Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios

El 26 de mayo de 2002, con el 53% de los votos, Álvaro Uribe Vélez ganó la Presidencia de Colombia. Ese mismo día anunció que, con mediación internacional, al margen de sus prioridades en materia de seguridad, no se descartaba un diálogo con los grupos armados, siempre y cuando estos abandonaran las prácticas terroristas y facilitaran un cese de hostilidades comprobable.

Una expectativa que empezó a cambiar desde el mismo día que Uribe asumió la Presidencia en agosto, porque las Farc lo recibieron con un ataque de morteros a varias unidades militares y la propia Casa de Nariño, que dejó como saldo 27 personas muertas. Por eso, de inmediato Uribe, como apertura a su política de Seguridad Democrática, declaró el Estado de Conmoción Interior.

Con nuevos impuestos para fortalecer las Fuerzas Armadas y creación de zonas de rehabilitación en áreas geográficas donde las Farc tenían algún dominio territorial, entre otras medidas, el Gobierno Uribe inició su ofensiva contra la guerrilla. Con un factor adicional: desde la era Pastrana se había puesto en marcha el Plan Colombia, a través del cual Estados Unidos fortaleció el accionar de la Fuerza Pública.

A pesar de su prioridad por la seguridad, Uribe designó como Alto Comisionado de Paz al siquiatra Luis Carlos Restrepo, quien planteó de entrada que la ONU debía mantener sus buenos oficios para la búsqueda de una negociación en Colombia, pero no participar en procesos para la liberación de secuestrados. Esa fue la misma premisa que Uribe llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No obstante, la crisis de los políticos, militares y policías, cautivos en las cárceles de la selva justificó una dinámica de resistencia de algunos sectores sociales al unanimismo por la guerra. Mientras la comunidad internacional alentaba la posibilidad de un canje y hasta se planteaba la opción de que un país amigo recibiera a los guerrilleros que salieran de las cárceles, el Gobierno se negó tajantemente.

“Primero tienen que liberar a todos los secuestrados y segundo, los que nosotros liberemos, tendrían que ir a un país amigo que no les permitiera su regreso”, fue la postura esbozada por el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos. La réplica, acompañada de testimonios de supervivencia de los secuestrados, fueron los reclamos de la sociedad en busca de un acuerdo humanitario.

En ese contexto, el año 2003 arrancó en un debate nacional con tendencia a crecer hasta niveles de pugnacidad abierta. Con el agravante de que, en vez de anuncios para un eventual negociación con la guerrilla, el Gobierno Uribe hizo pública su iniciativa de emprender un proceso de paz con los grupos paramilitares. En medio de la presión social, el Ejecutivo sacó a relucir una fórmula intermedia.

Le solicitó al obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, al exministro de Trabajo Angelino Garzón y al sacerdote Darío Echeverri, que con el apoyo del Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo y los buenos oficios de las Naciones Unidas, buscaran una forma de llegar a un acuerdo humanitario entre el Gobierno y las Farc para la liberación de los políticos, militares y policías secuestrados.

Una iniciativa que, sin embargo, se desvaneció en pocos días porque el 7 de febrero de 2003, un carro bomba estalló en el Club El Nogal, en Bogotá, causando la muerte a 36 personas. Aunque la participación de las Farc en el hecho solo se ratificó días después, esa evidencia echó al traste las intenciones de negociación y dieron aliento al Gobierno a su propósito de priorizar el rescate militar.

En medio de la controversia, en febrero de 2003, las Farc sumaron a su lista de canjeables a tres norteamericanos que viajaban a bordo de una avioneta en la región del Caquetá. El piloto Thomas Howes, el proceso de imágenes Mark Gonsalves y el analista de sistemas Keith Stansell fueron secuestrados. El colombiano Luis Alcides Cruz y el norteamericano Thomas Janis fueron asesinados. 

Las Farc hicieron pública una comunicación resaltando que Estados Unidos intervenía en el conflicto colombiano y por eso los tres norteamericanos pasaban a ser prisioneros de guerra. Además manifestaron que para regresar a su libertad, lo mismo que los demás cautivos, el Gobierno tenía que desmilitarizar una amplia zona del país y promover un proceso acompañado de gobiernos internacionales.

La respuesta del gobierno Uribe fue cancelar cualquier opción por un acuerdo humanitario y agilizar su primer intento de rescate militar. La llamada “Operación Monasterio”, el 5 de mayo de 2003. Un operativo organizado por Fuerzas Especiales del Ejército en área rural del municipio de Urrao (Antioquia), que terminó en tragedia.  Cuando las Farc detectaron la acción, asesinaron a los cautivos.

En ese fallido rescate militar, a sangre fría las Farc causaron la muerte del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, su consejero de paz Gilberto Echeverri, y ocho militares. En consecuencia, el Gobierno sepultó cualquier posibilidad de acuerdo humanitario, y el propio Presidente dejó claro que su único camino era exigir la libertad de todos los secuestrados en poder de las Farc.

