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El reciente operativo militar ejecutado por el Ejército Nacional en Caquetá contra el frente Rodrigo Cadete, de “Calarcá Córdoba”, marca un giro decisivo dentro del complejo tablero de la paz total.
La acción tuvo lugar en la vereda El Guamo, zona rural de Cartagena del Chairá, uno de los bastiones históricos de las antiguas FARC y, actualmente, un enclave estratégico para la reconfiguración del conflicto armado en el sur del país. El operativo dejó como saldo la captura de un guerrillero y la incautación de armamento, según información oficial del Ministerio de Defensa.
Aunque desde el punto de vista militar se trató de una acción de baja escala, su repercusión política es mayúscula. Este es el primer ataque directo de las Fuerzas Armadas contra la estructura de “Calarcá” desde que el presidente Gustavo Petro ordenara, a mediados de abril, no solo la suspensión del cese al fuego bilateral -que había durado casi 18 meses- con esta facción, sino que expidió un decreto en el que decía que sus frentes debían empezar un proceso de tránsito hacia Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Aunque hasta ahora solo hay un decreto para la ZUT con el frente 33, también parte de la disidencia de Calarcá, pero que opera en Catatumbo, la orden fue para los demás bloques del EMBF.
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Por eso la operación militar marca un punto de inflexión en la estrategia de paz total del Gobierno, que había privilegiado el diálogo y la contención militar como pilares de su política de seguridad. Además, refuerza la nueva estrategia del Ejecutivo en términos de seguridad que, tras la llegada de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa -el primer militar en tres décadas, aunque ya se retiró de las Fuerzas Militares-, está marcada por la combinación de diálogo con ofensivas militares.
Más allá del frente militar, este primer “golpe” a “Calarcá” tiene implicaciones estratégicas. Su grupo controla zonas claves para las rutas del narcotráfico que atraviesan Caquetá, Meta y Guaviare, y mantiene alianzas con redes criminales que operan en la Amazonia.
Guerra con “Mordisco”
Este ataque ocurre en un contexto especialmente delicado por el recrudecimiento de la guerra entre disidencias. Justo en el vecino departamento de Guaviare, frentes comandados por “Calarcá” e “Iván Mordisco” -el jefe de la otra disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC)-, se enfrentan en una lucha territorial sin precedentes por el control de economías ilegales, corredores estratégicos y zonas ambientalmente sensibles del sur del país. Esta pugna ha provocado el confinamiento de más de 10.000 personas, especialmente en zonas como El Retorno, Calamar y Miraflores, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Además, desde el sábado pasado, el bloque Amazonas, al mando de “Mordisco”, impuso un nuevo bloqueo armado -el 31 de mayo habían hecho otros en la “Trocha Ganadera”-, pero esta vez en la vía Guacamayas, alterna a esa trocha. Organizaciones sociales y de derechos humanos alertan sobre el confinamiento forzado de comunidades enteras, el aumento de desplazamientos y la reactivación de prácticas de control social impuestas por los grupos armados.
La semana pasada el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, se reunió con la defensora Iris Marín y dijo que querían articular un mecanismo que ante la alerta generada pueda seguir acompañando a las comunidades de la mano del Gobierno Nacional.
Tensiones internas en la mesa con la disidencia
La ofensiva militar contra “Calarcá” es leída como un intento del Gobierno por recuperar la iniciativa política y militar. Sin embargo, también revela las tensiones internas en la implementación de la paz total.
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Hasta hace pocas semanas este frente disidente había participado en reuniones extraordinarias que se llevan en la mesa de diálogo, incluso presentando propuestas de sustitución de economías ilegales y proyectos de desarrollo rural. Pero el deterioro de los compromisos, sumado al fortalecimiento militar de los grupos armados, derivó en la suspensión del cese al fuego y en el repliegue del diálogo hacia un terreno incierto.
El mismo “Calarcá” ha sido considerado uno de los mandos más receptivos al diálogo. De hecho, tras la ruptura que se dio con “Mordisco” en marzo del año pasado, fue “Córdoba” quien insistió en seguir el proceso de negociaciones con el Gobierno. No obstante, tras lo ocurrido en Catatumbo -el ataque del ELN y los posteriores enfrentamientos con el frente 33, también de “Calarcá”- y el rompimiento del cese al fuego bilateral en abril, la mesa ha estado parcialmente inactiva, especialmente con los bloques que opera en Caquetá, Guaviare y Meta.
Donde se han producido más actividades es con el frente 33 de Catatumbo, con el que se firmó una resolución para la creación de la Zona de Ubicación Temporal en Tibú, donde habría una preconcentración de los hombres de esta estructura.
Una fuente cercana a ese diálogo de paz le dijo a Colombia+20 que desde hace días la delegación del Gobierno no puede contactar a “Calarcá” y que no hay avance en los acuerdos a los que se había llegado. Además, afirma que solo parte de la mesa está dedicada a adelantar la Zona de Ubicación Temporal en Catatumbo. Ese proceso lo está liderando Gloria Quiceno, delegada del Gobierno.
El ataque en Caquetá no solo expone las fisuras en la estrategia de paz del Ejecutivo, sino que anticipa una nueva etapa de confrontación con consecuencias impredecibles para las comunidades en terreno.
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