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El Gobierno nacional declaró insubsistente a Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Así quedó consignado en el Decreto 055 del 22 de enero de 2026, expedido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Romero había sido nombrado en el cargo en mayo de 2025 en medio de duros cuestionamientos públicos sobre su perfil profesional y su experiencia para liderar una entidad clave en la política de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, como registraron medios y organizaciones de la sociedad civil en 2025. La mayor parte de su vida laboral se había desempeñado como escolta.
A partir de la fecha, las funciones de director general de la Unidad de Víctimas serán asumidas por encargo por Breiner Rafael Osorio Pinto, actual asesor del despacho del director del DPS.
La Unidad para las Víctimas es responsable de coordinar la política pública de atención, asistencia y reparación integral de más de nueve millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado.
En los últimos días se han conocido escándalos sobre la operación de la Unidad de Víctimas. La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) reveló la adjudicación de un contrato mediante contratación directa por $112.455 millones a una unión temporal sin experiencia jurídica acreditada, para prestar servicios de defensa judicial a la Unidad de Víctimas, lo que encendió alertas sobre los filtros técnicos y la supervisión de la contratación.
Además, desde la llegada de Romero varios medios como El País de España y la revista Semana han revelado un presunto entramado de corrupción a cambio de cuotas políticas que involucraría a los senadores Gustavo Moreno y Jairo Castellanos del partido Alianza Verde, así como al exalcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach.
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