La crisis motivó la unión de los expresidentes liberales Alfonso López, Julio César Turbay, Ernesto Samper y Carlos Lemos, para que no se perdiera la posibilidad de un acuerdo humanitario. En el contexto internacional, desde Europa empezaron a llegar mensajes para exigir la liberación de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Las Farc, a través de cartas a la ONU y el grupo de Río, insistieron en el canje.

Todo el año 2003 se fue en la disyuntiva entre la guerra y la paz. Con una dura ofensiva militar por parte del Gobierno y la negativa de las Farc a ceder en sus exigencias para el canje. Sin embargo, el 2 de enero de 2004 se produjo un hecho que alteró el curso de los acontecimientos. En Quito (Ecuador), fue capturado el jefe guerrillero e integrante del Estado Mayor de las Farc, Ricardo Palmera o “Simón Trinidad”.

De inmediato, fue enviado a Colombia y en medio de la euforia oficial, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, se anticipó a los hechos anunciando que se iba a revisar si el detenido era requerido en extradición por Estados Unidos. La sorpresa fue admitir que no tenía una sola orden de captura en su contra. No obstante, en pocos días ya estaba proceso por varios delitos y su detención se volvió el eje de la polémica pública.

En adelante, la discusión por el acuerdo humanitario se volvió más compleja porque, como se esperaba, las Farc anunciaron que cualquier acuerdo para el canje debía incluir a “Simón Trinidad”. Los meses siguieron pasando sin opción alguna para la paz, y más bien asociados al proyecto militar publicitado por el Gobierno para extender su política de seguridad: el denominado Plan Patriota.

La confrontación armada se regó como pólvora y el presidente Uribe emprendió una acción internacional para insistir que las Farc tenía campos de concentración en los que mantenía cautivos a oficiales del Ejército y la Policía más algunos políticos, con la pretensión de liberarlos a cambio de 400 guerrilleros presos en las cárceles. En ese tiempo Uribe insistió en Europa que las Farc eran el Hitler colombiano.

Ese 2004 se recrudeció la polarización política cuando en el Congreso empezó el trámite para cambiar la Constitución y permitir la reelección presidencial. Ya cuando esta iniciativa era una realidad, trascendió que el Gobierno le había propuesto a las Farc liberar a 50 guerrilleros procesados o condenados por rebelión, siempre y cuando viajaran al extranjero o fortalecieran las políticas de reinserción.

A cambio, la guerrilla debía liberar a todos los secuestrados. Las Farc calificaron la propuesta como carente de realismo y de seriedad, y reiteraron su fórmula de una zona desmilitarizada, a imagen y semejanza de la región del Caguán. Ante la negativa de la insurgencia a la opción de Uribe, el Presidente echó mano del jefe guerrillero preso “Simón Trinidad” para presionar una salida.

En diciembre de 2004, al tiempo que autorizó la extradición de “Simón Trinidad” a Estados Unidos, anunció que estaba dispuesto a liberarlo si las Farc, antes del 30 de diciembre liberaban a 73 colombianos y extranjeros incluidos en la lista de los canjeables. Como el ultimátum no prosperó, en la tarde del 31 de diciembre, el jefe guerrillero fue extraditado creando más dificultades a un acuerdo humanitario.

Acto seguido, las Farc enviaron una carta a la ONU para solicitarles su facilitación en un eventual acuerdo humanitario y esbozaron una nueva fórmula para impulsarlo: el despeje militar de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. Y mientras se abría un nuevo debate por la propuesta de la guerrilla, sobrevino otro hecho que cambió la dinámica política de la confrontación armada.

Aunque los hechos sucedieron en la segunda semana de 2004, solo trascendieron en enero de 2005. En una cafetería situada en Caracas (Venezuela), miembros de la Policía Secreta de ese país detuvieron al vocero internacional de las Farc, “Rodrigo Granda”, de manera irregular lo llevaron hasta la frontera con Colombia, y luego en Cúcuta (Norte de Santander), la Policía Nacional lo presentó como capturado en esa ciudad. 

La irregular detención de Rodrigo Granda precipitó una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, y el presidente del vecino país Hugo Chávez ordenó el retiro de su embajador en Bogotá. Uribe Vélez, en vez de buscar un acercamiento, se fue al contraataque y acusó al mandatario venezolano de permitir que los guerrilleros de las Farc y del Eln encontraran refugio en esa nación.

Fueron largos días de tensión binacional y tuvieron que intervenir varias naciones para resolver la crisis. Además, en respuesta a quienes insistían en el acuerdo humanitario el Gobierno Uribe dio por concluida la misión en Colombia del delegado de Naciones Unidas para la paz Jame LeMoyne.  En contraste, le hizo saber al país que los únicos autorizados para ser contactos con los grupos armados eran el Presidente o el Alto Comisionado de Paz.

En agosto de 2005, cuando los caminos hacia el acuerdo humanitario parecían cerrados, surgió otra propuesta, esta vez defendida por los familiares de 12 diputados del Valle del Cauca que hacían parte de la lista de canjeables desde abril de 2002. La fórmula era habilitar una zona de encuentro en la vereda Aures del municipio de Caicedonia (Valle), para promover un encuentro directo entre Gobierno y Farc.

