Los archivos de Calarcá Córdoba que se conocieron este domingo —y que revelaron los vínculos del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) con miembros de la Fuerza Pública— minaron nuevamente la confianza en el proceso que adelanta el Gobierno con esa estructura, justo dos días después de que terminara el séptimo ciclo de diálogos en Campo Hermoso, Caquetá.
Gloria Quiceno, jefa negociadora del Gobierno en el proceso con el EMBF, se pronunció sobre esas infiltraciones que, entre otras cosas, vinculan al grupo armado con un general del Ejército y con un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). “Yo no tengo un conocimiento. Yo puedo responder por la paz”, dijo en entrevista con W radio.
Las preguntas sobre cómo avanza la mesa y sobre la voluntad real del EMBF de llegar a un acuerdo con el Gobierno Petro se intensificaron a la par de las revelaciones. Sin embargo, Quiceno insistió en que ha durante las reuniones ha visto disposición por parte de Calarcá. “La reactivación de la mesa, después de un año (en octubre de 2023 se había dado el sexto ciclo), la hicimos con la presencia de organismos internacionales. Yo he visto una persona dispuesta. En unos momentos es una persona dura, férrea”, afirmó.
Las comunicaciones que hoy rodean de dudas el proceso fueron halladas en un computador incautado en julio de 2024 a la disidencia durante un retén en Antioquia, mientras se transportaban en camionetas de la UNP. El equipo fue entregado a la Fiscalía, donde permaneció más de un año sin análisis forense, un hecho que aumentó la controversia.
Ese es uno de los argumentos que la delegación del Gobierno ha utilizado para defender la continuidad de la mesa: que las conversaciones fueron encontradas en computadores incautados hace un año y que, desde entonces, la mesa ha avanzado en compromisos y tareas, como los que se conocieron el pasado 21 de noviembre.
En pacto las elecciones, esto se acordó en el séptimo ciclo
El más reciente ciclo de la mesa con Calarcá que terminó en Campo Hermoso, en el Caguán, el pasado viernes, dejó una declaración conjunta y seis acuerdos que habían sido presentados como una señal de estabilidad y transparencia del proceso.
Uno de los acuerdos es un pacto para que se desarrollen en total tranquilidad las elecciones de 2026. Este punto adquiere especial relevancia en un país que se acerca a las urnas en medio de una nueva oleada de violencia. En territorios donde el Estado aún no tiene presencia efectiva y donde operan estructuras como la de Calarcá, la política y las armas vuelven a cruzarse.
En ese sentido, el acuerdo sobre los comicios pactado con el EMBF precisa que se trata de un pacto “que permita el libre ejercicio de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos”, y que garantice, además, que todos los partidos y candidatos puedan presentar sus propuestas ante el electorado en todo el país.
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Frente a ese panorama, el documento también señala que “el EMBF de las FARC-EP se compromete a no interferir y respetar el normal desenvolvimiento de las elecciones de 2026”. Además, define el mecanismo para reportar posibles delitos electorales. “El EMBF de las FARC-EP informará de estas por intermedio de la delegación del Gobierno a las autoridades competentes”, dice ese acuerdo.
Los otros puntos son acuerdos que ya se habían contemplado en ciclos previos. Hay uno especial de desescalamiento del conflicto para mitigar los efectos de la confrontación entre la población civil, funcionarios gubernamentales, firmantes de paz, miembros de la Fuerza Pública e integrantes del EMBF.
También hay un acuerdo sobre tierra y transformación territorial que promueve el acceso a la tierra y la constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Este pacto no difiere de otros que se han presentando en anteriores rondas de negociación, excepto por algunos cambios como el respaldo de las comunidades para impulsar la consolidación de las Áreas de Protección y Producción de Alimentos (APPA) y la realización de visitas al Arco amazónico, Catatumbo, Antioquia y Sur de Bolívar para “realizar un diálogo sobre el estado y las vías de implementación de lo pactado”, no difiere de otros que se han presentando en anteriores rondas
El otro pacto es sobre ambiente y revitalización de la selva, que plantea la contención de la tala de bosques, la sustitución de cultivos de coca y la protección de Parques Nacionales Naturales.
En este sí hay algunas novedades como la caracterización socioambiental del parque Nacional Chiribiquete “para identificar la situación de las familias y el estado de las fincas ubicadas hoy dentro del parque” y “gestionar proyectos productivos sostenibles para las familias ubicadas en el parque”.
Una negociación avanzaba entre pausas y encuentros polémicos
El sexto ciclo de diálogos ocurrió hace un año. Después de ese encuentro -que se dio en octubre de 2024- la mesa entró en una etapa letárgica. Lo que no se conocía en ese momento, eran los presuntos movimientos de la disidencia para tejer nexos con la Fuerza Pública y evadir operativos en el Catatumbo y el sur de Bolívar.
Fue hasta Semana Santa de este año que el presidente Petro anunció decisiones que movieron el tablero: una carta que oficializó la no extensión del cese al fuego con ese grupo y un decreto que suspendió las operaciones militares ofensivas para avanzar en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
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Sin embargo, la reactivación oficial de la mesa se dio hasta julio de 2025, tras una reunión en la que se pactaron nuevos compromisos.
En agosto, la negociación del Gobierno con la disidencia de Calarcá volvió a ocupar los titulares. Un día después del ataque del Frente 36 del EMBF en Amalfi —en el que murieron 13 policías que realizaban erradicación manual de cultivos ilícitos—, el Gobierno sostuvo una reunión con la disidencia que resultó polémica. El hecho violento aumentó la presión sobre la mesa y retrasó la creación de la ZUT.
Ese encuentro no fue anunciado por las partes. Fue el propio Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, quien le confirmó a Colombia+20 de El Espectador que la reunión se estaba realizando con varios delegados del Gobierno.
Lo que sigue en la mesa
Ante el nuevo escándalo surgieron dudas sobre la persistencia del proceso. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el séptimo ciclo queda en firme y que los acuerdos alcanzados continúan vigentes. Por su parte, la delegación de Calarcá reafirma que no se levantará de la mesa.
La delegación de Petro en la mesa-dice Gloria Quiceno– ha endurecido las exigencias al grupo armado, ante la posibilidad de que el proceso esté siendo manipulado y que el EMBF lo haya utilizado para fortalecerse.
Quiceno anunció que en los próximos días se espera que haya una reunión con Calarcá.
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