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Compañías mineras que controlan gran parte del entorno de la vida diaria de pequeños pueblos colombianos; petroleras relacionadas con la violencia que sufrieron los habitantes; multinacionales bananeras y grandes inversionistas que construyen un entramado empresarial que difumina su responsabilidad en casos de despojos de tierra. Cada una de estas historias cuenta un tema poco cubierto dentro de la agenda de medios en Colombia: el rol de los poderes económicos dentro del conflicto social, muchas veces atravesado por la violencia, especialmente, contra poblaciones vulnerables.
El medio de comunicación, Rutas del Conflicto, y varios de sus aliados, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, presenta siete investigaciones que exponen diversos casos que transitan la cooptación de lo público por parte de empresarios en medio de contextos sociales en los que el Estado no ha tenido una presencia integral. El objetivo de esta ‘maratón’ es responder a la pregunta: ¿cómo los poderes económicos terminan convirtiéndose en el Estado mismo?
Para compartir los hallazgos de las investigaciones Rutas del Conflicto realizará el evento de lanzamiento “Empresas, conflicto social y violación de derechos humanos”, que contará con invitados expertos sobre el tema como Jhenifer Mojica, exministra de Agricultura y Desarrollo Rural; Daniel Marín, profesor de DD. HH., desarrollo y empresas; y Mónica García, integrante de la Dirección Jurídica de la URT.
La presentación de los hallazgos y el panel se realizará en el auditorio Jockey de la Universidad del Rosario, el próximo jueves 26 de septiembre de 2024, a las 4 de la tarde, con entrada libre.
Los interesados pueden inscribirse a través del link en la biografía de las redes de Rutas del Conflicto @rutasdelconflicto.
¿De qué tratan las investigaciones?
Para Pilar Puentes, subdirectora del medio de comunicación, estas historias exponen la interseccionalidad entre derechos humanos, capital privado y el rol del Estado en territorios históricamente complejos.
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“En medio del conflicto armado, suele suceder que algunas empresas asumen funciones correspondientes al Estado y suplantan su papel. El resultado evidencia una debilidad institucional y el beneficio por parte de ciertos actores de condiciones de vulnerabilidad para fortalecer sus negocios”, explica Puentes.
La periodista señala, por ejemplo, que dentro de las investigaciones hay tres casos relacionados con despojo de tierra, en el que el Estado sigue fallando, aún en los procesos judiciales y administrativos encargados de devolverle sus fincas a las víctimas. “Hay gente que fue desplazada y perdió todo porque nadie la protegió, o inclusive, porque agentes estatales contribuyeron en la violencia. Han pasado años y sus fincas siguen en manos de privados que se aprovecharon de la guerra”, dice Puentes.
Las investigaciones se realizaron en alianza con otros proyectos periodísticos como La Liga contra el Silencio y el Centro Latinoamericano de Investigación (CLIP) y el apoyo de la fundación alemana Heinrich Böll. Cada historia recoge testimonios de víctimas, funcionarios de empresas, expertos e instituciones del gobierno. Varias de ellas muestran las situaciones que han vivido poblaciones étnicas con un enfoque de género
Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto cuenta que el medio se ha especializado en contar historias en relación con grandes empresas y conflicto social y por eso deben investigar con mucho rigor, para mostrar en profundidad los contextos particulares de cada historia.
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“La forma como un gran número de empresas se ha relacionado con el conflicto social y la violencia en Colombia varía de caso a caso, con diferentes niveles de responsabilidad”, explica Óscar Parra, director y fundador del medio de comunicación.
“Es una situación compleja que nos plantea retos en términos de periodismo. Partimos de las voces de las víctimas, pero buscamos todas las voces, incluyendo a las mismas empresas y a los agentes del Estado para narrarlas con responsabilidad, sin caer en generalizaciones”, agrega Parra.