En medio de la impunidad, en El Tandil no olvidan a sus muertos

Hacia las 10 de la mañana, Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tandil (Tumaco, Nariño), llegó con varias cartulinas a una casa de madera y las puso sobre una mesa de plástico. Allá lo estaba esperando una lideresa que prefiere que no se conozca su nombre porque le asusta ser la próxima líder social asesinada en un país que se acostumbró a registrar estos crímenes todos los días. Entre los dos empezaron a concertar cuáles frases escribir: “No más impunidad para crímenes de Estado”, propuso él, y ella estuvo de acuerdo. La escribió con un marcador grueso. “Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo”, sugirió la lideresa, citando a Simón Bolívar.

Esas dos frases resumen las exigencias de los habitantes de esa vereda, ubicada en el área rural de Tumaco. El día que hicieron las carteleras de protesta se cumplían dos años desde que en ese lugar se perpetró una masacre. El 5 de octubre de 2017, unas 30 comunidades de la zona se habían reunido para manifestarse en contra de la erradicación de las matas de coca que son el sustento de miles de campesinos abandonados por el Estado. Hicieron un cordón humanitario para rodear los cultivos; un grupo de policías antinarcóticos estaba instalado en la parte alta de un pequeño morro. Discutieron con los uniformados y de pronto se empezaron a escuchar disparos. En el sitio murieron cinco personas. Luego, por la gravedad de las heridas que les produjeron los asesinos, fallecieron dos más. Acabaron con la vida de siete campesinos indefensos: Diego Escobar Dorado, Nelson Chacuendo Colamba, Janier Usperto Cortés, Jaime Guanga Pai, Alfonso Taicús Taicús, Iván Darío Muñoz y Aldemar Gil. Los testigos no tienen dudas: la Policía les disparó.

La lideresa subrayó la palabra “impunidad” porque no han visto avances para obtener justicia. El caso estuvo en manos de la Fiscalía hasta el pasado 22 de agosto. Durante casi dos años el ente investigativo solamente avanzó en la imputación de cargos a dos personas: el mayor del Ejército Luis Hernando González Ramírez y el capitán de la Policía Javier Enrique Soto García. Ambos, junto con un capitán del Ejército de apellido Guevara, son recordados por la comunidad como las personas que comandaban a los efectivos en la zona.

En el aspecto disciplinario, los avances son nimios. En respuesta a un cuestionario que Colombia 2020 le envió a la Procuraduría, la institución reconoció que no hay ningún miembro de la Fuerza Pública sancionado por la masacre. “Actualmente se siguen practicando pruebas en etapa de investigación disciplinaria contra 14 miembros del Ejército y 40 de la Policía”, respondió. Entre los investigados disciplinariamente no está el capitán Guevara que los campesinos mencionaron, ni el mayor González Ramírez, a pesar de que este último fue imputado por la Fiscalía. Esa lentitud estatal tiene consecuencias. Por ejemplo, Elier cuenta que seis meses después de la masacre llegó a su casa uno de los policías que estaban en el grupo al que señalan de dispararles a los campesinos y le arrancó varias matas de coca.

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En la comunidad están molestos porque la misma semana del aniversario se enteraron de que el caso pasó a manos de la justicia penal militar, lo que entienden como una certeza de impunidad. “Siendo los militares responsables de la masacre, ¿será que va a haber justicia si los investigan los militares?”, preguntó indignada la lideresa para demostrar lo obvia que es la respuesta. En la cartelera también quedó escrito: “Exigimos que el caso de la masacre de campesinos del 5 de octubre de 2017 vuelva a la justicia ordinaria, que no sea juzgado por un tribunal militar donde nunca habrá justicia”.

Hasta El Tandil empezaron a llegar camionetas repletas de personas que iban de otras comunidades a la conmemoración. Luego de que terminaron las tres carteleras llegó el sacerdote Ignacio acompañado de una comitiva, en la cual se encontraban los abogados de las víctimas. El padre llegó hasta el sitio donde ocurrió la masacre y se subió en una estructura de madera con techo metálico. Esa construcción, hecha por la comunidad, está a pocos metros de donde se encontraban los policías. “Esto estaba muy abandonado porque aquí no murió ninguna persona rica, sino solo pobres”, contó Óscar Guerrero, quien tomó la iniciativa de reformar el lugar donde vio caer asesinados a sus vecinos. Aparte de esa tarima plantó nueve cruces de madera y pintó varios árboles de blanco, que el día del homenaje todavía tenían la pintura fresca.

