La paz no es un capítulo más dentro del programa de gobierno de Iván Cepeda (Pacto Histórico). Es, probablemente, el eje que articula buena parte de sus propuestas sobre seguridad, reforma agraria, víctimas, justicia transicional y presencia del Estado en los territorios más golpeados por el conflicto armado.
Tras avanzar a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 31 de mayo con 9.673.390 de los votos con el 99,7 % de mesas informadas (hasta el cierre de esta edición), el exsenador llega a la contienda con una de las propuestas más definidas en materia de paz entre las candidaturas que siguen en carrera. Su programa plantea profundizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), impulsar reformas rurales y mantener abiertos los caminos de diálogo con grupos armados.
Esa visión promete convertirse en uno de los principales puntos de confrontación con su contendiente directo Abelardo de la Espriella, el otro candidato que pasó a segunda vuelta. Más allá de las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha, ambos representan propuestas casi opuestas frente a asuntos que han marcado el debate público en esta contienda como la seguridad, la negociación con grupos armados y, otros que ya completan una década como la implementación del Acuerdo de Paz y el papel de la justicia transicional, la reforma agraria y la posibilidad de buscar salidas negociadas a los conflictos armados que persisten en el país.
El programa de Cepeda parte de un diagnóstico sobre que buena parte de la violencia actual está ligada a problemas estructurales que el país no ha logrado resolver, entre ellos la desigualdad rural, la concentración de la tierra, la débil presencia institucional en amplias regiones y la persistencia de economías ilegales que continúan alimentando la confrontación armada.
A diferencia de sectores políticos que han cuestionado la arquitectura creada tras la firma del acuerdo con las extintas FARC, Cepeda plantea dar prioridad a los compromisos pendientes en materia de transformación territorial, desarrollo rural y garantías de seguridad para los firmantes que dejaron las armas. También propone fortalecer los mecanismos de reincorporación y consolidar la presencia del Estado en regiones donde los vacíos institucionales han permitido la expansión de grupos armados ilegales.
Uno de los puntos más reiterados en su programa es la necesidad de acelerar los compromisos pendientes del Acuerdo de Paz, especialmente aquellos relacionados con la reforma rural integral, la protección de excombatientes y la transformación de los territorios más afectados por la guerra.
La propuesta plantea fortalecer la reincorporación de firmantes, garantizar condiciones de seguridad para quienes dejaron las armas y avanzar en los componentes territoriales que, según distintos informes de seguimiento, mantienen rezagos significativos.
Para ello, sin embargo, deberá enfrentar una durísima segunda vuelta contra De la Espriella. El camino a la Casa de Nariño pinta difícil especialmente tras su intervención este domingo desde el Salón Rojo, del edificio Tequendama en Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda, se refirió a los resultados que dejó la primera medida en urnas de la contienda presidencial y desconoció, al igual que el presidente Gustavo Petro, la veracidad de los resultados.
“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885,000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”, puntualizó. Y agregó: “Existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas en las cuales se han presentado votaciones atípicas. [...] Lo dejamos claro de una vez, solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítidamente y rigurosamente este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de estas votaciones”, dijo.
Cepeda apuesta por continuar los diálogos de paz
Esa lectura también se refleja en su aproximación a la seguridad. A diferencia de propuestas que ponen el énfasis en el fortalecimiento militar o en estrategias de confrontación directa contra los grupos armados, Cepeda adopta el concepto de seguridad humana. Bajo ese enfoque, la protección de la población depende tanto de las capacidades de las instituciones de seguridad como de la reducción de desigualdades, la garantía de derechos y la presencia efectiva del Estado en los territorios.
“Cada líder comunitario amenazado, cada firmante de paz asesinado, es un campanazo que nos recuerda que la paz no se firma solo en un papel, sino que hay que construirla día a día en los territorios, garantizando la vida y la libertad política. Por ello, insistiré en medidas contundentes de protección colectiva, en presencia efectiva de la Fuerza Pública en alianza con las comunidades (bajo un enfoque de seguridad humana, no militarista, porque la mayor seguridad se logra cuando hay paz), y en diálogos sociales que desactiven los conflictos locales antes de que escalen. La no repetición no puede ser un eslogan: debe reflejarse en que ningún colombiano sea perseguido o asesinado por sus ideas nunca más”, dice su programa.
En el documento también se plantea que la seguridad debe construirse a partir de intervenciones integrales que combinen inversión social, justicia, desarrollo económico y protección de las comunidades. Esa visión se complementa con la idea de promover pactos territoriales de transformación -un tema similar al que venía manejando el Gobierno de Gustavo Petro- en algunas de las regiones más afectadas por la violencia, donde el Estado ha tenido históricamente dificultades para ejercer control y garantizar servicios básicos.
En materia de negociaciones armadas, la propuesta mantiene una de las posiciones que han caracterizado la trayectoria política de Cepeda, quien ha participado como negociador de varios procesos de paz. Para él, la defensa del diálogo como herramienta para buscar el cierre de los ciclos de violencia. Su programa contempla la posibilidad de desarrollar (y de seguir) procesos negociados con distintos actores armados y plantea que la construcción de paz requiere mantener abiertos canales de conversación que permitan reducir la confrontación y facilitar procesos de tránsito hacia la legalidad.
Aunque el documento no desarrolla una hoja de ruta específica para cada estructura armada, sí deja claro que el diálogo debe seguir siendo una herramienta central de política pública y que los procesos de negociación deben estar acompañados por garantías para las comunidades afectadas por la violencia.
También establece como condición fundamental la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, sectores que siguen siendo víctimas recurrentes de amenazas y asesinatos en distintas regiones del país.
“Valorando los esfuerzos hechos en este campo por el actual gobierno, vamos a examinar en dónde han estado las fallas esenciales en el proceso de protección de la vida de lideresas y líderes sociales, personas que defienden derechos humanos o ambientales, firmantes de paz. Aunque no he sido proclive a fijar condiciones en los diálogos de paz entre grupos armados y el Estado, debo decir que, en los procesos de diálogo y negociación, el compromiso de no asesinar líderes sociales y firmantes de paz, es una línea roja que trazará mi gobierno, y que la exigencia de cesar esta clase de agresiones al comenzar un diálogo de paz es una condición necesaria para garantizar su éxito pleno”, dice el programa.
Reforma agraria y acceso a tierras
La cuestión agraria ocupa un lugar central dentro de la visión de paz de Cepeda. Su propuesta plantea avanzar en procesos de reforma agraria, restitución de tierras y reconocimiento de derechos para comunidades campesinas. El programa parte de la idea de que la concentración de la tierra y la exclusión rural han sido factores estructurales del conflicto armado y que cualquier estrategia de estabilización territorial requiere transformaciones en el acceso a la propiedad rural.
La agenda también contempla mecanismos de formalización y desarrollo rural como parte de una estrategia más amplia de construcción de paz en las regiones.
Otro de los elementos diferenciadores de la candidatura es su respaldo explícito a la Jurisdicción Especial para la Paz. Cepeda propone fortalecer la JEP y respaldar las medidas restaurativas derivadas de sus decisiones. Su programa también defiende el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y plantea consolidar las garantías institucionales para su funcionamiento.
La propuesta incluye medidas relacionadas con memoria histórica, divulgación de los hallazgos de la Comisión de la Verdad y fortalecimiento de políticas de reparación para las víctimas del conflicto.
La elección de 2026 no solo definirá quién gobernará el país, sino también cuál de las dos visiones enfrentadas sobre paz y seguridad se impondrá en los próximos cuatro años.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.