Este lunes, por segunda vez, se suspendió el séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza.
La ronda de negociación se daba después de una primera pausa que tuvo esa mesa de paz y que fue declarada por la delegación de ese grupo armado en marzo pasado tras la muerte de un miembro del grupo en medio de un operativo del Ejército.
Además, la disidencia argumentó en su momento que el Gobierno no estaba cumpliendo los compromisos sobre el eventual traslado de Geovanni Rojas, conocido como Araña, a la Zona de Ubicación Temporal que se quiere crear en Putumayo.
Este fin de semana las delegaciones se reunieron en Nariño para verificar los avances de la erradicación de cultivos de uso ilícito. El acuerdo prevé un plan de sustitución de 30 mil hectáreas (15 mil en Nariño y 15 mil en Putumayo) que, por ahora, avanza lentamente.
“Estamos haciendo todo lo posible para que esas metas establecidas en la mesa se puedan cumplir en forma satisfactoria. El motivo de nuestra presencia hoy aquí, en Roberto Payán, en la laguna Chimbuza, es lograr precisar los términos de ese cumplimiento, lo mismo que en el departamento de Putumayo”, dijo este fin de semana a Colombia+20 Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en la mesa, durante el recorrido por la zona.
Sin embargo, las delegaciones tuvieron diferencias sobre este punto y, según conoció este diario, se suspendió la ronda.
Fuentes cercanas afirmaron a este diario que el Gobierno pidió a la disidencia que la erradicación se realizará por sus propios medios, incluido el económico, mientras que el grupo armado afirma que debe hacerse a través del programa que lidera la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Sobre este tema, Novoa le dijo este lunes a Colombia+20 que lo que se busca es más compromiso del grupo armado,
“Así como ellos siembran (el grupo armado), que ellos mismos arranquen las hojas de coca. Así como ellos han contribuido a llenar de coca el país, que contribuyan a limpiar a esas regiones de coca. Para eso no le han pedido permiso a nadie (...) que para ello utilice sus medios, sus recursos económicos”, dijo.
Sobre qué significaría para las comunidades que dejan de sembrar coca, Novoa también dice que se trata de un tema de corresponsabilidad del grupo armado.
“Ellos tienen una corresponsabilidad para que las comunidades también transiten a economías que no sean la coca. Es que, le repito con el ejemplo de este fin de semana, en la laguna de Chimbuza ya lo han hecho, con la caña de azúcar y con el cacao. Entonces, cuando las comunidades arrancan matas y las reemplazan por otros cultivos, pues están generando una fuente de recursos que no es la coca. Ese es el primer paso”, dijo.
En esa región del país se ha llevado a cabo un proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito, pero que no ha estado exento de incertidumbres por parte de las comunidades. En Roberto Payán, además, se tiene proyectado hacer una de las Zonas de Ubicación Temporal que el Gobierno adelanta con ese grupo armado.
Las comunidades y la delegación de la disidencia afirmaron que les preocupa la falta de inversión para sacar adelante los proyectos productivos -uno de panela y otro de cacao- que se vienen adelantando como forma de sustitución del cultivo de uso ilícito.
Sin embargo, en diálogo con Colombia+20, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, afirmó que desde su administración se está trabajando en ello.
“Ha habido dificultades que se han presentado, pero hemos ido resolviendo. Aquí lo importante es que hay una decisión del Gobierno Nacional de apoyar la sustitución de 5.000 hectáreas. La complejidad que tenemos es que los tiempos del Gobierno ya están casi llegando al límite, pero nosotros, como Gobierno Departamental, siempre seremos el broche de esos procesos. Nuestro compromiso no está en la sustitución, pero sí en la construcción de las vías. En este caso, la más importante, que es la vía de Roberto Payán a La Guayacana”, dijo el gobernador Escobar.
En el municipio -explicó Novoa- 4.000 familias han suscrito acuerdos de erradicación voluntaria, según la Dirección de Sustitución. Sin embargo, el proceso sigue rezagado y necesita mayor impulso.
"Necesitamos acelerar ese proceso para que las comunidades empiecen a llevar a cabo ese compromiso adquirido con la sustitución, a cambio de que el Gobierno gire personalmente los recursos que les permitan suplir los ingresos que deben de tener por la erradicación. Son dos cosas complementarias que tienen que ir acompasadas, porque si una pesa con uno y la otra no, el programa y el propósito fracasan”, indicó el jefe negociador.
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