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El artículo número 12 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Gustavo Petro promete aireadas discusiones en su paso por el Congreso. Algunos medios de comunicación y sectores en redes sociales han dicho que crea “otra Comisión de la Verdad” como la que se acabó en 2022 con la entrega de un informe final sobre el conflicto armado en el país. Pero lo que plantea el artículo, en realidad, es modificar una ley que ya existe y que viene funcionando hace más de 10 años.
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Se trata de lo que quedó en el articulado del PND como un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”. Esa no es una creación de este Gobierno y, como lo dice ese artículo, es una modificación a la ley 1424 de 2010, que fue la que creó ese mecanismo como una forma de resolver la situación jurídica de miles de desmovilizados de los grupos paramilitares que habían dejado las armas en el Gobierno Uribe, a cambio de sus aportes a la verdad y a la memoria.
La estrategia consiste en que el exintegrante del grupo armado firma un “acuerdo de contribución a la verdad” con el Estado, en el que da detalles de su participación en la estructura armada y ofrece verdad que aporta al esclarecimiento de la conformación de los grupos paramilitares en el país. Si su aporte es exhaustivo, básicamente, su situación jurídica queda resuelta.
Por supuesto, el mecanismo tiene condiciones. La más importante es que aplica solo para los exmiembros de esos grupos que no cometieron crímenes graves contra los derechos humanos. En concreto, aplica para quienes hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o de defensa personal.
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Ese mecanismo no judicial de contribución a la verdad está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que tiene una dependencia específica para ello: la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Ese equipo puso en marcha el mecanismo en mayo de 2012 y durante 10 años (hasta 2022) acopió y sistematizó 14.196 testimonios de exintegrantes de grupos paramilitares. Asimismo, certificó en esos 10 años a 17.664 exmiembros de esos grupos.
Con toda la información recogida en esos testimonios (además de víctimas y otros testigos), la Dirección de Acuerdos de la Verdad ha publicado 26 informes con hallazgos, de los cuales 16 conforman la serie sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones. Ha publicado informes sobre los bloques Norte, Central Bolívar, Centauros, Vencedores de Arauca, Mineros y el Clan Isaza, entre varios otros. Aún a la fecha hay varios informes que vienen en camino. En conjunto, se trata de la investigación más completa que hay en el país sobre el paramilitarismo.
El mecanismo no judicial de contribución a la verdad en la Paz Total
Lo que plantea el PND de Petro es que este mecanismo que se ha aplicado durante la última década a los desmovilizados del paramilitarismo, se extienda a quienes suscriban acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia con el Gobierno en el marco de la política de Paz Total.
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“El mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica operado por el CNMH será adecuado e implementado en los diversos acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia en el marco de la política de Paz Total y de la normatividad que los reglamente (…) se podrá aplicar a personas excombatientes o exintegrantes de estructuras armadas ilegales que suscriban acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia con el Estado colombiano”, es la modificación clave que plantea el PND.
La propuesta, en realidad, según supo Colombia+20, vino del propio Centro Nacional de Memoria Histórica y el Gobierno lo que hizo fue acogerla e incluirla en el PND. La entidad lo propuso teniendo en cuenta que “puede ser acoplada esta experiencia exitosa con diferentes actores de la Paz Total; obviamente los mecanismos no judiciales no desconocen los mecanismos judiciales, son complementarios y responden al derecho a la verdad de las víctimas”, explicó a este diario una fuente cercana al tema.
Actualmente, el Gobierno Petro avanza en diálogos de paz o sometimiento a la justicia con la guerrilla del Eln, con dos facciones disidentes de las antiguas Farc, con las Agc o Clan del Golfo y con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Pero, además, avanza también en diálogos con estructuras armadas en Medellín y el Valle de Aburrá, en Quibdó (Chocó) y en Buenaventura (Valle del Cauca). Hasta el momento, no está claro para quiénes aplicaría este mecanismo y tampoco su relación con el proyecto de ley de sometimiento a la justicia radicado por el Gobierno ante el Congreso.