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A siete semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia directa a quienes buscan llegar a la Casa de Nariño: hay decisiones en derechos humanos que no se pueden seguir aplazando.
Este lunes, esa entidad lanzó un documento dirigido a los y las candidatas presidenciales en donde exige atención a cuatro grandes frentes que deberían marcar la agenda del próximo gobierno, entre ellos, desigualdad, paz, y transformación rural.
“Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos”, afirma la Defensoría.
El documento es una hoja de ruta que busca incidir directamente en el debate electoral y en las prioridades del próximo gobierno, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia, las brechas sociales y la debilidad institucional en varias regiones del país.
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1. Desigualdad, racismo y acoso
El primer pedido apunta al núcleo histórico del problema colombiano. “La desigualdad persiste como uno de los principales obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia y para la construcción de una paz estable y duradera” , dice la Defensoría.
Pese a avances recientes, las brechas no se han cerrado. Por el contrario, continúan afectando de forma desproporcionada las comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.
El informe señala que “la pobreza, la informalidad laboral y la exclusión en el acceso a derechos básicos continúa afectando de manera desproporcionada” a estos grupos.
Además, hace mención a las desigualdades que provocaba la organización social del cuidado que “limita la autonomía económica de las mujeres” y por eso pide la implementación del Sistema Nacional del Cuidado, que, dice el documento, “debe constituirse en una prioridad, para garantizar su financiación, gobernanza territorial y enfoque corresponsable, de manera que el cuidado sea reconocido como un derecho que se ejerce en condiciones dignas y no como una carga asignada de forma desproporcionada a las mujeres”.
Frente a este panorama, la Defensoría propone una intervención estructural que no se limite a indicadores económicos, sino que garantice derechos sociales, enfrente la discriminación y fortalezca la protección a lo largo del curso de vida.
En ese punto, dice que el próximo gobierno debe “abordar de manera prioritaria la necesidad de una reforma integral al sistema de salud, orientada a garantizar su sostenibilidad, equidad y transparencia, con reglas claras de financiación, gobernanza territorial y protección social para el talento humano en salud”.
Ese tema no es menor si se tiene en cuenta las dificultades que se han tenido en este gobierno para garantizar la salud dadas las reformas que se han implementado en algunas Entidades Prestadoras de Salud.
Sobre el acceso a educación, la Defensoría pide garantía de transporte escolar y “programas para asegurar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo” y así intentar prevenir el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de grupos armados. También pide fortalecer el Programa de Alimentación Escolar.
Y en plano laboral, el documento afirma que persisten los obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical por las amenazas y hostigamientos y que eso se suma a “altos niveles de informalidad, tercerización y uso extensivo de figuras contractuales precarias”.
Además, pone el foco en los casos de acoso y violencias basadas en género.
“Se deben incorporar compromisos orientados a la garantía de entornos laborales seguros, de conformidad con la Ley 2365 de 2024, que promuevan la adopción y actualización de protocolos contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en todas las entidades privadas y del Estado, con rutas claras que incluyan a contratistas y personal tercerizado, y evitar la instrumentalización de los comités de convivencia en casos de conductas no conciliables”, dice el documento.
También toca temas como el acceso a nuevas tecnologías, las prácticas que siguen perpetuando el racismo, las brechas en la representación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio e incluso garantías para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.
Paz y seguridad: la violencia que persiste
El segundo eje se centra en la persistencia del conflicto armado y la criminalidad organizada, a pesar del Acuerdo de Paz de 2016.
A pesar de la firma del Acuerdo Final de 2016, el informe advierte que las dinámicas de violencia siguen activas y, en muchos casos, se han reconfigurado. Estas estructuras son hoy “de carácter creciente, transnacional y altamente organizado”, con una incidencia directa en la protección de la población
Además, el documento señala que los retrasos en la implementación del Acuerdo continúan teniendo efectos profundos: “los retrasos estructurales en la implementación de las políticas de paz siguen impactando de manera profunda y diferenciada a amplios sectores de la población y a extensos territorios del país”.
En terreno, esto se traduce en una persistencia de crisis humanitarias. Las cifras recientes evidencian desplazamientos masivos, confinamientos y múltiples violaciones a los derechos humanos, en un escenario donde comunidades enteras quedan atrapadas en disputas armadas.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Defensoría es la falta de recursos para sostener la arquitectura de paz creada tras el Acuerdo.
El informe pone especial énfasis en la situación de las víctimas del conflicto armado, que superan los 10 millones en Colombia. Aunque se reconoce su centralidad en el discurso institucional, la Defensoría advierte que “la reparación no ha sido priorizada en las políticas públicas”.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición enfrenta “restricciones de financiamiento” que comprometen su funcionamiento.
Entre los casos más sensibles está la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que ha advertido “un déficit presupuestal acumulado cercano al 20 % desde su creación”, además de recortes recientes que han afectado sus operaciones.
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A esto se suma la falta de recursos para implementar las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz. El informe advierte que “se requieren al menos 500.000 millones de pesos para financiar los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (Toar), recursos que no fueron previstos oportunamente”.
El llamado es urgente pues algunos de los y las aspirantes a la Casa de Nariño se apartan del Acuerdo de Paz, que necesita del Estado para su implementación. Algunos más, como Abelardo de la Espriella, han afirmado que eliminarían a la Jurisdicción Especial para la Paz -algo que requiere muchos pasos como la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso-.
