obstáculo para avanzar en la paz que prometió el Acuerdo de 2016. “¿Cómo un país con tan grandes desigualdades puede ser pacífico? Si uno mira los países más desiguales del mundo, ninguno lo es. Entonces, hay alguna articulación entre desigualdad y violencia. Si la constituyente propuso equidad social, por qué no lo alcanzamos. Aquí tenemos que discutir en términos políticos”.
Esa desigualdad, aseguró, se ve reflejada también en la distribución de la tierra. Por eso, el presidente le pidió a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia una veeduría de la reforma y de la jurisdicción agraria.
Los retos de la implementación de cara a las elecciones de 2026
La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, fue la encargada de abrir el evento. Además, aprovechó para entregarle al presidente un libro sobre los avances de implementación en los nueve años del Acuerdo de Paz, incluido por supuesto lo hecho durante la administración de Petro.
A su turno, Miroslav Jenča, el nuevo jefe de la Misión de la ONU en Colombia, afirmó que la comunidad internacional seguirá con el compromiso de blindar el Acuerdo de Paz. “Quiero reiterar que la Misión sigue firme con la implementación del Acuerdo. La construcción de una paz estable y duradera. Al conmemorar nueve años quiero subrayar que este proceso sigue siendo una oportunidad única para demostrar que la paz y la reconciliación es posible”, dijo Jenča.
Esa oportunidad a la que se refiere, sin embargo, lleva nueve años luchando contra unos rezagos que todavía no se han podido superar. Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y último comandante de las extintas FARC, habló de los retos y preocupaciones que crecen de cara a las elecciones de 2026.
“Son enormes las expectativas con relación al tiempo de concepción que asuma el próximo año la división del país. Por eso resulta de enorme importancia que en estos meses que bien se sienten sólidas bases para que el acuerdo, sus propósitos, sus acciones de impulso no puedan truncarse por cuenta de una decisión política adversa a su implementación. Urge a realizar la arquitectura institucional de alto nivel requerida para la coordinación integral de cada uno de los puntos del acuerdo”, dijo Londoño.
El panel del encuentro se concentró en estas alertas. Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN); Pastor Alape firmante de paz y delegado del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI); Raúl Rosende, jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU; y Diógenes Quintero, representante de las curules de paz por el Catatumbo, discutieron avances y retrocesos en participación política, presencia institucional y protección de liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo.
“Hoy estamos saliendo a buscar el voto ciudadano, estamos buscando las alianzas propias y teniendo un debate de cómo mantenernos. Yo creo que la prueba más dura, después de haber dicho en dejamos la paz, es ver si somos capaces de mover el corazón de este país para que confíe en los representantes”, dijo Alape.
El reto es evidente. Por primera vez, Comunes deberá competir en las urnas sin garantías excepcionales y tendrá que medirse a las reglas del sistema político tradicional. En julio, el Gobierno eliminó a través de un decreto las 10 curules transitorias que Comunes ocupaba en el Congreso desde 2018. Aunque la medida estaba prevista en el Acuerdo, deja al descubierto un vacío estructural: el Estado no cumplió ni con la reforma política que debía acompañar la transición ni con las garantías para que esa participación fuera realmente en condiciones de igualdad.
Las condiciones de seguridad siguen preocupando a la comunidad internacional. De hecho, esa es una de las principales alertas del informe trimestral de la Misión de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que en cada entrega advierte al Consejo de Seguridad sobre los asesinatos de excombatientes.
Raúl Rosende se refirió a esta preocupación: “Todo proceso de paz tiene sus marchas y contramarchas. La estigmatización sigue y seguramente la expresión más horrífica es el asesinato de firmantes. Esa es una de las principales debilidades. Ahora bien, frente a esos problemas inocultables, existen algunas expresiones concretas de avances. La paz debe fortalecer la democracia”.
La directora Miller coincidió en ese punto. “Yo quisiera decir que la violencia y la guerra distorsionan la democracia. Dimos un enorme paso con el Acuerdo de Paz, pero también vimos que su precaria implementación hizo que en muchos territorios excluidos y estigmatizados se repitieran muchos factores de la guerra”, señaló durante su intervención en el panel.
Otro de los retos en la participación política que persisten tras nueve años de las firmas del Acuerdo de Paz es el de las curules de paz, creadas para que las víctimas tuvieran representación en las zonas más golpeadas por la guerra. Estos espacios vuelven a quedar en una encrucijada de inseguridad en los territorios, trabas burocráticas, ausencia de reglas claras, intentos de cooptación de los partidos tradicionales y un sesgo de género que persiste.
Durante el evento, Gerson Arias, director del Programa de Lecciones Aprendidas en Negociaciones de Paz de la Fundación Acordemos, señaló que es importante recuperar el sentido por el que fueron creados esos espacios. “Líderes y lideresas coinciden en los riesgos de seguridad para los liderazgos independientes y de cooptación por parte de fuerzas políticas tradicionales. También de la desinformación y desinterés de las comunidades en el proceso por la débil implementación del Acuerdo de Paz. Ante esto reclaman mayor pedagogía y acompañamiento desde la institucionalidad”, dijo ante el auditorio del Museo Nacional.
La preocupación de la estigmatización y la seguridad para los representantes de las curules de paz es tal, que el representante Quintero reiteró durante su intervención que es precisamente por la falta de garantías no volverá a presentarse en las urnas.
Sin embargo, durante el panel hizo un anuncio esperanzador en el camino de implementación del Acuerdo. “Para quienes venimos de las regiones más apartadas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se iban a acabar en 2027, pero a través de un proyecto nuestro aprobamos en último debate que estos programas van hasta 2037″.
En esos territorios, los más golpeados por la guerra, las preguntas sobre cómo alcanzar una paz estable y duradera se hacen más urgentes tras nueve años de la firma del Acuerdo. Quienes esperan que el pacto con las FARC se implemente saben que sin democracia no será posible cumplirlo.
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