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Para este fin de semana, entre el sábado 27 y el domingo 28 de marzo, el ahora denominado partido Comunes había programado un encuentro de su Consejo Político Nacional en Santandercito (Cundinamarca). Buena parte de sus integrantes residen en distintas regiones del país y para trasladarse tienen que hacer la solicitud protocolaria a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que apruebe las misiones de los escoltas de cada uno de ellos. Sin embargo, miembros del partido denuncian que en los últimos días la UNP les negó las misiones para asistir al encuentro, arguyendo la resolución 0255 de 2021 en la que se habla del principio de austeridad. Situación que se replicó en varias regiones y con distintos miembros de la colectividad que cumplen diversas tareas políticas y de reincorporación.
Entre aquellos a los que se les han negado las misiones están Mauricio Jaramillo, dirigente nacional del partido; Carlos Antonio Lozada y Sandra Ramírez, congresistas de Comunes; Albeiro Córdoba, dirigente de la colectividad en Guaviare; o Elmer Arrieta, dirigente en Antioquia. También a Fanny Castellanos, integrante de la cooperativa sombrilla Economías Solidarias del Común (Ecomún), quien apenas el 8 de febrero pasado fue víctima de un atentado junto con su esquema de seguridad en Bogotá; o Luz Marina Giraldo, lideresa de excombatientes en el Meta y quien fue la pareja de Alexander Parra (Rodolfo Fierro), exguerrillero asesinado en ese departamento.
“Se trata de líderes que se están moviendo en temas de reincorporación, que están buscando tierra, préstamos, que se relacionan con la institucionalidad. Cortarles las alas a esos líderes atenta contra los procesos, es torpedear la reincorporación. Pero además es un partido que tiene que mostrar resultados en las elecciones del próximo año y esta situación lleva es a inmovilizarlo; y si el partido no realiza actividad política, va a desaparecer”, le dijo a este diario un delegado de Comunes en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección - donde también se sienta el gobierno - que prefiere mantener su nombre en reserva.
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Según él, desde hace unas semanas lo que se viene presentando es “una desmejora gradual pero constante, sistemática, del programa de protección; en términos generales la disposición de presupuesto para las misiones (de los escoltas) se ha ido reduciendo”. Según explicó, en todas las misiones deben aprobarse viáticos para los traslados y la manutención del personal escolta, pero esos recursos se han limitado al punto que las misiones no se están aprobando.
Según las cifras del componente Comunes en esa mesa técnica, el presupuesto destinado en la UNP a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección – que se encarga de los excombatientes de las Farc – es de $17.700.000.000 millones para la vigencia de este año, lo cual significan $1.475.000.000 millones al mes. Dicha subdirección cuenta con 1.182 escoltas, por lo cual la cuenta al mes implica para cada uno de ellos $1′247.884. Teniendo en cuenta que por día para el sostenimiento fuera del lugar habitual del trabajo (donde reside el protegido) un escolta recibe $180.053, con el presupuesto actual solo cubriría seis o siete días fuera del lugar de trabajo. Una vez cumplida esa cuota, su movilidad quedaría por completo restringida y, por ende, la de los protegidos.
El reclamo lo llevó este viernes el presidente del partido, Rodrigo Londoño, hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de una misiva que le envió a esa instancia. “Alegando problemas fiscales, el actual gobierno expidió decretos encaminados a la austeridad en el gasto público, sin reparar en absoluto en los compromisos firmados por el Estado en el Acuerdo Final de Paz. Es así como de manera creciente la Unidad Nacional de Protección viene negando las autorizaciones de desplazamiento de los esquemas de seguridad que nos brindan protección, alegando la falta de recursos por cuenta de los recortes al presupuesto oficial”, se lee en el documento.
Allí mismo, Londoño sostuvo que “unos esquemas de seguridad que no pueden moverse a lugares distintos a los de su sitio de asiento por falta de fondos constituyen una negación abierta al compromiso estatal de garantizar la vida y la integridad personal a quienes firmaron la paz y se reincorporan a la sociedad”.
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Por su parte, el senador Carlos Antonio Lozada interpuso una tutela contra la UNP por estos mismos hechos apelando a los derechos a la vida, a la paz y a la participación política. El senador aseguró que el gobierno, al limitar la movilidad de los esquemas de seguridad, pretende imponerles “la ciudad por cárcel” a los miembros del partido, al no garantizarles la seguridad en otras zonas del país.
Las limitaciones presupuestales y operativas en la subdirección especializada ya se habían develado en medio del proceso que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de medidas cautelares de protección para los excombatientes. Allí, esa jurisdicción había advertido sobre el hecho de que los exguerrilleros estaban acudiendo a tutelas para que la UNP les garantizara la protección y que en un escenario hipotético en que todas las personas que presentaran solicitudes de protección acudieran a ese mecanismo, se produciría un desbordamiento de las capacidades institucionales de la UNP para cumplir las órdenes de la justicia y se pondría en riesgo la legitimidad de esa entidad.
El reclamo del partido, además, lo soportan en los hallazgos que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP presentó en esa jurisdicción en el trámite de medidas cautelares. Según esa instancia, el riesgo de los excombatientes en relación con otras poblaciones como sindicalistas o militantes de partidos alternativos y de izquierda es exponencialmente más alto. Mientras que los asesinatos a militantes de Colombia Humana, MAIS, AICO, ASI, Unión Patriótica y Marcha Patriótica ocurren con una frecuencia de un asesinato cada 16 días, en el caso de los exFarc se presenta un homicidio cada 5 días. De continuar así la tendencia, dijo esa entidad, para finales de 2024 serían 1.600 los firmantes de la paz asesinados.
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Colombia2020 buscó al director de la UNP, Alfonso Campo, y al subdirector de la especializada, José Albeiro Rodríguez, para que respondieran a los reclamos del partido Comunes, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en una entrevista conjunta que ambos le concedieron a este diario el año pasado, Rodríguez reconoció que la protección a los exguerrilleros está colapsada. “Cuando se creó la subdirección dentro de la UNP, no había claridad sobre a quiénes se iba a proteger. Se tuvo en cuenta a los dignatarios del nuevo partido, los congresistas, el presidente y otras personas que cumplían una labor muy importante al interior del partido. Proyectaron que serían alrededor de 80 protegidos y eso se cubriría con 1.200 hombres de protección. Pero eso colapsó”, reconoció en ese momento.