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El Gobierno Nacional volvió a designar como gestores de paz, por un periodo de ocho meses, a varios integrantes de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF, al mando de Calarcá Córdoba, que habían sido capturados en Medellín mientras se movilizaban en camionetas adscritas a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La decisión quedó consignada en la Resolución Ejecutiva 473 del 22 de diciembre de 2025, firmada en medio de crecientes cuestionamientos por las revelaciones judiciales que han evidenciado nexos entre estructuras de esa disidencia, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios de inteligencia del Estado, como quedó expuesto recientemente en investigaciones derivadas del análisis del computador de Calarcá Córdoba.
Los ahora gestores habían sido detenidos en un retén policial en la capital antioqueña, un hecho que desató una fuerte controversia pública por el uso irregular de vehículos oficiales, asignados bajo el amparo de su condición previa como facilitadores de acercamientos con el Estado. El episodio expuso fallas en los mecanismos de control y supervisión de los esquemas especiales otorgados a actores armados vinculados a procesos de diálogo.
Pese a ese antecedente, el Ejecutivo decidió restablecerles la designación, argumentando la necesidad de mantener abiertos los canales de interlocución con estructuras armadas ilegales en un contexto de alta fragmentación del conflicto.
Según la resolución, la designación tendrá una vigencia de ocho meses y se enmarca en las facultades del Gobierno para adelantar gestiones orientadas a la superación del conflicto armado.
La resolución afirma que la figura de gestor de paz no otorga beneficios judiciales automáticos ni implica la suspensión de procesos penales en curso.
El escándalo cuyo origen fue el operativo de Anorí
El escándalo que hoy compromete a la disidencia de Calarcá Córdoba y a dos funcionarios del Estado estalló el pasado 30 de noviembre tras la filtración de archivos incautados en un operativo militar que, más de un año después, revelaron posibles contactos irregulares entre estructuras armadas y miembros de la Fuerza Pública.
El origen del escándalo se remonta al 23 de julio de 2024, cuando un retén militar en la vía Medellín–Anorí detuvo una caravana en la que se movilizaban varios mandos de la disidencia encabezada por “Calarcá Córdoba”, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), y en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.
En esos vehículos viajaba parte de la escolta otorgada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la movilidad de la delegación en el marco de los diálogos con el Gobierno. La escena llamó la atención de las tropas porque, entre los ocupantes, había figuras de peso dentro del grupo armado con órdenes de captura vigentes.
Durante la inspección fueron incautados diversos elementos: celulares, memorias USB, discos duros, computadores portátiles, dos pistolas calibre nueve milímetros, un chaleco balístico, oro y dinero en efectivo. Todo ese material quedó bajo cadena de custodia de la Fiscalía.
La unidad investigativa de Noticias Caracol accedió a esos archivos y expuso hace una semana un conjunto de comunicaciones internas —correos, chats, anotaciones y documentos operativos— que mencionaban nexos entre la disidencia de “Calarcá” y altos funcionarios del Estado, entre ellos el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Lo que parecía un episodio rutinario de control derivó en señalamientos de apoyo logístico, creación de empresas fachada y circulación de información reservada, poniendo bajo presión a la Fiscalía, a la inteligencia estatal y al propio proceso de paz con el EMBF.
La crisis, que combina vacíos de control institucional con tensiones políticas en ascenso, amenaza con alterar el equilibrio de una mesa ya frágil y reaviva dudas sobre la capacidad del Estado para vigilar a sus propios hombres mientras negocia con un actor armado.
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