El resultado de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo marcó el cierre simbólico de uno de los experimentos políticos más singulares de la historia reciente de Colombia: el partido Comunes, surgido de la reincorporación de las FARC tras el Acuerdo de Paz de 2016. El movimiento desaparece al no superar el umbral electoral ni mantener representación en el Congreso, pues su candidata Sandra Ramírez, con cerca de 10.000 votos, no obtuvo una curul, lo que implica la pérdida de la personería jurídica del partido.
Ocho años después de su llegada al Congreso, con curules garantizadas por el Acuerdo de Paz, el balance electoral confirma una tendencia que ya se veía venir: la antigua guerrilla no logró convertirse en una fuerza política competitiva en las urnas.
Sin embargo, esta gran pérdida para la apuesta política de las antiguas FARC no necesariamente significa que el proceso político abierto por el Acuerdo haya fracasado, ni tampoco constituye un golpe para la democracia. Más bien revela algo que la experiencia comparada muestra con frecuencia: las transiciones políticas después de conflictos armados suelen ser largas, inciertas y rara vez siguen trayectorias lineales.
Al mismo tiempo, la democracia colombiana sigue ampliando el espacio de competencia política, el pluralismo de visiones se mantiene y el juego democrático se preserva, incluso tras la derrota electoral del partido.
Un caudal electoral bajo desde el inicio
Desde su primera participación electoral, el partido —entonces llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común— tuvo un desempeño marginal. En las elecciones legislativas de 2018 su lista al Senado obtuvo 52.532 votos, aproximadamente el 0,34 % de la votación nacional. Fue una cifra muy lejana al umbral requerido para obtener curules por votación, lo que confirmó que su presencia en el Congreso dependía de las 10 curules garantizadas por el Acuerdo de Paz.
Cuatro años después, en las elecciones de 2022, la votación fue incluso menor. Como lo registró la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el informe “Participación política del partido Comunes: entre la desazón y la esperanza”, ese año el partido obtuvo 31.116 votos al Senado (0,19 % de la votación nacional) y 21.182 votos a la Cámara (0,12 %).
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Un patrón similar aparece en las elecciones locales. En los comicios territoriales de 2019 el partido obtuvo 96.447 votos en total entre alcaldías, concejos, asambleas y juntas administradoras locales. Para 2023 esa cifra cayó a 13.772 votos, una reducción del 85,7 %. Parte de la caída se explica por la disminución de candidaturas, que pasaron de 301 en 2019 a 142 en 2023, y por su participación en coaliciones.
Las juntas administradoras locales han sido uno de los pocos espacios donde Comunes obtuvo resultados relativamente mejores. En 2023 concentraron el 26,3 % de su votación total, lo que sugiere que la política barrial y local ha sido uno de los ámbitos donde el movimiento encontró mayor recepción.
Aun así, el panorama agregado muestra una tendencia clara: el partido no logró ampliar su base electoral. Por el contrario, su votación disminuyó con el paso de los años.
El resultado de 2026 terminó de cerrar ese ciclo. Sin curules garantizadas y compitiendo en igualdad de condiciones con el resto del sistema político, Comunes no logró acercarse al umbral electoral, equivalente al 3 % de la votación nacional.
Presencia territorial limitada
Aunque el caudal nacional del partido fue bajo, su votación mostró cierta concentración territorial. El informe de la FIP señala que, hasta 2024, los mejores resultados de Comunes tendieron a concentrarse en municipios rurales afectados por el conflicto armado, especialmente en zonas donde las antiguas FARC habían tenido presencia histórica o donde se adelantaron procesos de reincorporación.
Esto se observó en municipios de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, así como en algunos territorios del sur de Tolima, donde el partido obtuvo votaciones relativamente más altas frente a su promedio nacional, aunque nunca suficientes para consolidar una base electoral amplia.
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Esto revela una paradoja importante. La presencia territorial que las FARC tuvieron durante décadas no se tradujo automáticamente en apoyo electoral. En muchos lugares la relación entre comunidades y guerrilla durante el conflicto fue ambivalente o conflictiva, lo que limitó su legitimidad política posterior.
Además, competir electoralmente exige algo que una organización insurgente no necesariamente tiene desarrollado: redes políticas locales, liderazgos territoriales consolidados y estructuras de campaña.
Un desempeño legislativo poco incidente
Durante los ocho años en los que tuvo presencia garantizada en el Congreso, el partido Comunes tuvo una participación legislativa activa, pero poco influyente. De acuerdo con datos de seguimiento legislativo, sus congresistas participaron como autores o coautores en alrededor de 140 proyectos de ley, además de intervenir en decenas de ponencias y debates de control político, un nivel de actividad que se ubica dentro del promedio del Congreso.