Días después, la guerrilla respondió que las acciones militares en la región impedían la concreción de esa zona de encuentro y reiteró que su única propuesta era el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida (Valle), durante 30 días. Ante la negativa de las Farc, el Gobierno Uribe expresó que en su mandato no eran posibles los despejes, aunque autorizaba a la Iglesia Católica para buscar avances.

Cada día era propicio para seguir intentando iniciativas. Por eso, en septiembre, el Ejecutivo planteó una reunión entre delegados del Gobierno y las Farc en el corregimiento de Bolo Azul, del municipio de Pradera (Valle) para definir los términos de negociación de un posible acuerdo humanitario. Con su silencio, las Farc demostraron que no tenían interés en ese camino y luego, a través de un video, reiteró su opción por el despeje de Pradera y Florida.

A finales de noviembre, tras una misión técnica exploratoria con apoyo de Francia, Suiza y España, se habilitó otra propuesta. En esta ocasión, un encuentro en El Retiro, situado en Pradera, con apoyo de la Cruz Roja Internacional y delegados de los países garantes. Eran 180 kilómetros del corregimiento, pero tampoco se pudo concretar y los desacuerdos dominaron el panorama hasta el final de año.

A la sumatoria de esfuerzo por el acuerdo humanitario se sumó también el exministro Álvaro Leyva Durán con una fórmula que llamó “El arca de Noé”. Partía de que todos los sectores del país reconocieran la existencia del conflicto armado, se parara la confrontación durante seis meses y en ello se buscaran consensos.  Aunque hubo algunos contactos, nuevamente fracasaron las buenas intenciones.

En esas vueltas y frustraciones por el acuerdo de paz se produjo la reelección presidencial de Álvaro Uribe. Corría el mes de mayo de 2006 y, para corresponder al clamor nacional, el Presidente aceptó que su Comisionado de Paz volviera a buscar caminos para alcanzar el acuerdo humanitario. Sin embargo, en pocos días recobraron su protagonismo los inamovibles de siempre.

Además, el jueves 20 de octubre de 2006, cualquier expectativa de acuerdo entre el Gobierno y las Farc por el pacto humanitario, se hizo trizas por un hecho que provocó la reacción del Ejecutivo.  Ese día, explotó una camioneta Ford Explorer cargada con 60 kilos de explosivos en un parqueadero de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá. El atentado dejó 25 personas heridas y por eso Uribe desautorizó cualquier encuentro con la guerrilla.

En ese momento, acababa de estallar el escándalo de la “Parapolítica”, y en vez del acuerdo humanitario, se abrió paso una controversia política sin opciones intermedias. La sorpresa de unos y otros se dio en el amanecer de 2007, cuando trascendió que en zona selvática de los Montes de María (Sucre), el exministro Fernando Araújo se evadió de sus captores y fue rescatado por tropas combinadas de la Armada y el Ejército.

La hazaña recobró la idea de que era posible el rescate de los cautivos, y se reforzó dos meses después, a finales de abril, cuando otro de los secuestrados, el subintendente de la Policía John Frank Pinchao, también logó su libertada a través de una fuga. Lleva ocho años, seis meses y 15 días de cautiverio. A lo largo de todo ese 2007, siguió la pugna por un acuerdo humanitario sin opciones reales.

Hacia junio, súbitamente Uribe anunció la liberación de 200 guerrilleros que no estuvieran condenados por delitos graves o conductas atroces. Su iniciativa era convertirlos en “Gestores de Paz”, y la norma aplicada era la Ley de Justicia y Paz, creada para el proceso de desmovilización con los paramilitares. En ese contexto, sin mucho ruido, el vocero internacional de las Farc Rodrigo Granda quedó libre.

No obstante, las Farc no tuvieron un acto reciproco y reiteró que sin la desmilitarización de Pradera y Florida no era viable negociar con el Gobierno. Álvaro Leyva terció en la nueva crisis con una nueva fórmula llamada “Plan retorno a casa”, a través de una zona de encuentro en el Valle. Tampoco prosperó. En cambio, se precipitó una nueva tragedia, esta vez por la muerte de 11 diputados del Valle.

Las Farc anunciaron que habían caído muertos en medio del fuego cruzado después del ataque de un grupo militar no identificado. Únicamente sobrevivió el diputado Sigifredo López. La reacción de la sociedad fue la realización de una gigantesca marcha el 5 de julio con diversos reclamos. Unos protestando contra las Farc, otros pidiendo el acuerdo humanitario y todos desautorizando el secuestro.

La sinsalida por el acuerdo tuvo un nuevo capítulo a partir de agosto de 2007 cuando la senadora Piedad Córdoba le solicitó públicamente al presidente de Venezuela Hugo Chávez que ayudara. Días después, Uribe la nombró facilitadora y aceptó que el mandatario del vecino país apoyara el proceso. Entonces, Chávez viajó a Colombia, habló con Uribe y todo parecía avanzar hacia un final exitoso.

