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La viabilidad de las primeras sentencias propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó en entredicho tras un informe de la Contraloría General de la República que advierte un fuerte desbalance financiero y retrasos en la entrega de bienes que debían hacer las antiguas FARC para la reparación de las víctimas.
Según el organismo de control, para 2026 solo habría COP 20.000 millones disponibles frente a una necesidad de COP 121.858 millones. Esto deja un déficit del 83,6 %, que equivale a COP 101.858 millones. En su seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz, la Contraloría también señala que encontró una brecha significativa entre los activos reportados por el antiguo secretariado de las FARC y los recibidos por el Estado: de 722 inmuebles declarados, solo uno ha sido entregado.
En entrevista con Colombia+20, Pastor Alape, exintegrante del último secretariado de esa guerrilla, cuestiona las conclusiones del informe, niega que haya existido un incumplimiento deliberado y sostiene que las fallas en la reparación responden a vacíos normativos, problemas de seguridad y responsabilidades no asumidas por el Estado.
También advierte que el informe puede tener efectos políticos, electorales y simbólicos sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la confianza en la justicia transicional.
¿Cuál es su valoración del informe que hace la Contraloría, que indica retrasos y diferencias entre lo prometido por las antiguas FARC y lo realmente entregado al Estado para la reparación de las víctimas?
Lo primero es que no conocemos el informe. Conocemos las declaraciones que hace la Contraloría y de igual manera el resumen que pega en la página quien presenta la primera noticia que es Caracol y donde realmente lo que uno lee ahí es una valoración de lo que presenta la Comisión de la Verdad.
En lo que tiene que ver con la entrega de bienes, de lo que constituyó el patrimonio de guerra de las FARC al finalizar el conflicto, nosotros nos reafirmamos en que cumplimos con la entrega de estos bienes a partir del inventario y una serie de acciones dirigidas a poder ir entregando esos bienes con la auditoría, si podríamos decirlo así, de la Misión de las Naciones Unidas. Cada uno de estos pasos fue con la Misión de Naciones Unidas y de la mano de la SAE (Sociedad de Activos Especiales). Entonces teníamos esa responsabilidad, la desarrollamos hasta cuando pudimos entrar a los territorios, pues no nos garantizaron seguridad.
Yo recuerdo la última tarea de ese tipo que estaba desarrollando en el municipio de Ituango. Íbamos a entrar al territorio a unos predios y la Fuerza Pública nos informó que no se responsabilizaban (de nuestra seguridad), que no había garantías. Íbamos con Naciones Unidas y no lo pudimos hacer.
Los aspectos de custodia y monetización, eso no lo podíamos hacer nosotros, le correspondía a la Sociedad de Activos Especiales para ponerlo en el patrimonio autónomo que entregaba a la Unidad de Víctimas.
Entonces ese, diríamos, es como el contexto frente al informe y a raíz de Contraloría estamos haciendo gestiones para conocer el informe en su conjunto y poder ya, a partir de esa información, dar algunas opiniones.
Tras conocerse el informe de la Contraloría, en la opinión pública se ha hablado de un incumplimiento deliberado y no de un problema logístico, ¿qué quiere decir?
Están todos los procedimientos realizados, las denuncias planteadas por parte nuestra y entendemos a los ciudadanos que tratan de manipular y generar dudas frente a esto, pero para eso hay unos mecanismos que se establecieron para el seguimiento, el acompañamiento y la verificación de cada uno de los actos de la implementación.
Yo le sugiero a todos que hablen con los verificadores: cuál es la opinión de ellos frente a esto, cuál fue los procedimientos que en los que participaron en este sentido y mirar también de igual manera lo que se ha pronunciado la JEP al respecto antes en la sanción donde reconocen que efectivamente cumplimos con esta parte.
Hay un informe de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Misión de ONU con lo que le entregaron a la SAE. ¿Qué dice distinto a la Contraloría?
Nosotros partimos de todo el seguimiento que se ha venido haciendo. Este proceso de implementación ha tenido los ojos, el acompañamiento de la comunidad internacional y de instituciones como el Instituto Pro Paz de la Procuraduría.
