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El incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia ha arrastrado a la población civil a una crisis humanitaria que alcanzó en 2025 su punto más grave de la última década.
Así lo alerta el más reciente informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que registró 845 presuntas violaciones al DIH durante 2025. Sin embargo, el organismo advierte que las cifras apenas alcanzan a mostrar la magnitud real del sufrimiento que viven las comunidades que están atrapadas en la guerra.
Aun así, algunos indicadores permiten dimensionar ese deterioro. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) —citada por el CICR—, durante el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual (aumentó un 100 % en comparación a 2024) y otras 87.069 salieron de sus territorios en eventos de desplazamiento masivo (111 % más que el año anterior), lo que evidencia una degradación acelerada de la situación humanitaria. Los confinamientos, por su parte, crecieron un 99 % con 176.730 personas afectadas.
El CICR insiste en que la crisis que muestran las cifras de 2025 venía alertándose desde hace años. Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del organismo en Bogotá, señaló que “la situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”.
A ese panorama se suma otro factor que preocupa al CICR: la salida de organizaciones humanitarias de varios territorios y la reducción de recursos de las que continúan operando en el país. El jefe de la delegación regional aseguró que el organismo tuvo que recortar el 30 % de su presupuesto para Colombia de cara a 2026. “En una paradoja con efectos globales, observamos que mientras las necesidades humanitarias de las comunidades afectadas por los conflictos armados aumentan, los recursos para su atención disminuyen”, escribió Dubois.
La violencia que ocurre fuera de los combates
Una de las conclusiones del informe es que las afectaciones humanitarias ya no están necesariamente ligadas a los combates, que representan el 43 % de las afectaciones a la población civil.
La mayoría de casos de hostilidades –advierte el informe– se han dado por fuera de los enfrentamientos. “Dentro de este grupo, en el 45 % se vulneró la vida o la integridad física o mental de personas protegidas por el DIH, entre ellas la población civil y quienes habían quedado fuera de combate, como personas heridas, enfermas o privadas de libertad”, advierte el documento. Además, en el 12 % de los casos se afectó la vida cotidiana de las comunidades con limitaciones a la movilidad.
Ese confinamiento significó no poder salir a buscar alimentos, agua o atención médica. También -añade el informe- interrumpió controles prenatales de mujeres embarazadas, esquemas de vacunación y tratamientos médicos básicos en territorios donde el acceso a la salud ya era precario.
Entre las distintas formas de violencia registradas, la violencia sexual siguió siendo una de las más alarmantes y, al mismo tiempo, una de las menos visibles.
“Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia”, se lee en el documento.
Según el CICR, los grupos armados han utilizado este tipo de violencia como mecanismo de intimidación, castigo y control sobre las comunidades. Sus efectos, además, van mucho más allá de las víctimas directas: fracturan vínculos familiares y comunitarios, afectan la salud física y mental y alteran las condiciones de vida de comunidades enteras.
Algunos de los departamentos más golpeados
El CICR advierte que la forma en la que la violencia golpea a las comunidades queda reflejada en territorios como Norte de Santander que, durante 2025, registró “el 67 % de la población afectada por desplazamiento masivo, el 42 % por desplazamiento individual y el 28 % de la población confinada” en el país.
Otros departamentos también muestran la magnitud de las afectaciones humanitarias sobre la población civil. En Chocó se concentró el 29 % de la población confinada a nivel nacional. El caso de Guaviare también llamó la atención del organismo: aunque registró cerca de 16.000 personas confinadas, el informe advierte que se trata de una cifra especialmente significativa “dada su baja densidad poblacional”.
En contexto: Confinamiento en Chocó: el drama silencioso de la guerra que deja miles de víctimas
Cauca, por su parte, fue el departamento más golpeado por artefactos explosivos. Allí se registró el 46 % de las personas heridas o fallecidas por este tipo de ataques en todo el país.
Víctimas de drones con explosivos y de desaparición forzada, otras cifras en crecimiento
El uso de artefactos explosivos se consolidó como una de las tendencias más preocupantes del conflicto durante 2025. Según el CICR, 965 personas resultaron heridas o murieron por este tipo de ataques; la mayoría (622) eran civiles, entre ellos 93 niños, niñas y adolescentes. En comparación con 2024, el número de víctimas aumentó un 34 %.
