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El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1052 del 7 de octubre de 2025, con el que ordena la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de policía en zonas rurales de Nariño y Putumayo.
La decisión, de alcance limitado y por tiempo definido, busca permitir el procedimiento de verificación y destrucción del material de guerra entregado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las antiguas FARC comandada por Walter Mendoza.
Ese grupo entregará, de acuerdo con lo pactado, 14 toneladas de material de guerra dentro del proceso de paz que llevan con el Gobierno Petro.
La medida regirá entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre -de manera escalada- en tres puntos de intervención cuya ubicación se mantiene reservada por razones de seguridad, pero están ubicados en esos dos departamentos.
En esas zonas, equipos técnicos del Ministerio de Defensa, la Oficina del Comisionado para la Paz y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) supervisarán la entrega, verificación y destrucción del armamento, en cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo No. 12 del 19 de julio de 2025.
El decreto advierte que la suspensión no constituye un cese al fuego general y no detiene las operaciones contra economías ilegales, como el narcotráfico o la minería ilícita. Su aplicación será estrictamente delimitada en tiempo y espacio para garantizar la seguridad de las misiones técnicas y de las comunidades aledañas.
El Ministerio de Defensa deberá emitir los lineamientos operativos y asegurar que la Fuerza Pública actúe conforme al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
Por su parte, la CNEB se comprometió a no realizar acciones ofensivas ni interferir con el trabajo de la Fuerza Pública durante el desarrollo del proceso. El decreto señala que el grupo armado deberá facilitar el ingreso del personal técnico y respetar los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo.
Esta suspensión es uno de los primeros ceses microfocalizados decretados por el Gobierno en el marco de la política de paz total, y constituye un gesto de confianza hacia la disidencia de Mendoza, que controla corredores estratégicos entre la frontera con Ecuador y el Pacífico sur. Para el Ejecutivo, la medida representa un paso técnico y verificable en la construcción de acuerdos de desarme y podría abrir el camino hacia un cese al fuego más amplio.
De acuerdo con Novoa, el operativo contempla la eliminación de 4 toneladas en Putumayo y 10 en Nariño, donde la disidencia mantiene presencia activa.
La preparación del operativo lleva semanas de trabajo técnico y coordinaciones institucionales. En esta fase, el equipo del Comisionado de Paz y las Fuerzas Militares deben definir las zonas de destrucción, que deben estar alejadas de centros poblados, comunidades campesinas o resguardos indígenas, y cumplir condiciones ambientales para evitar cualquier riesgo. La magnitud del material exige estudios de impacto y medidas de seguridad adicionales.
“Solo las Fuerzas Militares están facultadas para hacer la destrucción, por lo que el proceso requiere una logística compleja y zonas aisladas para evitar riesgos a la población o daños ambientales”, explicó a este diario Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa.
La hoja de ruta incluye varias etapas: los miembros del grupo armado trasladan el material desde los puntos donde está almacenado y elaboran un inventario; luego, ese inventario es verificado por las autoridades militares. Una vez todo está listo, el grupo entrega el material en los sitios acordados y se retira del lugar. En ese momento, ingresan las unidades de la Fuerza Pública, que se encargan directamente de la destrucción.
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