Hacer política en El Salvador con un pasado guerrillero

La experiencia en participación política del que fue el grupo armado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, sin duda es ejemplo para el proceso de paz colombiano. Su partido político, que conservó el mismo nombre de guerra, y que nació con la firma del Acuerdo de Paz de Chapultepec en 1992, se estableció como uno de los más representativos desde entonces. Tanto así, que uno de sus excombatientes, Salvador Sánchez Cerén, es el actual presidente de este país.

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Caso similar es el de Antonio Javier Martínez, quien combatió en las filas del FMLN por 12 años y después del acuerdo entró a hacer parte del Gobierno. Fue alcalde de Suchitoto, una de las 15 zonas de concentración y desmovilización del grupo armado, desde el 2006 hasta el 2012; gobernador de Cuscatlán y viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Hoy, ejerce como asesor del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, apoyando la creación de políticas para la prevención de la violencia en El Salvador.

A propósito de su visita a Colombia para la VI Gira Técnica de Cooperación Sur-Sur, en la que habló sobre las lecciones que dejó el proceso de paz salvadoreño y donde incluso también tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con el senador y exmilitante del M-19, Antonio Navarro Wolf, Colombia2020 le preguntó acerca de su paso de la lucha armada a la vida política, y las enseñanzas que las Farc podrían tomar de este caso.

¿Cómo fue para usted dejar las armas y comenzar desde cero como político?

No fue nada fácil. La verdad es que ha sido todo un proceso de 25 años. Hoy soy "burrócratra" pero mi origen es como excombatiente. Mi experiencia dentro de la administración pública primero fue a nivel municipal, cuando fui alcalde, y posteriormente fui gobernador. Luego estuve de viceministro de Gobernación y ya hoy sigo estando en el Ministerio, pero trabajo más desde el tema de desarrollo territorial. Entonces he tenido la dimensión municipal, lo departamental y ya lo que es la burocracia del gobierno central.

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¿Pero cómo logró dar ese primer paso: ser elegido como alcalde?

Cuando nos desmovilizamos decidimos que la participación política y electoral la íbamos a ejercer en la zona de guerra donde nosotros habíamos estado. Era un elemento complicado pues podía haber resentimientos, pero lo decidimos y logramos que por primera vez se ganara.

Mi primera práctica política era apoyar a la administración pública, pero desde afuera, como parte de los excombatientes. Creamos una comisión de seguimiento y a partir de ahí, viendo que los programas de reinserción tenían que ver con el individuo, pero no con la comunidad, establecimos la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo. Así empezamos a gestionar recursos internacionales para trabajar en el municipio, por eso es que posteriormente me lancé de candidato a la Alcaldía, porque ya había tenido un trabajo territorial.

A partir de esta experiencia, ¿cuál cree que es la clave para que la comunidad confíe en los excombatientes y estos puedan llegar a cargos públicos?

Que te vean involucrado en sus problemas. Yo me fui envolviendo sin estar de alcalde. Solucionaba cosas específicas que eran de la vida comunitaria, donde no solo había excombatientes. Incluso la primera vez que me pidieron que fuera alcalde me negué porque me sentía más cómodo en la Fundación que en la Alcaldía, porque sentía que iba a estar bajo ese mandato que genera la administración pública. Finalmente, a la tercera vez que me lo propusieron, acepté.

Después de 12 años con la insurgencia y de 25 como político, ¿qué les diría a los exguerrilleros colombianos que creían que la única forma de legitimar sus derechos era a través de la lucha armada?

Yo me incorporé a la lucha armada al ver agotada la lucha política. Entonces cuando entré al ejercicio público era como volver a aquello, solo que con ciertas reglas nuevas. A los exguerrilleros de las Farc que estuvieron en mi panel, les decía que no se desmovilizaran. Varias personas se sorprendieron con mi afirmación; algunos dijeron que yo les estaba diciendo que volvieran a las armas de nuevo. Pero no. Me refería a que se desarmen, dejen la lucha armada, pero que no se desmovilicen en términos de su utopía, del imaginario de sociedad que ellos tienen. La lucha continúa, pero por otros medios.

Ahora, el peligro que hay es que en la guerra se creen guerreristas y no guerreros. La gente que se acostumbró solo a la guerra es bien difícil que de ahí salga, pero si, por el contrario, hay aquellos que están convencidos de que la guerra es solo otra forma de lucha, están listos para dar otro paso. 

El caso de la UP y el M-19 sin duda son antecedentes graves en Colombia, que ponen en duda que las Farc tengan garantías de seguridad sobre sus vidas cuando ejerzan como partido político. ¿Pasó igual en El Salvador?

