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El exjefe jefe guerrillero y firmante del Acuerdo de Paz, Pastor Alape, reclamó al Gobierno de Gustavo Petro el cumplimiento de los compromisos adquiridos para fortalecer las medidas de protección de los excombatientes que se acogieron al Acuerdo firmado en 2016.
A través de su cuenta de X, Alape aseguró que los firmantes siguen enfrentando graves riesgos de seguridad y recordó que más de 485 exintegrantes de las antiguas FARC han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
“Quienes firmamos el Acuerdo Final de Paz de 2016 reclamamos al Estado colombiano el cumplimiento de la palabra firmada”, escribió.
El exintegrante del antiguo Secretariado de las FARC cuestionó particularmente los decretos 019 y 020 de 2026. Según señaló, el Gobierno se comprometió a modificarlos porque, en su concepto, desconocen aspectos acordados en materia de protección para los firmantes que enfrentan mayores niveles de riesgo. “Sin embargo, ese compromiso sigue sin cumplirse”, afirmó.
Alape exigió la modificación inmediata de ambas normas y reiteró que la implementación de las garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo de Paz constituye una responsabilidad del Estado.
“Cumplir lo acordado es compromiso de Estado y obligación del Gobierno. Las acciones para la paz no pueden quedar en promesas”, agregó.
El pronunciamiento se produce en medio de los debates sobre la implementación del Acuerdo de Paz y las garantías de seguridad para los excombatientes, uno de los puntos que organizaciones de firmantes han señalado como prioritarios ante la persistencia de amenazas y hechos de violencia en distintos territorios del país.
La denuncia sobre la salida de funcionarios de la UNP
Desde enero pasado, los excombatientes de las FARC ya habían alertado sobre cambios en la estructura que los protege.
En ese entonces el partido político Comunes denunció la salida de al menos 18 personas que trabajaban en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el área encargada de brindar garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz y a sus familias.
En un comunicado público, la colectividad señaló que los profesionales fueron informados en las últimas semanas de que sus contratos por prestación de servicios no continuarían en 2026, una decisión que —según el partido— no responde a fallas en su desempeño. “La no suscripción y continuidad de los contratos para el año 2026 no obedece a un llamado de atención o incumplimiento alguno por parte de los contratistas en sus obligaciones contractuales”, afirmó Comunes.
De acuerdo con el pronunciamiento, la razón de fondo estaría relacionada con el origen de las hojas de vida. “Por el contrario, obedecía a que las hojas de vida fueron presentadas y avaladas por el Partido Político Comunes”, indicó el partido, que surgió tras la firma del Acuerdo Final de Paz.
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