Sin embargo, el protagonismo político que fueron teniendo Piedad Córdoba y Hugo Chávez exasperó a Uribe. Sobre todo después de noviembre, cuando en el Palacio de Miraflores, sede presidencial en Venezuela, los mediadores para el acuerdo se reunieron con el miembro del secretariado Iván Márquez, el vocero internacional de las Farc Rodrigo Granda y dos acompañantes más.

El 21 de noviembre, a Uribe se le llenó la taza y cesó la mediación el mandatario venezolano y la senadora liberal. El pretexto fue una llamada de Chávez al comandante del Ejército en Colombia, general Mario Montoya, a pesar de que Uribe le había advertido que no se comunicara con el alto mando militar. El hecho desató una nueva crisis diplomática entre Colombia y Venezuela.

En medio de la crisis, las Farc anunciaron que como un desagravio al presidente Chávez y la Senadora, habían decidido liberar a tres de sus prisioneros: Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas y su hijo nacido en cautiverio, en ese momento llamado Emanuel. Eso sí, las Farc condicionaron la entrega a que fueran recibidos por el presidente venezolano y la congresista.

La llama operación Emanuel comenzó a estructurarse a finales de 2007 pero tuvo un singular desenlace, cuando el 31 de diciembre, Uribe anunció que el retraso para la entrega de los secuestrados obedecía a que las Farc no tenían en su poder al niño. Después se supo que estaba en custodia en una sede del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en Bogotá. Fueron largos días de incertidumbre y pelea política.

Finalmente, el 10 de enero de 2008, fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, el desenlace del operativo terminó en Venezuela. De inmediato las Farc anunciaron la entrega de Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán. A pesar de que la expectativa estaba centrada en las nuevas liberaciones, de nuevo se atravesó un episodio de guerra.

El 1 de marzo se puso en marcha la operación Fénix que concluyó a la madrugada del dos con la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Como era de esperarse, la acción desató un conflicto diplomático esta vez por el gobierno de Ecuador. Entre tanto, el Estado, a través del poder judicial, comenzó a presionar con los supuestos hallazgos en los computadores de Raúl Reyes.

No fueron días fáciles para las Farc. En mayo trascendió la muerte natural de su máximo jefe Manuel Marulanda Vélez y también la de Iván Ríos, asesinado por uno de sus segundos. Las filtraciones de los datos encontrados en los computadores de Reyes causaban escándalo y las perspectivas del acuerdo humanitario se convirtieron en una opción casi imposible de realizar.

Entonces, vino otro hecho que le dio la vuelta al mundo. La operación Jaque, ocurrida el 2 de julio de 2008, cuando a través de una hábil maniobra de engaño y sin disparar un solo tiro, un comando del Ejército rescató en el Guaviare a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, a los tres contratistas norteamericanos y a 11 miembros de la Fuerza Pública, la mayoría con más de 10 años de secuestro.

La acción le permitió a Uribe su mayor acierto, y quien más lo capitalizó fue su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. La operación Jaque fue un golpe contundente contra las Farc, organización a la que no le quedó otro camino que calificar de aventurera y temeraria esa acción. En medio de la propaganda oficial y con Íngrid Betancourt liberada, quedó de lado el acuerdo humanitario.

En octubre de 2008, el excongresista óscar Tulio Lizcano también logró evadirse de sus captores, pero quedaban 28 políticos, militares y policías aguardando una opción para volver a la libertad. En enero de 2009, regresaron los operativos humanitarios y regresaron a sus hogares el exgobernador  Alan Jara y el exdiputado Sigfredo López. No faltaron las peleas políticas de siempre.

Sobre todo hacia marzo de 2009, cuando Uribe volvió a intentar su historia de los gestores de paz. En esta ocasión publicitando la iniciativa de Nelly Ávila, alias Karina, excomandante del frente 49 de las Farc. A través de ella y de Olivo Saldaña, un supuesto exjefe de las Farc de sur del Tolima, intentó convencer a guerrilleros a que abandonaran las armas y ayudaran a liberar secuestrados.

Para la época, ya Uribe buscaba la opción de un tercer mandato y la polarización política del país había llegado al límite. Hasta marzo de 2010 se concretaron nuevas liberaciones de secuestrados, pero seguían en poder de las Farc 21 prisioneros de guerra. En medio del forcejeo, se produjo la Operación Camaleón, a través de la cual fueron rescatados cuatro de los cautivos políticos.

Como la opción del tercer mandato no cuajó, Uribe se dio a la tarea de buscar un reemplazo cercano a sus intereses. Escogió a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y todo hacía pensar que iba a llegar la segunda parte de la Seguridad Democrática. No obstante, después del 20 de junio de 2010, el elegido Santos empezó a cambiar el discurso y lo primero que hizo fue desmontar la pelea con Venezuela.

Después de ocho años, de confrontación armada en la era Uribe, las Farc estaban muy golpeadas pero no vencidas, y todavía quedaba un grupo de prisioneros de guerra esperando un acuerdo humanitario. Solo después de agosto de 2010, la historia comenzó a dar un giro de 180 grados y de la guerra absoluta se fue pasando a un discurso de paz que hoy protagoniza en Colombia.

