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Hace más de 10 años, Jaime Alonso Zapata pensaba que tenía pocos caminos: una cárcel, o sobrevivir o morir en un combate en medio del conflicto. Hoy, gracias al Acuerdo de Paz firmado en 2016, su horizonte cambió y camina los pasillos del hospital de Anorí, Antioquia, cumple turnos, horarios y metas. El firmante de paz, de 34 años, se graduó en salud pública.
“Nunca me vi trabajando en un hospital. Pensé que uno se moría en el monte o en cualquier otra cosa. Cuando llegué al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda La Plancha empecé a trabajar en panadería. Pero luego veía a las enfermeras y dije, eso me gusta. Llegó una oferta para estudiar en Sincelejo, me anoté y pasé. Para hacer las prácticas profesionales se me dio la oportunidad de hacerlo aquí en Anorí, y desde eso ya son siete años trabajando”, relata el firmante de paz.
Jaime Alonso Zapata cuenta que como excombatiente se ha sentido una persona muy diferente. “Tengo una hija grande, de cuando estaba en el monte. Y luego empecé de cero, y ya tengo otro niño de cinco años. Creo que puedo ayudar a otros, y eso me cambió la vida”.
Trabaja en vacunación, en brindar educación a las personas sobre promoción y prevención de las enfermedades y en sacar una familia adelante. “Mi turno es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con descanso de una hora. Cuando toca, trabajo hasta las 9 de la noche, y lo hago con amor. Pienso que se trata de todo lo que uno elija ser y hacer en la vida. Y uno tiene que aprovechar todas las oportunidades que lleguen”.
Hoy es reconocido no solo en el hospital, sino por la comunidad de La Plancha, que lo describe como “alguien que ayuda a los demás”. Y por eso Jaime está pendiente de que se garantice el servicio de salud en su entorno: “Hemos tomado decisiones que nos cambian la vida para bien o para mal. Todos somos seres humanos y somos iguales, pertenecemos a una sociedad, entonces no debemos de ser estigmatizados por lo que fuimos, si no nadie va a tener un cambio en la vida”.
Como abejas
La historia de Jaime se repite, con matices, entre firmantes de paz que encontraron en la educación una manera concreta de reincorporarse a la vida civil. A varios kilómetros del hogar de Jaime, también en Anorí, vive Arley de Jesús Betancur. “Me enamoré del tema de la apicultura”, cuenta.
Arley habla con calma, como quien comparte un aprendizaje paciente. Relata que las abejas le abrieron un camino y que estudiar lo que realmente apasiona puede convertirse en una oportunidad con futuro, no solo personal, sino también para el país y el planeta.
Hoy lidera proyectos apícolas en la vereda La Plancha, y transmite su conocimiento a otros. Arley tiene 33 años y luego de vivir en Briceño, también en Antioquia, realizó su proceso de dejación de armas en Anorí. Tras la firma del Acuerdo, Arley se dedicó a la apicultura y descubrió en las abejas y el medio ambiente una pasión que lo llevó a enamorarse de su profesión. Desde hace seis años estudia el oficio, y hoy lidera el proyecto La Montaña, en Anorí, y cinco proyectos de miel a nivel nacional. La meta, dice, es seguir creciendo como apicultores.
Abogado emprendedor
Desde Medellín, Andrés Zuluaga, de 40 años, coordina la Red Nacional de Confecciones para la Paz (Renace), que agrupa 32 talleres en 15 departamentos del país, la mayoría en zonas rurales donde están los ETCR. “Nuestro objetivo ha sido articular a firmantes, víctimas y comunidades alrededor del trabajo productivo”, explica el firmante de paz, quien ahora exhibe con orgullo su diploma de abogado de la Universidad de Antioquia.
Andrés Zuluaga es de Manizales y excombatiente del bloque Caribe de las FARC. Después de la firma del Acuerdo decidió volver a la universidad con una idea clara: “Estudiar algo que me permitiera ayudar de manera práctica a las comunidades, a las víctimas y a los firmantes. Fue un proceso complejo, porque combiné un período académico muy intenso con el trabajo de reincorporación en los territorios, en La Guajira y en Anorí. Pero también fue una experiencia profundamente enriquecedora: en la universidad pude interactuar con víctimas, con el sector académico y con distintos sectores de la sociedad”.
Según Zuluaga, la reincorporación urbana fue uno de los grandes vacíos del proceso, y por eso Renace y sus asociados impulsan asociaciones de confecciones en Medellín, Cali y Bogotá. “Así nació la asociación Te sueño paz, en la capital antioqueña, donde confluyen firmantes y mujeres víctimas, incluidas buscadoras de personas desaparecidas”, agrega.
“Ahora le apostamos a fortalecer el componente comercial. Vamos a abrir un taller-escuela y un punto de venta en el centro de Medellín, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y máquinas donadas por la Escuela Arturo Tejada. Este será un espacio para la formación, la producción, la comercialización y la pedagogía de paz para toda la red nacional”.
Un espacio para las víctimas
Miriam Choles, de 54 años, fue desplazada por las FARC hace más de dos décadas de Solita, Caquetá. Luego de recorrer varias regiones del país se pudo establecer en Medellín. Después de trabajar empíricamente en confecciones durante 35 años, dice que gracias al Acuerdo de Paz pudo certificarse y mejorar su trabajo.
La Red Nacional de Confecciones por la Paz le dio la oportunidad de capacitarse a través del Sena, una experiencia que, afirma, le cambió la vida. Ahora trabaja con firmantes de paz y otras víctimas.
Junto a ella labora Guillermina Valencia, lideresa social y víctima del conflicto. “Para nosotras la paz no es negociable. Es una apuesta para que nadie más tenga que vivir lo que nosotras vivimos. En nuestra asociación somos 15 mujeres. Muchas trabajamos desde nuestros propios talleres en casa. La red nos ha permitido seguir estudiando, capacitarnos y no quedarnos estancadas, porque la confección, como la vida, cambia todos los días”.
Los graduados
Actualmente, más del 90 % de los firmantes reportan algún nivel educativo en Antioquia y Chocó. Hoy, dice Osorno, “el avance educativo de los firmantes de paz muestra resultados concretos. Un total de 1.124 personas cuentan con educación básica, media vocacional o superior. Esto no garantiza todo, pero sí elimina muchas barreras”, señala Osorno.
En el país, según datos de la ARN, dentro de la población activa en proceso de reincorporación, el 92 % reporta algún nivel educativo. Alrededor del 47 % (6.738 personas) registran como máximo nivel educativo la media vocacional, mientras que el 14 % cuenta con educación básica secundaria y el 10 %, con educación básica primaria. Estas cifras reflejan la diversidad de trayectorias educativas presentes en el proceso. Asimismo, muestran que al menos 33 firmantes han culminado estudios de educación superior.
Compromiso con la no repetición
“La formación académica, técnica y profesional se ha convertido en una herramienta clave para que los firmantes de paz consoliden su reincorporación y aporten al desarrollo de sus comunidades. Más allá de los títulos, estos procesos reflejan un compromiso con la no repetición del conflicto y con la construcción de una paz que se ejerce desde el trabajo, el conocimiento y el territorio”, dice Enrique Sánchez, jefe de la Oficina Regional en Medellín, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Destaca, además, que no solo estén avanzando en su crecimiento profesional. “A la par con este proceso están generando empleo y capacidades en poblaciones vecinas, con víctimas del conflicto, con campesinos. Esto es una gran contribución para una paz sostenible”, agrega.
En la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el balance confirma lo que las historias personales revelan. “El factor educativo cumple un papel fundamental en la sostenibilidad social, política y económica del proceso de reincorporación. Sin este proceso es mucho más difícil avanzar”, afirma Luz Nely Osorno, coordinadora en Antioquia y Chocó de la ARN.
