6 Oct 2021 - 5:49 p. m.

Estos son los finalistas del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos

El próximo 21 de octubre, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, serán galardonados el defensor(a) del año, el defensor(a) con toda una vida de lucha, así como el proceso colectivo de base y la organización acompañante del año. Los liderazgos del Paro Nacional, entre los nominados de esta décima versión.

Hace 10 años, al igual que ahora, defender los derechos humanos en Colombia era un ejercicio peligroso. En ese momento, no se había firmado el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado colombiano que, de alguna manera, les entregó más herramientas de protección. Con tantos ataques, a nivel internacional surgió una iniciativa para resaltar a quienes aún así dedicaban su vida a esa labor y así tratar de blindarlos ante las amenazas de los violentos. Desde la Act Iglesia Sueca y Diakonia, organización de ese mismo país, crearon el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

En esta década de existencia, el premio ha reconocido la labor de un puñado de los más importantes liderazgos en casi todas las regiones del país. Por allí han pasado Francia Márquez, lideresa en el Cauca; Leyner Palacios o María Ligia Chaverra, en Chocó; Islena Rey, en Meta; Fabiola Lalinde o Isabel Cristina Zuleta, en Antioquia; entre muchos otros.

Vea los ganadores de la edición 2020 aquí

Este año, la situación para los defensores de derechos humanos en Colombia, como en los años anteriores, no es alentadora. Según el Programa Somos Defensores, entre enero y junio de 2021 fueron asesinados 58 líderes sociales en el país. En total, en ese lapso se registraron 524 agresiones contra esta población en Colombia. A ello se la suman los estragos de la pandemia del Covid-19, que, como dijo hoy en el lanzamiento de esta nueva versión del premio Verdiana García, de Act Iglesia Sueca, tiene impacto directo sobre la labor de defender los derechos humanos: “Hay una tendencia global en la que vemos una enorme reducción del espacio cívico y democrático. Los regímenes represivos en el mundo han disminuido de manera desproporcionada libertades y derechos”.

Clemencia Carabalí, ganadora en 2019 del premio en la categoría defensora del año, señaló que las amenazas y los riesgos para quienes ejercen esa labor siguen latentes y aún más en el departamento del Cauca, que encabeza las cifras de violencia en el país. Sin embargo, también resaltó que haber recibido ese premio, en su caso, además de ser una motivación y una esperanza para seguir adelante, “a nivel familiar ha contribuido a disminuir esas preocupaciones y tensiones que están presentes en la familia por la labor que una hace”.

Marco Romero, director de Codhes y ganadores en 2019 en la categoría proceso colectivo del año nivel acompañante, respaldó esas palabras y aseguró que es un reconocimiento que les permite darse cuenta de que no están solos en esta labor. En medio del incremento de la crisis humanitaria en el país, que según esa organización ha ocasionado 573 eventos de desplazamiento masivo desde la firma del Acuerdo de Paz, este reconocimiento es un aliciente para quienes en las regiones siguen resistiendo.

Defensor o defensora del año

José Alberto Tejada

El país lo conoció este año en las calles de Cali con un micrófono en la mano. Tras el estallido del paro nacional el 28 de abril, en la capital del Valle del Cauca empezó a llamar la atención un curtido reportero que desde los puntos de bloqueo y las zonas de choque entre manifestantes y policías cubría en vivo para la audiencia del Canal 2. Su reputación fue creciendo a medida que se hizo presente en las jornadas más intensas de las movilizaciones, al punto que increpaba de frente a los agentes de Policía que enfrentaban a los manifestantes de forma violenta.

Uno de los episodios que le significó reconocimiento a nivel nacional fue el cubrimiento que hizo a las denuncias de que en el almacén Éxito habrían sido torturados manifestantes a manos de la Policía. A las puertas de ese almacén, el periodista encaró al uniformado que estaba al mando, quien justificaba la presencia de los uniformados allí: “Si la Policía está acá es porque los bandidos disfrazados de manifestantes estaban saqueando el Éxito”, dijo el agente. “Pero acuérdese que puede haber bandidos disfrazados de policías también”, respondió el reportero, en un hecho que luego se volvió viral.

Lea: CIDH otorgó medidas cautelares a periodistas de Canal 2 en Cali por amenazas

Tejada ha dejado claro que no es periodista neutral, sino que “está del lado de la gente”. Defiende ese lugar y dice que los periodistas en los grandes medios también toman una posición, aunque traten de matizarla bajo el velo de la falsa objetividad. Por su ejercicio de defensa de los derechos humanos en las protestas ha sido amenazado, hostigado, perseguido. Y por su riesgo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó en agosto pasado medidas cautelares a él y a su camarógrafo, Jhonatan Buitrago.