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2. El exterminio de la UP
3. El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4. Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos

El 26 de mayo de 2002, con el 53% de los votos, Álvaro Uribe Vélez ganó la Presidencia de Colombia. Ese mismo día anunció que, con mediación internacional, al margen de sus prioridades en materia de seguridad, no se descartaba un diálogo con los grupos armados, siempre y cuando estos abandonaran las prácticas terroristas y facilitaran un cese de hostilidades comprobable.

Una expectativa que empezó a cambiar desde el mismo día que Uribe asumió la Presidencia en agosto, porque las Farc lo recibieron con un ataque de morteros a varias unidades militares y la propia Casa de Nariño, que dejó como saldo 27 personas muertas. Por eso, de inmediato Uribe, como apertura a su política de Seguridad Democrática, declaró el Estado de Conmoción Interior.

Con nuevos impuestos para fortalecer las Fuerzas Armadas y creación de zonas de rehabilitación en áreas geográficas donde las Farc tenían algún dominio territorial, entre otras medidas, el Gobierno Uribe inició su ofensiva contra la guerrilla. Con un factor adicional: desde la era Pastrana se había puesto en marcha el Plan Colombia, a través del cual Estados Unidos fortaleció el accionar de la Fuerza Pública.

A pesar de su prioridad por la seguridad, Uribe designó como Alto Comisionado de Paz al siquiatra Luis Carlos Restrepo, quien planteó de entrada que la ONU debía mantener sus buenos oficios para la búsqueda de una negociación en Colombia, pero no participar en procesos para la liberación de secuestrados. Esa fue la misma premisa que Uribe llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No obstante, la crisis de los políticos, militares y policías, cautivos en las cárceles de la selva justificó una dinámica de resistencia de algunos sectores sociales al unanimismo por la guerra. Mientras la comunidad internacional alentaba la posibilidad de un canje y hasta se planteaba la opción de que un país amigo recibiera a los guerrilleros que salieran de las cárceles, el Gobierno se negó tajantemente.

“Primero tienen que liberar a todos los secuestrados y segundo, los que nosotros liberemos, tendrían que ir a un país amigo que no les permitiera su regreso”, fue la postura esbozada por el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos. La réplica, acompañada de testimonios de supervivencia de los secuestrados, fueron los reclamos de la sociedad en busca de un acuerdo humanitario.

En ese contexto, el año 2003 arrancó en un debate nacional con tendencia a crecer hasta niveles de pugnacidad abierta. Con el agravante de que, en vez de anuncios para un eventual negociación con la guerrilla, el Gobierno Uribe hizo pública su iniciativa de emprender un proceso de paz con los grupos paramilitares. En medio de la presión social, el Ejecutivo sacó a relucir una fórmula intermedia.

Le solicitó al obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, al exministro de Trabajo Angelino Garzón y al sacerdote Darío Echeverri, que con el apoyo del Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo y los buenos oficios de las Naciones Unidas, buscaran una forma de llegar a un acuerdo humanitario entre el Gobierno y las Farc para la liberación de los políticos, militares y policías secuestrados.

Una iniciativa que, sin embargo, se desvaneció en pocos días porque el 7 de febrero de 2003, un carro bomba estalló en el Club El Nogal, en Bogotá, causando la muerte a 36 personas. Aunque la participación de las Farc en el hecho solo se ratificó días después, esa evidencia echó al traste las intenciones de negociación y dieron aliento al Gobierno a su propósito de priorizar el rescate militar.

En medio de la controversia, en febrero de 2003, las Farc sumaron a su lista de canjeables a tres norteamericanos que viajaban a bordo de una avioneta en la región del Caquetá. El piloto Thomas Howes, el proceso de imágenes Mark Gonsalves y el analista de sistemas Keith Stansell fueron secuestrados. El colombiano Luis Alcides Cruz y el norteamericano Thomas Janis fueron asesinados. 

Las Farc hicieron pública una comunicación resaltando que Estados Unidos intervenía en el conflicto colombiano y por eso los tres norteamericanos pasaban a ser prisioneros de guerra. Además manifestaron que para regresar a su libertad, lo mismo que los demás cautivos, el Gobierno tenía que desmilitarizar una amplia zona del país y promover un proceso acompañado de gobiernos internacionales.

La respuesta del gobierno Uribe fue cancelar cualquier opción por un acuerdo humanitario y agilizar su primer intento de rescate militar. La llamada “Operación Monasterio”, el 5 de mayo de 2003. Un operativo organizado por Fuerzas Especiales del Ejército en área rural del municipio de Urrao (Antioquia), que terminó en tragedia.  Cuando las Farc detectaron la acción, asesinaron a los cautivos.

En ese fallido rescate militar, a sangre fría las Farc causaron la muerte del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, su consejero de paz Gilberto Echeverri, y ocho militares. En consecuencia, el Gobierno sepultó cualquier posibilidad de acuerdo humanitario, y el propio Presidente dejó claro que su único camino era exigir la libertad de todos los secuestrados en poder de las Farc.