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Cuando iba llegando al lugar de la masacre, Elier empezó a relatar: “Aquí fue que empezaron los primeros disparos. Aquí había gente y la Policía estaba arriba. Al escuchar los disparos de acá, los policías que estaban al otro lado también empezaron a disparar”. “Por acá salió un herido”. “Los muertos y todo fueron acá”. Le pregunté si transita mucho por el lugar: “No me dan tantos deseos de venir porque recordar me hace dar mucha nostalgia, tristeza, me pone muy sentimental, melancólico”, respondió.

Unas 200 personas llegaron a la ceremonia; compartían los sentimientos de Elier. Muchos rostros develaban ansiedad, tristeza y miedo. Uno de ellos era Eduardo Martínez, quien no volvía al sitio de la masacre desde el 5 de octubre de 2017, cuando se salvó de ser alcanzado por las balas. Quedó con graves secuelas psicológicas. Por ejemplo, tiene pesadillas muy fuertes, no puede conciliar el sueño y cuando ve un policía en la calle piensa que lo va a asesinar. No pudo resistir a sus recuerdos, por lo que se desplazó a Pasto tres días después de la matanza. Se atrevió a volver porque lo llamaron para invitarlo al homenaje.

El padre empezó la misa. “A estas queridas familias, hoy con nuestra presencia les decimos que no están solos ni solas, que hay una comunidad que los respalda, que ora por ustedes, que los ama y que se coloca en el lugar de la zozobra y de la incertidumbre que ustedes todavía están sintiendo”, dijo. Varios de los asistentes sostenían bombas y velas blancas.

La familia de Janier Usperto Cortés, quien tenía 26 años cuando murió en medio de la masacre, llevaba camisetas con su foto. Marleni Cortés, mamá de Cheto (como lo conocían en la comunidad), lloró en varios momentos de la misa. Sus lágrimas quedaban en un pequeño pañuelo blanco que llevó. Dijo entre el llanto: “Yo sigo esperando que mi hijo llegue a la casa, yo lo quiero volver a ver, quiero escuchar su voz”. Melinton, hermano de Cheto, cuestionó: "yo no entiendo por qué, a pesar de que nosotros le dimos todas las pruebas a la Fiscalía, todavía no hay condenas. Por el caso del atentado a la Escuela de Cadetes, en Bogotá, a la semana ya había presos". El entierro de Cortés fue una muestra de lo importante que era para la comunidad. El 8 de octubre de 2017, 42 lanchas repletas de gente acompañaron a su familia. Exigían justicia y que cesara la violencia en su territorio.

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El padre les pidió a los asistentes hacer una ofrenda a los muertos. Se acercaron tímidamente hacia un círculo que estaba hecho en la tierra, en donde había flores blancas y velas. Las encendieron y plantaron más flores. “Ustedes aguardan que el amor de Dios se manifieste en la verdad que quisieran conocer, en la justicia que se debería hacer. Hay una justicia humana y una divina. La justicia divina le corresponde a Dios, la justicia humana es la que nosotros clamamos según las leyes de ciudadanos aquí en la tierra”, resaltó el sacerdote.

Elier había escrito unas palabras la noche anterior y estaba esperando el momento para leerlas en la misa. Se le dio. Con sus dos manos sostuvo el cuaderno donde tenía anotado su texto y empezó a leer: “Mientras otros cierran sus ojos y olvidan, yo cierro los míos y recuerdo. Hace dos años, y después de la firma de un Acuerdo de Paz en mi país, integrantes de la Fuerza Pública, quienes nos deberían proteger…”, se detuvo para no llorar, se alejó unos centímetros del micrófono, exhaló una gran bocanada de aire y prosiguió: “... accionaron sus armas vil y cobardemente contra nosotros, campesinos reclamando nuestros derechos y que se cumpla lo pactado en dicho Acuerdo”.

A El Tandil solo ha llegado el Estado uniformado, dicen sus habitantes. Por eso Elier pidió “que esos miles de militares y policías los cambien por decenas de profesionales de vocación en salud y educación para poder cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes y niños, el presente de nuestra sociedad. Que esos millones de litros de glifosato, que están apresuradamente pensando asperjar en los territorios como solución a la problemática de los cultivos de uso ilícito, los cambien por recuperación de los suelos, industrialización de la agricultura en nuestros territorios, para no seguir nómadas detrás de una mata de coca y haciendo de este un flagelo de nunca acabar”.

Durante la eucaristía llegó el momento de los salmos. Una persona leía una frase y los asistentes le respondían: “El Señor escucha a sus pobres”. En El Tandil esperan que Dios escuche sus plegarias de justicia, verdad y una vida digna, mientras el Estado dispone sus oídos para hacerlo.