En la búsqueda de la identidad campesina

–A nosotros no nos llame mestizos, ni indios, ni negros, dice María Duby Ordóñez, una nariñense de 48 años, líder del Coordinador Nacional Agrario en ese departamento del sur del país. –A nosotros dígannos campesinos–, aclara, mientras en una reunión en Pasto habla de la más reciente conquista política en el pasado paro agrario: el departamento reconocerá, a través de ordenanza, la figura de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, algo así como la figura hermana de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

El pasado 3 de agosto, la Ley 160 de 1994, que legitimó la figura de las ZRC, cumplió 22 años y tras más de dos décadas sólo han conquistado seis de esos territorios que están en Antioquia y Bolívar, en los municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo y San Pablo; Cundinamarca, en Cabrera; Putumayo, en Bajo Cuembí y Puerto Asís; Bolívar, en los municipios de Morales y Arenal; Guaviare, en San José del Guaviare, el Retorno y Calamar, y en Caquetá, sobre la cuenca del río Pato, Valle de Balsillas y San Vicente del Cagúan. Suman un total de 831.111 hectáreas, pero hoy en los escritorios del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) hay siete en proceso de constitución y diez en estudio de viabilidad. Todas sumarían 2’551.059 hectáreas en todo el país.

En medio de esa efeméride agridulce para los campesinos que intentaron proteger muchos de sus territorios disputados y algunos perdidos durante el conflicto, el Coordinador Nacional Agrario (CNA), a través del senador del Polo Democrático Alberto Castilla, radicó en el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional para cambiar el artículo 64 de la Carta Magna que reconoce el acceso a la tierra para los “trabajadores agrarios”, términos que, según el proyecto, no se acoplan a la realidad histórica del campesino, por eso la reforma reemplazaría esas dos palabras por campesinos.

“El trabajador agrario sólo puede supeditarse a ser jornalero, a ser trabajador de un empresario, y nosotros decimos no, el campesino tiene una construcción cultural que significa tener una relación directa con la tierra, vincular la familia a la actividad de producción de alimentos, el cuidado de las semillas, es un protector del ambiente y nada de eso es el trabajador agrario. Entonces nuestra apuesta de reforma a la Constitución es para que diga: los campesinos y campesinas tienen derechos preferenciales porque es un grupo social de especial protección”, explica el senador Castilla.

El proyecto está en trámite y necesita ocho debates en las dos cámaras del Congreso. Si pasa, lo que vendría es un decreto reglamentario que, como ocurre con las ZRC, también ordene a los TCA. Por ejemplo, una zona de reserva tiene como objetivo impedir la ampliación de la frontera agrícola y que no haya acumulación de tierra o latifundio.

En cambio los TCA tienen como fundamento utilizar las tierras para la producción de alimentos y la protección y preservación de los ojos de agua que los rodean. En los TCA tampoco está delimitada la tenencia de la tierra, como ocurre en las zonas de reserva donde está permitido tener máximo dos unidades agrícolas familiares.

Aunque aún no existe la ley, las 63 organizaciones campesinas asociadas en el Coordinador Nacional Agrario (CNA) ya están delimitando los territorios. La prueba piloto se está realizando en el Macizo Colombiano, y por ahora cobija a los municipios del norte de Nariño: Taminango, San Pablo, Colón Genova, San José de Albán, La Cruz, La Unión, San Pedro de Cartago y San Lorenzo. Y del sur del Cauca, entrarían a esta figura territorial Florencia, Mercaderes y Bolívar.

En todo caso, el CNA hace presencia en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Putumayo, Huila, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Casanare, Arauca, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena y Atlántico. Y según el presidente de esta organización, Germán Bedoya, en cada una de esas jurisdicciones la línea política es constituir TCA.

Cuando se están cumpliendo 22 años del reconocimiento de las ZRC, en Pasto se reunieron los representantes de estos municipios para definir qué proyectos productivos se iban a priorizar: “En el territorio decimos que se debe continuar con el modelo de economía campesina, muy distinto al del agro negocio de las transnacionales. El modelo nuestro tiene maíz, gallinas de campo, cuyes, fríjol, o sea, se siembra de todo en espacios reducidos para conservar diversidad de alimentos para la humanidad y para nosotros”, explica María Duby en el auditorio.

Para septiembre tienen otra jornada de armonización, como le han llamado a la delimitación de los territorios campesinos agroalimentarios. Van a marcar sus fincas con banderas de sus principales organizaciones: Comité Integración del Macizo Colombiano (CIMA), CNA Nariño, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar Fedeagromisbol, Asokinchas Chocó, Asociación Nacional José Antonio Galán Zorro, Asonalca, Asociación Campesina de Antioquia, ACA, Asacol Tolima, entre otras.

“Se va a hacer una caravana con mucha gente. Entre más avancemos en los municipios, vamos a agrandar los territorios. Se van a invitar a estudiantes, al alcalde, al párroco, a todo el que quiera sumarse a la marcha, y vamos a empezar a asentar nuestros símbolos en esos lugares”, resalta Ordóñez. Lo cierto de esta historia es que aunque las dos figuras territoriales no se contraponen, en La Habana se ha insistido mucho en las zonas de reserva, que son impulsadas por la organización Marcha Patriótica, mientras que los territorios campesinos los impulsa la otra organización de izquierda fuerte: el Congreso de los Pueblos. En últimas, lo que ambas figuras buscan es cerrarles la cerca a los proyectos mineros a gran escala que, desde que se anunció la locomotora minera, pretenden taladrar el corazón de los campesinos: la tierra.

