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La escalada de violencia en el norte del país vuelve a poner el foco sobre la Sierra Nevada y el Magdalena. La reciente confrontación entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Aracataca ha dejado desplazamientos forzados y advertencias sobre posibles riesgos para las elecciones, en un territorio donde las disputas armadas se han extendido hacia zonas del Cesar y La Guajira.
En paralelo, el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona por razones de seguridad abrió un nuevo debate sobre la injerencia de estructuras ilegales en uno de los principales destinos turísticos del país.
En ese contexto, Mauricio Silva, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa sociojurídica con las ACSN, reconoce que existe riesgo, que hay denuncias de amenazas y que el grupo ejerce control territorial en amplias zonas de la Sierra.
Sin embargo, sostiene que no puede atribuirles responsabilidad penal en los hechos que rodearon el cierre del parque ni en los amedrentamientos a funcionarios sin investigaciones judiciales concluyentes. Para el delegado, una cosa es admitir la delicada situación de seguridad en el territorio y otra señalar autores específicos sin pruebas, una distinción que marca la posición oficial en medio de la negociación y de la presión institucional por resultados en materia de orden público.
¿Cuál es la evaluación actual del Gobierno sobre las condiciones de seguridad que llevaron al cierre indefinido del Parque Tayrona y la relación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo?
Pues las razones que dan las resoluciones son digamos, sobre todo, climáticas.
Lo interrumpo porque no es cierto eso. La última resolución, la 091, sí dice que hay un tema de seguridad en esa zona, amenazas a funcionarios del parque e incluso una alerta de la Defensoría sobre riesgos de violencia por enfrentamientos entre grupos armados…
Sí, pero la Sierra Nevada no es una loma. Es una zona en una cordillera que ocupa tres departamentos. No ha habido un enfrentamiento en el Tayrona. La referencia del informe de la Defensoría del Pueblo se dio a raíz de unos combates que hubo el mayo, junio, julio, en San Juan del Cesar y en La Guajira. Y allí hubo una emergencia porque es una zona en disputa y hubo afectación grave sobre la población civil. A raíz de eso, vino un seguimiento, ha habido enfrentamientos en Aracataca y otras acciones en el Cesar. Nada de eso pasa en donde está el parque. Es decir, es una situación del territorio en general.
Puede entenderse que los enfrentamientos no ocurran en el parque, pero sí afectan no solo la zona vecina, sino a las comunidades aledañas…
Bueno, estamos hablando de que esta es la cuarta generación de una gobernanza criminal y delincuencial de cuarenta años. Eso quiere decir que básicamente la seguridad y la justicia la de un grupo armado ilegal.
Es algo arraigado, entonces nosotros no vamos a superar la violencia hasta que no transformemos el territorio. Se necesita tres cosas: seguridad, justicia y goce efectivo de derecho. Se busca transformar el territorio, no es desmovilizar un grupo.
Le haré la pregunta de una manera diferente porque no me ha contestado. Puntualmente se ha hablado de violencia de grupos armados a funcionarios del parque y de instrumentalización de las comunidades indígenas, entre ellos las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). ¿Qué responde a eso?
Como le digo, esto es una cosa histórica. Son 40 años entonces sabes que hay personas que dicen a otra “mire, no se meta conmigo porque es que yo estoy respaldado por los de arriba, por las Autodefensas”, y todo el mundo le cree. Se han dado casos como ir a quitar manillas de entrada al parque, diciendo que es de parte del grupo, y ellos dicen que no son. Yo siempre les digo que denuncien eso.
No quiero decir que el grupo no instrumentaliza a la población. Claro que lo hace. Pero también hay denuncias que no son. No puedo decir que las amenazas o las extorsiones no son ciertas, pero tampoco puedo decir que lo sean.
Lo que hay son hechos: amenazas, denuncias, daños, gente con miedo. Eso está pasando. Ahora, la autoría específica, eso es otra cosa. Eso les corresponde a las autoridades judiciales determinarlo.
Yo no puedo construir una verdad oficial con base en rumores o en lo que dicen terceros. Y tampoco puedo actuar como si nada estuviera ocurriendo. Entonces la posición es esa: hay riesgo, hay denuncias, hay una situación delicada. Ellos (las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada lo niegan). Yo no tengo prueba para contradecirlos de manera categórica, pero tampoco tengo elementos para exonerar completamente.