Nos extraña aquí con la Contraloría, que es de justicia y no en el manejo de recursos de Estado, y no es la Procuraduría encargada para el Acuerdo de Paz, pero bueno, son funciones de cada ciudadano en el ejercicio de responsabilidades de Estado.
Y la Misión de Verificación, en el informe del secretario general del 24 de marzo de 2023, dice que en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Final, la Sociedad de Activos Especiales utilizó bienes entregados por las antiguas FARC y conjuntamente con la Unidad de Víctimas compensó a título individual a más de 2.300 víctimas de las FARC con unos 4,3 millones de dólares.
Los bienes de las antiguas FARC también se utilizaron para proporcionar reparación colectiva, aproximadamente 1,6 millones de dólares en efectivo y 3,4 millones de dólares en especie, a grupos de víctimas, entre ellos comunidades indígenas y afrocolombianas de varios departamentos.
Nosotros lo hemos manifestado en varios recursos que hemos presentado tanto a la Fiscalía, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte Constitucional, planteando estas situaciones que hemos tenido que lidiar y que no han permitido hacer efectivo todo lo que es la entrega por diversos hechos, como la falta de actualización y de ajuste institucional.
Según el informe, de 722 bienes inmuebles reportados por las antiguas FARC, solo uno ha sido entregado. ¿Qué explica una brecha tan grande entre lo prometido y lo efectivamente entregado?
El 99 % están en zonas protegidas, es decir, son baldíos de la República. Son tierras que trabajamos en la retaguardia guerrillera porque era otra visión, una economía de guerra y no una inversión capitalista. Por eso aparece un solo predio con titularidad. De los demás no. Eso presenta líos. Aspirábamos a que avanzáramos en la reforma rural integral para formalizar los predios y pasarlos a las víctimas. Por ejemplo, un predio en Sumapaz, a siete minutos de San Juan de Sumapaz.
Fuimos con la SAE y lo mostramos, pero no podía recibirlo porque no tenía título ni matrícula inmobiliaria. No se ha entendido, o se quiere mostrar de otra manera, que éramos una organización insurgente enfrentada al Estado y no teníamos documentación legal de los bienes.
De igual manera ocurrió con vehículos, con material médico odontológico, porque los tiempos de fabricación no correspondían con la normatividad vigente. No podían recibirlos ni donarlos, y la chatarrización resultó más costosa.
Todo esto fue un proceso innovador. En ningún acuerdo de paz en el mundo se había incluido la entrega de bienes por parte de una insurgencia. Era un desafío para el Estado colombiano.
La Contraloría señala que solo se recibió alrededor del 17 % del dinero en efectivo prometido. ¿Es así y por qué solo se ha entregado ese porcentaje?
En cuanto al avalúo que hicimos, dijimos bienes inmuebles en 441.503 millones de pesos. En medios de transporte, 8.317 millones de pesos. En efectivo dijimos 2.500 millones de pesos, bienes confiscados a la mafia -que los tiene la Fiscalía- 29.235.000 millones de pesos. En caletas, que también está en manos de la Fiscalía, 16.476 millones de pesos.
Había unos presupuestos que no podían monetizarse, pero que estaban invertidos que era la infraestructura vial, que la avaluamos en 196.622.000.000 de pesos, y una inversión social de 4.844.940.000 de pesos. Y colocamos el armamento, que digamos es el mayor activo en cuanto a reparación porque salen más de 13.500 armas del escenario de la violencia. Ese armamento lo avaluamos en 210.172.090.200 pesos. Eso sumaba un total 963.241.223.382 de pesos.
En oro se entregaron 267.500 gramos y en efectivo 450.000 dólares. Nos llama mucho la atención que el informe de la Contralora que diga que había algo así como 1.500 dólares falsos. Todo esto tuvo auditoría permanente de Naciones Unidas y la SAE certificaba todo lo que se entregaba.
Lo que se monetizó ascendió a 42.680.189.457 de pesos. Es lo que se lo que monetizó la SAE para entregarle al patrimonio autónomo, como se se denominó.
