‘Es desafortunado que ser estudiante sea sinónimo de objetivo militar’: Idárraga

Andrés Idarraga renunció a su cargo de Director de Derechos Humanos de Alcaldía de Bogotá porque no estaba de acuerdo con el manejo que se le dio a los casos de abuso policial en medio del Paro Nacional de 2021.

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En el último encuentro realizado por la Comisión de la Verdad, entidad creada tras el Acuerdo de paz, se puso la lupa sobre la violencia contra la comunidad universitaria en todo el país, un fenómeno que hasta hoy sigue sumando víctimas. Durante la conversación con responsables, víctimas, comisionados de la Verdad y el presidente de esta institución, Francisco de Roux, el general (r) Óscar Naranjo, quien ejerció como director de la Policía Nacional entre 2007 y 2012, pidió perdón por su contribución a estigmatizar a la comunidad universitaria.

“Tengo que reconocer hoy que en muchos casos nos equivocamos y esas equivocaciones me llevan a pedir perdón. La universidad no estuvo exenta y fue estigmatizada. Cuando fui director de inteligencia contribuí a estigmatizarla por considerarla afín a grupos armados, ¡qué error tan grande!”, fueron sus palabras. Asimismo, Naranjo, quien fue vicepresidente durante el último año de gobierno de Juan Manuel Santos, dijo que lamentaba que en aquella época la confrontación entre policías y estudiantes universitarios se haya dado “de manera adversarial” y reforzando el imaginario del “enemigo interno”.

Andrés Idárraga, quien fue líder del movimiento estudiantil cuando estudiaba en la Universidad Libre en 2002, afirma que tras las declaraciones de Naranjo se despertó un dolor que había querido ocultar desde hace 20 años. Desde su cuenta de Twitter, dijo que acepta el perdón del exdirector de la Policía. Idárraga, hoy defensor de derechos humanos, fue víctima de abuso policial y de intentos de desaparición forzada. En entrevista con Colombia+20, cuenta su historia.

¿Cómo recuerda usted la época en la que fue líder estudiantil? ¿Cómo actuó la Policía?

Estamos hablando de la primera mitad de la década del 2000. Cuando terminaba el gobierno de Pastrana e iniciaba el primer periodo de Uribe. Esa época estaba cruzada por los diálogos de paz en el Caguán y una importante participación de la academia a este acercamiento. Esto le costó al mundo universitario: docentes, trabajadores y estudiantes. Yo estudiaba en la Universidad Libre, donde me gradué como abogado. Con otros estudiantes, teníamos un proyecto, un periódico, haciendo trabajo en La Picota con reclusos. Nos tocó salir de ahí porque nos declararon objetivo militar y difundieron panfletos dentro de la cárcel. No pudimos volver a visitar a los presos políticos.

Recuerdo que hubo varios hitos, como la defensa al Hospital San Juan de Dios y la aparición del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En esa época, esa era la fuerza disponible. Luego el operativo de represión en las protestas era combinado y conjugado con inteligencia militar, cuando Óscar Naranjo era el encargado de la inteligencia de la Policía. Entonces, la estigmatización a las movilizaciones campesinas que eran respaldadas por el movimiento universitario eran muy fuertes.

¿Cómo fueron los hechos en los que usted terminó siendo víctima de agentes de la Policía?

Tengo que confesar que eso no lo he contado públicamente, pero escuchar las declaraciones del general (r) Naranjo me revolvió. No hablo ni represento a todas las víctimas de esa persecución universitaria. Quizá soy de los que menos sufrió en comparación con personas que a perpetuidad tuvieron que exiliarse o que fueron asesinados.

Era el vocero nacional de la Asociación de Estudiantes de la Universidad y Agremiados. Las luchas sociales eran mucho más articuladas hacia lo antiestatal y el inconformismo con el Gobierno. En Bogotá sí tenían un componente muy fuerte, una masiva movilización parecida a la que se da hoy. En mi criterio, había más libertad para la represión y eso se debió a la ausencia de un protocolo para la garantía de la protesta.

Fue en 2003, si no me equivoco, cuando un paro campesino terminó en la Plaza de Bolívar en un enfrentamiento. El Esmad se enfrentó al movimiento social de campesinos y estudiantes, pero los acorralaron y los policías tuvieron que salir de la plaza. Después de eso vinieron las detenciones. Me acuerdo de una camioneta con placas particulares nos estaba rodeando a la altura de la calle 10 entre la carrera tercera y octava. El conductor era un un agente de la Policía. Un grupo de gente salió gritando y corriendo, yo también corrí y me detuvieron, subieron a la camioneta y empezaron a dar vueltas y vueltas por el barrio. Pensé: “me van a desaparecer”. No sabes lo que viví en esos momentos, recuerdo haber pasado por Las Cruces y el barrio Lourdes. Llegó un momento en que la camioneta se detiene y un policía se baja porque tenía que hace una llamada. Me bajan en la SIJIN y un oficial había llegado a cambiar el turno. El tipo me deja salir porque no tenían cargos contra mí.