La crisis motivó la unión de los expresidentes liberales Alfonso López, Julio César Turbay, Ernesto Samper y Carlos Lemos, para que no se perdiera la posibilidad de un acuerdo humanitario. En el contexto internacional, desde Europa empezaron a llegar mensajes para exigir la liberación de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Las Farc, a través de cartas a la ONU y el grupo de Río, insistieron en el canje.

Todo el año 2003 se fue en la disyuntiva entre la guerra y la paz. Con una dura ofensiva militar por parte del Gobierno y la negativa de las Farc a ceder en sus exigencias para el canje. Sin embargo, el 2 de enero de 2004 se produjo un hecho que alteró el curso de los acontecimientos. En Quito (Ecuador), fue capturado el jefe guerrillero e integrante del Estado Mayor de las Farc, Ricardo Palmera o “Simón Trinidad”.

De inmediato, fue enviado a Colombia y en medio de la euforia oficial, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio, se anticipó a los hechos anunciando que se iba a revisar si el detenido era requerido en extradición por Estados Unidos. La sorpresa fue admitir que no tenía una sola orden de captura en su contra. No obstante, en pocos días ya estaba proceso por varios delitos y su detención se volvió el eje de la polémica pública.

En adelante, la discusión por el acuerdo humanitario se volvió más compleja porque, como se esperaba, las Farc anunciaron que cualquier acuerdo para el canje debía incluir a “Simón Trinidad”. Los meses siguieron pasando sin opción alguna para la paz, y más bien asociados al proyecto militar publicitado por el Gobierno para extender su política de seguridad: el denominado Plan Patriota.

La confrontación armada se regó como pólvora y el presidente Uribe emprendió una acción internacional para insistir que las Farc tenía campos de concentración en los que mantenía cautivos a oficiales del Ejército y la Policía más algunos políticos, con la pretensión de liberarlos a cambio de 400 guerrilleros presos en las cárceles. En ese tiempo Uribe insistió en Europa que las Farc eran el Hitler colombiano.

Ese 2004 se recrudeció la polarización política cuando en el Congreso empezó el trámite para cambiar la Constitución y permitir la reelección presidencial. Ya cuando esta iniciativa era una realidad, trascendió que el Gobierno le había propuesto a las Farc liberar a 50 guerrilleros procesados o condenados por rebelión, siempre y cuando viajaran al extranjero o fortalecieran las políticas de reinserción.

A cambio, la guerrilla debía liberar a todos los secuestrados. Las Farc calificaron la propuesta como carente de realismo y de seriedad, y reiteraron su fórmula de una zona desmilitarizada, a imagen y semejanza de la región del Caguán. Ante la negativa de la insurgencia a la opción de Uribe, el Presidente echó mano del jefe guerrillero preso “Simón Trinidad” para presionar una salida.

En diciembre de 2004, al tiempo que autorizó la extradición de “Simón Trinidad” a Estados Unidos, anunció que estaba dispuesto a liberarlo si las Farc, antes del 30 de diciembre liberaban a 73 colombianos y extranjeros incluidos en la lista de los canjeables. Como el ultimátum no prosperó, en la tarde del 31 de diciembre, el jefe guerrillero fue extraditado creando más dificultades a un acuerdo humanitario.

Acto seguido, las Farc enviaron una carta a la ONU para solicitarles su facilitación en un eventual acuerdo humanitario y esbozaron una nueva fórmula para impulsarlo: el despeje militar de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. Y mientras se abría un nuevo debate por la propuesta de la guerrilla, sobrevino otro hecho que cambió la dinámica política de la confrontación armada.

Aunque los hechos sucedieron en la segunda semana de 2004, solo trascendieron en enero de 2005. En una cafetería situada en Caracas (Venezuela), miembros de la Policía Secreta de ese país detuvieron al vocero internacional de las Farc, “Rodrigo Granda”, de manera irregular lo llevaron hasta la frontera con Colombia, y luego en Cúcuta (Norte de Santander), la Policía Nacional lo presentó como capturado en esa ciudad. 

La irregular detención de Rodrigo Granda precipitó una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, y el presidente del vecino país Hugo Chávez ordenó el retiro de su embajador en Bogotá. Uribe Vélez, en vez de buscar un acercamiento, se fue al contraataque y acusó al mandatario venezolano de permitir que los guerrilleros de las Farc y del Eln encontraran refugio en esa nación.

Fueron largos días de tensión binacional y tuvieron que intervenir varias naciones para resolver la crisis. Además, en respuesta a quienes insistían en el acuerdo humanitario el Gobierno Uribe dio por concluida la misión en Colombia del delegado de Naciones Unidas para la paz Jame LeMoyne.  En contraste, le hizo saber al país que los únicos autorizados para ser contactos con los grupos armados eran el Presidente o el Alto Comisionado de Paz.

En agosto de 2005, cuando los caminos hacia el acuerdo humanitario parecían cerrados, surgió otra propuesta, esta vez defendida por los familiares de 12 diputados del Valle del Cauca que hacían parte de la lista de canjeables desde abril de 2002. La fórmula era habilitar una zona de encuentro en la vereda Aures del municipio de Caicedonia (Valle), para promover un encuentro directo entre Gobierno y Farc.

