A tres meses de que se elija un nuevo presidente, más de la mitad de los colombianos (58,9 %) encuestados por Invamer considera que la paz total los ha hecho sentir más inseguros, y solo el 33,6 % se siente más seguro con esa política impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro.
La encuesta de Colombia Opina de Invamer, hecha para Caracol Televisión y Blu Radio, se conoce a casi una semana de las elecciones legislativas e incluye nuevamente un capítulo sobre paz total y seguridad. La medición se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, a través de 3.800 cuestionarios presenciales aplicados en 147 municipios –24 capitales y 123 no capitales–, con un margen de error del 1,93 %.
El escepticismo no se limita a la percepción de inseguridad. El 55,4 % de los encuestados cree que las negociaciones con los grupos armados ilegales van por mal camino, mientras que solo el 36,9 % considera que avanzan en buena dirección.
Las expectativas sobre sus resultados apuntan en el mismo sentido: el 49 % cree que los procesos no tendrán ningún resultado y el 20,5 % piensa que producirán efectos negativos. Solo el 27,3 % ve en ellos un posible resultado positivo, aunque esta cifra representa un aumento de 5,5 puntos porcentuales frente a la encuesta publicada el pasado 1 de diciembre.
Ese clima de desconfianza se refleja también en el temor a volver a la violencia del pasado. El 53,1 % cree que Colombia está muy cerca de regresar a esa época, mientras que el 42,2 % considera que el país se aleja de esa posibilidad.
¿Qué percepción existe sobre la capacidad de la Fuerza Pública?
Detrás de ese temor hay una lectura concreta sobre el Estado y la Fuerza Pública: el 70,6 % de los encuestados considera que ha perdido capacidad de control donde operan los grupos armados, y solo el 24,3 % cree que no lo ha perdido. Esa percepción ha alimentado la idea de que las mesas de negociación con los grupos armados han frenado la acción de la Fuerza Pública.
Sin embargo, desde la llegada del general (r) Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa en febrero de 2025, el Gobierno cambió su estrategia y ha sostenido una campaña de remilitarización de la seguridad.
Entre julio de 2024 –cuando se produjo el primer bombardeo contra las disidencia de Iván Mordisco– y noviembre de 2025, la Fuerza Pública ejecutó al menos 13 bombardeos contra grupos armados: 11 contra estructuras del Estado Mayor Central (EMC) en Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare; dos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó, y uno contra mandos del ELN en Arauca. En cuatro de esos operativos murieron al menos 15 menores de edad.
A esos se suman los dos que se han ejecutado en 2026: uno contra el Clan del Golfo y otro contra el ELN. Este último ocurrió en Catatumbo, menos de 24 horas después de la reunión que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington. Tras el encuentro el mandatario colombiano endureció aún más su discurso frente a las estructuras armadas ilegales.
En contexto: El sacudón a la paz total tras reunión Petro-Trump: Clan del Golfo y ELN, primeros golpeados
“Petro está jugando a quitarle la narrativa a la derecha. Si la derecha dice ‘yo vengo a militarizar’, Petro puede decir: ‘yo ya militaricé, yo ya bombardeé’”, dijo hace unas semanas Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Pese a la percepción de que el Estado ha perdido capacidad de control, la ciudadanía encuestada no ha perdido la confianza en la salida militar: el 65,5 % cree que las Fuerzas Armadas están en condiciones de derrotar militarmente a los grupos armados, frente a un 29,3 % que considera que no.
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