Le vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté al principio, porque quiero que usted sea muy claro en la respuesta. Entiendo que en las resoluciones se hablan de varias razones por el cierre del parque, entre ellas la seguridad. Pero hay alertas además sobre incrementos en los homicidios, presencia activa de estructuras armadas, amenazas directas para funcionarios del parque. La resolución habla de ello. ¿Usted dice que las ACNS no tienen nada que ver con eso?
Es que a lo que quiero llegar es que lo que ha dicho el grupo es que no tiene que ver con la situación del cierre del parque, que el grupo no ha amenazado a nadie ni ha incitado o llevado a esa situación. Eso es lo que yo te puedo decir de lo que se preguntó en el espacio de conversación sociojurídica. Se preguntó en dos ocasiones, incluido el día de la firma del acuerdo sobre las elecciones. Ese día, el jefe máximo y explicó que el grupo no tiene nada que ver con esa situación.
Pero, ¿no es contradictorio no creer lo que dicen entidades del mismo Gobierno, como Parques Nacionales, y otros como la Defensoría sí dicen que hay alertas?
Yo no estoy diciendo que no haya alertas y no estoy diciendo que no lo cierran por falta de seguridad. Me consta que es por inseguridad. Yo estuve conversando con ellos cuando se iba a cerrar el parque. Yo sé qué pasó ahí. Entonces, claro, la medida era la que había que tomar. No fue apresurada ni nada. Tiene que visibilizarse, estoy de acuerdo.
¿El grupo tiene injerencia en lo que pasa en el territorio? Sí. ¿Es un grupo ilegal? Sí. ¿Tiene control territorial? Sí. Esa es la razón por la que estamos conversando con el grupo. Y también porque el grupo quiere, en el marco de la Ley 2272, transformar su territorio. No es un grupo rendido. Es un grupo que quiere que su territorio se transforme.
El grupo niega tener participación en los amedrentamientos a funcionarios del parque. Lo niega. Eso es lo que puedo decir desde la mesa de paz. Desde otras instancias, como Policía o Fuerza Pública, no puedo saber porque no conozco sus investigaciones. Yo sé lo que sé de Parques, lo que me dice el grupo, y eso es lo que sé.
Lo que hacemos permanentemente es evitar que esto pase. Avanzamos en transformaciones territoriales con las comunidades. Avanzamos en la firma de acuerdos que conduzcan al tránsito a la vida civil y disminuyan las violencias.
No estoy diciendo que sepa si el grupo fue o no fue. No tengo ni idea. Sé del clima, sé de lo que pasa allá. Hay tensiones evidentes. Pero nadie del parque está sacando a nadie, eso no es cierto. Me consta. La gente se va a ir, tiene que irse, pero no es que los estén sacando. Eso es lo que te puedo decir. Personalmente me gustaría que avanzara más investigación policial y judicial.
Se ha dicho que el parque funciona como corredor y que hay extorsión vinculada al ingreso de turistas. De hecho, usted dice que no hay una investigación por la autoría, pero tanto la resolución como lo que dice Defensoría apuntan al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras…
Yo sé de los dichos, los rumores. Pero no hay investigación. Y yo no tengo competencia investigativa ni de seguridad. Eso lo tienen la Policía y la Fiscalía.
Todos los dichos dicen que todo es el grupo. No digo que no lo sea, pero no he visto una investigación que lo diga. Me consta de varios casos que no lo son. Esa masacre que se le endilga al grupo en enero o incluso el video del Bendito Menor, no fueron ellos.
Hace seis meses el grupo sacó un comunicado diciendo que por un tiempo iba a dejar de extorsionar. Lo hizo. Y se disparó la extorsión en Santa Marta firmada como ACSN. Y resulta que nunca en la vida habían firmado una extorsión.
Yo no puedo decir que el grupo protege a personas que amenazan a parques, pero tampoco puedo decir que no lo sea. Solo tengo el dicho de ellos. Yo soy simplemente el jefe de una negociación sociojurídica, en donde se trata de desmovilizar, transformar el territorio, hacer un tránsito a la vida civil, someter a la justicia, de eso se trata, y eso está acordado desde el día cero.
¿Usted dice que ni la masacre de enero ni la amenaza del “Bendito Menor” al presidente Petro son hechos ciertos?
La masacre pasó, pero no fue el grupo armado. Y el “Bendito Menor” saliendo en el video amenazando a Petro, eso es un montaje. Yo tengo el video original. Eso es carreta. Y es carreta que a la esposa la mataron y que se entregó. Eso nunca pasó. Fue una ficción.
