18 May 2021 - 2:00 a. m.

Ex-Farc dan información de minas para devolver predio a comunidad indígena

Exguerrilleros llegaron hasta la finca Gigante, en el cañón de Las Hermosas, con la comunidad indígena y la dueña del predio, víctima de desplazamiento. El desminado es paso clave para que la Agencia Nacional de Tierras le compre el predio a la familia y que más de 100 familias indígenas conformen allí su resguardo.
Carolina Ávila Cortés

Carolina Ávila Cortés

Periodista Colombia 2020
La restauración del predio fue priorizada por la ANT, ya que ancestralmente pertenecía a los indígenas pijaos. / Misión de Verificación de la ONU
La restauración del predio fue priorizada por la ANT, ya que ancestralmente pertenecía a los indígenas pijaos. / Misión de Verificación de la ONU

La finca Gigante, un predio de alrededor de 1.600 hectáreas, ubicada en la vereda La Alemania, en el corregimiento San José de las Hermosas, en zona rural de Chaparral (Tolima), alberga una historia de colonización española, disputa de tierras y despojo en medio del conflicto armado. Hoy es el escenario de un proceso de reconciliación y reparación entre una familia desplazada, las extintas Farc y la comunidad indígena Amoyá-La Virginia.

En 1621, la Corona Española llegó al sur de Tolima por este predio, que para entonces era el camino ancestral de los indígenas pijaos, porque conectaba el páramo con el Valle del Cauca. “Bajaron hasta Chaparral y empezó una guerra de casi 70 años, donde exterminaron a casi todo nuestro pueblo”, cuenta José Roberto Quijano, alguacil de la Guardia Indígena de Amoyá-La Virginia. “Para parar esa guerra se constituyó el gran resguardo Ortega, Chaparral y Coyaima. El virrey confirmó que nos pertenecían esas tierras”.

Pero entre 1930 y 1936 el resguardo se disolvió y los indígenas perdieron el derecho a la propiedad de la tierra por no ser considerados ciudadanos, sino “salvajes”, según Quijano, y fueron campesinos o terratenientes los que se hicieron dueños de grandes extensiones de tierra.

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Héctor Julio Aponte, oriundo de Buga (Valle del Cauca), llegó a San José de las Hermosas en 1992, y con sus ahorros compró esta finca, por entonces de propiedad del exparlamentario Lorenzo Rivera, quien estaba en quiebra. Se instaló con su esposa e hijas y poco a poco se convirtió en un próspero ganadero en la región, reconocido por dar trabajo, por su liderazgo social, pero también por su profundo desacuerdo con las Farc. Desde los cincuenta, el Tolima fue el asiento de las guerrillas liberales, de las autodefensas campesinas comunistas y uno de los lugares desde donde empezaron a gestarse las Farc.

Aponte había crecido en Antioquia, conocía la trayectoria de Álvaro Uribe y fue uno de sus defensores como gobernador de ese departamento y en la campaña a la Presidencia en 2002, en una zona controlada por el frente 21 de las Farc. Su hija menor, Carol Aponte, cuenta que su padre fue tildado de paramilitar.

Cuando Héctor impidió el asesinato de tres jóvenes por parte las Farc fue la acción definitiva para que la entonces guerrilla decidiera atentar contra él y lo desplazaran junto con su familia de la finca Gigante.

Carol tenía seis años cuando sucedieron los hechos, hoy tiene 27. Solo recuerda que su padre llegó a casa y les dijo que tenían que marcharse, que vio cómo lloraba junto a su madre sin ella entender el porqué. En el año 2002, recuerda, confirmaron que era imposible volver a su finca porque las Farc la tomaron como campamento.

De Chaparral también tuvieron que irse hacia Ibagué por los atentados que sufrió Héctor. Resistió a dos y el tercero fue fulminante. El 26 de febrero de 2003 fue asesinado por sicarios. En el juicio aseguraron que cumplían órdenes de las Farc.

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“Lo de la salud de mi padre fue muy difícil, vivimos de las donaciones de medicamentos y ayudas de la gente. La finca era nuestra fuente de supervivencia. La gente empezó a llevarse el ganado y todo lo de la finca, y nunca más volvimos. No volvimos a recuperarnos financieramente después del desplazamiento y la muerte de mi padre nos marcó para siempre”, cuenta Carol.

Con el proceso de paz, dice, las Farc les devolvieron la finca. La entrega de manera formal se la hicieron a su madre, Dora, a mediados de 2016, como parte de sus compromisos con el acuerdo que se firmaría el 24 de noviembre de ese año. Pero volver no fue una opción. Ninguna tenía los recursos financieros para recuperar y mantener una finca de 1.600 hectáreas.

El regreso

Carol volvió a pisar Gigante hasta el pasado 20 de abril, luego de 21 años. Es un recorrido que desde Bogotá toma casi 13 horas en total. Llegó a caballo junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, 14 excombatientes de las Farc del frente 21 y el Comando Conjunto Central Adán Izquierdo, que son comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representantes indígenas de la comunidad Amoyá-La Virginia y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT) y miembros de una organización civil de desminado humanitario que pidió omitir su nombre.

