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Los combates entre los grupos armados en el Meta, el Cesar o el Caguán; los desplazamientos masivos; el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos o el confinamiento de comunidades en lugares como Briceño y Sucre podrían ser hechos recientes o la misma noticia que Colombia viene contando desde hace un siglo.
El inicio de 2026 encuentra al país con un deterioro acumulado de la seguridad en varias regiones y un escenario nada favorable: los grupos armados ilegales son hoy más grandes, más extendidos y más difíciles de contener que hace un año.
Las disidencias de las FARC, Comuneros del Sur, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la guerrilla del ELN suman entre ellas 27.121 integrantes, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
En solo un año, estas estructuras armadas sumaron más de 5.000 nuevos miembros, lo que representa un crecimiento del 23,5 % frente a 2024, según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que afirma que el 2026 estará marcado por “las dificultades del Estado para recuperar el control del territorio”.
El crecimiento también se ha mantenido en el corto plazo. Entre julio y diciembre de 2025, el número total de integrantes aumentó un 7 %, lo que refuerza la advertencia de la FIP sobre la dificultad de contener la expansión de estas estructuras, incluso en escenarios de mayor presión militar y de negociación simultánea.
El fortalecimiento de los grupos no se limita a los hombres en armas. De acuerdo con la FIP, el aumento se presenta tanto en combatientes armados, que crecieron un 20 %, como en las redes de apoyo, que aumentaron un 27 %. Aunque cumplen funciones distintas, “en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad”, dice el análisis y agrega que las redes de apoyo “son el pilar fundamental de la vigilancia y el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio”.
Paula Tobo, investigadora de la FIP, señala que el porqué del crecimiento puede deberse a muchos factores. “Hay unos elementos como crónicos desde las falencias de nuestras políticas de seguridad para evitar que sigan creciendo los grupos, no solo en el aspecto de los integrantes, sino también de los territorios en donde en donde operan. Hay otros factores como el manejo de paz total, las decisiones que se dieron sobre los ceses al fuego, otro puede ser la forma en la que hemos abordado las economías ilícitas. El Clan del Golfo ha sido al que más han bombardeado las fuerzas militares. Entonces quizás no es lo que se ha hecho sino cómo se ha hecho”, dice.
Todos los grupos aumentaron su pie de fuerza
Según el conteo de la Fuerza Pública citado por la FIP, el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), concentra el mayor aumento. Esa estructura pasó de 7.551 integrantes en 2024 a 9.840 en 2025, un incremento cercano a 2.300 personas, equivalente a un 30 % en un solo año.
Tobo explica que todos los grupos han experimentado crecimientos a lo largo de este década, pero que durante estos últimos tres años “ha habido crecimientos constantes” que antes no se daban. “El ejemplo perfecto es el Clan del Golfo, que en este período en particular vio un crecimiento que no había visto antes. Que en un solo año hayan sumado más de dos mil personas dice mucho de lo que está pasando”, señala.
Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco pasaron de 3.279 a 4.019 miembros, con un incremento del 23 %, mientras que la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, creció un 22 %, al pasar de 2.415 a 2.958 integrantes.
El ELN también aumentó su tamaño, al pasar de 6.245 a 6.810 integrantes, lo que representa un crecimiento del 9 %. Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco pasaron de 3.279 a 4.019 miembros, con un incremento del 23 %, mientras que la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, creció un 22 %, al pasar de 2.415 a 2.958 integrantes.
Otras estructuras, como la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB),al mando de Walter Mendoza, registraron un aumento del 25 %, y la Segunda Marquetalia creció un 15 %. Incluso organizaciones más pequeñas, como los Comuneros del Sur -el frente que se separó del ELN-, mostraron incrementos, lo que confirma que el fortalecimiento no es un fenómeno aislado, sino transversal.
Tanto el Clan del Golfo como Comuneros del Sur, y las disidencias de Calarcá y Mendoza están en la paz total del presidente Gustavo Petro.
Para la FIP, este comportamiento evidencia que “ni las acciones militares, ni las negociaciones, ni la oferta de sometimiento individual han logrado reducir la capacidad de reclutamiento y recomposición de todos los grupos”.
