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Durante años, en Tumaco, la paz fue una palabra distante y la tierra una promesa incumplida. En uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado y el narcotráfico, la coca terminó ocupando el lugar que dejó el abandono estatal. Hoy, tras más de 15 años de espera, trece consejos comunitarios afro del Pacífico nariñense comienzan a cambiar esa historia: acceden a la tierra, erradican voluntariamente los cultivos ilícitos y apuestan por un modelo de paz territorial que se construye desde el territorio y con las comunidades.
Durante años, en Tumaco, el acceso a la tierra estuvo atrapado en una paradoja: para formalizarla era necesario erradicar los cultivos ilícitos, pero para erradicar la coca se requerían alternativas económicas que solo podían sostenerse con tierra legalmente titulada. Este nudo estructural, que ha marcado buena parte de la política antidrogas en Colombia, mantuvo a miles de familias rurales del Pacífico nariñense en un limbo jurídico y productivo. Hoy, tras más de 15 años de espera, ese círculo empieza a romperse.
Trece consejos comunitarios afro del municipio, entre ellos el Consejo Comunitario Aguas Lindas de La Chorrera, accedieron a 592 hectáreas entregadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego de un acuerdo que introduce un giro significativo en la forma como el Estado enfrenta la sustitución de cultivos de uso ilícito: la erradicación voluntaria, concertada con las comunidades, como condición habilitante —y no excluyente— para la titulación de la tierra.
El hecho ocurre en uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado, el narcotráfico y el abandono estatal. Tumaco ha sido durante décadas un laboratorio fallido de la política antidrogas: erradicaciones forzadas sin desarrollo rural, presencia militar sin inversión social y programas de sustitución interrumpidos o inconclusos. En ese contexto, la coca no fue únicamente un cultivo ilegal, sino una economía de supervivencia.
La estrategia que permitió la entrega de estas tierras fue construida entre el Gobierno Nacional —a través de la Agencia Nacional de Tierras y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito—, la Gobernación de Nariño y los consejos comunitarios del Pacífico nariñense. El objetivo central fue destrabar uno de los principales obstáculos históricos para la adquisición de predios por parte del Estado: la imposibilidad legal de comprar tierras con presencia de cultivos ilícitos.
Según explicó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, la institucionalidad decidió cambiar el enfoque. En lugar de retirarse del territorio ante la presencia de coca, optó por permanecer, dialogar y construir acuerdos con las comunidades.
“Durante más de 20 años, en Tumaco y en el Pacífico nariñense, los consejos comunitarios han aspirado colectivamente a acceder a la tierra, pero la proliferación de cultivos ilícitos frustraba cada oferta y cada finca proyectada. Esta vez hicimos una alianza con las comunidades para retirar voluntariamente la coca y poder comprar estas tierras”, afirmó Harman.
Esta lectura fue respaldada desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT. Farlin Perea Rentería, directora de esta dependencia, señaló que el proceso envía un mensaje político claro al país sobre la relación entre acceso a la tierra, sustitución y paz.
“Este es un mensaje positivo y ganador para el país: no solo entregamos tierras, sino que, cuando estas están afectadas por cultivos ilícitos, las comunidades demuestran su voluntad de erradicar y apostarle a la paz. Y, por supuesto, la Agencia Nacional de Tierras está para coadyuvar en este propósito”, señaló.
El acuerdo establece una ruta en tres momentos: erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, cierre de los negocios jurídicos de compra y entrega de los predios para el desarrollo de proyectos agroalimentarios y productivos. La ANT proyecta avanzar hacia la adquisición de 2.500 hectáreas antes del 7 de agosto, con el respaldo de consejos comunitarios afro y resguardos indígenas del Pacífico nariñense.
Para las comunidades, el proceso tiene un significado que trasciende las cifras. James Fernando Toro Castillo, representante legal del Consejo Comunitario Aguas Lindas de La Chorrera, calificó la entrega de tierras como el resultado de una lucha prolongada por el derecho al territorio.
“Esta es una pelea de más de 15 años. Hoy estamos aquí porque hubo voluntad institucional y porque los consejos comunitarios nunca dejamos de insistir. La mayoría de estas tierras será titulada colectivamente, como corresponde a nuestra forma de habitar y cuidar el territorio”, afirmó.
El acceso a la tierra, subrayó Toro Castillo, implica también una decisión consciente de abandonar economías ilegales y reconstruir la relación ancestral con el territorio. “No se trata solo de pasar a economías lícitas, sino de recuperar lo que fue de nuestros ancestros. La tierra es identidad, futuro y dignidad”, agregó.
Otros consejos comunitarios del municipio respaldaron el acuerdo. Jefferson Abram Segura, representante legal del Consejo Comunitario Los Amigos de la Espriella, destacó el carácter colectivo del proceso y su potencial para replicarse en otros territorios del Pacífico.
“Las comunidades sí queremos salir de los cultivos ilícitos, pero no a cualquier costo. Necesitamos tierra, proyectos productivos y acompañamiento. Cuando el Estado llega al territorio sin criminalizar, se generan condiciones reales para la paz”, sostuvo.
Desde la Gobernación de Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar resaltó que este tipo de procesos son resultado de los diálogos territoriales de paz impulsados en el departamento, y que permiten avanzar en transformaciones estructurales más allá de la lógica exclusivamente militar.
“Escuchar a las comunidades, construir acuerdos y trabajar de manera articulada es lo que hace posible avanzar en sustitución de cultivos ilícitos, acceso a la tierra y construcción de paz real en los territorios”, afirmó.
La Agencia Nacional de Tierras enmarcó la experiencia de Tumaco dentro de la política de Reforma Agraria del Gobierno Nacional, basada en el trabajo conjunto con las comunidades, sin criminalización ni militarización, y con enfoque de desarrollo territorial. En regiones como el Pacífico nariñense, donde la propiedad colectiva es central, este enfoque adquiere una dimensión cultural y política determinante.
Como cierre simbólico, durante la jornada se realizó la siembra de una planta de cacao, cultivo que representa una alternativa productiva acorde con la vocación agrícola de la región. El gesto resume el espíritu del acuerdo: reemplazar la economía de la coca por proyectos legales, sostenibles y anclados al territorio.
Para las comunidades afro de Tumaco, la imagen del cacao sembrado en tierra propia marca algo más que un acto protocolario. Es la señal de que, después de años de espera, la tierra empieza a dejar de ser una promesa incumplida y se convierte en una posibilidad concreta de futuro.
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