Una vez en Gigante, Carol recorrió los lugares que recordaba de niña: el zarzo que construyó su papá, la habitación que ocuparon con su hermana de niñas, los cuartos donde guardaban la comida, el comedor donde le celebraron sus cumpleaños. “Eran parte de mis recuerdos y no de un sueño. Fue muy bonito y significativo. Tuve muchos sentimientos encontrados, pero ninguno de rabia o rencor”, manifiesta.

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Durante el recorrido, el grupo de excombatientes identificó zonas donde posiblemente siguen las minas antipersonales y artefactos explosivos que instalaron en medio de los enfrentamientos que tuvieron con el Ejército desde 2000. Desminar es una de las condiciones para que la Agencia Nacional de Tierras le compre el terreno a la familia Aponte y allí pueda constituirse el resguardo indígena de los Amoyá-La Virginia.

Ese proceso comenzó poco después de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando la comunidad indígena se puso en contacto con la familia para saber si estaban interesados en vender la finca de manera voluntaria. “Ellas acceden a la solicitud y nosotros acudimos a la Comisión Nacional de Territorios y Asuntos Indígenas para que se emitiera la orden de compra del predio”, explica José Quijano. La conformación del resguardo albergaría a 105 familias indígenas, casi que 410 personas, que han vivido repartidas entre el Cañón de las Hermosas y el Cañón de la Marina.

Quieren que cada familia tenga entre cinco a seis hectáreas de tierra para trabajarla y fortalecer la ancestralidad y la lengua del pueblo pijao. Con la constitución del resguardo también van a conservar el territorio. Esta finca, al estar contigua al Parque Nacional Natural de las Hermosas, contiene importantes reservas de agua y flora y fauna, como la danta y la palma de cera que necesitan protección. “Lo que queremos es ser los guardianes de este gran territorio”, dice José.

Con los excombatientes de las Farc acogidos al Acuerdo de Paz el contacto comenzó desde octubre de 2020, justamente para que les ayudaran con el desminado humanitario y la recuperación de este predio. La Misión de la ONU fue la intermediación entre todas las partes y quien financió este recorrido.

Los excombatientes Henoc Capera, conocido como Giovanny Castro, y Gustavo Bocanegra, llamado dentro de las Farc como Donald, fueron algunos de los que participaron en la jornada. Le aseguraron a este medio que su trabajo en la identificación de posibles minas parte del respeto que tienen por esta comunidad indígena y que hay también un interés de responder con verdad y reparación a Carol y su familia.

De acuerdo con Bocanegra, se lograron identificar ese día al menos dos minas antipersonales. Toda la información quedó en manos de la organización civil de desminado, que en junio de este año comenzará las operaciones de despeje con un equipo de cinco desminadores. La organización resaltó que es la primera vez desde su ejercicio de desminado en Colombia que trabaja con Naciones Unidas y excombatientes.

“Lo que estamos haciendo es construir los caminos de los TOAR (trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador). Queremos que este ejercicio se pueda valorar en el marco de la justicia transicional y que sea un aporte constructivo para la comunidad. Es una apuesta verdadera a la paz y a la reconciliación”, expresó Bocanegra. Cualquier compareciente de la JEP puede realizar estas acciones con el fin reparar a las víctimas a través de proyectos de infraestructura, la erradicación de artefactos explosivos, con la sustitución de cultivos ilícitos o con la alfabetización en ambientes escolares. Eso sí, esas acciones deben contar con la participación efectiva de las víctimas y comunidades. Este acto de reparación esperan concluirlo a finales de agosto con la siembra de 300 árboles.

“Es un proceso que se espera que sea de tres años”, explica Carol refiriéndose a la restauración del predio por parte de la ANT. “Nosotras estamos muy entusiasmadas porque es la primera vez que vemos una posibilidad real de que la finca renazca, así no sea en manos de nosotras. No tenemos casa propia, entonces esta venta nos aseguraría un techo en la ciudad”.

Aún falta verdad con respecto a quiénes dieron la orden del desplazamiento y el asesinato de su padre. Durante el recorrido se dieron los primeros acercamientos entre excombatientes y Carol. Conversaron, hubo buena disposición de ambos lados y esperan que este proceso también ayude a la reparación y al derecho de verdad que necesitan las hermanas y la mamá de Carol.

“Yo le dije a mi madre cuando regresé que sabía que le dolía y que hay rabia, pero con rencores no se puede revivir a mi papá. Si se firmó el Acuerdo de Paz es porque se anhela que funcione y eso no solo va a suceder recibiendo la finca, sino también escuchando a estas personas. Hay que darles la oportunidad de que sientan arrepentimiento y hay que aprender a perdonar”, señala Carol.

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