Ese era uno de nuestros miedos. Nosotros decíamos que ojalá no fuera a "colombianizarse" el caso salvadoreño. Yo quisiera que fuera al revés más bien, porque tuvimos pocas cosas de esas en El Salvador. Sí hubo amenazas, tuvimos que tomar una serie de medidas, de autodefensa. Aquí tendrían que definir un periodo 'X' de sobrevivencia y ser muy astutos en saberlo administrar.

¿Pero más allá de las medidas de autodefensa de las que usted habla, no cree que el Estado es el que debe ser el garante de su seguridad?

Sí, de acuerdo. Debe haber medidas y para eso se requiere voluntad política, pero esta solo se prueba con la práctica, no con discursos. El Estado en su conjunto en Colombia debe cuidar esto como un bebé si quiere decirles a otros actores armados que vengan. En el caso de nosotros, todos nos desmovilizamos de una vez, aquí no, entonces quiere decir que hay retaguardia y eso es peligroso.

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Puntualmente, ¿qué medidas debería tomar el Gobierno para evitar que esto se vuelva a repetir?

En la medida en la que el Gobierno permita, se vuelve cómplice, así de duro lo digo. Si se dan casos de asesinatos debe, y hay forma de hacerlo hoy con la tecnología, hacer la investigación de inmediato, de forma visible y contundente para generar casos ejemplares de justicia. Eso solo lo puede hacer el Estado. No le puede exigir a las Farc que tengan ese papel porque ellos están en desventaja. El Estado es el responsable en última instancia, ellos son vulnerables. No estoy hablando de culpabilidad, sino de vulnerabilidad.

Otro asunto que genera bastante discusión en cuanto a la participación política de las Farc es que ocupen sillas en el Congreso sin que hayan dicho toda la verdad o sin pagar por los delitos que hayan cometido. ¿Qué opina usted de esto?

Hay que ver en la justicia restaurativa cómo lo van a considerar, pero no pueden cerrarse al todo o nada. Eso pasa es una negociación: ¿Qué doy a cambio de qué? En El Salvador no pasó esto de que alguien pidiera cabezas de los jefes del Frente, por decirlo así, aunque la gente sí esperaba vernos presos después, lo cual tampoco pasó. Si a nosotros nos hubieran desarmado para después llevarnos a la cárcel no estaríamos aquí. Nada hubiera pasado.

La experiencia en participación política del que fue el grupo armado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, sin duda es ejemplo para el proceso de paz colombiano. Su partido político, que conservó el mismo nombre de guerra, y que nació con la firma del Acuerdo de Paz de Chapultepec en 1992, se estableció como uno de los más representativos desde entonces. Tanto así, que uno de sus excombatientes, Salvador Sánchez Cerén, es el actual presidente de este país.

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Caso similar es el de Antonio Javier Martínez, quien combatió en las filas del FMLN por 12 años y después del acuerdo entró a hacer parte del Gobierno. Fue alcalde de Suchitoto, una de las 15 zonas de concentración y desmovilización del grupo armado, desde el 2006 hasta el 2012; gobernador de Cuscatlán y viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Hoy, ejerce como asesor del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, apoyando la creación de políticas para la prevención de la violencia en El Salvador.

A propósito de su visita a Colombia para la VI Gira Técnica de Cooperación Sur-Sur, en la que habló sobre las lecciones que dejó el proceso de paz salvadoreño y donde incluso también tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con el senador y exmilitante del M-19, Antonio Navarro Wolf, Colombia2020 le preguntó acerca de su paso de la lucha armada a la vida política, y las enseñanzas que las Farc podrían tomar de este caso.

¿Cómo fue para usted dejar las armas y comenzar desde cero como político?

No fue nada fácil. La verdad es que ha sido todo un proceso de 25 años. Hoy soy "burrócratra" pero mi origen es como excombatiente. Mi experiencia dentro de la administración pública primero fue a nivel municipal, cuando fui alcalde, y posteriormente fui gobernador. Luego estuve de viceministro de Gobernación y ya hoy sigo estando en el Ministerio, pero trabajo más desde el tema de desarrollo territorial. Entonces he tenido la dimensión municipal, lo departamental y ya lo que es la burocracia del gobierno central.

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¿Pero cómo logró dar ese primer paso: ser elegido como alcalde?

Cuando nos desmovilizamos decidimos que la participación política y electoral la íbamos a ejercer en la zona de guerra donde nosotros habíamos estado. Era un elemento complicado pues podía haber resentimientos, pero lo decidimos y logramos que por primera vez se ganara.

