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La más reciente encuesta de Invamer / Colombia Opina, –en la que se conoció la intención de voto de los colombianos de cara a las próximas elecciones presidenciales– también dedicó un capítulo a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro, que hoy enfrenta fuertes cuestionamientos, acentuados tras el escándalo por los archivos de Calarcá Córdoba, jefe de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
El capítulo incluye ocho preguntas sobre paz y seguridad, aplicadas a 3.800 personas. Según los resultados, el 68,5 % de los colombianos cree que la paz total va por mal camino, mientras que solo el 28,5 % considera que van en buena dirección.
Otra de las preguntas indaga por la sensación de seguridad que han dejado entre la ciudadanía las mesas de diálogos de paz entre el Gobierno y los grupos armados. A seis meses de terminar su mandato, el 50,8 % de los encuestados cree que los procesos de negociación no tendrán ningún resultado, el 24 % piensa que producirán resultados negativos y apenas el 21,8 % ve en ellos un posible resultado positivo.
Las percepciones sobre los efectos de esa política de paz han sido más críticas a medida que se acerca el final del Gobierno Petro, cuya administración hizo de ese proyecto una de su banderas desde el inicio. Desde las comunidades más golpeadas por el conflicto no solo exigen resultados, sino más participación en las mesas.
Ese es el caso de organizaciones de Chocó que el pasado 20 de noviembre viajaron hasta Miami (Estados Unidos) para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado colombiano no ha podido frenar la violencia del Clan del Golfo, y que las voces de las comunidades no han estado en el centro de las negociaciones que tiene el Gobierno con ese grupo, considerado el más grande del país.
La capacidad de la Fuerza Pública en medio de las conversaciones
De acuerdo con Invamer, el 73,7 % de los encuestados cree que el Estado y las Fuerzas Armadas han perdido el control de los territorios donde operan los grupos armados y el 66,2 % considera que la paz total del Gobierno Petro lo ha hecho sentir más inseguro.
Esa percepción ha alimentado la idea de que las mesas de negociación que adelanta el Ejecutivo con los grupos armados han frenado la acción de la Fuerza Pública. Sin embargo, en la práctica el Gobierno dio un giro a su política de seguridad y comenzó a incorporar operaciones más ofensivas ante las dificultades de avanzar en los diálogos.
Solo entre julio de 2024 y noviembre de 2025, el Ejecutivo realizó 13 bombardeos: 11 contra estructuras del Estado Mayor Central en Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare; dos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó; y uno contra mandos del ELN en Arauca.
Uno de los más recientes, en Guaviare —que dejó siete menores de edad muertos— reabrió el debate sobre la coherencia del Gobierno con sus compromisos en derechos humanos y evidenció el choque entre presiones militares y riesgos humanitarios, especialmente en zonas con altos niveles de reclutamiento infantil.
Otro de los datos que expone la encuesta sobre seguridad tiene que ver con la confianza en el Ejército. El 61,9 % de los colombianos consultados en noviembre mantiene su confianza en la capacidad de la Fuerza Pública para derrotar a las guerrillas.
Este resultado, sin embargo, fue recogido antes de que Caracol revelara los archivos de la disidencia, que pusieron en duda la capacidad de inteligencia del Estado. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, dos de las principales alertas sobre la Fuerza Pública que dejó ese escándalo son:
• La salida acelerada de oficiales expertos, que debilita la inteligencia al perder experiencia y memoria institucional justo en un momento crítico.
• La caída del presupuesto militar, que frenó la modernización de sensores y redes, rezagó la ciberinteligencia y afectó la compra de equipos estratégicos.
¿Volver a la violencia de los años 80?
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado junio, reavivó el temor de que el país regrese a los años más duros de la violencia y abrió nuevamente una de sus heridas más profundas: la persistencia de ataques contra quienes ejercen liderazgo político.
El crimen recordó que la violencia política no es un fenómeno nuevo ni aislado. Desde distintos sectores se hizo un llamado a la calma y a evitar comparaciones con con lo que se vivió hace 20 o 30 años —cuando el país vivió su pico de violencia—.
Aún así el 61,5 % de los encuestados por Invamer considera que Colombia está cerca de volver a la violencia del pasado.
Los resultados dibujan un país escéptico frente a la capacidad del Estado para conducir las negociaciones y contener la violencia. A esto se suma un temor renovado por la fragilidad institucional, que deja al Gobierno ante el reto de demostrar que, a solo seis meses de que culmine el periodo de Petro, aún puede ofrecer resultados en su política de paz total.
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