Estaba muy asustado e incomunicado. Lo único que logré hacer fue esconderme donde una amiga que vivía en el barrio Eduardo Santos. Me acuerdo que el oficial con el que iba en la camioneta me decía: “Si usted llega a hablar yo lo mando a matar”. Tenía mucho temor y no me atrevía a volver a mi casa, entonces me quedé unos días ahí y luego a la casa del Colectivo José Alvear Restrepo, mientras sabía cuál era mi situación judicial. Me tuve que perder de mi casa del miedo. Mi mamá no sabía dónde estaba, ella estuvo 10 días sin saber mi paradero. Imagínate el dolor de mi mamá pensando dónde estaba su hijo o el cuerpo.

¿Qué pasó después cuando se devolvió a su casa?

Volví y otros estudiantes me contaron lo que había pasado, sobretodo detenciones ilegales. Entonces me atrevo a ir a la Defensoría del Pueblo para poner la denuncia del caso. Días después me empezaron a llegar amenazas a la casa de mi abuela. Yo ni siquiera vivía ahí. Pero mi abuela me llamó a contar que había llegado un grupo de hombres a buscarme. Nunca pude averiguar el nombre de los policías. Mi caso fue documentado en una denuncia que se hizo ante Noruega. Uno de los abogados fue Diego Martínez, uno de los redactores del Acuerdo de paz. En suma, es un episodio que cuando me pongo a recordar me dan ganas de llorar y mal genio.

¿Cómo tomó las declaraciones del general (r) Óscar Naranjo?

Reconozco que el general (r) hable con la verdad, pero que hablen todas las personas que estuvieron involucradas en esos actos que terminaron en reprensión y el sufrimiento de la familia entera. Creo que que hay muchos policías que siguen involucrados, que siguen haciendo de las suyas en las calles, que la ideología del enemigo interno se mantiene. Es preocupante porque es lo mismo que me pasó a mí hace casi veinte años. Con otras formas, pero es lo que le pasa a la gente que sale a manifestarse: con policías más agresivos para contener las protestas, con seguimientos, con hostigamientos, y siguen más estudiantes que pierden sus vidas, salen mutilados, pierden sus ojos. Si bien es muy importante que el general (r) cuente la verdad y acepte, el perdón debe ser institucional, no solo individual. Al movimiento universitario, porque no es solo estudiantil, lo encasillaron en la insurgencia, de manera irresponsable y peligrosa.

¿Cómo ve, como defensor de derechos humanos, la situación de protesta social en Colombia?

Los derechos humanos se volvieron solamente un ámbito de la oposición del Gobierno. Los derechos humanos se volvieron de izquierda. Y la gente no entiende que los derechos humanos y la protección nos involucra a todos. Cuando alguien exige un trabajo digno, educación de calidad o un sistema de salud estable, está defendiendo los derechos humanos.

Después de graduarme yo tuve que exiliarme un tiempo en Argentina. Luego volví empecé a trabajar como defensor de derechos humano, y fui director de Derechos Humanos en el periodo de Gustavo Petro y ahorita de Claudia López. Sin embargo, renuncié públicamente por estar en contra del contenido que se iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El principal problema que hoy azota Bogotá en materia derechos humanos es el abuso policial. Y en marzo del año pasado, cuando llegué, le propuse el secretario de Gobierno crear una ruta de protección para atender a las víctimas de las movilizaciones. Pero tras lo sucedido en el manejo del Paro Nacional tuve que separarme de mi cargo por tener profundas diferencias en el manejo en relación con la Fuerza Pública.

¿Cuáles son sus reflexiones sobre el perdón y el reconocimiento de la voz de las víctimas?

Para el perdón deben haber garantías de no repetición. Aquí se habla de quienes estuvieron al frente, de los cargos individuales, pero la represión en la protesta ha sido sistemática, un actuar que continúa hasta hoy. Entonces es desafortunado que ser defensor de derechos humanos, ser profesor, ser estudiante sea sinónimo de ser un objetivo militar o policial.

Hoy el general (r) de la Policía se arrepiente, pero las cosas en las calles siguen igual. Necesitamos que haya un arrepentimiento estructural e institucional. Que el Estado en conjunto se comprometa a un cambio y pida perdón, no que un sujeto simplemente se limite a dar sus mejores intenciones. Su declaraciones son claves, porque la verdad es un derecho humano; el derecho a la paz es un derecho humano y sin la vida no hay democracia.

Espero que el informe de la Comisión de la Verdad incluya el episodio de la represión en las universidades, sino sería una verdad incompleta. Es necesario explorar por qué la privatización de la educación tiene que ver con la represión policial y la expansión del paramilitarismo en Colombia. El fenómeno pasó por todo el país: en el Valle del Cauca, Cauca, la Costa, Antioquia, Santander. Esta es una deuda pendiente con las víctimas estudiantiles, profesores y trabajadores universitarios.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, los agentes del Estado fueron los responsables del 36,5 % de los asesinatos a estudiantes universitarios entre 1962 y 2011. Los paramilitares cometieron el 29,46 % de los asesinatos y las guerrillas, el 0.8%

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