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En el proceso de alistamiento del Estado para enfrentar el llamado posconflicto existe una variable poco estudiada: la de la cultura de la intolerancia y las pocas oportunidades que tienen las denominadas minorías, que son los afros, los indígenas, la población LGBTI o en situación de discapacidad. Es por esto que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en alianza con la Universidad de los Andes, Dejusticia, el Observatorio de Discriminación Racial y Usaid, ha preparado un estudio que da cuenta de cuál es el panorama en el sector público, especialmente desde el nivel central.
Según los datos oficiales, en Colombia hay 1’161.442 servidores públicos, y la Fuerza Pública es el sector que más gente recibe, con 430.864 personas, seguido de los docentes, con 324.054 personas. Esto suma el 65 % de la fuerza laboral del Estado. El otro 35 % corresponde a empleados de la Rama Legislativa, de los organismos autónomos, de la Rama Ejecutiva nacional y de los entes territoriales. Es en este contexto que el equipo de investigadores analizó los datos de participación de las poblaciones minoritarias.
El resultado fue tímido. Según el censo de 2005 realizado por el DANE, la población afrodescendiente constituye el 10,6 % de los colombianos, de los cuales el 6,6 % son servidores públicos. Los indígenas constituyen el 3,4 % del total de la población, y sólo el 1,5 % son empleados públicos del nivel central. Respecto a la población LGBTI no existe un censo oficial, pero la Cámara de Comercio de esta población ha establecido que pueden constituir el 10 % de la población. Aquí los datos del estudio resultan poco alentadores, pues sólo el 3% son servidores públicos. Más positivos son los datos en cuanto a la población en situación de discapacidad, ya que, siendo el 6,4 % de la población, el 4 % de ella hace parte del Estado en la Rama Ejecutiva nacional.
Hasta ahí los datos arrojan que existe un aparente acceso a los cargos públicos para las poblaciones minoritarias. Ahora bien, valga aclarar que las referencias poblacionales fueron tomadas por el DANE hace más de 10 años y que la metodología para recabar la información hoy parece poco fiable. En parte porque en el caso de las poblaciones afros e indígenas la metodología fue de autorreconocimiento, mientras que para la población LGBTI no se ha elaborado una encuesta que permita establecer un aproximado del número de personas que se consideran pertenecientes a esta comunidad.
Otra de las herramientas utilizadas para el estudio fue indagar sobre la discriminación indirecta que se vive en las entidades del nivel central con relación a estas poblaciones minoritarias. Con este objetivo se enviaron 277.958 encuestas, de las cuales poco más de 18.000 fueron contestadas integralmente. Y aquí viene lo preocupante: el 35 % de los encuestados han percibido discriminación dentro de su entidad.
Al desagregar la información se puede entender que el principal factor de discriminación en Colombia es el clasismo. Según el estudio, las razones de discriminación se muestran así: el 27 % dijo que el estrato social era el motivo de la discriminación; el 21%, su ideología política; el 17% sostuvo que era por su orientación sexual; el 13% por el color de piel; el 12% por género al que pertenecen, y el 10% por la condición física.
Los datos resultan reveladores ya que se advierte un rasgo cultural dominante: el clasismo, la intolerancia política, el machismo y la discriminación racial hacen que, más allá de las cifras de acceso de las poblaciones a los cargos públicos, exista en general un ambiente de poca tolerancia a la diferencia. Y estos factores tendrán que ser removidos de la cultura colombiana si se quiere alcanzar un escenario de paz.