Luz Marina Becerra

Desde la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La Comadre) ha acompañado a un sinnúmero de víctimas del conflicto pertenecientes al pueblo negro y ha reclamado la garantía de sus derechos. De hecho, ha estado al frente de la documentación sobre las afectaciones a esa población en el conflicto armado que ha derivado en autos de la Corte Constitucional en favor de ellos y ellas.

Becerra pertenece a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y acompañado y asesorado la creación de consejos comunitarios urbanos de comunidades desplazadas por la guerra. Aunque desde allí también ha hecho hincapié en las victimizaciones de las mujeres negras. En junio de este año, se reunió junto a las mujeres de La Comadre con la Comisión de la Verdad, donde sostuvo:

“Las mujeres son las peores víctimas de todo este conflicto armado, de todas las atrocidades que nos ha tocado vivir, no solamente en el tema del desplazamiento forzado, sino por la pérdida de nuestros seres queridos, el reclutamiento y la desaparición forzada de nuestros hijos, esposos y hermanos, por la violencia sexual de la que muchas mujeres han sido víctimas, pero también por el daño cultural que creemos que es una afectación muy fuerte que hemos vivido como mujeres negras al salir huyendo de nuestros territorios”.

Nora Elena Taquinás

Los Kiwe Thegnas son, desde hace 20 años, los cuidadores del territorio, los defensores de la vida. Popularmente, son la Guardia Indígena del pueblo nasa, en el norte del Cauca, que tuvieron vida en El Tierrero, resguardo de Huellas (Caloto), el 28 de mayo de 2001. A su lado, acompañándolos permanentemente como autoridad indígena ha estado Nora Elena Taquinás, lideresa del resguardo Kwetyu (Tacueyó), en Toribío.

Esta mujer nasa, en octubre de 2019, sobrevivió a una masacre en Tacueyó cuando la guardia indígena junto con autoridades tradicionales ejecutaba una acción de control territorial. Ese día, trataron de rescatar a unos pobladores secuestrados por un grupo armado y la respuesta de los violentos fue emprenderla a tiros contra los guardias y las autoridades indígenas. Resultado de esa acción, cuatro kiwe thegnas y una gobernadora murieron.

Experiencia o proceso colectivo del año

Federación de pescadores artesanales, ambientalistas y turísticos del departamento de Santander (Fedepesan)

Está integrada por comunidades de pescadores tradicionales de las ciénagas de San Silvestre y El Llanito, en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. La labor que realizan parte de la protección medioambiental, pues se basa en la defensa y recuperación de esos ecosistemas, del derecho humano al agua, al ambiente sano y a la salud pública, ante la contaminación ocasionada por la industria extractiva, en cabeza de empresas como Ecopetrol y Aguas de Barrancabermeja. Además, es una iniciativa de resistencia, ya que la mayoría de sus integrantes son víctimas del conflicto armado y consideran que existe una revictimización por parte del Estado al no brindarse las medidas necesarias de seguridad ni el enjuiciamiento de sus verdugos.

En febrero de 2021, la organización Amnistía Internacional advirtió sobre el riesgo de Luis Alberto González, vicepresidente de Fedepesan, pues desconocidos regaron panfletos firmados por el Eln, en los que le daban 72 horas para abandonar el territorio o se convertiría en objetivo militar. La advertencia de Amnistía Internacional decía que desde septiembre de 2020 varios miembros de Fedepesan recibieron al menos cinco mensajes de grupos armados con amenazas de muerte.

Acuerdo Humanitario YA

En 2017, cuando las Farc salieron del territorio que ocuparon históricamente en Chocó, lejos de alcanzar la paz, las comunidades de la zona vivieron un recrudecimiento de la guerra por cuenta de la nueva disputa territorial entre los grupos armados que aparecieron en la zona. Principalmente se trataba de la guerrilla del Eln y el grupo heredero del paramilitarismo Agc o Clan del Golfo.

Las comunidades respondieron. Pero no con armas ni violencia. Se juntaron, se organizaron y le dieron origen a la propuesta del Acuerdo Humanitario Ya, con un decálogo de exigencias al Estado y a los grupos armados para garantizar su autonomía en el territorio: cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln, el desmonte de los grupos herederos del paramilitarismo, el desminado humanitario, la permanencia del Frente de Guerra Occidental del Eln en la mea de negociaciones con el Gobierno, detener el reclutamiento de menores, entre otras exigencias.

La organizaciones que han coordinado la iniciativa han sido el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó. Desde entonces el panorama en la región no ha mejorado, pero desde esa plataforma las comunidades han seguido ejerciendo la defensa del territorio y siguen reclamando una salida negociada al conflicto armado.

