La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia volvió a alertar sobre los persistentes riesgos de seguridad en el país y pidió reforzar las garantías para el desarrollo de las elecciones presidenciales, en un contexto marcado por la presencia de grupos armados en varias regiones.
El llamado se hizo en el más reciente informe del Secretario General, que cubre el período entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026, y que será presentado el próximo 21 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York .
Aunque el documento destaca que las elecciones legislativas de marzo se desarrollaron en gran medida de forma pacífica, advierte que la violencia y la presión de actores armados siguen siendo un factor de riesgo, especialmente en zonas rurales. “Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, señala el informe.
Según la Misión, estos riesgos fueron particularmente elevados en territorios con circunscripciones especiales de paz, diseñadas para ampliar la representación de comunidades afectadas por el conflicto. En esas regiones, la combinación de débil presencia estatal y disputas armadas continúa limitando las condiciones para la participación política.
“La Misión de Observación Electoral también destacó el elevado nivel de riesgo en los municipios priorizados en las circunscripciones transitorias especiales de paz. La presencia de grupos armados en muchas de esas zonas se consideró, en general, un obstáculo para la actividad política”, detalla el informe.
De cara a las elecciones presidenciales, previstas para los próximos meses, el Secretario General hace un llamado explícito a las autoridades y a los actores políticos. “A medida que se acercan las elecciones presidenciales, sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes”. En esa línea, advierte que “es imperativo que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo ordenado del proceso electoral” y pide que se promueva “un entorno de campaña libre de violencia y estigmatización” .
El informe también reconoce iniciativas institucionales para reducir estos riesgos, como el compromiso impulsado por la Defensoría del Pueblo para promover un proceso electoral en paz, que ha sido respaldado por partidos políticos, entidades del Estado y otros sectores.
“Hasta la fecha ha recibido más de 130 adhesiones, entre ellas las de 20 partidos y movimientos políticos, 8 de los 14 candidatos a la presidencia, instituciones estatales de alto nivel, medios de comunicación, asociaciones del sector privado y misiones diplomáticas (…) En el informe, la Defensoría destacó que los signatarios han cumplido ampliamente las disposiciones fundamentales relativas a la protección de la vida y el respeto de las instituciones democráticas, pero señaló que sigue habiendo retos como el uso de un lenguaje estigmatizante y la propagación de desinformación”, se explica.
Comunes y la pérdida de su representación política en el Congreso
El informe también da cuenta de lo que ocurrió en las elecciones del pasado 8 de marzo en las que el partido Comunes, que nació tras la firma del Acuerdo de Paz, y que perdió su personería jurídica tras no alcanzar los votos.
Eran los primeros comicios en los que Comunes se medía en las urnas sin las 10 curules que el Acuerdo le garantizaba en el Congreso.
“Los dirigentes de Comunes reconocieron los resultados y la pérdida de su representación en el Congreso, señalando las difíciles condiciones —entre ellas, las amenazas recibidas en varios territorios— que obstaculizaron su campaña. A pesar de estos contratiempos, los dirigentes de Comunes reiteraron su firme compromiso con el Acuerdo y con su plena implementación”, se indica.
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Sin embargo, la Misión asegura que “permitir que los excombatientes participen en la vida política es un elemento clave del Acuerdo Final de Paz y sigue siendo fundamental para su reincorporación en la sociedad”.
Seguridad, lo que más afecta a los territorios
Más allá del escenario electoral, la ONU advierte que los problemas de seguridad siguen impactando la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. En regiones como el Catatumbo, las tensiones entre grupos armados han obligado a tomar medidas de protección para excombatientes.
Durante el período analizado, 12 exintegrantes de las FARC-EP y 16 familiares fueron trasladados desde Tibú hacia la zona rural de Cúcuta. Aun así, la Misión advierte que “sigue habiendo preocupación por la seguridad y la continuidad de los servicios para los 12 excombatientes que permanecen en Tibú con sus familias” .
Las dificultades de seguridad también afectan procesos clave como el acceso a la tierra. El informe señala que “los riesgos para la seguridad de los beneficiarios de la adjudicación de tierras siguen siendo motivo de gran preocupación”.
En ese apartado registra el asesinato, en febrero, de un líder campesino en el Magdalena, quien hacía parte de un grupo de familias que había recibido recientemente un predio de 1.900 hectáreas.
“Este asesinato tuvo lugar tras otro homicidio ocurrido dos meses antes en relación con el mismo predio. Según se informa, la mayoría de los demás beneficiarios han abandonado la zona. Aunque las investigaciones seguían en curso, este caso puso de relieve las implicaciones en materia de seguridad de la adjudicación de tierras y la necesidad de reforzar la coordinación del Estado para prevenir y mitigar los riesgos conexos para los beneficiarios”, señala el informe.
Además, agrega que el caso es relevante porque muestra las dificultades en predios “objeto de litigio” que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales, que administra los activos confiscados a actores criminales. “La Misión sigue colaborando activamente con la Defensoría del Pueblo y otras entidades en esta cuestión”, se asegura.
Sobre el tema de tierras, el informe menciona que persiste el rezago en la reforma rural integral, “especialmente en lo que respecta a la entrega y la formalización de tierras”.
Por eso, aunque celebra la sanción de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, dice que “su puesta en marcha se ha retrasado debido a la falta de una ley que regule su funcionamiento” y por ello le dice al Congreso que “tiene un papel importante que desempeñar en la tramitación de este importante proyecto de ley”.
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