Entre las mayores preocupaciones del organismo está el incremento en el uso de drones comerciales adaptados para lanzar explosivos, una práctica que extendió el miedo y la incertidumbre en comunidades rurales y urbanas.
“La forma en que se desarrollan los enfrentamientos y se emplean las armas tiene implicaciones directas sobre la población civil y los bienes de carácter civil. Cuando no se respetan los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, aumenta la probabilidad de que los efectos de las hostilidades se extiendan más allá de los objetivos militares y recaigan sobre las comunidades, ampliando tanto la magnitud como la gravedad de las consecuencias humanitarias”, advierte el documento.
El incremento de las hostilidades durante 2025 también agravó el riesgo de desaparición de personas en medio del conflicto armado. “En muchos casos no se garantizó que las personas que murieron en el contexto de los conflictos armados fueran recuperadas e ingresadas a la ruta estatal para su identificación y entrega a sus familias, lo que exacerbó el riesgo de desaparición”, alerta el informe.
En ese contexto, el organismo documentó 308 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto armado, un 22 % más que en 2024. De esos casos, 226 correspondieron a civiles, entre ellos 77 niños, niñas y adolescentes.
El 85 % de las desapariciones se concentró en Norte de Santander, Arauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Guaviare.
El reclutamiento de menores, una violencia que no cesa
El informe también documenta con preocupación el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, una práctica que golpea no solo a las víctimas directas sino al tejido social de comunidades enteras.
Durante 2025, el CICR documentó 65 casos de desaparición de menores relacionados con reclutamiento en cinco departamentos donde tiene presencia. El 49 % de los casos correspondió a niñas.
“La mayoría de estos casos corresponde a adolescentes entre los 15 y 17 años; sin embargo, también se registraron situaciones que afectaron a niños y niñas entre los 11 y 14 años. Asimismo, el 49 % corresponde a niñas, lo que evidencia que esta problemática afecta tanto a hombres como a mujeres”, añade el documento.
Los acercamientos no ocurrieron en lugares apartados ni en medio de combates, el 46 % de las situaciones el primer contacto ocurrió en barrios o centros poblados, los mismos espacios donde los menores estudian, viven y conviven.
“Las consecuencias de esta vinculación van más allá de la separación familiar: incluyen la pérdida de proyectos de vida, afectaciones psicológicas, exposición a violencia sexual, así como lesiones, mutilaciones y muertes en el contexto de las hostilidades. La proximidad a la guerra expone a los menores de edad a riesgos particularmente graves”, advierte el informe.
Pese al panorama, Dubois insistió en que Colombia “no está condenada a sufrir indefinidamente las consecuencias de los conflictos armados” y recordó que el Derecho Internacional Humanitario no puede reducirse a “discursos vacíos”, sino que debe orientar las operaciones y decisiones diarias de todas las partes armadas.
Para el organismo, el respeto al DIH sigue siendo la única vía para reducir el sufrimiento de comunidades que hoy continúan atrapadas entre desplazamientos, confinamientos, desapariciones, reclutamiento de menores y ataques que atraviesan su vida cotidiana.
Ataques contra la asistencia de salud cada 31 horas
La degradación humanitaria también se refleja en la violencia contra quienes intentan atender a las víctimas del conflicto.
En 2025, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra el personal de salud –que cuenta con protección especial bajo el DIH–, enfrentó situaciones de violencia que dificultaron su labor. El promedio es alarmante: cada 31 horas una misión médica se vio afectada o interrumpida. Esto representa un aumento del 40 % en los actos violentos contra la asistencia de salud, con respecto al 2024.
Aunque esta situación se registró en 22 departamentos, el 68 % de los casos se concentró en Norte de Santander, Cauca, Chocó y Antioquia.
Las consecuencias van más allá del momento del ataque. Impedir el trabajo de médicos, deteriora aún más la situación humanitaria en zonas donde ya existen enormes barreras para acceder a servicios médicos.
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