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Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, la vida de los excombatientes de las FARC ha estado en riesgo constante e inminente. En total se han registrado por lo menos 460 homicidios contra firmantes desde noviembre de 2016. Mientras que solo en los primeros tres meses de 2025, la cifra llegó a 19 exFARC asesinados.
Ante la dramática situación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado en varias oportunidades poner en marcha el Programa de Protección Integral para los firmantes de paz.
Bajo el decreto 0638 del 10 de junio de 2025 quedó reglamentado ese programa que está orientado específicamente a los y las integrantes del partido o movimiento político que surgió tras el tránsito de los exFARC a la vida política.
El decreto contempla los principios en cuanto a participación, colaboración armónica, idoneidad, autonomía, entre otros. Asimismo, atenderá a enfoques como seguridad humana, bienestar, enfoque multisectorial, enfoque diferencial, de género y étnico.
El Programa de Protección está a cargo del Departamento Administrativo de Presidencia a través de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Sin embargo, el programa tiene además Mesas de Coordinación Interinstitucional para monitorear el estado de implementación del Programa e incluso podrá convocar a expertos para diferentes temas.
Las medidas contempladas en el Programa de Protección
El Programa de Protección Integral contempla tres tipos de medidas articuladas. Una de ellas es para la libertad respecto del miedo.
Esta medida comprende las políticas, programas, acciones y medidas dirigidas a la protección de las y los integrantes del partido político. En ese sentido, ante situaciones de riesgo, las entidades competentes tendrán que activar una respuesta institucional de emergencia. Además, se tendrán en cuenta las alertas tempranas y los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo.
Otra de las medidas contempladas en el Programa tiene que ver con la libertad respecto de la necesidad. Esto hace referencia a las políticas, programas y acciones para satisfacer las necesidades básicas, sustento y aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con la vida de los firmantes. Así como la reducción de amenazas. Para sostener esta medida se impulsarán y articularán medidas con la Política de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral.
Las medidas articuladas para vivir en dignidad también hacen parte del Programa y están dirigidas a reducir las brechas relacionadas a la discriminación, estigmatización y exclusión.
“Consiste en acciones inmateriales y materiales de prevención relacionadas con la seguridad humana y reincorporación integral a la vida civil, así como al ejercicio de la participación política”, indica el decreto.
Todas las medidas que contempla el Programa estarán bajo un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. El Programa de Protección estará financiado por el Departamento Administrativo de la Presidencia.
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