Este sábado 20 de julio, el Ministerio de Justicia radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento, una de las piezas clave de la política de Paz Total del gobierno Petro.
La radicación, encabezada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien construyó con ayuda de comunidad internacional el articulado, se da en la instalación de la última legislatura del actual periodo legislativo (2022-2026), en la que el Gobierno espera impulsar por última vez su agenda de reformas estructurales y, en particular, este proyecto que busca ofrecer una salida jurídica para estructuras armadas organizadas como el Clan del Golfo y otras bandas de crimen urbano.
También incluye beneficios para personas investigadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de la protesta social, como algunos integrantes de la llamada Primera Línea y figuras mediáticas como Epa Colombia.
La instalación de la legislatura está programada para las 2:30 p. m., y contará con la presencia del presidente Gustavo Petro.
El proyecto, que en las últimas semanas circuló en forma de borrador entre congresistas, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, ha generado una fuerte controversia nacional por el tipo de beneficios que contempla para los miembros de organizaciones criminales como el Clan del Golfo.
Aunque el articulado aún no ha sido presentado en su versión definitiva, varios de sus puntos centrales ya han sido objeto de debate y crítica en la opinión pública.
De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, la iniciativa contempla un régimen especial de penas para los máximos responsables de organizaciones armadas, que podrían recibir entre 6 y 8 años de cárcel.
El proyecto permitiría además que los jefes criminales conserven hasta el 12 % de sus bienes y fortunas, siempre que colaboren con la justicia, entreguen armas, contribuyan al desmantelamiento de su estructura y participen en programas de reparación colectiva.
Además, el proyecto faculta al presidente de la República para autorizar el inicio del sometimiento con cada estructura armada, una medida que ha sido interpretada por algunos sectores como una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo
El proyecto también incluye artículos dedicados al “tratamiento especial” para personas investigadas o condenadas por hechos ocurridos en el marco de disturbios públicos y protestas sociales.
Es decir, podrían verse beneficiados integrantes de la llamada Primera Línea, jóvenes capturados durante el estallido social de 2021, y hasta personajes como Epa Colombia, quien fue condenada por daños a bienes públicos durante una manifestación en el sistema TransMilenio. Para estos casos, el proyecto contempla reducciones de hasta el 70 % en las penas, así como mecanismos alternativos para el cumplimiento de sanciones.
El evento de radicación tendrá lugar en medio de los actos protocolarios del 20 de julio, jornada en la que el presidente Petro también intervendrá ante el Congreso para rendir cuentas de sus tres años de gobierno.
Según la programación oficial, el mandatario participará en la ceremonia de izada de bandera y luego se dirigirá al Salón Elíptico, donde dará su tradicional discurso.
La aprobación del proyecto de sometimiento no será nada fácil en el Congreso. Amplios sectores del Congreso han manifestado reparos sobre los beneficios penales, la posibilidad de conservar bienes, la falta de claridad sobre mecanismos de verificación, y el riesgo de crear un incentivo perverso para que estructuras criminales se mantengan activas hasta recibir un tratamiento favorable.
Algunas organizaciones de derechos humanos han alertado sobre posibles afectaciones a las víctimas y sobre la ausencia de mecanismos robustos de verdad, justicia y reparación.
A pesar de estas tensiones, el Gobierno espera que el inicio de la nueva legislatura sea un punto de inflexión para su política de paz total, que enfrenta numerosos retos: fracasos en las negociaciones con algunos grupos armados, escaladas de violencia en territorios clave como el Cauca, Nariño y Guaviare, y la necesidad de mostrar resultados concretos ante la ciudadanía.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca abrir una vía jurídica para la desarticulación de estructuras armadas ilegales que no son parte de procesos políticos como los que se adelantan con el ELN o las disidencias de las FARC.
En esta última legislatura, marcada por un clima preelectoral y por la fragmentación del Congreso, el reto será mayúsculo. Aun así, el mensaje político que se enviará hoy con la radicación es claro: el presidente Petro no renuncia a su bandera más ambiciosa, la paz total, y buscará llevarla hasta el último año de su gobierno, con el Congreso como campo de batalla decisivo.
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