A nosotros se nos perdieron unas caletas de oro que no pudimos llegar porque desde el momento en que entregamos el inventario, lo filtra el fiscal hace mofa con el inventario.
Los actores armados inmediatamente en territorio entraron a tomar posición y duramos más de un año desde que presentamos el inventario a desarrollar la primera actividad de campo para ubicar estos bienes que estaban en el territorio, tanto semovientes como predios. Lo primero que hicieron los actores armados fue llevarse los semovientes. La mayor parte estaba en los Llanos del Yarí.
Entonces, ese fenómeno nos generó dos asesinatos: uno en Santa Rosa Sur de Bolívar, Mario Morales que estaba exactamente ubicando unos bienes en ese territorio, y después, en Putumayo, Jorge Santos Jiménez.
Entonces, frente a lo que señala el informe sobre la entrega de dólares falsos durante la monetización de activos, ¿eso fue así y qué explicación hay al respecto?
Pues todo lo que se entregaba tenía que ser objeto de revisión efectiva. Lo que nosotros hacíamos era recoger los recursos con la sede donde íbamos y después eso pasaba al banco.
Esa revisión se hizo en el banco, creo que el Banco Central de Estados Unidos. Para poder clarificar, ahí aparece eso. Normalmente para nosotros no era que tuviéramos una intención de engañar porque esto estaba con la revisión de todo el mundo y nadie iba a cometer un error de esos. Recibimos en todos esos paquetes que se recogieron, pues que alguna unidad habían engañado y habían metido dólares falsos.
La exdirectora de la SAE, Virginia Torres, habló hoy en La W sobre el tema y dijo que precisamente buena parte de los bienes entregados están en parques naturales y zonas donde no se podía hacer nada con ellos. Viendo hoy el balance entre lo prometido y lo ejecutado, ¿cree que el secretariado prometió más de lo que podría efectivamente entregar en materia de dinero y bienes para la reparación a las víctimas?
El Acuerdo de Paz dice claramente que el Estado debe formalizar siete millones de hectáreas y adquirir tres millones más para reparar a las víctimas del desplazamiento y el despojo. Nosotros entregamos el patrimonio de guerra, lo que quedó de las finanzas de la guerra. No éramos una estructura mafiosa donde cada quien acumulaba recursos. Era una organización colectiva y ese patrimonio se puso para las víctimas.
Había dinero en efectivo, oro, tierras, semovientes, vehículos, infraestructura. Inicialmente se pensó que podía servir para la reincorporación y la reparación, pero la Corte Constitucional dijo que solo podía destinarse a la reparación de las víctimas.
El problema de la informalidad de la tierra es estructural en Colombia. El Acuerdo planteó resolverlo con herramientas como el catastro multipropósito. Todo estaba integrado para detener la sangre en Colombia y reparar efectivamente a las víctimas.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades técnicas o administrativas de la SAE en la administración de estos bienes?
La primera realidad que encontramos es que la norma no se ajustó para poder hacer lo que se podría llamar esas confiscaciones, de manera sui generis. Entonces, un procedimiento de esos se enreda, porque se va a entregar el predio y el predio tiene una carta venta, pero no tiene escritura. Todos esos enredos le generaron situaciones complejas.
Además, ellos tenían la visión de comisar, y ustedes saben que eso pasa al Frisco, a ese fondo con que ellos negocian, con que la SAE recoge todo lo que tiene que ver con las operaciones de extinción de dominio, incautan y, después de que hacen la extinción, hacen los procesos de venta buscan mejorar ese capital. Aquí no, porque este capital no pasaba al Frisco, sino que quedaba ahí para monetizarse y pasarle al fondo o al patrimonio único, y de ahí entregarlo a la Unidad de Víctimas.
Entonces, esos ajustes normativos no se hicieron y era complejo pata poder ir al territorio con la SAE, porque la SAE tenía que acompañar todo ese proceso, incluso en términos de sacar presupuesto. Todas esas situaciones operativas y administrativas no se estructuraron para implementar esta parte del acuerdo.