El documento también se refiere a la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro y dice que hay una necesidad de fortalecer las estrategias actuales de negociación y sometimiento con grupos armados, en línea con la política de paz.
“La Defensoría del Pueblo ha reiterado que los procesos de diálogo son una vía necesaria para buscar una solución al conflicto, pero su legitimidad y utilidad dependen del cumplimiento de compromisos humanitarios verificables, con alivios concretos para la población civil. Se requiere la participación vinculante de los actores humanitarios en las mesas (asiento humanitario), con el fin de reforzar el enfoque de protección, monitoreo y garantías para las comunidades afectadas”, dice el documento.
Estos acuerdos, afirma la Defensoría, no solo deben enfocarse en la reducción de la violencia contra la población civil, sino también en la protección de los territorios y los ecosistemas, en un enfoque que articule seguridad, derechos humanos y ambiente.
“Superar el falso debate entre paz y seguridad constituye una condición indispensable para la protección efectiva de los derechos humanos; los mecanismos de diálogo y sometimiento a la justicia son inescindibles de una política de seguridad con enfoque de derechos humanos. En consecuencia, la respuesta estatal frente a la violencia armada organizada debe estructurarse como una política integral que articule las políticas de paz, seguridad, justicia, política criminal y desarrollo territorial, desde una dirección unificada y con enfoque de protección de la población civil y de la naturaleza”, dice la entidad.
El llamado no es menor si se tiene en cuenta que varios de los candidatos presidenciales que van punteando en las encuestas han afirmado que no seguirán las conversaciones de paz con ningún grupo armado.
El informe también pone el foco en la urgencia de proteger a la población civil en medio de un deterioro sostenido del panorama humanitario. “En 2025 se consolidó un cuadro humanitario crítico”, advierte la Defensoría, al registrar 257 casos de reclutamiento y 78 masacres con 276 víctimas. A estos hechos se suman otras vulneraciones graves como el secuestro, la violencia sexual y la trata de personas, que siguen afectando de manera directa a comunidades en distintas regiones del país. “Estas cifras reflejan vidas truncadas, comunidades desarraigadas y futuros comprometidos”, señala el documento.
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El impacto territorial de esta violencia también es contundente. El desplazamiento forzado masivo alcanzó a 107.924 personas en 2025, con una situación especialmente grave en el Catatumbo.
A esto se suman 99 eventos de confinamiento que afectaron a 128.825 personas en 343 comunidades, con incidencia crítica en departamentos como Chocó, Arauca, Antioquia, Nariño y Caquetá. En paralelo, la violencia contra liderazgos sociales no cede: la Defensoría reporta 177 homicidios en el mismo periodo, un indicador que refuerza la persistencia de riesgos estructurales para quienes defienden derechos en los territorios.
3. Ambiente y territorio: una crisis interconectada
El tercer pedido se refiere a la relación entre derechos humanos y medio ambiente, entendida como una dimensión central del conflicto.
“La situación ambiental del país es un factor determinante para la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza” .
La Defensoría identifica la deforestación, la expansión de economías ilegales y el cambio climático como factores que afectan directamente el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la vida en los territorios.
En particular, advierte que la deforestación está asociada a dinámicas de control territorial: “los principales motores de la deforestación siguen siendo el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la apertura de vías no planificadas, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito”.
En esa línea, el informe plantea la necesidad de integrar la protección de la naturaleza en las políticas de seguridad y en los acuerdos con actores armados, reconociendo que estos fenómenos no son aislados.
Además, el documento se ocupa de la actividad minera, en particular la extracción de oro ocupa de la que dice es una actividad con “un lugar relevante en la economía nacional, pero también constituye uno de los principales focos de conflictividad social, ambiental y de derechos humanos cuando se desarrolla en contextos de informalidad e ilegalidad”.
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Según el informe, en 2024 el oro representó el 24,2 % de las exportaciones mineras y el 6,9 % de las exportaciones totales del país en un escenario de alta demanda internacional y precios históricamente elevados, “lo que ha intensificado la presión sobre los territorios y los ecosistemas estratégicos”.
4. Reforma rural y los derechos de los campesinos
El último pedido puede ser el que tiene más coyunturales. Hace apenas unos días, el presidente aprobó la Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, que destrabó una de las piezas más importantes del Acuerdo de Paz, que en su punto uno aprobó una reforma rural integral para saldar la deuda histórica del Estado con el campo colombiano.
En su momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre su aprobación y dijo que “pone en vigencia uno de los instrumentos jurídicos más importantes de los últimos años para el trámite de conflictos sobre tierras y otras cuestiones agrarias”.
Sin embargo, la entidad insistió en la aprobación del proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria -que define las reglas, los tiempos y los trámites para resolver los conflictos- y que aún está a la espera de aprobación por parte del Congreso.
La Defensoría advierte en su informe que “persisten brechas históricas en el acceso a la tierra y en el desarrollo rural”, lo que se traduce en desigualdad, conflictividad y ausencia estatal en amplias zonas del país.
En ese contexto, insiste en que la implementación de la Reforma Rural Integral sigue siendo una deuda central. “Los retrasos estructurales en la implementación de las políticas de paz siguen impactando de manera profunda y diferenciada a amplios sectores de la población y a extensos territorios del país”.
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