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Desde este miércoles 17 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) puso en marcha el primer paro armado de este año. El departamento del Chocó, otra vez es centro de estas acciones de esa guerrilla, que ya deja a 6.000 de personas confinadas en la subregión del Bajo Baudó.
La medida, anunciada por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, “restringe completamente la movilidad fluvial en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa”, según el comunicado, con lo que afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen de estas vías para su subsistencia.
El grupo armado afirma que el paro se da por acciones que estaría adelantando el Clan del Golfo en ese territorio para lograr su expansión y asegura que con la detención del transporte fluvial se estaría evitando “accidentes porque es difícil identificar las embarcaciones de personal civil o del grupo paramilitar”.
De acuerdo con reportes de autoridades locales, al menos 6.315 personas de 26 comunidades permanecen confinadas, sin posibilidad de movilizarse ni acceder con normalidad a alimentos y servicios básicos.
El paro armado no solo implica restricciones de movilidad, sino que en la práctica bloquea el ingreso de alimentos, atención médica y transporte, profundizando la crisis humanitaria en una de las regiones más vulnerables del país.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció la gravedad de la situación y confirmó que el paro armado comenzó en la madrugada de este miércoles.
La mandataria también alertó sobre una escalada reciente de ataques armados en el departamento. Según detalló, un día antes del inicio del paro. “Este mismo grupo atacó la estación de Policía de Santa Rita, cabecera municipal de Rio Iró, mediante granadas transportadas por drones”.
El hecho, explicó, es el tercer ataque consecutivo contra ese municipio y se suma a otras acciones violentas en zonas como San José del Palmar.
Desde las 00:00 hrs del día de hoy, ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó, específicamente en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa.
— Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) March 17, 2026
También, durante el día de ayer este mismo grupo atacó la estación de policía de Santa Rita,…
Ante el deterioro del orden público, la gobernadora informó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fuerza Pública y el Ministerio Público. “En este momento instalamos consejo de seguridad, con presencia de todas las fuerzas y el Ministerio Público, para abordar este complejo panorama en el orden público departamental”, explicó.
Este nuevo paro armado evidencia el control territorial que mantiene el ELN en zonas estratégicas del Pacífico, donde los ríos funcionan como principales corredores de movilidad.
La acción llega apenas tres meses después del cruento paro armado que el ELN impuso en diciembre pasado a nivel nacional por 72 horas y que dejó 15 zonas atacadas, cinco muertos y múltiples comunidades confinadas durante varios días.
En los tres días de acciones violentas fueron afectados al menos 13 departamentos del país con ataques, bloqueos con explosivos, amenazas y restricciones a la movilidad que impactaron corredores viales, centros urbanos y zonas rurales.
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