Días después, la guerrilla respondió que las acciones militares en la región impedían la concreción de esa zona de encuentro y reiteró que su única propuesta era el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida (Valle), durante 30 días. Ante la negativa de las Farc, el Gobierno Uribe expresó que en su mandato no eran posibles los despejes, aunque autorizaba a la Iglesia Católica para buscar avances.

Cada día era propicio para seguir intentando iniciativas. Por eso, en septiembre, el Ejecutivo planteó una reunión entre delegados del Gobierno y las Farc en el corregimiento de Bolo Azul, del municipio de Pradera (Valle) para definir los términos de negociación de un posible acuerdo humanitario. Con su silencio, las Farc demostraron que no tenían interés en ese camino y luego, a través de un video, reiteró su opción por el despeje de Pradera y Florida.

A finales de noviembre, tras una misión técnica exploratoria con apoyo de Francia, Suiza y España, se habilitó otra propuesta. En esta ocasión, un encuentro en El Retiro, situado en Pradera, con apoyo de la Cruz Roja Internacional y delegados de los países garantes. Eran 180 kilómetros del corregimiento, pero tampoco se pudo concretar y los desacuerdos dominaron el panorama hasta el final de año.

A la sumatoria de esfuerzo por el acuerdo humanitario se sumó también el exministro Álvaro Leyva Durán con una fórmula que llamó “El arca de Noé”. Partía de que todos los sectores del país reconocieran la existencia del conflicto armado, se parara la confrontación durante seis meses y en ello se buscaran consensos.  Aunque hubo algunos contactos, nuevamente fracasaron las buenas intenciones.

En esas vueltas y frustraciones por el acuerdo de paz se produjo la reelección presidencial de Álvaro Uribe. Corría el mes de mayo de 2006 y, para corresponder al clamor nacional, el Presidente aceptó que su Comisionado de Paz volviera a buscar caminos para alcanzar el acuerdo humanitario. Sin embargo, en pocos días recobraron su protagonismo los inamovibles de siempre.

Además, el jueves 20 de octubre de 2006, cualquier expectativa de acuerdo entre el Gobierno y las Farc por el pacto humanitario, se hizo trizas por un hecho que provocó la reacción del Ejecutivo.  Ese día, explotó una camioneta Ford Explorer cargada con 60 kilos de explosivos en un parqueadero de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá. El atentado dejó 25 personas heridas y por eso Uribe desautorizó cualquier encuentro con la guerrilla.

En ese momento, acababa de estallar el escándalo de la “Parapolítica”, y en vez del acuerdo humanitario, se abrió paso una controversia política sin opciones intermedias. La sorpresa de unos y otros se dio en el amanecer de 2007, cuando trascendió que en zona selvática de los Montes de María (Sucre), el exministro Fernando Araújo se evadió de sus captores y fue rescatado por tropas combinadas de la Armada y el Ejército.

La hazaña recobró la idea de que era posible el rescate de los cautivos, y se reforzó dos meses después, a finales de abril, cuando otro de los secuestrados, el subintendente de la Policía John Frank Pinchao, también logó su libertada a través de una fuga. Lleva ocho años, seis meses y 15 días de cautiverio. A lo largo de todo ese 2007, siguió la pugna por un acuerdo humanitario sin opciones reales.

Hacia junio, súbitamente Uribe anunció la liberación de 200 guerrilleros que no estuvieran condenados por delitos graves o conductas atroces. Su iniciativa era convertirlos en “Gestores de Paz”, y la norma aplicada era la Ley de Justicia y Paz, creada para el proceso de desmovilización con los paramilitares. En ese contexto, sin mucho ruido, el vocero internacional de las Farc Rodrigo Granda quedó libre.

No obstante, las Farc no tuvieron un acto reciproco y reiteró que sin la desmilitarización de Pradera y Florida no era viable negociar con el Gobierno. Álvaro Leyva terció en la nueva crisis con una nueva fórmula llamada “Plan retorno a casa”, a través de una zona de encuentro en el Valle. Tampoco prosperó. En cambio, se precipitó una nueva tragedia, esta vez por la muerte de 11 diputados del Valle.

Las Farc anunciaron que habían caído muertos en medio del fuego cruzado después del ataque de un grupo militar no identificado. Únicamente sobrevivió el diputado Sigifredo López. La reacción de la sociedad fue la realización de una gigantesca marcha el 5 de julio con diversos reclamos. Unos protestando contra las Farc, otros pidiendo el acuerdo humanitario y todos desautorizando el secuestro.

La sinsalida por el acuerdo tuvo un nuevo capítulo a partir de agosto de 2007 cuando la senadora Piedad Córdoba le solicitó públicamente al presidente de Venezuela Hugo Chávez que ayudara. Días después, Uribe la nombró facilitadora y aceptó que el mandatario del vecino país apoyara el proceso. Entonces, Chávez viajó a Colombia, habló con Uribe y todo parecía avanzar hacia un final exitoso.