Consejo comunitario Mayor del Río Anchicayá

Organización del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Su apuesta es por la protección de los recursos naturales y del ambiente, defensa del territorio, cuidado de la identidad étnica y cultural de las comunidades que lo integran, y motivación a la participación de sus pobladores en el desarrollo de actividades que propenden por una mejor calidad de vida.

Es considerado ejemplo de resistencia tras ganar un proceso judicial contra los responsables del desastre ambiental generado por un vertimiento de por lo menos 500 mil metros cúbicos de sedimentos a la cuenca de río Anchicayá, realizado durante labores de mantenimiento de la central hidroeléctrica ubicada en la parte alta del afluente, entre el 23 de julio y el 26 de agosto de 2001.

Nivel ONG, colectivo u ONG acompañante

Temblores ONG

Si hay alguien a quien el país le deba la documentación juiciosa de los hechos de violencia policial en medio del paro nacional que estalló el 28 de abril, en Colombia, es a la organización Temblores ONG. Conforme avanzaban las movilizaciones y llovían las denuncias de represión y violencia contra los manifestantes, esa organización iba actualizando las cifras que ponían en evidencia la forma como la oficialidad estaba respondiendo a las protestas. A través de su plataforma GRITA, recopilaron y sistematizaron las denuncias ciudadanas sobre esos hechos con el objetivo final de prevenir esa violencia policial.

“Somos Temblores ONG, creemos en un movimiento social que sacuda las placas tectónicas, que haga temblar, que genere pequeñas revoluciones locales y que nos permita construir pilares firmes para luchar contra la violencia”, dicen sus fundadores.

Le recomendamos: Temblores ONG, la organización que ha documentado la violencia policial en Colombia

Campaña Defender la Libertad: Asunto de todxs

Red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos que, desde 2012, denuncia las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de las protestas en el país. Actualmente, promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social. Se enfoca en realizar un trabajo coordinado para documentar y enfrentar el uso ilegal y excesivo de la fuerza, así como la retención y traslado por protección de manera arbitraria por parte de las autoridades policiales. Esto se usa como mecanismo de persecución y represión contra las personas, que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos a través de la movilización social.

Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC)

Esta asociación con sede en la ciudad de Cali, Valle de Cauca, lleva 22 años defendiendo los derechos humanos en el suroccidente colombiano, asesorando y acompañando a organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinas. Resultó luego de varios años de labores conjuntas con las comunidades afectadas por la agudización del conflicto social y armado del país.

Una vez constituida, se enfocó en la asesoría socio jurídica a víctimas en casos de violaciones de derechos humanos, el trabajo pedagógico e investigativo y la incidencia política. También brinda seguimiento y acompañamiento a procesos de defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a la defensa de los derechos colectivos ligados a los proyectos extractivistas y la consulta previa.

Reconocimiento a toda una vida

Daniel Ernesto Prado Albarracín

Abogado y economista, defensor de derechos humanos. Comenzó a trabajar desde 1994 en casos de personas víctimas de tortura y asesinato por parte del extinto Departamento de Administrativo de Seguridad (DAS). Su inspiración la encontró en la lucha y determinación del Eduardo Umaña Mendoza, fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Inicialmente brindó asesoría jurídica a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y luego se asoció a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Gracias a su lucha contra la impunidad, ha contribuido a que jueces locales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitan sentencias tomando decisiones de fondo.

Gonzalo Guillén

Este periodista se ha destacado por su intensa labor periodística en temas sensibles para el país. Su labor investigativa se ha concentrado en las violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas, afro y migrantes, así como en la actuación de grupos paramilitares y de agentes del Estado en asuntos ligados al narcotráfico, lavado de activos, delitos electorales y destinación indebida de recursos públicos.

Los hallazgos de sus investigaciones periodísticas son llevadas por él mismo, junto a sus abogados, ante distintas instancias, tanto nacionales como internacionales, y servido como soporte de decisiones judiciales mediante las cuales se han desmantelado entramados criminales y producido condenas contra algunos de los responsables de los delitos denunciados.

Aida Marina Quilcué Vivas

Es una lideresa social perteneciente al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que desde hace más de 30 años defiende los derechos de los pueblos indígenas y promueve los principios de unidad, cultura, territorio y autonomía, invitando a preservar los conocimientos propios y fomentando la defensa y preservación de su pueblo étnico.

Su proceso de liderazgo ha contribuido a la reivindicación del papel social y comunitario de las mujeres indígenas. Su trabajo inició como promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC) y como autoridad en el resguardo Piçkwe Tha Fiw, ubicado en la vereda La Villa, en el municipio de Páez, departamento de Cauca, y luego asumió la coordinación del programa de salud y atención al comunero en la AIC y el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU).

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