“Lo crítico de la situación es que todo esto que estamos gastando en nuestras políticas de seguridad sea un poco en vano, tanto para disminuir las capacidades de los grupos como para proteger a la población”, advierte Tobo.
El análisis identifica al menos tres factores estructurales que explican esta expansión. El primero es “las campañas de expansión territorial y el fortalecimiento de su gobernanza local”, que les permiten consolidar presencia y control en regiones donde el Estado sigue siendo débil.
El segundo es “la presión derivada de nuevas disputas, producto de fracturas internas y de una mayor ofensiva de la Fuerza Pública”, que incentiva el reclutamiento como mecanismo de defensa y reposición. Y el tercero es la transformación de las estrategias de vinculación: “la adopción de nuevas formas de reclutamiento, como el ofrecimiento de salarios y otros incentivos, entre ellos bonos y vacaciones”.
Con este ritmo de crecimiento, la FIP advierte que el desafío no se limita al cierre del actual gobierno. “Todo indica que el próximo gobierno deberá diseñar una estrategia de seguridad capaz de frenar este crecimiento y de enfrentar a grupos que podrían reunir cerca de 30.000 integrantes”, dice el informe.
El fortalecimiento armado pasó al tiempo del evidente desgaste de la política de paz total. Según el análisis de la FIP, el inicio de 2026 encuentra esta estrategia “golpeada por escándalos” y con un reconocimiento cada vez más extendido de sus límites, incluso desde el propio Gobierno.
Aunque las mesas de negociación siguen activas, avanzan acumulando compromisos “difícilmente cumplibles”, los grupos armados continúan creciendo, expandiéndose territorialmente y marcando el pulso de la seguridad en amplias zonas del país, sin que el diálogo se haya traducido en alivios sostenidos para las comunidades.
Una escalada histórica de disputas armadas
En 2025, las disputas entre grupos ilegales alcanzaron “su nivel más alto en los últimos 10 años”. De acuerdo con la FIP, los enfrentamientos aumentaron un 34 % frente a 2024, al pasar de 86 a 115 casos registrados.
Este repunte, explica el informe, está directamente relacionado con “la ruptura de acuerdos que antes permitían la coexistencia entre estos grupos”. El Catatumbo es uno de los ejemplos más claros. Allí, desde hace un año, se enfrentan el ELN y el Frente 33. En Vichada, el ELN disputa el control territorial a la Segunda Marquetalia, mientras que en regiones como Caquetá y Guaviare, históricamente dominadas por una sola estructura, “hoy se registran graves afectaciones humanitarias”.
El resultado es un mapa de la guerra en expansión. Actualmente, 13 zonas del país se encuentran en disputa armada, “casi el doble de las que existían al inicio del Gobierno Petro, en 2022”.
La FIP subraya que este escenario ha tenido un impacto directo en la crisis humanitaria. En 2025, “las cifras de desplazamiento forzado y confinamiento alcanzaron niveles que no se veían desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz”.
A esto se suma un fuerte aumento de los ataques contra infraestructura y bienes civiles (58 %) y contra la Fuerza Pública (62 %), lo que convierte a 2025 en el año con los registros más altos desde 2016.
Más allá de los enfrentamientos, el informe advierte que la expansión de los grupos armados se traduce en un control cada vez más profundo sobre la vida cotidiana de las comunidades. Según cifras citadas en el informe, en 2025 más de 1 millón de personas resultaron afectadas por confinamientos y limitaciones a la movilidad, triplicando lo registrado el año anterior. En paralelo, se incrementaron los ataques a misiones médicas y se profundizó la crisis de atención humanitaria en varias regiones.
Para la FIP, una parte central del problema es que buena parte del fortalecimiento de los grupos armados no se refleja plenamente en las estadísticas oficiales. “La pérdida de espacios de gobernanza del Estado y de las comunidades es difícil de medir, pero se siente en la vida cotidiana de los territorios”, advierte el documento, que también alerta sobre el subregistro de delitos como la extorsión y el reclutamiento forzado.
El balance con el que arranca 2026 es contundente. Colombia deja atrás “un año que cerró en rojo en varios indicadores de seguridad e impacto humanitario” y se enfrenta a un escenario en el que “los grupos armados marcan el pulso en amplias zonas del país”. Mientras el Estado sigue sin lograr frenar su crecimiento ni recuperar el control territorial.
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