Sin embargo, el protagonismo político que fueron teniendo Piedad Córdoba y Hugo Chávez exasperó a Uribe. Sobre todo después de noviembre, cuando en el Palacio de Miraflores, sede presidencial en Venezuela, los mediadores para el acuerdo se reunieron con el miembro del secretariado Iván Márquez, el vocero internacional de las Farc Rodrigo Granda y dos acompañantes más.

El 21 de noviembre, a Uribe se le llenó la taza y cesó la mediación el mandatario venezolano y la senadora liberal. El pretexto fue una llamada de Chávez al comandante del Ejército en Colombia, general Mario Montoya, a pesar de que Uribe le había advertido que no se comunicara con el alto mando militar. El hecho desató una nueva crisis diplomática entre Colombia y Venezuela.

En medio de la crisis, las Farc anunciaron que como un desagravio al presidente Chávez y la Senadora, habían decidido liberar a tres de sus prisioneros: Consuelo González de Perdomo, Clara Rojas y su hijo nacido en cautiverio, en ese momento llamado Emanuel. Eso sí, las Farc condicionaron la entrega a que fueran recibidos por el presidente venezolano y la congresista.

La llama operación Emanuel comenzó a estructurarse a finales de 2007 pero tuvo un singular desenlace, cuando el 31 de diciembre, Uribe anunció que el retraso para la entrega de los secuestrados obedecía a que las Farc no tenían en su poder al niño. Después se supo que estaba en custodia en una sede del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en Bogotá. Fueron largos días de incertidumbre y pelea política.

Finalmente, el 10 de enero de 2008, fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, el desenlace del operativo terminó en Venezuela. De inmediato las Farc anunciaron la entrega de Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán. A pesar de que la expectativa estaba centrada en las nuevas liberaciones, de nuevo se atravesó un episodio de guerra.

El 1 de marzo se puso en marcha la operación Fénix que concluyó a la madrugada del dos con la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Como era de esperarse, la acción desató un conflicto diplomático esta vez por el gobierno de Ecuador. Entre tanto, el Estado, a través del poder judicial, comenzó a presionar con los supuestos hallazgos en los computadores de Raúl Reyes.

No fueron días fáciles para las Farc. En mayo trascendió la muerte natural de su máximo jefe Manuel Marulanda Vélez y también la de Iván Ríos, asesinado por uno de sus segundos. Las filtraciones de los datos encontrados en los computadores de Reyes causaban escándalo y las perspectivas del acuerdo humanitario se convirtieron en una opción casi imposible de realizar.

Entonces, vino otro hecho que le dio la vuelta al mundo. La operación Jaque, ocurrida el 2 de julio de 2008, cuando a través de una hábil maniobra de engaño y sin disparar un solo tiro, un comando del Ejército rescató en el Guaviare a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, a los tres contratistas norteamericanos y a 11 miembros de la Fuerza Pública, la mayoría con más de 10 años de secuestro.

La acción le permitió a Uribe su mayor acierto, y quien más lo capitalizó fue su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. La operación Jaque fue un golpe contundente contra las Farc, organización a la que no le quedó otro camino que calificar de aventurera y temeraria esa acción. En medio de la propaganda oficial y con Íngrid Betancourt liberada, quedó de lado el acuerdo humanitario.

En octubre de 2008, el excongresista óscar Tulio Lizcano también logró evadirse de sus captores, pero quedaban 28 políticos, militares y policías aguardando una opción para volver a la libertad. En enero de 2009, regresaron los operativos humanitarios y regresaron a sus hogares el exgobernador  Alan Jara y el exdiputado Sigfredo López. No faltaron las peleas políticas de siempre.

Sobre todo hacia marzo de 2009, cuando Uribe volvió a intentar su historia de los gestores de paz. En esta ocasión publicitando la iniciativa de Nelly Ávila, alias Karina, excomandante del frente 49 de las Farc. A través de ella y de Olivo Saldaña, un supuesto exjefe de las Farc de sur del Tolima, intentó convencer a guerrilleros a que abandonaran las armas y ayudaran a liberar secuestrados.

Para la época, ya Uribe buscaba la opción de un tercer mandato y la polarización política del país había llegado al límite. Hasta marzo de 2010 se concretaron nuevas liberaciones de secuestrados, pero seguían en poder de las Farc 21 prisioneros de guerra. En medio del forcejeo, se produjo la Operación Camaleón, a través de la cual fueron rescatados cuatro de los cautivos políticos.

Como la opción del tercer mandato no cuajó, Uribe se dio a la tarea de buscar un reemplazo cercano a sus intereses. Escogió a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y todo hacía pensar que iba a llegar la segunda parte de la Seguridad Democrática. No obstante, después del 20 de junio de 2010, el elegido Santos empezó a cambiar el discurso y lo primero que hizo fue desmontar la pelea con Venezuela.

Después de ocho años, de confrontación armada en la era Uribe, las Farc estaban muy golpeadas pero no vencidas, y todavía quedaba un grupo de prisioneros de guerra esperando un acuerdo humanitario. Solo después de agosto de 2010, la historia comenzó a dar un giro de 180 grados y de la guerra absoluta se fue pasando a un discurso de paz que hoy protagoniza en Colombia.

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2. El exterminio de la UP
3. El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4. Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos