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Desde el momento en que un viajero sale del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta empieza, sin saberlo, a aportar al jugoso negocio de la extorsión que en esa zona controlan casi en un 95 % las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y en el que quiere entrar a sangre y fuego el Clan del Golfo.
Es justo esa renta tan lucrativa —cuyo monto real sigue sin poder calcularse, porque los cobros varían según el negocio, porque la Policía mantiene los indicadores de denuncias que no permiten dimensionar el fenómeno y porque, en ocasiones, pequeñas bandas se hacen pasar por las ACSN y terminan imponiendo incluso dobles pagos—, la que ha incrementado las disputas.
Ambos grupos armados tienen mesa de negociaciones activas dentro de la política de paz total del presidente Gustavo Petro y, pese a ello, en las últimas semanas se han intensificado los combates en la Sierra Nevada, especialmente en zona rural de Aracataca. Allí una misión humanitaria convocada por la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir para evacuar heridos, entre ellos indígenas, y pedir la apertura de corredores humanitarios para atender a la población civil atrapada en medio de la confrontación.
El dinero no solo aparece en cada paso del viajero -Santa Marta recibe poco más de 1 millón de visitantes al año-, sino en general en todas las actividades de la ciudad. Ocurre cuando paga el transporte —sea bus, taxi o una van turística—, cuando cancela el hotel o un hostal, cuando toma un mototaxi o cuando contrata un paseo en moto acuática. También cuando compra artesanías, si visita el parque Tayrona o se desplaza a destinos apetecidos por turistas como Minca, Palomino o Taganga.
En buena parte de la economía turística que rodea a Santa Marta la extorsión o las “vacunas” se han vuelto un costo más del negocio y una práctica que tanto prestadores de servicios como los habitantes en general han terminado por normalizar para poder seguir trabajando.
“Es un tema cultural, sin duda. Desde los años 80, Santa Marta ha tenido una gobernanza armada criminal que ha tenido un ejercicio desmedido de la fuerza con cifras de centenas de homicidios, y eso hace que la gente tenga miedo y pague. La consigna de los grupos armados es básica: O paga o cierra, o muérase”, explica a este diario el antropólogo Lerber Dimas Vásquez, quien dirige la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL).
El cobro, claro, tiene sus retribuciones. A cambio del pago el grupo garantiza al negocio seguridad total e incluso actúa como árbitro en la resolución de las disputas. “Les dicen a los comerciantes: les garantizamos la seguridad, la tranquilidad, si tiene algún problema lo puede resolver con nosotros, que es más rápido y más fácil que ir ante la autoridad”, explica Dimas.
El caso más sonado ocurrió apenas hace un mes, y fue denunciado por el defensor ambiental Luis Miguel Moisés, quien en un video contó que su hijo fue forzado por las Autodefensas a pagar COP 1,5 millones por un accidente vial menor en el que se dañó una moto eléctrica y que fue amenazado si no pagaba el monto.
La amenaza, dijo Moisés, fue en plena luz del día y sin necesidad de armas. Dos hombres llegaron en motocicleta y le dijeron al joven que debía pagar ya o “se lo llevaban a la Sierra Nevada”. “Ese accidente, que debió ser cubierto por una póliza, vinieron ellos y le quitaron COP 1 millón 500 mil”, advirtió el defensor en el video en el que también afirmó que sacó a su hijo del país tras más amenazas.
Las Autodefensas negaron el hecho, pero lo cierto es que el sistema de cobros está ampliamente extendido en la ciudad.
“Me retrasé una vez en los pagos del negocio y ya no vinieron, sino que me hicieron una llamada desde la cárcel. La persona en un tono súper tranquilo me dijo que si no tenía plata que no me preocupara, que ellos entendían, pero que entonces me daban dos días para cerrar la tienda y que estuviera pendiente porque alguien pasaría por la plata o a mirar si estaba cerrado el negocio y que si no lo hacía sabía las consecuencias”, dijo a este diario una de las personas extorsionadas en la ciudad.
Matrículas, pagos mensuales y multas
El sistema empieza con una especie de “matrícula” obligatoria del negocio. Un integrante del grupo llega al local y fija una cuota inicial, que puede ir desde COP 300.000 hasta cerca de COP 1 millón, dependiendo del tipo de actividad. Luego viene el pago periódico.
“Los mototaxistas, por ejemplo, pagan cerca de COP 100.000 para registrarse y luego alrededor de COP 20.000 semanales”, dice Dimas.
Más allá del dinero, el sistema también organiza el territorio. Cada mototaxista queda “matriculado” en una ruta específica y no puede operar en otros puntos sin permiso. Lo mismo ocurre con los “pagadiario” o “gota a gota”.
A eso se suma que las Autodefensas Conquistadoras también han implementado un sistema de vigilantes barriales, conocidos como “serenos”, encargados de hacer “censos” en cada barrio para determinar qué negocios y tiendas hay, y también recoger el dinero que se le lleva al grupo armado.
“Han creado un mecanismo de regulación basado en la extorsión: controlan los negocios, el transporte y hasta quién entra o sale de los barrios”, explica Dimas.
