El análisis de distintas violencias presentadas luego de la firma de un acuerdo de paz se debe tomar con pinzas, porque no siempre su aparición está ligada a defectos propios de los procesos de paz. Muchas veces hay situaciones de orden público que se salen de las manos de estos pactos realizados y que, con rigurosidad, merecen ser interpretadas.
Teniendo esto en cuenta surgió “Violencias que persisten”, un libro hecho en conjunto por los investigadores Mario Aguilera, Víctor Barrera, Francisco Gutiérrez Sanín, María Mónica Parada Hernández, Carlos Mario Perea y Ricardo Vargas , miembros de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia.
Las inquietudes de estos autores yacen en explicar cómo desde factores como la economía de guerra, el rol de las ciudades en la construcción de paz, los asesinatos de líderes sociales y el rearme de grupos disidentes, entre otros puntos a tratar, se pueden entender los hechos de violencia presentados en el marco del posconflicto colombiano.
Una de estas miradas, específicamente en relación al rol de las ciudades como centro de extensas formas de criminalidad de las que poco o nada se hablan, la propone Carlos Mario Perea, académico que insiste en que si existe una deuda histórica con los campesinos y la ruralidad en general por los estragos de la guerra, también debería pasar lo mismo sobre las personas más afectadas por las violencias urbanas.
Dentro de la primera parte del capítulo que usted escribe (Diez tesis sobre su criminalidad y violencia), uno como lector interpreta que la escasa forma de estudiar a las violencias urbanas son un límite a tener en cuenta dentro del Acuerdo de Paz. ¿Por qué propone eso?
A lo largo del artículo pretendo evidenciar que las violencias urbanas son poco vistas, poco tenidas en cuenta para los debates y para la misma construcción de paz. La Habana fue y es un proceso amplio y en muchas cosas bastante completo, pero a veces olvidamos que ese acuerdo tan prolijo menciona apenas cinco veces a la ciudad y cuando lo hace es sólo para compararlo con el campo. Nada más.
Dentro de los objetivos nacionales que tenemos para que la paz sea estable también debemos hacer memoria y recordar que más de la mitad de los homicidios desde la década de los 80 han sido perpetrados en ciudades y al ignorar eso, al menos desde lo visto en el Acuerdo de Paz, no hay de otra que admitir que existe un franco sesgo rural.
Dentro de su segunda tesis, el texto plantea a los casos de El Salvador y Guatemala como puntos de comparación con las violencias urbanas en Antioquia y Valle del Cauca. Con cifras usted demuestra que en estos departamentos este tipo de violencia está disparada desde hace 30 años, pero, ¿por qué tomar la experiencia centroamericana como punto de referencia?
En Guatemala, por poner un ejemplo, se firma la paz en 1996 y luego de eso todo el conflicto se traslada a lo urbano. En El Salvador pasó algo similar a partir de decisiones migratorias en EE.UU. que llevaron a sus territorios a las maras y la historia que ya conocemos. Sus políticas de seguridad, para bien y para mal, se enfocaron en combatir a estas manifestaciones y por eso el estudio y rastreo de estas formas de violencia allí son más amplios. En Colombia, a pesar de que no en todo lado prevalece el pandillismo, hay una condición particular y equiparable con esos casos: se entiende a la guerra como escenario en lo rural, pero la ciudad se toma como objeto de violencia.
Ahora, si nos enfocamos en Valle y Antioquia, estamos ante sitios de alta complejidad urbana desde la década de los 80. Y aunque está visto que los homicidios han bajado, siguen siendo centros de criminalidad que necesitan de mayor atención.
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¿Lo que sucede en lugares como Valle y Antioquia se puede explicar por deficiencias en sus políticas de seguridad durante los últimos 30 años?
Muchos de los problemas parten de allí. Pero primero, pienso que es necesario reivindicar el derecho que tienen las ciudades a la paz. Hay profundas fracturas de tejidos sociales, las ciudades no han estado en los proyectos de paz y esto se articula también con las grandes inequidades que vemos a diario. Es necesario pensar a la ciudad en mayúscula... no siempre como casos aparte, para así entender la estructura de las violencias y cómo se pueden gestionar para el bien de la ciudadanía.
Hay violencias singulares y varían dependiendo de la ciudad en la que suceden, está claro, pero nos desanimamos al ver que en muchas secretarías de Seguridad en distintas ciudades llegan personas que no comprenden el trasfondo de estas situaciones y por eso fallan en sus decisiones. Además de eso, sería muy importante desguerrerizar las miradas de las formas en las que hay violencia en las ciudades. Es decir, no se puede asimilar que son violencias que funcionan igual que en el campo.
A su modo de ver ¿Cuál es la gran manifestación de criminalidad en las ciudades?
No sería correcto solo hablar de un tipo de violencia, pero sin duda ahí hay que tener en cuenta a los exterminios sociales, las mal llamadas “limpiezas sociales”, porque su modo de operar es muy urbano. Allí intervienen fuerzas de seguridad del Estado, algunos actores armados y los mismos vecinos; algo que no tienen muchas otras formas de criminalidad.
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¿Por qué según una de sus tesis no hay identidad de paz en las ciudades? ¿Qué falta por articular?
Existe un problema latente al pensar que la paz son acuerdos con actores armados y todo lo que derive de allí. Por eso en las ciudades no se comprende la paz desde su sentido profundo, en el que se deben construir varios proyectos que la protejan. No se piensa así porque no estamos todavía en la capacidad de articular los problemas que suceden en las ciudades y así poder en algún momento llegar a escenarios de reconciliación o de no repetición. Mientras eso no pase, la ciudad no tiene rostro frente a la paz.
Siempre se ha hablado de una deuda histórica del Estado con la ruralidad, pero con base en lo que usted ha estudiado, ¿sería descabellado pensar que esa misma deuda está vigente con las víctimas de las violencias urbanas?
Para nada. La Ley de Víctimas cobija a las personas sobre las que recayó directamente el conflicto armado y es justa al asimilar que hay deudas con el campesinado. Sin embargo, hay diferencias dramáticas en cómo se interpretan lo que se les debe a las víctimas rurales con las urbanas. Es deprimente porque nunca nos detenemos a pensar cómo se estudian nuestras ciudades y cómo se pueden reparar a las personas que sufren flagelos en ellas.
Hay una deuda con la inequidad urbana y de eso no se habla. No hay amplias menciones sobre lugares que tengan el índice de Gini en 5.8 o 6.2, como sucede en urbes colombianas y francamente eso no es justo. Reitero, hay inequidades extremas y veo que de eso no se habla porque las ciudades no entran en la paz.