Reincorporación urbana
Según la ARN, en Medellín y el área metropolitana se encuentran 315 firmantes de paz, de estos, 225 son hombres. En cuanto al empleo, 229 firmantes tienen régimen contributivo cotizante, lo que sugiere una vinculación laboral del 72,7 % de la población. Mientras que en cuanto a la educación, hay 62 firmantes con acceso a algún programa educativo (19,7 %) frente a 253 personas (80,3 %) que no están estudiando.
En tal sentido, la Alcaldía de Medellín confirmó que 18 firmantes de paz accedieron a algún empleo con apoyo de esta dependencia, la mayoría de ellos bachilleres.
Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, dice que en la ciudad esta dependencia ha acompañado algunos de estos procesos tanto de formación como de empleabilidad. Para Arcila, llevar estos testimonios a comunidades, universidades y entidades públicas ha sido clave. “No es teoría. Es la vivencia real de quienes estuvieron en la guerra y hoy le apuestan a la legalidad. Pasar de la ilegalidad a la legalidad no es fácil. Pero hay compromiso, hay confianza y hay ganas de no volver atrás”, explica.
“Desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos ha impulsado procesos restaurativos, proyectos productivos y rutas de memoria con firmantes, víctimas y comparecientes de la Fuerza Pública. Estas iniciativas buscan fortalecer la inserción social y laboral de quienes dejaron las armas”, añade. “Queremos avanzar en que estas personas puedan formarse para que puedan tener mayores oportunidades”, finaliza Arcila.
Para Luis Orrego, director ejecutivo de la Federación Efraín Guzmán, que agrupa 24 formas asociativas de firmantes de paz en Antioquia, Risaralda, Córdoba y Chocó, la profesionalización va más allá de obtener un título. “El conocimiento no es solamente un cartón, es una herramienta para sostener los proyectos en el tiempo”, asevera.
“Hemos visto cómo muchos firmantes se han profesionalizado en el agro, en la administración pública y en proyectos productivos”, explica Orrego, quien no es firmante de paz, pero acompaña esta iniciativa como “un aporte sustancial a una paz que es de todas y todos los colombianos”. También reconoce los límites. “El firmante no quiere solo capacitaciones. Quiere producir, quiere que la tierra sea sostenible. Ahí el reto es combinar conocimiento técnico con gestión”.
Garantizar sostenibilidad de la reincorporación
Nueve años después del Acuerdo Final de Paz, más de 11.000 de los aproximadamente 13.000 excombatientes que fueron acreditados siguen participando en su proceso de reincorporación con el apoyo de la ARN y la verificación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Esta Misión, que verifica la reincorporación política, social y económica de los firmantes de paz, además de la reforma rural y las garantías de seguridad de los firmantes, sus familias y las comunidades en zonas de conflicto, ha resaltado que los firmantes, pese a los desafíos, especialmente en materia de seguridad y sostenibilidad, han mantenido su voluntad de paz y han reconstruido sus proyectos de vida en la legalidad.
No obstante, señala desafíos, como la seguridad, la sostenibilidad económica de sus proyectos productivos y la dificultad para acceder a servicios y vivienda, especialmente para los firmantes que viven fuera de los espacios de capacitación y reincorporación, que son cerca del 85 %.
Para la Misión, garantizar la sostenibilidad del proceso de reincorporación es un elemento clave para cimentar la paz en Colombia, pues es una piedra angular de la paz sostenible y una garantía fundamental de no repetición. Por ello, resulta esencial asegurar que los firmantes puedan integrarse plenamente a la vida civil con dignidad y seguridad.
Sin duda, la educación, las experiencias exitosas de los profesionales de la paz y su integración con las comunidades reflejan la resiliencia y la voluntad de paz que, tras nueve años de la firma del Acuerdo, permanecen intactas.
*Oficial de Comunicaciones Estratégicas. Oficina Regional Medellín, Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
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