El informe advierte que la reparación integral está desfinanciada y que el Estado tendría que cubrirla con recursos públicos. ¿Es así?
Claro, porque es deber del Estado. Es que en ninguna parte del Acuerdo de Paz ni en ningún Estado democrático se dice que los particulares hacen justicia en cualquiera de sus formas, ni juzgan, ni encarcelan, ni desarrollan procesos, ni reparan; eso le corresponde al Estado.
Que el particular que comete un delito frente a la normatividad estatal cumpla sus funciones y sus penas, ya sea con recursos —como en este caso—, con lo que tenga para aportarle a eso Pero no me parece que esa matriz que se está estableciendo sea adecuada, porque es muy peligrosa porque es proveer prácticamente el desmonte del Estado, la deslegitimación del Estado. El acuerdo, por el contrario, lo que se propone es legitimar el Estado, garantizar que el Estado funcione.
¿Qué ha dicho la JEP y cuál es el impacto en las sentencias?
A la JEP nosotros le presentamos unos recursos, advirtiéndole la necesidad de que recurriera al Gobierno para que pudiera garantizar las acciones dirigidas a cumplir este punto del acuerdo.
De igual manera, la Corte Constitucional también tuvo una manifestación. Eso fue, tal vez, en 2019. La Corte se manifestó estableciendo la necesidad de determinar una forma de extinción de dominio desde su sui generis, y señaló que eso no se había cumplido por parte del Estado.
Eso lo manifiesta la Corte y, además, alertó que la Fiscalía no había incorporado los bienes objeto de extinción de dominio al patrimonio de la SAE, pese a que ya habían sido decomisados. Ese es el Auto 155 de 2019 de la Corte Constitucional, donde se manifiesta esta situación que se estaba presentando.
Es decir, no sabemos por qué la Contraloría no recogió todas las fuentes ni revisó, por ejemplo, los informes del Instituto Kroc ni los informes de Naciones Unidas. Eso es lo que nos llama la atención.
¿Qué impacto cree que puede tener este informe en la confianza de las víctimas y en la justicia transicional?
Nosotros vamos a demostrar que aquí la responsabilidad ha sido del Estado. Es decir, que no se pudo completar el 100 % de la recepción de estos bienes por parte del Estado porque no desarrolló las acciones competentes.
Segundo, en cuanto al impacto, en este momento es un informe que estigmatiza, dada la coyuntura que vive el país y el escenario de polarización. Muy tranquilamente, cualquier ciudadano puede darse un garrotazo en la calle y decir: “Nos robamos la plata de las víctimas”. Esas son consecuencias extremas que puede tener esto.
La otra parte es que hay consecuencias en la coyuntura actual. Esto tiene más un tinte electoral y, por eso, nosotros vamos a hacer todo el procedimiento normal, en el marco de la democracia, para esclarecer que este informe no está respondiendo a la realidad efectiva de lo que ha sido este proceso de suministro de bienes.
En ese sentido, ¿cree que va a afectar el desarrollo del Partido Comunes en las urnas? Es la primera vez que se enfrentan a unas elecciones sin garantías excepcionales.
Por supuesto, porque lo que esto hace, a nombre de una institución de control del Estado, es ponernos como mentirosos. El titular ya está ahí. Mañana podemos demostrarlo, pero el espectro mediático del país no va a transmitir la noticia de la misma manera ni le va a dar la misma difusión que se le está dando en este momento.
Es muy complejo. Desde que ya hay una matriz establecida, una metodología, no se está ayudando a construir paz en el país. No es que no se pregunte: hay que preguntar, profundizar, indagar y esclarecer, pero no entrar a juzgar, porque eso sí nos va a hacer mucho daño y ya nos está haciendo mucho daño.
¿Cómo responden a las críticas de que este incumplimiento daña la credibilidad de la implementación del Acuerdo de Paz?
Es que esto se trata deslegitimar el Acuerdo. Es decir, todo esto está dentro de una matriz que se ha establecido para deslegitimarlo, y de promover, desde sectores terroristas, la idea de que lo único que vale aquí es la inversión para la guerra y los réditos que de ella se desprenden.
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