–A nosotros no nos llame mestizos, ni indios, ni negros, dice María Duby Ordóñez, una nariñense de 48 años, líder del Coordinador Nacional Agrario en ese departamento del sur del país. –A nosotros dígannos campesinos–, aclara, mientras en una reunión en Pasto habla de la más reciente conquista política en el pasado paro agrario: el departamento reconocerá, a través de ordenanza, la figura de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, algo así como la figura hermana de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

El pasado 3 de agosto, la Ley 160 de 1994, que legitimó la figura de las ZRC, cumplió 22 años y tras más de dos décadas sólo han conquistado seis de esos territorios que están en Antioquia y Bolívar, en los municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo y San Pablo; Cundinamarca, en Cabrera; Putumayo, en Bajo Cuembí y Puerto Asís; Bolívar, en los municipios de Morales y Arenal; Guaviare, en San José del Guaviare, el Retorno y Calamar, y en Caquetá, sobre la cuenca del río Pato, Valle de Balsillas y San Vicente del Cagúan. Suman un total de 831.111 hectáreas, pero hoy en los escritorios del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) hay siete en proceso de constitución y diez en estudio de viabilidad. Todas sumarían 2’551.059 hectáreas en todo el país.

En medio de esa efeméride agridulce para los campesinos que intentaron proteger muchos de sus territorios disputados y algunos perdidos durante el conflicto, el Coordinador Nacional Agrario (CNA), a través del senador del Polo Democrático Alberto Castilla, radicó en el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional para cambiar el artículo 64 de la Carta Magna que reconoce el acceso a la tierra para los “trabajadores agrarios”, términos que, según el proyecto, no se acoplan a la realidad histórica del campesino, por eso la reforma reemplazaría esas dos palabras por campesinos.

“El trabajador agrario sólo puede supeditarse a ser jornalero, a ser trabajador de un empresario, y nosotros decimos no, el campesino tiene una construcción cultural que significa tener una relación directa con la tierra, vincular la familia a la actividad de producción de alimentos, el cuidado de las semillas, es un protector del ambiente y nada de eso es el trabajador agrario. Entonces nuestra apuesta de reforma a la Constitución es para que diga: los campesinos y campesinas tienen derechos preferenciales porque es un grupo social de especial protección”, explica el senador Castilla.

El proyecto está en trámite y necesita ocho debates en las dos cámaras del Congreso. Si pasa, lo que vendría es un decreto reglamentario que, como ocurre con las ZRC, también ordene a los TCA. Por ejemplo, una zona de reserva tiene como objetivo impedir la ampliación de la frontera agrícola y que no haya acumulación de tierra o latifundio.

En cambio los TCA tienen como fundamento utilizar las tierras para la producción de alimentos y la protección y preservación de los ojos de agua que los rodean. En los TCA tampoco está delimitada la tenencia de la tierra, como ocurre en las zonas de reserva donde está permitido tener máximo dos unidades agrícolas familiares.

Aunque aún no existe la ley, las 63 organizaciones campesinas asociadas en el Coordinador Nacional Agrario (CNA) ya están delimitando los territorios. La prueba piloto se está realizando en el Macizo Colombiano, y por ahora cobija a los municipios del norte de Nariño: Taminango, San Pablo, Colón Genova, San José de Albán, La Cruz, La Unión, San Pedro de Cartago y San Lorenzo. Y del sur del Cauca, entrarían a esta figura territorial Florencia, Mercaderes y Bolívar.

En todo caso, el CNA hace presencia en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Putumayo, Huila, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Casanare, Arauca, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena y Atlántico. Y según el presidente de esta organización, Germán Bedoya, en cada una de esas jurisdicciones la línea política es constituir TCA.

Cuando se están cumpliendo 22 años del reconocimiento de las ZRC, en Pasto se reunieron los representantes de estos municipios para definir qué proyectos productivos se iban a priorizar: “En el territorio decimos que se debe continuar con el modelo de economía campesina, muy distinto al del agro negocio de las transnacionales. El modelo nuestro tiene maíz, gallinas de campo, cuyes, fríjol, o sea, se siembra de todo en espacios reducidos para conservar diversidad de alimentos para la humanidad y para nosotros”, explica María Duby en el auditorio.

Para septiembre tienen otra jornada de armonización, como le han llamado a la delimitación de los territorios campesinos agroalimentarios. Van a marcar sus fincas con banderas de sus principales organizaciones: Comité Integración del Macizo Colombiano (CIMA), CNA Nariño, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar Fedeagromisbol, Asokinchas Chocó, Asociación Nacional José Antonio Galán Zorro, Asonalca, Asociación Campesina de Antioquia, ACA, Asacol Tolima, entre otras.

“Se va a hacer una caravana con mucha gente. Entre más avancemos en los municipios, vamos a agrandar los territorios. Se van a invitar a estudiantes, al alcalde, al párroco, a todo el que quiera sumarse a la marcha, y vamos a empezar a asentar nuestros símbolos en esos lugares”, resalta Ordóñez. Lo cierto de esta historia es que aunque las dos figuras territoriales no se contraponen, en La Habana se ha insistido mucho en las zonas de reserva, que son impulsadas por la organización Marcha Patriótica, mientras que los territorios campesinos los impulsa la otra organización de izquierda fuerte: el Congreso de los Pueblos. En últimas, lo que ambas figuras buscan es cerrarles la cerca a los proyectos mineros a gran escala que, desde que se anunció la locomotora minera, pretenden taladrar el corazón de los campesinos: la tierra.