Sus congresistas presentaron y acompañaron proyectos relacionados principalmente con la implementación del Acuerdo de Paz, el desarrollo rural, la reincorporación de excombatientes y la protección de comunidades en territorios afectados por el conflicto. También participaron en debates de control político sobre temas como la seguridad de los firmantes de paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Sin embargo, como ocurre en general en el Legislativo colombiano —donde solo una fracción muy reducida de las iniciativas logra convertirse en ley—, esa actividad no se tradujo en una capacidad significativa de incidir en la agenda legislativa ni en la aprobación de reformas. Su presencia en el Congreso tuvo, sobre todo, un valor como cumplimiento de uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz y un significado simbólico: demostrar que la transición de un actor armado a la política democrática era posible.
Los obstáculos de un partido nacido de la guerra
Varias razones ayudan a explicar por qué el partido nunca logró consolidarse electoralmente. La primera es la persistente estigmatización política asociada al pasado armado de las FARC. Aunque el Acuerdo de Paz permitió su tránsito a la política legal, para una parte importante de los votantes seguía siendo difícil respaldar electoralmente a un partido surgido directamente de la antigua guerrilla.
La segunda es organizativa. Comunes tuvo dificultades para construir una estructura política nacional competitiva. La transición de una organización insurgente a un partido electoral exige capacidades distintas: campañas, financiación, redes territoriales y liderazgo político local.
Además, la carencia de unidad interna agravó la crisis organizativa del movimiento. Congresistas provenientes de las antiguas FARC exigieron abiertamente la división del partido, acusando a la dirección de bloquear disidencias legítimas. Algunos liderazgos impugnaron asambleas internas e incluso acudieron a mecanismos judiciales para defender sus derechos dentro de la colectividad.
Además, reformas estatutarias impulsadas desde la dirección generaron enfrentamientos que escalaron hasta altas instancias de control. Estas pugnas internas, reflejo de la falta de cohesión orgánica, erosionaron la confianza de muchos excombatientes en el partido y debilitaron su respaldo electoral en las bases.
La tercera razón tiene que ver con el propio sistema político colombiano. La reforma política prevista en el Acuerdo de Paz, que buscaba facilitar la participación de nuevos movimientos políticos, nunca se implementó plenamente.
Esto dejó a Comunes compitiendo en un sistema diseñado para partidos con estructuras mucho más consolidadas.
Las tensiones con la izquierda
Otro factor relevante fue su relación con el resto de la izquierda colombiana. Aunque el partido acompañó varias agendas progresistas y respaldó al gobierno de Gustavo Petro, nunca logró integrarse plenamente a las coaliciones electorales más amplias que surgieron en los últimos años.
Su incorporación al proyecto político del Pacto Histórico encontró resistencias políticas y estratégicas. Para algunos sectores de la izquierda, integrar formalmente al partido surgido de las FARC implicaba costos electorales. El resultado fue que Comunes terminó compitiendo relativamente aislado en el escenario electoral nacional.
De hecho, aunque resulte paradójico, la desaparición de Comunes ocurre en un momento en el que la izquierda colombiana ha ganado espacio político. En los últimos años las fuerzas progresistas se han consolidado como actores centrales del sistema político, con presencia en el Gobierno, en el Congreso y en varias administraciones locales.
Mientras el partido surgido directamente del Acuerdo de Paz desaparece del escenario electoral, el espectro político que históricamente fue marginal en Colombia se ha fortalecido.
Esto sugiere que el impacto político del Acuerdo puede haber sido más amplio que la suerte electoral de un solo partido.
Las transiciones toman tiempo
Hay una lección más profunda detrás de este episodio: las transiciones políticas después de conflictos armados suelen ser largas. La historia colombiana lo demuestra. La transformación de movimientos insurgentes en actores políticos legales nunca ha sido inmediata. Requiere tiempo, adaptación institucional y construcción de legitimidad.
La transición de una organización armada a un partido político competitivo es una de las transformaciones más difíciles en cualquier proceso de paz.
En ese sentido, la desaparición electoral de Comunes no necesariamente cierra la participación política de los firmantes del Acuerdo. Muchos excombatientes han desarrollado procesos de liderazgo local, participación comunitaria y organización territorial que no dependen de un partido nacional. En contextos de transición, estos escenarios locales suelen ser tan relevantes como la representación parlamentaria.
Además, es importante decir que este resultado matiza uno de los temores más recurrentes durante la negociación del Acuerdo: la idea de que la participación política de los firmantes del Acuerdo implicaría una captura del sistema democrático, o incluso una “entrega del país a las FARC”.
Diez años después la evidencia apunta en la dirección contraria: lejos de convertirse en una fuerza dominante, el partido surgido de la antigua guerrilla no ha logrado consolidar un respaldo electoral significativo ni la toma del poder por vía democrática.
Una democracia más plural
El resultado deja una paradoja final. El partido creado directamente por el Acuerdo de Paz desaparece del sistema electoral, pero el sistema político colombiano es hoy, aunque con muchos desafíos aún, más plural que hace una década. Hay más partidos, más coaliciones y mayor competencia ideológica.
Es posible que una de las consecuencias políticas del Acuerdo haya sido precisamente esa: ampliar el espacio democrático para nuevas fuerzas políticas, incluso cuando el partido surgido de la antigua guerrilla no logró consolidarse como una fuerza electoral nacional.
*Miguel Suárez es el director del área de construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
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