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El Gobierno expidió en los últimos días el decreto con el que se formaliza la eliminación de las 10 curules transitorias que el Partido Comunes había ocupado en el Congreso desde 2018. Estos escaños, que nacieron del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, fueron concebidos como una garantía mínima para permitir su tránsito a la vida civil, pero sobre todo su participación en la política durante ocho años.
Con el cierre de ese ciclo, que se cumplirá en 2026, el partido fundado por los excombatientes tendrá que medirse por primera vez a las reglas del sistema político tradicional, compitiendo por votos sin ninguna garantía excepcional. Aunque este escenario estaba previsto desde la firma del Acuerdo, su implementación deja en evidencia un déficit estructural: el Estado no cumplió con la reforma política que debía acompañar esta transición ni con las garantías plenas para el ejercicio democrático en igualdad de condiciones.
El senador Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada y hoy uno de los principales voceros de Comunes, reconoce que esta etapa supone un reto inmenso para el partido. “Nosotros estamos claros en que nos debemos someter al escrutinio de los colombianos, pero también es cierto que el Estado no cumplió con la reforma política que debía facilitar la participación de nuevos actores”, dijo a Colombia+20.
Ese compromiso —contenido en el punto 2 del Acuerdo— preveía un rediseño del sistema político, con medidas como el reconocimiento de las organizaciones sociales como sujetos políticos, el fortalecimiento de la oposición, el respeto a la protesta y un sistema de seguridad para el ejercicio político. Aunque a algunos de esos puntos sí se les dio trámite en el Congreso, por ejemplo, ya hay un estatuto de la oposición, el trabajo de robustecer que otros actores distintos a la clase política tradicional participaran en ese ejercicio democrático quedó faltando.
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Durante el gobierno de Iván Duque, dice Gallo, “no se radicó una sola iniciativa relacionada con la implementación del punto 2 del Acuerdo”. Y si bien el gobierno del presidente Gustavo Petro sí presentó una reforma política en el inicio de su mandato, esta naufragó en el Congreso sin mayor voluntad de insistencia por parte del Ejecutivo.
En la legislatura 2024-2025, de los 118 proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, apenas 30 eran sobre apertura democrática.
El Partido Comunes, que en los primeros años se enfrentó al estigma social e institucional y -aún hoy- a una sistemática violencia en contra de sus militantes —con casi 470 firmantes del Acuerdo asesinados—, intenta ahora consolidarse como una fuerza política capaz de sobrevivir en un escenario sin curules garantizadas.
Según Gallo, el partido ha logrado tejer alianzas regionales y se ha fortalecido territorialmente. Parte de su plan es tenerlo a él como cabeza de lista al Senado. “Tenemos presencia en 27 departamentos, vamos a presentar lista al Senado encabezada por mí, y tendremos candidaturas a la Cámara en más departamentos de los cinco en los que hoy tenemos representación”.
La otra parte de su estrategia incluye participar dentro de una coalición de 14 movimientos, cinco de ellos con personería jurídica, lo que les daría mayor margen para superar el umbral electoral y asegurar representación.
En esa estrategia, el objetivo mínimo es claro: conservar la personería jurídica. “Un éxito de Comunes en las próximas elecciones sin lugar a dudas tiene que ver con mantener la personería jurídica, y eso obviamente está relacionado con la posibilidad de elegir a un senador o una senadora.
En este caso voy a ser el candidato del partido en una lista que logre pasar el umbral. Adicionalmente, poder obtener algunas curules en Cámara. Si logramos tener la curul en Senado y unas dos curules en Cámara estaríamos dándonos por satisfechos”, explicó.
Sin embargo, el contexto no les resulta favorable. Muchos de los territorios donde la antigua guerrilla tenía presencia histórica hoy están vedados para ellos, paradójicamente, por las disidencias de ese grupo armado que no se acogieron al Acuerdo de Paz. “Esas regiones están dominadas por actores armados ilegales, y el Estado nunca garantizó nuestra presencia segura allí. No podemos hacer política donde antes teníamos base social”.
A ello se suma el reconocimiento de errores propios: “Fuimos muy ingenuos. Nos lanzamos a la política con un desconocimiento casi total de cómo funciona el sistema electoral colombiano. Hicimos actos masivos que solo hablaban a los convencidos, no supimos construir relaciones amplias ni cuidamos el voto en las urnas. Todo eso lo hemos ido aprendiendo, aunque nos tomó dos o tres elecciones”.
A pesar de las adversidades, Gallo insiste en que Comunes tiene hoy más claridad estratégica. En abril de este año realizaron una consulta interna para definir a sus candidatos y están apostando por la renovación. Habrá nuevos nombres, especialmente en candidaturas regionales. Además, el partido busca dejar atrás la imagen de que solo los exintegrantes del secretariado pueden representar al colectivo político.
Figuras más jóvenes y con arraigo en procesos locales han empezado a emerger. El excombatiente Diego Tovar, conocido en la guerra como Federico Montes, quien ha estado involucrado en espacios como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), coincide en que el tránsito a la política sin curules es un desafío que no se puede eludir.
“La participación política no es solo un derecho, es una obligación derivada del Acuerdo. Estamos construyendo escenarios como la coalición de los unitarios y unitarias para garantizar que esa participación sea real, con condiciones más justas”.
Montes enfatiza que la apuesta política sigue viva y que muchos excombatientes están priorizando ese camino. Aunque no todos competirán por cargos, sí están involucrados en tareas pedagógicas, organizativas y de incidencia territorial.
La Misión de Verificación de la ONU resaltó en su más reciente informe que la reincorporación política sigue siendo una prioridad para muchos firmantes.
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De acuerdo con el informe, el 30 % de los planes individuales de reincorporación incluyen formación en liderazgo político, y 162 mujeres excombatientes de seis territorios han recibido capacitación específica en este campo.
El organismo también hizo un llamado a proteger la vida de los excombatientes y a eliminar la violencia de la política, recordando que estos elementos son condiciones esenciales para cumplir el espíritu del Acuerdo.
Uno de los principales obstáculos también ha sido para las mujeres que no han tenido mucha visibilidad para ocupar cargos públicos.
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El Partido Comunes realizará el próximo 7, 8 y 9 de agosto su asamblea nacional en Bogotá, donde decidirán cuál será su estrategia de cara a los comicios de 2026.
En medio de este panorama, el futuro de Comunes será una prueba de fuego para la promesa de democracia ampliada que se firmó en La Habana. La transición que ahora comienza para Comunes será un reto que no solo es electoral, sino también de medir si hubo o no un impacto de su trabajo en el Congreso.
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