En Putumayo hablarán de la continuidad de la guerra después de la firma de la paz

Putumayo, departamento amazónico y limítrofe con Perú y Ecuador, es una de las tantas zonas en las que la violencia armada ha persistido, aún después del conflicto armado. Tras la salida del territorio de las antiguas Farc, tanto disidencias como frentes del Eln se han asentado allí para disputar rentas por economías ilegales y, consecuentemente, hacer la vida más difícil a los pobladores.

Sin embargo, su gente quiere tranquilidad y no repetición de los hechos victimizantes más dolorosos en los años de guerra. Esto no es tarea fácil, pues allí las agresiones a líderes y lideresas sociales y firmantes de paz son sistemáticas. En lo corrido de 2021, ha sido asesinado un excombatiente de la antigua guerrilla y han amenazados de muerte al menos a cuatro defensores y defensoras de Derechos Humanos por denunciar y visibilizar esas situaciones.

Asimismo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el Putumayo hay alrededor de 25.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, cifra que pone en entredicho la implementación de medidas consagradas en el Acuerdo de Paz, como el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).

Distintos voceros comunitarios del departamento han denunciado un incremento de amenazas y distintos tipos de violencia principalmente en el Bajo Putumayo, en los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito; los cuales, entre otras cosas, también fueron altamente afectados durante el conflicto armado.

Existe una desazón colectiva por la falta de alcance del Estado en sus políticas de seguridad allí. Pero, a pesar de eso, entidades estatales como la Comisión de la Verdad (CEV) han hecho un acompañamiento riguroso a más de 35 organizaciones del territorio, para armar hojas de ruta que promuevan la protección de líderes y lideresas que viven allí. Prueba de ello fue el trabajo mancomunado que la CEV hizo con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la República, en marzo de 2020, cuando realizaron la séptima Mesa por la Vida en Puerto Asís, un espacio dirigido para hablar sobre la importancia de que prevalezcan los DD.HH.

Luego de eso y, aún en medio de la pandemia, episodios como desplazamientos forzados, situaciones de disputas territoriales entre grupos armados, erradicaciones forzadas violentas y de fumigaciones terrestres, acompañadas por denuncias asociadas a la represión y el abuso policial y militar, continuaron afectando al departamento, dejando por delante nuevos retos para mitigarlo.

Por eso, el próximo miércoles 10 de marzo desde las 3:00p.m., se desarrollará el conversatorio Putumayo defiende la vida y construye rutas de paz y verdad, un espacio virtual que será transmitido vía streaming por los canales digitales de Colombia2020 y de la CEV. Se trata de un nuevo episodio de los Diálogos por la no continuidad y la no repetición del conflicto armado, que la comisión ya ha convocado en el Catatumbo y en el Bajo Cauca, regiones donde la confrontación también se ha recrudecido tras la firma del Acuerdo de paz.

Allí se congregarán las voces de Alejandra Miller, comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; Elena Ambrosí, especialista en Derecho Internacional Humanitario y Relaciones Internacionales; Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); Emilce Bernal, vicepresidenta de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO) y Heiler Mosquera, representante del ETCR de Puerto Asís.

En las recomendaciones de “no repetición” que se discutirán allí estarán presentes y, de forma preponderante, las voces locales que entienden las necesidades de sus comunidades y que llevan su vida entregada a la construcción de paz, en aras de un desarrollo para el departamento, que esperan sea más rápido y pronto de lo que la violencia armada permite.

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Putumayo, departamento amazónico y limítrofe con Perú y Ecuador, es una de las tantas zonas en las que la violencia armada ha persistido, aún después del conflicto armado. Tras la salida del territorio de las antiguas Farc, tanto disidencias como frentes del Eln se han asentado allí para disputar rentas por economías ilegales y, consecuentemente, hacer la vida más difícil a los pobladores.

Sin embargo, su gente quiere tranquilidad y no repetición de los hechos victimizantes más dolorosos en los años de guerra. Esto no es tarea fácil, pues allí las agresiones a líderes y lideresas sociales y firmantes de paz son sistemáticas. En lo corrido de 2021, ha sido asesinado un excombatiente de la antigua guerrilla y han amenazados de muerte al menos a cuatro defensores y defensoras de Derechos Humanos por denunciar y visibilizar esas situaciones.

Asimismo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el Putumayo hay alrededor de 25.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, cifra que pone en entredicho la implementación de medidas consagradas en el Acuerdo de Paz, como el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).

Distintos voceros comunitarios del departamento han denunciado un incremento de amenazas y distintos tipos de violencia principalmente en el Bajo Putumayo, en los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito; los cuales, entre otras cosas, también fueron altamente afectados durante el conflicto armado.

Existe una desazón colectiva por la falta de alcance del Estado en sus políticas de seguridad allí. Pero, a pesar de eso, entidades estatales como la Comisión de la Verdad (CEV) han hecho un acompañamiento riguroso a más de 35 organizaciones del territorio, para armar hojas de ruta que promuevan la protección de líderes y lideresas que viven allí. Prueba de ello fue el trabajo mancomunado que la CEV hizo con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la República, en marzo de 2020, cuando realizaron la séptima Mesa por la Vida en Puerto Asís, un espacio dirigido para hablar sobre la importancia de que prevalezcan los DD.HH.

Luego de eso y, aún en medio de la pandemia, episodios como desplazamientos forzados, situaciones de disputas territoriales entre grupos armados, erradicaciones forzadas violentas y de fumigaciones terrestres, acompañadas por denuncias asociadas a la represión y el abuso policial y militar, continuaron afectando al departamento, dejando por delante nuevos retos para mitigarlo.

Por eso, el próximo miércoles 10 de marzo desde las 3:00p.m., se desarrollará el conversatorio Putumayo defiende la vida y construye rutas de paz y verdad, un espacio virtual que será transmitido vía streaming por los canales digitales de Colombia2020 y de la CEV. Se trata de un nuevo episodio de los Diálogos por la no continuidad y la no repetición del conflicto armado, que la comisión ya ha convocado en el Catatumbo y en el Bajo Cauca, regiones donde la confrontación también se ha recrudecido tras la firma del Acuerdo de paz.

Allí se congregarán las voces de Alejandra Miller, comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; Elena Ambrosí, especialista en Derecho Internacional Humanitario y Relaciones Internacionales; Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); Emilce Bernal, vicepresidenta de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO) y Heiler Mosquera, representante del ETCR de Puerto Asís.

En las recomendaciones de “no repetición” que se discutirán allí estarán presentes y, de forma preponderante, las voces locales que entienden las necesidades de sus comunidades y que llevan su vida entregada a la construcción de paz, en aras de un desarrollo para el departamento, que esperan sea más rápido y pronto de lo que la violencia armada permite.

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