Mi primera práctica política era apoyar a la administración pública, pero desde afuera, como parte de los excombatientes. Creamos una comisión de seguimiento y a partir de ahí, viendo que los programas de reinserción tenían que ver con el individuo, pero no con la comunidad, establecimos la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo. Así empezamos a gestionar recursos internacionales para trabajar en el municipio, por eso es que posteriormente me lancé de candidato a la Alcaldía, porque ya había tenido un trabajo territorial.

A partir de esta experiencia, ¿cuál cree que es la clave para que la comunidad confíe en los excombatientes y estos puedan llegar a cargos públicos?

Que te vean involucrado en sus problemas. Yo me fui envolviendo sin estar de alcalde. Solucionaba cosas específicas que eran de la vida comunitaria, donde no solo había excombatientes. Incluso la primera vez que me pidieron que fuera alcalde me negué porque me sentía más cómodo en la Fundación que en la Alcaldía, porque sentía que iba a estar bajo ese mandato que genera la administración pública. Finalmente, a la tercera vez que me lo propusieron, acepté.

Después de 12 años con la insurgencia y de 25 como político, ¿qué les diría a los exguerrilleros colombianos que creían que la única forma de legitimar sus derechos era a través de la lucha armada?

Yo me incorporé a la lucha armada al ver agotada la lucha política. Entonces cuando entré al ejercicio público era como volver a aquello, solo que con ciertas reglas nuevas. A los exguerrilleros de las Farc que estuvieron en mi panel, les decía que no se desmovilizaran. Varias personas se sorprendieron con mi afirmación; algunos dijeron que yo les estaba diciendo que volvieran a las armas de nuevo. Pero no. Me refería a que se desarmen, dejen la lucha armada, pero que no se desmovilicen en términos de su utopía, del imaginario de sociedad que ellos tienen. La lucha continúa, pero por otros medios.

Ahora, el peligro que hay es que en la guerra se creen guerreristas y no guerreros. La gente que se acostumbró solo a la guerra es bien difícil que de ahí salga, pero si, por el contrario, hay aquellos que están convencidos de que la guerra es solo otra forma de lucha, están listos para dar otro paso. 

El caso de la UP y el M-19 sin duda son antecedentes graves en Colombia, que ponen en duda que las Farc tengan garantías de seguridad sobre sus vidas cuando ejerzan como partido político. ¿Pasó igual en El Salvador?

Ese era uno de nuestros miedos. Nosotros decíamos que ojalá no fuera a "colombianizarse" el caso salvadoreño. Yo quisiera que fuera al revés más bien, porque tuvimos pocas cosas de esas en El Salvador. Sí hubo amenazas, tuvimos que tomar una serie de medidas, de autodefensa. Aquí tendrían que definir un periodo 'X' de sobrevivencia y ser muy astutos en saberlo administrar.

¿Pero más allá de las medidas de autodefensa de las que usted habla, no cree que el Estado es el que debe ser el garante de su seguridad?

Sí, de acuerdo. Debe haber medidas y para eso se requiere voluntad política, pero esta solo se prueba con la práctica, no con discursos. El Estado en su conjunto en Colombia debe cuidar esto como un bebé si quiere decirles a otros actores armados que vengan. En el caso de nosotros, todos nos desmovilizamos de una vez, aquí no, entonces quiere decir que hay retaguardia y eso es peligroso.

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Puntualmente, ¿qué medidas debería tomar el Gobierno para evitar que esto se vuelva a repetir?

En la medida en la que el Gobierno permita, se vuelve cómplice, así de duro lo digo. Si se dan casos de asesinatos debe, y hay forma de hacerlo hoy con la tecnología, hacer la investigación de inmediato, de forma visible y contundente para generar casos ejemplares de justicia. Eso solo lo puede hacer el Estado. No le puede exigir a las Farc que tengan ese papel porque ellos están en desventaja. El Estado es el responsable en última instancia, ellos son vulnerables. No estoy hablando de culpabilidad, sino de vulnerabilidad.

Otro asunto que genera bastante discusión en cuanto a la participación política de las Farc es que ocupen sillas en el Congreso sin que hayan dicho toda la verdad o sin pagar por los delitos que hayan cometido. ¿Qué opina usted de esto?

Hay que ver en la justicia restaurativa cómo lo van a considerar, pero no pueden cerrarse al todo o nada. Eso pasa es una negociación: ¿Qué doy a cambio de qué? En El Salvador no pasó esto de que alguien pidiera cabezas de los jefes del Frente, por decirlo así, aunque la gente sí esperaba vernos presos después, lo cual tampoco pasó. Si a nosotros nos hubieran desarmado para después llevarnos a la cárcel no estaríamos aquí. Nada hubiera pasado.