El defensor Moisés denunciaba lo mismo en el video. “Acá en el Rodadero, en cada barrio de Santa Marta, los miserables paramilitares les cobran semanalmente a los más trabajadores, a los más vulnerables, un dinero. Acá, los carperos tienen que pagar semanalmente COP 10.000. Y en este punto, al frente del Santa María del Mar, se parquean unas motos, tricimotos, que por un evento X, Y, en vez de llamar a la Policía Nacional, llaman a los paramilitares, porque para ellos son la máxima autoridad”, explicó.
Por ahora, según analistas, no se les cobra la cuota a vendedores ambulantes; por ejemplo, a los que venden tinto, arepas, fritos y solo algunas discotecas son víctimas de la extorsión. En ese caso, el negocio puede ir por el lado del contrabando de licores, trata, explotación sexual, entre otros.
Los planes turísticos también pagan la extorsión. “Al final el que termina pagando eso es el turista, que viene a disfrutar de las atracciones. Eso no es que te salga en una factura el cobro de extorsión, te lo van metiendo en cositas pequeñas, y así todos pagan”, admite uno de los operadores que por seguridad no da su nombre.
Parte de ese entramado fue lo que dio pie para que hace unas semanas se cerrara por unos días el parque Tayrona, considerado el epicentro del turismo de esa región. Parques Nacionales Naturales y la comunidad advirtieron que los combates se estaban trasladando al Tayrona y que se habían presentado amenazas contra los funcionarios.
Además, hubo denuncias de que las Autodefensas estaban instrumentalizando a comunidades indígenas para que pagaran extorsiones a través de los cobros que se hacen para ingresar al parque. “Al Tayrona lo quieren todos. Es la joya de la corona, la pieza central del turismo, y por eso apenas duró unos días cerrado. Sin el Tayrona nada más funciona. De ahí se pasa a Taganga, Bahía Concha, Playa Blanca y Neguanje. Todo ocurre allí”, afirma el operador.
Hace unos días Mauricio Silva, jefe negociador del Gobierno en el proceso con las ACSN, dijo a este diario que no había pruebas de que ese grupo armado estuviera detrás del cierre del parque. “No puedo decir que las amenazas o las extorsiones no son ciertas, pero tampoco puedo decir que lo sean”, aseguró.
La cultura de la ilegalidad que permea a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia y una de las primeras de América del Sur, es un punto importante por qué la extorsión no solo se permite, sino que se ha normalizado y, sobre todo, no se penaliza. “Al ser una región con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, eso permite que se extienda con más fuerza una cultura o una costumbre sobre la ilegalidad, especialmente cuando el actor armado compensa eso con seguridad, administración de la justicia y una suerte de sistema económico que sustenta a todos”, explica a este diario Alejandro Blanco, doctor en ciencia política y docente investigador de la Universidad Libre de Barranquilla.
Aunque varios entrevistados afirman que las autoridades tienen parte de responsabilidad porque mantienen cifras oficiales bajas de extorsión para que no suban las metas que se esperan de ellos, también admiten que se tienen dificultades para rastrear el dinero.
Los grupos usan pagos en efectivo o a través de billeteras electrónicas como Nequi para huir del radar de las autoridades. No solo cambian con frecuencia las líneas telefónicas desde donde se hace la extorsión, sino los números asociados a las cuentas donde reciben el dinero.
Al margen del turismo, otros sectores donde también ha llegado la extorsión en Santa Marta son el bananero, el palmero, los cafeteros, los cacaoteros, la producción de huevos, de pollo y las plantaciones de mango. “Todo negocio o empresa que implique una cadena de exportación y una cadena de valor importante lo tiene que hacer”, explica Dimas.
“Ahí se ve bien cómo se ha refinado el negocio de la extorsión, porque funciona con un sistema de estratificación. Depende de lo que tengas, pasas el dinero. Eso explicaría por qué no sucede a veces con los vendedores ambulantes”, señala Blanco.
Dice “a veces” porque al estar tan extendidas las “vacunas”, cualquiera se puede hacer pasar por emisario de los grupos al margen de la ley y cobrar el dinero.
Las Autodefensas Conquistadoras también han “innovado” en estos sistemas de extorsión, porque se ha venido documentado una serie de “reinversiones” en el territorio. “Han venido construyendo cabañas, tours, negocios dentro de distintas zonas con la plata que van recogiendo”, dicen investigadores de la región que argumentan que esa es una de las razones por las que siguen en el proceso de paz con el gobierno Petro.
“Tienen una mesa a la que, si sale bien, podrían pedirle legalizar todos esos negocios”, afirman.
Hoy las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada mantienen un control predominante sobre el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, con presencia en buena parte de los corredores que conectan el norte del Magdalena con zonas de La Guajira y Cesar.
Su influencia se extiende desde el río Arihuaní —en jurisdicción de Aracataca— hacia la franja costera que pasa por Ciénaga y Santa Marta, y continúa por los corredores que conducen a Palomino y Dibulla, además de municipios del sur de La Guajira y el norte de Cesar, como Fonseca y San Juan del Cesar. En contraste, el Clan del Golfo —que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia— tiene presencia en algunos puntos del piedemonte y en municipios como Fundación y sectores cercanos a Aracataca.
Esa distribución territorial, según las fuentes consultadas, ha permitido a las ACSN consolidar una suerte de gobernanza armada en gran parte del sistema montañoso, donde regulan economías locales y rutas de movilidad, mientras que el control de sus rivales sigue siendo más fragmentado.
“La teoría del dominio de la montaña se cumple. Si controlas la Sierra, controlas la parte urbana. Eso hace que las Autodefensas sean las que tengan el mando”, explica Dimas.
La extorsión y el turismo: la tercera “bonanza” de Santa Marta
Para los investigadores y líderes sociales, las “vacunas” se han convertido en la “tercera bonanza” económica de Santa Marta, después de la marimbera y la cocalera.
A diferencia de aquellas economías ilegales, esta se apalanca en el turismo y se distribuye en un número mucho mayor de actores. La expansión de hoteles, restaurantes, transporte informal y servicios turísticos hacia zonas de alto valor paisajístico —ríos, playas o montañas de la Sierra Nevada— multiplicó los negocios y también los cobros.
“Las bonanzas marimbera y cocalera solo beneficiaron en su momento a algunas personas y sectores. Esta bonanza del turismo llega a más gente. Es como si hubiera democratizado el dinero que se paga: sí, todos ponen, pero también todos ganan”. Por eso nadie toca a un turista: ese es el bien que sostiene la bonanza”, asegura Dimas.
Pero ese control implica regulación. Si un comerciante abusa con los precios o genera conflictos con visitantes, el grupo armado puede imponer sanciones. “Todo lo regulan con multas”, dice el investigador.
Prueba de esto es que en esas zonas los precios no son tan elevados como, por ejemplo, en Cartagena, pero esa regulación del mercado no es gratis. Cada persona que se atreva a cobrarle de más a un turista puede tener multas impuestas por las Autodefensas de hasta COP 2 millones y quedar sentenciado para que se cierre el negocio si vuelve a pasar.
En noviembre del año pasado, Colombia+20 había registrado denuncias de la población con otros “castigos” impuestos por las Autodefensas Conquistadoras en la Sierra Nevada y que iban desde hacer barrer las calles, rapar el pelo de las mujeres o asesinarlas.
“En 2025, ONU Derechos Humanos ha recopilado 19 registros audiovisuales provenientes de diversas fuentes, en los que se evidencian conductas como la violencia física, el trabajo forzado, la inmovilización de extremidades, la exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y las solicitudes públicas de perdón. Estas agresiones se imponen por presuntas acciones como el expendio de sustancias psicoactivas, el hurto, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y las riñas”, dijo entonces la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son consideradas por investigadores y autoridades como la principal heredera de las estructuras paramilitares que durante décadas dominaron la Sierra Nevada de Santa Marta bajo el mando de Hernán Giraldo Serna, conocido como “el Patrón de la Sierra”.
Tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona en el marco del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sus redes armadas se reconfiguraron en estructuras criminales que mantuvieron control territorial y vínculos con economías ilegales. Con el paso de los años, esas redes dieron lugar a organizaciones como Los Pachenca, que pasaron a llamarse las Autodefensas Conquistadoras conservan parte de esa herencia -incluidos los castigos- y su control sobre corredores, control de rentas locales y una lógica de gobernanza armada sobre comunidades y actividades económicas.
“Santa Marta no ha pasado un minuto en que no haya presencia de un actor armado que esté ejerciendo un control hegemónico. En los 80 tuvo todo el impacto de la bonanza marimbera y en los 90, la guerrilla hizo toda una apuesta por tomar la Sierra Nevada, sobre todo por su posición geográfica que ha permitido que se desarrollen dinámicas del narcotráfico”, explica el investigador Blanco.
La estrategia de las ACSN para lograr el dominio es idéntica a la de Giraldo: tener incidencia en Juntas de Acción Comunal, retomar liderazgos, impulsar el territorio y, sobre todo, tener gente dentro de su grupo que sea de ese lugar. Casi que el 90 o 95 % de la gente que forma parte de ese grupo es de Guachaca, Buritaca, hasta del mismo Santa Marta. Eso genera un bloque de contención hacia el grupo porque la comunidad lo respalda. Es que puede pasar que un familiar tuyo esté involucrado en esa estructura. Eso frena las denuncias, crea anillos de seguridad. Es una estrategia de autoprotección que creó Giraldo y que le es funcional a este grupo.
La combinación —control territorial, economías ilegales y una red social que mezcla comunidad— ha permitido que las Autodefensas Conquistadoras mantengan su dominio durante años. En Santa Marta, donde el turismo se convirtió en el motor de la economía, la extorsión terminó siendo también parte del sistema. Y mientras esa renta crezca, la disputa por controlarla seguirá alimentando la guerra en la Sierra Nevada.
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