Él salió reconociendo, negando eso como tres veces, dando su nombre, cédula, todo. Ah, que él es un bandido, claro. Si no, no estaba yo trabajando en esto. Pero las cosas son las cosas. Yo no estoy diciendo que el grupo es un montón de angelitos. Yo sé con quién estoy conversando. Eso lo tengo absolutamente claro. Pero una cosa es una cosa y otra es otra.
Además: ¿Qué hay detrás de las amenazas a Petro del “influencer” de las Autodefensas de la Sierra?
¿Y sobre el tema de las extorsiones? Es un tema a viva voz. El grupo controla casi todo lo que pasa en Santa Marta.
Lo que yo he visto este año es que eso se ha retrocedido. Lo hemos conversado y se supone que tienen que bajar y todo eso. Estamos haciendo transformaciones territoriales, quisiéramos avanzar hacia la ZUT (Zona de Ubicación Temporal). En eso estamos trabajando. En avanzar lo más que se pueda hasta que exista un marco jurídico.
Eso no se había dicho. ¿Las ACSN también tendrán una Zona de Ubicación Temporal?
No, no se ha dicho porque no se ha hecho. Pero estamos trabajando por ello. Aquí siempre hemos tratado de comunicar lo que se hace, no lo que se va a hacer. Te puedo contar que hay COP 15 mil millones de Aire –la empresa de energía– para transformación del territorio. El grupo está de acuerdo y será una ZUT progresiva.
¿Ustedes se han sentado con Parques Nacionales o con otras autoridades para ver qué acciones efectivas se pueden hacer por lo menos contra el actuar delictivo de las ACSN en el parque Tayrona? ¿Y cuáles serían esas medidas?
Nos hemos reunido con parques muchísimas veces, tenemos una relación cercana, hablamos permanentemente, tanto conmigo como con mi equipo. Y todos estos temas los hemos tratado con ellos. Lo que hicimos fue acordar que el grupo no estuviera en el parque y desde el día cero se planteó el tema de la extorsión. Le insisto, no quiero decir que no extorsionen, que no sean la fuerza mayor allí, etcétera. Lo que digo es que no existe, de acuerdo a lo que plantea el grupo y a lo que yo también observo. Y hay que tener en cuenta que hay otros actores delincuenciales pequeños.
Es decir, ir a amenazar a un portero por unas manillas de entrada, pues no necesariamente creo que sea el grupo. Se estaría jugando la extradición de su máxima cabecilla por eso. No tiene sentido. Toca esperar que aparezca una investigación que diga exactamente qué pasa ahí y quién comete esos delitos.
Hace unos meses el gobierno suspendió la extradición de un señor, Carmen Evelio Castillo, conocido como Muñeca. ¿Tuvo algún impacto este freno de extradición en la mesa?
Sí, nos reunimos con el presidente, explicamos cómo estaba el proceso, y el presidente decidió aprobar la extradición de estos personajes Carmen Evelio Castillo y Fredy Castillo, pero suspender su entrega condicionada al proceso de paz.
Ellos están, uno en la cárcel, el otro evadido, pero están en esa situación, y están condicionados a la paz.
El grupo está trabajando sobre esa base. No choca con la Fuerza Pública y ha cumplido una gran cantidad de cosas que nos hace ver lo avanzado del proceso. Tiene firma, tiene compromiso, protege la vida.
La ley que se presentó al Congreso (ley de sometimiento), que no ha discutido el Congreso, les parece un marco que se ajusta, entre cinco y ocho años de cárcel.
El problema no es que ellos no quieran. No es que no estén dispuestos a someterse a la justicia. Eso está claro desde el día cero.
¿No teme que estas acciones, además justo cuando se firmó un acuerdo hace unos días sobre no interferir en las elecciones, realmente tengan una interferencia en las votaciones?
Ese acuerdo también lo tuvimos en las elecciones atípicas de Magdalena. Ya vivimos uno. Hubo comunicado. Y yo siento que cumplieron. No solo por el resultado, sino que cumplieron de verdad. Entonces, si yo estoy sentado en una mesa y no confío en lo que la otra persona firma, ¿qué hago ahí? Si lo cumplieron sin estar firmado como ahora sí lo está, espero que se cumpla. Yo confío en que se cumpla.
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